nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Santiago Santiago, catorce de septiembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Primero: Que 13 de mayo de 2023 comparecen los abogados Damián Alejandro Pande Catrilaf y Karen Valeska Castillo Meier, en representación de nombre reservado, obrero, e interponen recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de la reconsideración de la resolución que confirmó el rechazo de 26 licencias médicas por parte de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez por medio de la Resolución Exenta N° R-01-IBS-50235-2023 de 14 de abril de 2023, estimando vulneradas las garantías que la Constitución Política de la República le asegura en su artículo 19 N° 1, 2 y 24.

Contextualizan que desde 2019, el recurrente padece de meniscopatía en rodilla izquierda y, a la vez, aflicciones y labilidad de índole emocional, esto por el tratamiento farmacológico al que se encuentra sometido y sesiones de recuperación que ha realizado. Además, que se encuentra actualmente en lista de espera en Hospital San José para ser sometido a intervención quirúrgica de la meniscopatía que le aqueja, dado que la intervención sería la única solución médica definitiva a su padecimiento.

Agregan que por motivo de lo reseñado se le han cursado licencias médicas, rechazándose 26 y que se solicitó a la recurrida pronunciarse sobre el rechazo, confirmando el mismo respecto de 9, omitiendo referencia a las restantes. Y lo anterior sin justificación alguna en su acto de confirmación de rechazo, tornándose este en ilegal y arbitrario y contrario a las garantías del derecho de propiedad, derecho a la vida e integridad física y psíquica e igualdad ante la ley.

Piden en definitiva que se autoricen y paguen los subsidios que corresponden a las licencias médicas rechazadas y que se condene en costas a la recurrida.

Segundo: Que, informando el 04 de agosto de 2023, doña nombre reservado, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social pide desestimar por improcedente o bien rechazar el recurso de protección.

Alega en primer término, la improcedencia en materias de Seguridad Social, pues los hechos dicen relación con la misma, en circunstancias que dicha garantía no está amparada por la acción cautelar que motiva estos autos, toda vez que se asegura en el artículo 19 N° 18 del texto constitucional, que no se encuentra en el catálogo del artículo 20 de la Constitución Política.

En subsidio, informa que diversos profesionales médicos estudiaron los antecedentes del Sr. nombre reservado, en varias oportunidades.

Al respecto refiere que el 19 de abril de 2022 el recurrente reclamó por el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, por la COMPIN Región Metropolitana, estas por un total de 600 días a contar del 22 de septiembre de 2020, por reposo no justificado. Y en cuanto a este reclamo la recurrida determinó: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que analizados los antecedentes adjuntos, se presenta un informe médico que no describe ni especifica adecuadamente tanto el diagnóstico, como el tratamiento recibido. No se indican las limitaciones que produce la patología reclamada, pronóstico, ni recuperabilidad de las lesiones. Dichos antecedentes tampoco permiten establecer de forma adecuada que se ha seguido con una estricta pauta de terapia kinésica, no se acreditan informes de exámenes imagenológicos, ni evaluación o derivación a especialista Traumatólogo. En efecto, no hay antecedentes que respalden la extensión del reposo prescrito previo ya autorizado, el que supera los 500 días por diagnóstico. Que, respecto a las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, esta Superintendencia no emite pronunciamiento ya que, examinado el sistema de licencias médicas de FONASA, no consta la realización de los respectivos Recursos de Reposición ante la COMPIN competente, en relación a dichas licencias médicas apeladas. Que, respecto a la licencia médica N° RUT reservado, esta Superintendencia no emite pronunciamiento ya que figura como autorizada.” Lo anterior como consta en Resolución Exenta N° R-01-UME-119894-2022 de 03 de septiembre de 2022.

Agrega, por otra parte, que el profesional nombre reservado informó con anterioridad al rechazo, esto el 21 de agosto de 2022, respecto de cada una de las 20 licencias enumeradas, y concluyendo que es un paciente de 58 años, con más de 500 días de autorización con rotura de meniscos, y que solo presenta un certificado médico general, pero no se indica derivación a nivel secundario o más antecedentes, y que no adjunta imágenes ni comprobantes de kinesiología, por lo cual corresponde rechazar por falta de antecedentes.

