Protección contra esa institución representada por su Director General

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés.

A los folios 89, 90 y 91, a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, a folio 1, con fecha 01 de julio de 2022, comparece el abogado don Raúl Henríquez Burgos en representación de don nombre reservado, funcionario de la Dirección General de Crédito Prendario -nombre reservado-, interponiendo acción constitucional de protección en contra de esa institución representada por su Director General, don Andoni Elorrieta Abásolo y de la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, representada por su Contralor Regional, don René Morales, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en no considerar el tiempo servido como alcalde de la Municipalidad de Galvarino, para efectos del cómputo de años requeridos para acceder a la bonificación adicional de la Ley N° 20.948, afectando con ello el ejercicio de las garantías constitucionales del recurrente establecidas en los números 2 y 14 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que, el recurrente se desempeña actualmente como Administrador de la Unidad de Temuco de la Dirección del Crédito Prendario -nombre reservado-, en el, que fue nombrado en calidad a contrata asimilado al grado 10º de la Planta de Técnicos de dicho Servicio. Indica que este cargo lo ha cumplido en forma ininterrumpida desde su designación en el mes de julio de 2018.

Agrega que, antes de ser incorporado a la nombre reservado y como consta en el sistema de información de la Contraloría (SIAPER), el recurrente se desempeñó en la Municipalidad de Galvarino, región de La Araucanía.

Expone que, en una primera etapa, como funcionario del Departamento de Educación, desde el 1 de abril de 1981 y hasta fines del año 1994, ambas fechas inclusive, ello en virtud de contratos de trabajo celebrados con la Corporación. Precisa que, en una segunda etapa, destaca que, como alcalde de la misma comuna, desde el 26 de septiembre de 1994 y hasta el mes de 5 de diciembre del año 2000, ambas fechas inclusive, esta vez, como funcionario municipal, incorporado a la Planta de la Municipalidad. Y en una tercera etapa, nuevamente como funcionario del Departamento de Educación Municipal, desde el 7 de diciembre de 2000 y hasta el 10 de enero de 2001, ambas fechas inclusive.

Añade que, además, con posterioridad a tales labores, registra contratación bajo la modalidad del Código del Trabajo, en la Municipalidad de Freire, región de La Araucanía, desde el 2 de enero y hasta el 31 de diciembre de año 2013, ambas fechas inclusive.

Indica que, para los efectos de este recurso, importa especialmente destacar el tiempo de desempeño como alcalde en la Municipalidad de Galvarino (segunda etapa), por un tiempo total de 6 años, dos meses y 9 días.

Refiere que, como funcionario de la nombre reservado, con fecha 6 de agosto de 2021, el recurrente presentó solicitud para acogerse al beneficio establecido en las Leyes N° 20.948 y N° 20.305, consistente en el pago de una bonificación adicional que se otorga, por una sola vez, a los funcionarios de carrera y a contrata que perciban la bonificación por retiro del Título II de la Ley N° 19.882 (a la que tiene derecho), siempre que cumplan los requisitos establecidos en la misma normativa, entre ellos, que a la fecha de postulación “tengan veinte o más años de servicio, continuos o discontinuos, en la Administración Central del Estado o en sus antecesores legales”.

Arguye que, con fecha 2 de enero de 2022, el Jefe del Departamento Jurídico de la nombre reservado, en comunicación dirigida al Jefe Administrativo del mismo Servicio, se pronunció sobre la solicitud del Recurrente, reconociendo el cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la bonificación; salvo en lo relativo a la antigüedad exigida por la normativa, cuestionando precisamente el tiempo servido como Alcalde en la Municipalidad de Galvarino, por lo que se abstiene de emitir una decisión definitiva y recomienda al Recurrente dirigirse a la Contraloría General de la República.

Explica que, acorde a lo anterior y efectuada la consulta sugerida, la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, por Dictamen Nº E193111/2022, dirigido al Sr. Director General de la nombre reservado, se pronunció sobre la situación del recurrente y, en cuanto al cumplimiento de la antigüedad exigida por la normativa desestima considerar como abono el tiempo que sirvió como alcalde de la comuna de Galvarino; por lo que “concluye que, al momento de la anotada solicitud ante la nombre reservado, el señor nombre reservado no reunía los requisitos mínimos de desempeño exigidos para obtener los beneficios solicitados contemplados en las leyes Nºs 20.948 y 20.305.”

Alega que, tanto el dictamen de la Contraloría Regional como la decisión de la DIPREC, constituyen actos ilegales y arbitrarios.

En efecto, sostiene que son ilegales, por cuanto la decisión de ambos organismos de no considerar el tiempo servido por el recurrente como Alcalde de la Municipalidad de Galvarino, para efectos de acceder al pago de la bonificación especial, contraviene normas legales explícitas y principios generales del derecho, que forman parte del “Bloque de Legalidad”, que ambos Servicios tienen el imperativo de respetar, en especial, por parte del organismo contralor.

