nombre reservado con CONTRALORIA

C.A. de Santiago Santiago, trece de septiembre de dos mil veintitrés.

Vistos y considerando:

Primero: Comparece Enrique Alberto nombre reservado, abogado, e interpone recurso de protección en contra del Contralor de General de la República, don Jorge Andrés Bermúdez Soto, por la dictación de la Resolución Exenta Nº 2750 de 11 de abril de 2023, mediante la cual rechaza el reclamo de ilegalidad del artículo 160 del Estatuto Administrativo efectuado por el compareciente, en contra de la Resolución Exenta Nº 235 de 22 de diciembre de 2022 dictada por el Director Nacional de Gendarmería de Chile, que aprueba la medida disciplinaria de destitución en su contra.

Señala que el 9 de mayo de 2018 se inicia en su contra sumario administrativo dispuesto por medio de Resolución Exenta Nº 2784 del Director Nacional de Gendarmería; y que el 1 de julio del año 2019, por Resolución Exenta Nº 4126, se ordenó la reapertura del proceso sumarial, debido a la falta de antecedentes e irregularidades y vicios en la tramitación del mismo, que no fueron subsanados por el fiscal a cargo.

Denuncia la existencia de dos vicios en dicho procedimiento relacionados con los delitos falsificación y uso malicioso de instrumento público y prevaricación administrativa.

En cuanto a la falsificación y uso malicioso de instrumento público, indica que puso en conocimiento del fiscal, del Director de Gendarmería, del Ministerio de Justicia y del Contralor General de la República, que su hoja de vida funcionaria contenía datos falsos y adulterados, por cuanto registraba una sanción disciplinaria aplicada por Resolución Exenta Nº 377 de 24 de febrero de 2014, consistente en suspensión del empleo, lo cual no es efectivo. Ello fue ratificado por documento emanado del órgano contralor con fecha 20 de octubre de 2022, en el cual se certifica que no registra medidas disciplinarias; sin embargo, no se denunció ni investigó dicho ilícito penal.

Respecto a la prevaricación administrativa, da cuenta de que el fiscal del sumario prestó declaración y efectuó denuncia en la Policía de Investigaciones de Chile y ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el 14 de abril de 2022, en cuanto a que haber sido presionado por el ex Director de Gendarmería, nombre reservado para que no corrigiera los vicios de procedimiento del sumario, mantuviera los cargos, no acogiera pruebas y obviara la solicitud de diligencias y se dispusiera la sanción de destitución.

Agrega que por Resolución Exenta N° 3184 de 15 de mayo del año 2020, del Director de Gendarmería, se le aplicó la medida disciplinaria de destitución; que por Resolución Exenta Nº 4455 de fecha 7 de septiembre de 2020, se rechazó la reposición interpuesta; y que por Resolución Exenta Nº 235 de 22 de diciembre de 2022 del Director Nacional de Gendarmería de Chile, se aprobó dicha medida. Que, por otra parte, por Resolución Exenta Nº 2399 de 7 de diciembre de 2022 de la Ministra de Justicia y Derechos Humanos obvió pronunciarse respecto de las denuncias hechas en cuanto a la comisión de delitos en la tramitación de la pieza sumarial. Finalmente, por Resolución Exenta Nº 2750 de 11 de abril de 2023 de la Contraloría General de la República, se rechazó el reclamo de ilegalidad del artículo 160 del Estatuto Administrativo interpuesto por el actor. Estima que todos estos actos son constitutivos de prevaricación administrativa.

Da cuenta que el 30 de marzo de 2022, interpuso querella en contra del Director Nacional de Gendarmería de la época, y en contra de los que resulten responsables por los delitos de (1) prevaricación administrativa, (2) falsificación y uso malicioso de instrumento público y (3) falta a la obligación de denunciar hechos que revistan la calidad de delitos, la cual se tramitó ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago causa RIT O-3314-2022, RUC 2210015539-0, actualmente en etapa de investigación a cargo de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte del Ministerio Público. Aclara que dicha querella fue ampliada en contra de nombre reservado, ex Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcon, Subsecretario de Justicia, Sebastián Urra Palma, ex Director Nacional de Gendarmería y Carlos Alberto Frías Tapia, Contralor de la II Contraloría Regional Metropolitana.