Añade que el 17 de noviembre de 2022, el recurrente reclamó por segunda vez, solicitando reconsiderar el dictamen anterior, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 270 días a contar del 22 de septiembre de 2020, por reposo no justificado.

Ante lo cual se estudiaron los antecedentes y se concluyó: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado. En efecto, no aporta informe médico de especialista con plan terapéutico, pronóstico de recuperabilidad ni fecha de alta probable, sin imagenología, informe de kinesioterapia actualizado y protocolizado, interconsulta a Hospital, ni documento que acredite lista de espera de interconsulta o para realización de procedimiento (debidamente emitido por la Institución en la cual se encuentra ingresada la solicitud), que permitan a este Organismo Fiscalizador formarse convicción respecto de la procedencia de justificar el reposo indicado en la licencia médica reclamada, no acreditando rol terapéutico del reposo prescrito. A mayor abundamiento, tiene reposo autorizado desde 2019 por la misma patología sin lograr recuperación. Cabe destacar que la licencia médica es un beneficio esencialmente temporal cuyo objetivo es el reintegro laboral y no procede autorizar en forma permanente. Es decir, que, no corresponde autorizar licencias médicas en que la mantención del reposo no tendrá como efecto la recuperación de capacidad de trabajo y reincorporación a la vida laboral, debiendo acreditarse fundadamente lo contrario. Por las razones anteriores, los elementos aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal.” Tal como consta en la Resolución Exenta R-01-IBS-50235-2023 de 14 de abril del presente. Y que antes de esta resolución analizó los antecedentes el profesional Oscar Storme el 11 de abril de 2023, quien analizó las 9 licencias objeto de esta reconsideración.

Fundamenta, entonces, que el rechazo se motiva de un análisis exhaustivo y objetivo del caso en cuestión, teniendo en consideración todos los antecedentes tenidos a la vista.

También la recurrida se refiere al marco jurídico aplicable. En este orden de ideas, expresa que, sin perjuicio de las facultades que establece el Decreto Supremo Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, los profesionales médicos de la Superintendencia analizaron los elementos del caso en concreto, concluyendo que estos por si solos son más que suficientes para formarse una convicción médica, sin ser indispensable para su decisión la solicitud nuevos informes médicos.

Arguye que la actuación de esta Superintendencia, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras”.

Alega que la pretensión de la recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales que invoca, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la acción de Protección, puesto que, en el caso de la recurrente, claramente su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de esta Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

Aduce que no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues se limitó a resolver la situación dentro del ámbito de su competencia, tampoco ha existido, en la especie, vulneración o amenaza al derecho a la vida e integridad física y psíquica, igualdad ante la ley, ni menos se ha infringido o vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, como tampoco ningún otro derecho garantizado por la referida Carta Fundamental.

Pide en definitiva el rechazo de la acción constitucional de protección con costas.

Tercero: Que el 10 de agosto de 2023 informó la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana, sosteniendo que el recurrente dedujo recurso de protección por el no pago de las licencias médicas Ns° RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado.

Agrega, que tras analizar la base del sistema de licencias médicas Fonasa, se determinó que las licencias médicas Ns° RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, fueron rechazadas por reposo injustificado. Y que la licencia RUT reservado se encuentra autorizada.

Fundamenta que conforme al Decreto Supremo N° 3 de 1984, artículo 14, es competencia privativa de la unidad de licencias médicas de la COMPIN o Isapre, el rechazo o aprobación de licencias médicas, por lo que la actuación alegada como objeto de la acción constitucional se enmarca dentro de los parámetros objetivos dispuestos. Y que el caso ya fue analizado por la Superintendencia de Seguridad Social, quien dentro de sus facultades confirmó el rechazo.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para su procedencia se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Quinto: Que, en relación a la alegación de que conforme al artículo 20 de la Carta Fundamental no figura la presente materia dentro del catálogo de procedencia del mismo, que corresponden a la seguridad social como es la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, propias del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esa defensa se desestimará, dado que lo que se censura en este caso está dado en una supuesta falta de motivación de la propia autoridad recurrida, vinculado al derecho a la vida e integridad física y psíquica, a la igualdad de trato y del derecho de propiedad por el cese en el pago de las mismas, por lo que no se restringe únicamente a materias propias de seguridad social como alude una de las recurridas, por lo que deberá rechazarse la excepción alegada.