Precisa que antes del pronunciamiento de las referidas resoluciones recurridas mediante el presente recurso, las Exentas números 235 y 2399, el 21 de diciembre de 2022, efectuó una presentación a Gendarmería de Chile, haciendo presente el reconocimiento de los derechos que le asisten en virtud de lo dispuesto en el artículo 90 A del Estatuto Administrativo y en lo relacionado con el resguardo de sus datos personales.

Hace presente que previo a su destitución, de fecha 1 de abril de 2022 ingresó un escrito a través del sitio web de Contraloría General de la República, dando cuenta de las irregularidades administrativas y vicios de la pieza sumarial y de los delitos cometidos, informando de la presentación de la querella criminal interpuesta, y solicitando la abstención de toma de razón al momento que dicho sumario fuera revisado para el examen de legalidad por el ente contralor. Estima que la conducta de ambas autoridades administrativas -penitenciaria y ministerial-, configura una infracción a la prohibición señalada en la letra b) del artículo 84 y al deber funcionario establecido en las letras c) y g) del artículo 61, ambos de la Ley N° 18.834, que aprueba Estatuto Administrativo DFL Nº 29; y el N° 1 del artículo 12 de la Ley N° 19.880, esto es “Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado”, debido a la querella interpuesta.

Sostiene que la Contraloría General de la República, en ejercicio de sus facultades de control de legalidad, debe pronunciarse sobre las infracciones de ley que detecte en el acto sancionatorio de un proceso sumarial, y al haber dictado la Resolución Exenta N° 2750/2023 ha vulnerado y soslayando sus propios dictámenes sobre la materia.

Añade que la autoridad penitenciaria, ministerial y el recurrido han vulnerado el artículo 61 letra k) del Estatuto Administrativo y artículo 175 letra a) del Código Procesal Penal, al no haber denunciado al Ministerio Público los hechos que pudieren ser constitutivos de ilícitos penales.

En cuanto al acto recurrido mediante esta protección, alega en primer término la prescripción de la acción disciplinaria por cuanto las supuestas faltas administrativas son de fecha 7 de marzo del año 2018, por lo que Gendarmería de Chile debió declarar de oficio prescrita la acción disciplinaria por haber transcurrido el plazo del artículo 157 de la Ley 18.834. Agrega que a la fecha de Toma de Razón -22 de marzo de 2023-, el sumario materia del recurso de protección contaba con 5 años 15 días, por lo cual está prescrito, lo que se ve reafirmado por jurisprudencia que cita de la Excelentísima Corte Suprema. Que cuando un servicio público demora la formulación de los cargos, la notificación de éstos o la resolución de la sanción administrativa más allá de los plazos contenidos en el artículo 126 de la Ley 18.834 y de la Ley N° 19.880, aún sin alcanzar el plazo de prescripción, da origen al “decaimiento del acto administrativo”.

En segundo término, alega que la resolución recurrida vulnera el artículo 41 inciso 3° y 5° de la Ley N° 19.880, al no pronunciarse respecto de la totalidad de lo señalado y pedido en el reclamo de ilegalidad presentado por el recurrente. Que en dicho reclamo dio cuenta de los delitos de prevaricación administrativa cometidos con la dictación de las Resoluciones Exentas Nº 3184 y 4455, de 2020 y 2399 de 2022, como asimismo de la comisión del delito de falsificación y uso malicioso de instrumento público.

Además, denuncia la prevaricación administrativa del segundo fiscal administrativo nombre reservado, dando cuenta que la Contraloría se ha abstenido de pronunciarse, fundada en lo dispuesto en al artículo 6 inciso 3° de la Ley N° 10.336, argumentando que existe una tutela laboral por vulneración de Derechos Fundamentales en contra de Gendarmería y su ex Director Nacional radicada en el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago causa RIT N° 713- 2022, en circunstancias que la tutela no guarda ninguna relación con la denuncia efectuada por nombre reservado en relación a la manipulación e instrucción de sumarios con la finalidad de perjudicar a funcionarios.

A continuación, alude a la presunción de legalidad de los actos administrativos, razón por la que no existe la necesidad de tener que probar la conformidad a Derecho de los actos que se pretenden ejecutar. Luego menciona la presunción iuris tantum, es decir, aquella que admite prueba en contra.

Considera que se han vulnerado las garantías previstas el artículo 19 numerales 1, 2, 24 y 26 de la Constitución Política de la República.

Solicita se ordene a la Institución recurrida dejar sin efecto la Resolución Exenta N°2750 de fecha 11 de abril de 2023, ordenando realizar las diligencias necesarias tendientes a declarar la prescripción de la responsabilidad administrativa, disponiendo en consecuencia, que se deje sin efecto la Resolución Trámite Nº 235 de fecha 22 de diciembre de 2022 dictada por Gendarmería de Chile, por medio de la cual se me aplica la medida disciplinaria de destitución.

Segundo:

Informa por la recurrida, Contraloría General de la República, nombre reservado, Contralor General de la República, quien solicita sea desestimado el recurso.

Da cuenta que por Resolución Exenta N° 2734, de 9 de mayo de 2018, la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, instruyó sumario administrativo por fraude electoral y falsificación de las firmas en el proceso eleccionario de la Asociación Nacional de Gendarmes de Chile, sumario en el cual se formularon cargos al recurrente por su participación en la simulación del proceso eleccionario.

Agrega que por Resolución Exenta N° 3184, de 15 de mayo de 2020, Gendarmería de Chile resolvió aplicar la medida disciplinaria de destitución contemplada en los artículos 121, letra d), y 125 de la Ley N° 18.834.

Señala que tanto la reposición y apelación deducidas por el actor fueron rechazados, y por Resolución Afecta N° 235, de 22 de diciembre de 2022, Gendarmería de Chile se afinó el procedimiento disciplinario y aplicó al actor la medida disciplinaria de destitución, resolución de la cual éste reclamó ante la Contraloría de acuerdo con el artículo 160 del Estatuto Administrativo.

Añade que la Resolución Afecta N° 235 fue tomada razón con alcance por encontrarse ajustada a derecho y mediante la Resolución Exenta N° 2.750, de 11 de abril de 2023, se desestimó el reclamo del recurrente por no haberse logrado acreditar los vicios de ilegalidad planteados.

Alega en primer término la falta de legitimidad pasiva ya que, agotada la vía administrativa ante la Contraloría General de la República, de conformidad al inciso 2° del artículo 54 de la Ley 19.880, se reanudó el plazo para ejercer la acción jurisdiccional, mas no en contra de esta Entidad de Control sino en contra del servicio que emitió el acto agraviante. Añade que, en su petitorio, el recurrente solicita realicen las diligencias necesarias tendientes a la declarar la prescripción de la responsabilidad administrativa, y dejar sin efecto la resolución Afecta Nº 235, lo cual no corresponde a la recurrida sino a Gendarmería de Chile.

Consigna que otras cuatro personas también interpusieron recursos de protección en contra del sumario administrativo iniciado por Resolución Exenta N° 2.734, de 9 de mayo de 2018, de Gendarmería de Chile.

A continuación, alega la improcedencia del recurso de protección en materia de sumarios por no constituir el medio idóneo para impugnar el fondo y forma de los procedimientos disciplinarios, ya que las normas que regulan su tramitación contienen todos los elementos necesarios para configurar un debido proceso y asegurar una adecuada defensa del sumariado.

Por otra parte, sostiene la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad en la dictación de la Resolución Exenta N° 2750, de 2023, de la Entidad de Control, que resolvió el reclamo de ilegalidad interpuesto por el actor, por cuanto en su emisión la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago se limitó a ejercer las competencias que le han sido asignadas por la Constitución Política de la República y las leyes, efectuando un análisis razonado del sumario administrativo instruido por Gendarmería de Chile, de las alegaciones del recurrente y de las actuaciones practicadas por dicha repartición, de conformidad con la normativa vigente sobre la materia.

Asevera que la existencia de una presentación efectuada ante la Contraloría General de la República, como la efectuada por el actor de conformidad al artículo 160 del Estatuto Administrativo, no obsta a la toma de razón de una resolución, en particular, la Resolución Afecta N° 235, de 2022, agregando que dicha reclamación no produce ningún efecto suspensivo de dicho trámite.