Sexto: Que, conforme a los elementos de convicción agregados por las partes, los que, analizados de conformidad a las reglas de la sana crítica, particularmente del expediente administrativo en el que consta el reclamo que rechazó las licencias médicas, consta que obedeció a la causal de reposo injustificado.

Lo anterior se observa de la justificación contenida en la Resolución Exenta N° R-01-IBS-50235-2023 de 14 de abril de 2023, en contra de la cual se recurre, la cual dice: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas […] no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado. En efecto, no aporta informe médico de especialista con plan terapéutico, pronóstico de recuperabilidad ni fecha de alta probable, sin imagenología, informe de kinesioterapia actualizado y protocolizado, interconsulta a Hospital, ni documento que acredite lista de espera de interconsulta o para realización de procedimiento (debidamente emitido por la Institución en la cual se encuentra ingresada la solicitud), que permitan a este Organismo Fiscalizador formarse convicción respecto de la procedencia de justificar el reposo indicado en la licencia médica reclamada, no acreditando rol terapéutico del reposo prescrito. A mayor abundamiento, tiene reposo autorizado desde 2019 por la misma patología sin lograr recuperación.”

Séptimo: Que, el artículo 149 del D.F.L. N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, cuerpo legal que, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N°18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

En su artículo 156 del mencionado D.F.L., se trata del beneficio de licencia médica que también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Define la licencia médica en el artículo 1° del Decreto Supremo Nº3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, agregando que, de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Asimismo, en ejercicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social conforme al artículo 19 Nº18 inciso 4º de la Constitución Política y el artículo 2º de la Ley Nº16.395 modificado por la Ley N°20.691 del año 2013, citando además los artículos 27 y 38 de la Ley Nº16.395.

Octavo: Que, asimismo, el procedimiento para su autorización está regulado en el D.S. N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, artículo 11 y siguientes, corresponde a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, en el caso de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos.

Por otra parte, las COMPIN deben resolver, como en el caso del recurrente, acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

De las resoluciones que las COMPIN emitan en alguna de las situaciones descritas, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y, por último, reclamar de la resolución de la COMPIN que resuelve el recurso de reconsideración ante la Superintendencia de Seguridad Social.

Al mismo tiempo, los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las COMPIN, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.

Noveno: Que, por su parte, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social, en esta materia le corresponde la de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Es la Ley N° 16.395, en su artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley N°20.691, señala las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.”

“c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

En seguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”

En su inciso segundo la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

Por su parte, el artículo 27 de la Ley N°16.395, establece que a esa Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

En efecto, el artículo 16 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

Asimismo el artículo 21 del cuerpo normativo que precede dispone que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.”

Décimo: Que, la parte recurrida ha manifestado que para para rechazar las licencias se tuvo como fundamento que no existen antecedentes médicos que respalden la prolongación del reposo al periodo previamente autorizado, en los términos antes anotados.

Undécimo: Que, en relación a los argumentos expuestos por la Superintendencia recurrida, el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, que se encuentra contenido en el Decreto Supremo Nº3 del Ministerio de Salud, de 1984, señala que, en caso de rechazo de una licencia, la resolución o pronunciamiento respectivo debe, en lo pertinente, dejar constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida. Del mismo modo, el artículo 11 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte” y “los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley.

Décimo segundo: Que, de esta manera, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicitando al solicitante el fundamento del acto, su sustento material y las normas jurídicas aplicables a la situación que debe resolver.