Alude a la gravedad de los hechos que dan origen al proceso sumarial y que concluyó con la sanción de destitución, precisando que los cargos formulados no resultan ser imprecisos, y que las conductas descritas de manera detallada constituyen una transgresión grave al principio de probidad administrativa.

Afirma que la responsabilidad administrativa del recurrente se encuentra plenamente acreditada en el sumario administrativo de acuerdo a la prueba que cita.

En cuanto a la prescripción de la responsabilidad administrativa alegada por el actor, aduce que la acción disciplinaria no se encontraba prescrita al momento de tomar razón de la Resolución N° 235, de 2022, de Gendarmería de Chile.

Dice que la formulación de los cargos en el proceso ocurrió el 28 de septiembre de 2018, por lo que, en esa fecha, conforme al precitado artículo 159 del Estatuto Administrativo, se produjo la paralización de su cómputo y añade que, una vez transcurridas dos calificaciones funcionarias (diciembre 2018 y diciembre 2019), continuó su cómputo hasta el 1 de enero de 2020, cumpliéndose -hasta la emisión de la resolución N° 235, de 2022- sumado al tiempo ya transcurrido previamente, un total de 3 años, 6 meses y 12 días.

En cuanto al decaimiento del acto administrativo, cita el artículo 27 de la Ley Nº 19.880 que establece que los plazos que la ley establece para los trámites y decisiones de la Administración no son fatales, agregando que, de acuerdo con la jurisprudencia que cita, el decaimiento del procedimiento administrativo exige no sólo el transcurso de un plazo, sino que éste sea excesivo y que vuelva el acto inútil e ilegal, nada de lo que se aprecia en el caso de marras. Aclara que la extensión del procedimiento sumarial se encuentra justificada por la complejidad del caso, el cual también se vio dilatado por la contingencia sanitaria.

Respecto a la alegación de que la Contraloría no se habría pronunciado respecto de la totalidad de lo señalado y pedido en su reclamo de ilegalidad, en especial lo relativo a la comisión de delitos, sostiene que la Resolución Exenta N° 275 sí abordó las alegaciones del recurrente relativas a la potencial configuración de delitos, señalándose que el reclamo de ilegalidad no constituye la vía idónea para alegar la eventual comisión de dicho delito. Añade que la Entidad Fiscalizadora, al tomar conocimiento del contenido de la denuncia por vulneración de derechos fundamentales del señor nombre reservado, cumplió con su deber de abstención, en virtud del artículo 6°, inciso tercero, de la Ley N° 10.336, al momento de dictar la Resolución Exenta N° 2.750.

En cuanto a los supuestos vicios de fondo que alega el actor en relación con la tramitación del sumario administrativo, asegura que el hecho de encontrarse pendiente un litigio basado en decisiones de la Administración del Estado, no da lugar automáticamente, respecto de quien las ha adoptado en el marco de sus atribuciones, a un interés personal que pueda afectar la resolución de cualquier asunto sometido a su conocimiento. Sobre el error en la hoja de vida, señala que los vicios de procedimiento no afectarán la legalidad de la resolución que aplica una medida disciplinaria, cuando incidan en trámites que no tengan una influencia decisiva en los resultados del sumario, de acuerdo con el artículo 144 del Estatuto Administrativo.

Respecto a la supuesta infracción al artículo 61, letra k), de la Ley N° 18.834, aduce que lo alegado por el recurrente no incide en la validez del sumario administrativo, entre otros, porque las denuncias presentadas por el fiscal administrativo fueron efectuadas más de dos años y cinco meses después de su aceptación a la designación como fiscal administrativo en el procedimiento disciplinario en cuestión, con lo que la denuncia no satisface la exigencia de haberse efectuado con la debida prontitud, de manera que la misma no es idónea para afectar procedimientos sustanciados previamente a dicha denuncia.

Aclara que la protección contemplada en el artículo 90-A, letra a), de la Ley Nº 18.834, no se aplica a procedimientos disciplinarios iniciados con anterioridad a la denuncia, como ocurre en el caso del señor nombre reservado, de acuerdo con la jurisprudencia administrativa que cita.

Finalmente estima que no se produce la afectación de las garantías constitucionales singularizadas en el recurso.

Tercero: Informa por Gendarmería de Chile su Director Nacional, Sebastián Urra Palma, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

Alude a la investigación administrativa incoada a raíz de la Resolución Exenta N° 2.734, de 9 de mayo de 2018, de la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, y a la Resolución Trámite N° 235 de 22 de diciembre de 2022 la cual fue tomado razón por la Contraloría.

Precisa que el acto administrativo sancionador fue dictado en observancia de los principios de proporcionalidad y de un procedimiento racional y justo. Que los hechos materia de la referida investigación revisten suma gravedad atendido el cargo público que ostentaba el inculpado Sr. nombre reservado al momento de verificarse los hechos investigados, siéndole exigible una conducta intachable y acorde a la calidad funcionaria que éste revestía, inobservancia que lo hizo merecedor de la medida disciplinaria más gravosa. Que en la investigación administrativa se respetaron las reglas del debido proceso legal y no existen recursos pendientes, dictándose por parte de la Autoridad competente resoluciones debidamente fundamentadas.

Respecto a la alegación de prescripción de la acción disciplinaria, indica que el recurrente incurrió en la conducta reprochada con fecha 07 de marzo de 2018, y entre dicha fecha, y el 28 de septiembre de 2018, data de la primera formulación de cargos dirigida en contra del recurrente transcurrieron seis meses y veintiún días, produciéndose de esa fecha, la paralización del cómputo, de conformidad al artículo 159 de la Ley N° 18.834. Enseguida, una vez transcurridas dos calificaciones funcionarias -en este caso, durante los meses de diciembre de 2016 y diciembre de 2019-, el referido proceso continuó su cómputo a partir del 01 de enero de 2020, cumpliéndose -hasta la emisión de la Resolución N° 235, de 2022- dos años, once meses y veintiún días, lapso que sumado al tiempo transcurrido previamente, totaliza un plazo de 3 años, 6 meses y 12 días, por lo que la acción disciplinaria no se encuentra prescrita de acuerdo al plazo dispuesto en el artículo 158 de la Ley N° 18.834.

Respecto del supuesto decaimiento del proceso disciplinario expresa que la legislación no contempla específicamente una norma que regule el plazo máximo para la substanciación del proceso sumarial. Agrega que el decaimiento solo se puede presentar en la eficacia y vigencia del acto administrativo, pero no respecto de su procedimiento -como ocurre en este caso-, pues este último solo cumple la finalidad de ser el vehículo para dictación del mismo. Alude al Ordinario 3610 de 17 de marzo de 2020 dictado por el órgano contralor que suspendía los plazos del título V del Estatuto Administrativo durante la alerta sanitaria.

En cuanto a los ilícitos de prevaricación administrativa que refiere el actor, sostiene que esta acción cautelar no resulta la vía idónea para efectuar dichas alegaciones, debiendo realizarse la respectiva denuncia ante el Ministerio Público. Agrega que el hecho de encontrarse pendiente un litigio basado en las decisiones de la Administración del Estado no da lugar a un interés personal que pueda afectar la resolución de cualquier asunto sometido a su conocimiento y que, a su vez, tenga alguna relación con el litigio. En lo que respecta a la inclusión en su hoja de vida de una sanción que no corresponde efectivamente a su desempeño, asevera que los vicios del procedimiento no afectarán la legalidad de la resolución que aplica una medida disciplinaria cuando incidan en trámites que no tengan una influencia decisiva en el resultado del sumario administrativo, todo ello, de acuerdo con el artículo 114 de la preceptiva normativa funcionaria, error que por lo demás fue corregido por lo que no hizo variar el resultado de la investigación desarrollada y la sanción aplicada.

Anota que las denuncias presentadas por el fiscal administrativo señor nombre reservado fueron realizadas el 14 de abril de 2022, vale decir, más de dos años y cinco mes después de su aceptación a la designación en tal calidad en el procedimiento disciplinario en cuestión, lo que permiten descartar que la aludida denuncia satisfaga la exigencia de haberse efectuado con la debida prontitud, de manera que la misma no es idónea para afectar procedimientos administrativos sustanciados previamente a dicha imputación.

Considera inaplicable al caso del recurrente el artículo 90 - A de la Ley N° 18.834, preceptiva normativa que establece una serie de medidas de protección para aquellos funcionarios que ejerzan las acciones referidas en el artículo 61 letra K), del mismo cuerpo legal, por cuanto el acto administrativo que instruyó el procedimiento sumarial que lo destituyó de su cargo data del 09 de mayo de 2018, por lo que dicho resolutivo antecede a la querella interpuesta por éste el día 30 de marzo de 2022.