Por lo anterior, a juicio de esta Corte los actos administrativos recurridos, consistente en la resolución que rechaza la licencia ya indicada, carece de la fundamentación exigida por el ordenamiento jurídico, en la medida que las decisiones de la SUSESO sólo se asientan en que los antecedentes no justifican la prolongación del reposo, en circunstancias que aquéllos pueden obtenerse conforme al artículo 21 del Reglamento ya indicado, pues el órgano recurrido cuenta con facultades oficiosas para decretar medidas para lograr un mejor acierto de su decisión, disponer peritajes o exámenes y requerir otros, esto es, acudir a un elemento de convicción que otorgue mayor razonabilidad a la decisión administrativa, máxime cuando en la especie se aprecian licencias que han sido autorizadas en relación al recurrente, en forma previa a aquellas que motivan la presentación de la acción cautelar.

Décimo tercero: Que, en efecto, este actuar vulnera el derecho de propiedad de la recurrente, consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, dado que tal rechazo implica la imposibilidad de recibir el subsidio que correspondía por el tiempo no trabajado, lo que obviamente afecta su patrimonio.

Décimo cuarto: Que, con fecha 18 de agosto de 2021, la Corte Suprema en causa Rol N° 56.305-2021, resolvió que:

“Cuarto: Que, conforme dan cuenta los antecedentes de autos, la decisión adoptada por la recurrida no se apoya en ningún elemento de convicción que la avale, soslayando hacer mención a otros factores objetivos que corroboren el dictamen a que arribó, carencias que la privan de contenido, sin que sea dable discernir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual se le niega el derecho al reposo prescrito.

Quinto: Que, por lo demás, parece insoslayable reflexionar que de acuerdo a la normativa precedentemente reseñada, es factible sostener que la Compin directamente o a instancia de la Superintendencia, con miras a acatar el mandato legal consistente en resolver las apelaciones promovidas por los afiliados contra los decretos del régimen de salud, puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, cometido omitido injustificadamente en el actual litigio.

Sexto: Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud del recurrente. En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad de los entes recurridos, con la subsecuente falta de pago de las licencias médicas correspondientes.

Séptimo: Que es así como se torna del todo arbitrario desestimar un permiso médico concedido por facultativos sin ningún motivo adicional suministrado por las entidades criticadas, simplemente sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar, frente a la paciente y terceros interesados, cualquier duda, en especial, sometiéndola a evaluaciones médicas accesorias. En semejantes coyunturas, ante colofones tan definitivos para las personas, cabe exigir un mínimo de diligencia a la autoridad, sobre quien pesa su actuar de oficio y respeto por los axiomas de no discriminación, objetividad y exhaustividad en su proceder.

Octavo: Que, de esta manera, se advierte que la negativa de las licencias médicas esgrimida por la parte recurrente implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus prerrogativas, en concreto, si como en este negocio se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas.

Noveno: Que, en virtud de lo razonado, la decisión del órgano recurrido deviene en arbitraria, pues carece de fundamento y además, infringe la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral, por tal motivo y en uso de las facultades que otorga el Auto Acordado sobre la presente materia, que permite tomar todas las medidas para resguardar la protección de las garantías constitucionales, el presente recurso es acogido en los términos que se indicarán en lo resolutivo del fallo.”

Décimo quinto: Que, en las circunstancias apuntadas, habiendo quedado de manifiesto la concurrencia de un acto arbitrario que afecta los derechos constitucionales del recurrente, la protección que se solicita mediante la presente acción cautelar ha de ser otorgada, del modo que a continuación se dispone.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, SE ACOGE, el recurso de protección interpuesto a favor de don nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), sólo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-IBS-50235-2023 de catorce de abril de dos mil veintitrés, que rechazó reconsideración de Resolución Exenta N° R-01-UME-119894-2022 de tres de septiembre de dos mil veintidós, debiendo la recurrida disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la parte recurrente encargue un nuevo informe médico acerca de la dolencia que da cuenta el presente arbitrio en relación a la capacidad residual del actor, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas rechazadas e informadas por la Superintendencia de Seguridad Social y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, y cumplido ello, se pronuncie nuevamente -de manera fundada- acerca del objeto del presente libelo.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese, si no se apelare.

Protección Ingreso Corte N° 9284-2023.