Finalmente niega la afectación de las garantías constitucionales singularizadas en el recurso.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la Ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Quinto: Que los hechos que sirven de sustento al presente arbitrio son los siguientes:

1. La instrucción de un sumario administrativo en su contra con fecha 9 de mayo de 2018 dispuesto por el Director Nacional de Gendarmería.

2. La reapertura de dicho procedimiento con fecha 1 de julio del año 2019 debido a la falta de antecedentes y ocurrencia diversas irregularidades y vicios en la tramitación de éste.

3. El hecho de haber puesto el recurrente en conocimiento del Fiscal, del Director de Gendarmería, del Ministerio de Justicia y del Contralor General de la República, que su hoja de vida funcionaria contenía datos falsos y adulterados, consistentes en la sanción disciplinaria suspensión del empleo, lo cual no es efectivo.

4. El hecho que el fiscal a cargo del sumario prestó declaración y efectuó denuncia en la Policía de Investigaciones de Chile y ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del delito de prevaricación administrativa en contra del recurrente, con fecha 14 de abril de 2022.

5. Por Resolución Exenta N° 3184 de 15 de mayo del año 2020, del Director de Gendarmería, se aplicó al recurrente la medida disciplinaria de destitución; por Resolución Exenta Nº 4455 de 7 de septiembre de 2020 se rechazó la reposición interpuesta, y por Resolución Exenta Nº 235 de 22 de diciembre de 2022 del Director Nacional de Gendarmería de Chile, se aprobó dicha medida disciplinaria.

6. La Resolución Exenta Nº 2399 de 7 de diciembre de 2022 de la Ministra de Justicia y Derechos Humanos obvió pronunciarse respecto de las denuncias hechas en cuanto a la comisión de delitos en la tramitación de la pieza sumarial.

7. Por Resolución Exenta Nº 2750 de 11 de abril de 2023 de la Contraloría General de la República se rechazó el reclamo de ilegalidad del artículo 160 del Estatuto Administrativo interpuesto por el actor.

8. El 30 de marzo de 2022 interpuso querella en contra del Director Nacional de Gendarmería y de quienes resulten responsables por los delitos de prevaricación administrativa, falsificación y uso malicioso de instrumento público y falta a la obligación de denunciar hechos que revistan la calidad de delitos ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago.

9. El 1 de abril de 2022 ingresó a Contraloría General de la República escrito dando cuenta de irregularidades administrativas y vicios en el sumario e informando de la presentación de la querella criminal interpuesta, solicitando la abstención de toma de razón al momento que dicho sumario fuera revisado para el examen de legalidad.

SEXTO: Que son normas aplicables a este asunto:

a. Los siguientes artículos de la Ley N° 18.834, que aprueba el Estatuto Administrativo: 61 letras c) g) y k), relativos a los deberes funcionarios; 84 que trata sobre las prohibiciones que afectan a los funcionarios públicos; 126, 121 letra d), que contempla la medida disciplinaria de destitución; 125 que establece las causales de destitución, y 159 sobre la interrupción de la prescripción.

b. El artículo 41 de la Ley 19.880, que dispone:

“Artículo 41. Contenido de la resolución final. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá las cuestiones planteadas por los interesados.

Cuando en la elaboración de la resolución final se adviertan cuestiones conexas, ellas serán puestas en conocimiento de los interesados, quienes dispondrán de un plazo de quince días para formular las alegaciones que estimen pertinentes y aportar, en su caso, medios de prueba. Transcurrido ese plazo el órgano competente decidirá sobre ellas en la resolución final.

En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución deberá ajustarse a las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si fuere procedente.

Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá resolver la inadmisibilidad de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento.

La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma.”

c. El artículo 160 del Estatuto Administrativo señala que “Los funcionarios tendrán derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República, cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren los derechos que les confiere el presente Estatuto. Para este efecto, los funcionarios tendrán un plazo de diez días hábiles, contado desde que tuvieren conocimiento de la situación, resolución o actuación que dio lugar al vicio de que se reclama. Tratándose de beneficios o derechos relacionados con remuneraciones, asignaciones o viáticos el plazo para reclamar será de sesenta días.”

SÉPTIMO: Que, en cuanto a la alegada vulneración del artículo 41 inciso 3° y 5° de la Ley N° 19.880, porque la resolución recurrida no se pronunció sobre la totalidad de lo señalado y pedido en el reclamo de ilegalidad del artículo 160 del Estatuto Administrativo presentado por el recurrente en contra de la Resolución recurrida, reclamo que daba cuenta de los delitos de prevaricación administrativa cometidos con la dictación de las Resoluciones Exenta Nº 3184 y 4455, de 2020 y 2399 de 2022, y de la comisión del delito de falsificación y uso malicioso de instrumento público, debe tenerse presente cabe señalar que la resolución se ajustó a las peticiones formuladas por el recurrente, abordando sus alegaciones relativas a la potencial configuración de delitos, y señalando que el reclamo de ilegalidad no es la vía idónea para alegar la eventual comisión de dicho delito. De tal manera, el ente contralor, al momento de dictar su Resolución denegatoria, cumplió con su deber de abstención contenido en el artículo 6°, inciso tercero, de su Ley Orgánica.

OCTAVO: Que la prescripción de la acción disciplinaria alegada por el recurrente no se ha producido, toda vez que con fecha 7 de marzo de 2018, y entre dicha fecha y el 28 de septiembre de 2018, data de la primera formulación de cargos dirigida en su contra transcurrieron 6 meses y 21 días, produciéndose de esa fecha la paralización de la contabilización del plazo de prescripción de conformidad al artículo 159 de la Ley N° 18.834. Tras lo cual, una vez transcurridas dos calificaciones funcionarias, en los meses de diciembre de 2016 y diciembre de 2019, el proceso continuó su cómputo a partir del 1 de enero de 2020, cumpliéndose hasta la emisión de la resolución destitutoria 2 años, 11 meses y 21 días, período que, sumado al tiempo transcurrido previamente, alcanza 3 años, 6 meses y 12 días, por lo que la acción disciplinaria no se encuentra prescrita de acuerdo con lo establecido en el artículo 158 de la Ley N° 18.834.

NOVENO: Que, en lo concerniente al decaimiento administrativo alegado por el recurrente cabe señalar que, primeramente debe indicarse que, acuerdo a lo sostenido por los altos tribunales de la República, en la sustanciación de los procedimientos que instruye la Administración deben seguirse los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, impulso de oficio del procedimiento, control, de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, debiendo aplicarse el artículo 53º de la Ley 19.880, sobre la base de identificar el decaimiento con una especie de ineficacia del procedimiento. En ese contexto, la Contraloría General de la República ha hecho aplicación de los artículos 14º inciso tercero y 40º inciso segundo de la Ley 19.880, que contemplan expresamente la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de su continuación. En este caso, es preciso tener presente que nos encontramos con un procedimiento disciplinario complejo, el cual también se vio dilatado por la contingencia sanitaria. Debe tenerse presente que el decaimiento solo se puede presentar en la eficacia y vigencia del acto administrativo, pero no respecto de su procedimiento, como ocurre en la especie, pues este último solo cumple la finalidad de ser el vehículo para dictación de éste. Debe además tenerse presente que el Ordinario 3610 de 17 de marzo de 2020 de la Contraloría General de la República suspendió los plazos del título V del Estatuto Administrativo durante la alerta sanitaria.

DÉCIMO: Que, en relación con los delitos de prevaricación administrativa que según el actor se habrían cometido, es dable indicar que el recurso de protección no constituye la vía idónea para efectuar dichas alegaciones, además de haber presentado el recurrente una acción de tutela laboral por vulneración de Derechos Fundamentales en contra de Gendarmería y su ex Director Nacional.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20, ambos de la Constitución Política de la República, y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, SE RECHAZA el recurso de protección constitucional deducido a favor de nombre reservado y en contra del Contralor de General de la República Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del abogado integrante Sebastián Hamel Rivas.

N°Protección-9278-2023.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Jenny Book Reyes e integrada por la Ministra (S) señora Erika Villegas Pavlich y por el Abogado Integrante señor Sebastián Hamel Rivas.