Esgrime que, las infracciones se configuran de la siguiente forma, a saber, primero, expresa que artículo 1º de la Ley 18.883, que también menciona el Dictamen, señala expresamente que a los/as Alcaldes/as les serán aplicables las normas contenidas en el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales en lo referido a los deberes y derechos y responsabilidad administrativa.

De esta forma, los alcaldes tienen el carácter de funcionarios municipales, sujetos al Estatuto Administrativo especial, para los efectos señalados en la norma legal; entre los cuales importa destacar, la expresa referencia los “derechos” que le corresponde como todo empleado municipal, sin ninguna clase de restricciones o limitaciones.

Expresa que, lo anterior se explica, ya que el alcalde, a diferencia de los/as concejales/as, no solo tienen la calidad de autoridades comunales, sino que son funcionarios municipales, incorporados en la Planta Municipal, en el grado más alto del Escalafón Directivos. Explica que esa doble calidad jurídica (autoridad y funcionario municipal) es reconocida por distintas normas legales, entre las cuales, puede destacarse el artículo 56 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que expresamente reconoce en el/a Acalde/sa la condición de “máxima autoridad de la municipalidad y en tal calidad le corresponderá su dirección y administración superior y la supervigilancia de su funcionamiento”.

En segundo lugar, argumenta que los recurridos ambos organismos integrantes del Estado no han cumplido con el deber que les impone la carta fundamental en el artículo 1º inciso 4º Constitución Política de la República, al ejercer sus atribuciones legales desconociendo el imperativo de orientar toda su actividad al “servicio de la persona humana”, en este caso, a uno de sus funcionarios, coartando el acceso de éste a un beneficio legal, fundado en una errónea aplicación e interpretación de la norma habilitante, contraria al respeto y protección de sus derechos exigida por el Constituyente.

En tercer lugar, ambos Servicios recurridos han contravenido el principio general de derecho Pro Homine” o Pro Persona -integrante de la juridicidad-, que se traduce en que, de existir dudas sobre una materia en particular, los organismos públicos deben preferir aquella interpretación que mejor se ajuste a la protección de los derechos de las personas, incluyendo en este concepto a sus propios funcionarios; aplicando métodos de hermenéutica legal que cumplan con tal finalidad, como los argumentos a pari, a fortiori o a contrario sensual. Ello al efectuar una aplicación e interpretación restrictiva a una norma legal que otorga un beneficio a sus funcionarios, haciendo exigible sus requisitos de procedencia, en este caso, el tiempo de desempeño mínimo, de una forma que no se conforma con la observancia de su deber constitucional.

Asimismo, manifiesta que, con su actuar ilegal, los organismos han infringido la propia normativa que otorga el beneficio, a saber, la Ley Nº 20.498, por cuanto del contexto de sus disposición, se desprende de manera clara e inequívoca el criterio legislativo, en orden a extender el beneficio a la mayor cantidad de funcionarios/as; como queda de manifiesto de la simple revisión literal de algunas de sus normas, como el artículo 3º que limita la antigüedad, fijando un tramo menor de años para su procedencia (de 18 a 20 años); y especialmente, lo dispuesto en el artículo 2º inciso final que expresamente reconoce, para efectos del cómputo de los años de servicios, el tiempo servido por el/la funcionario/a bajo la modalidad de honorarios, o sea, en una calidad precaria de prestador/a de servicios y no como funcionario/a público, como ha sido declarado reiteradamente por la propia Contraloría.

Aduce que, ahora bien, utilizando el argumento a fortiori, que reclama la observación del principio Pro Homine, los organismos recurridos debieron considerar, en el ámbito de sus competencias, el tiempo en que el recurrente sirvió como alcalde de la Municipalidad de Galvarino; ello porque si la misma ley estima como válido para los fines de procedencia del beneficio, el tiempo trabajado bajo la modalidad a honorarios, con mayor razón debieron haber considerado el período servido por el señor nombre reservado como funcionario adscrito a la planta municipal, cumpliendo la función de primera autoridad comunal.

De todo lo anterior, concluye que la decisión y posición de los servicios recurridos ha sido totalmente ilegal, lo que justifica la intervención del Tribunal de esta Corte, a efecto de restablecer el imperio del derecho y la vigencia del principio de juridicidad.

Igualmente, asevera que, es arbitrario el accionar de los Servicios recurridos, por cuanto no tiene una explicación lógica y racional la exclusión del tiempo servido por el recurrente como alcalde de la Municipalidad, al momento de ponderar el requisito de desempeño mínimo exigido por el artículo 1º de la Ley 20.498, para acceder a la bonificación especial contemplada en esta normativa.

Al actuar de esta forma, indica que la decisión queda desprovista de necesaria y debida fundamentación, con lo que la actividad de los Servicios se torna en arbitraria, carente de razón y fundada en apreciaciones particulares, al parecer sobre el origen político del cargo. hacer presente que, según el artículo 11 inciso 2º de la Ley N° 19.880, los actos que afecten los derechos de los particulares sean que los limiten, restrinjan o amenacen su ejercicio, deben cumplir con un estándar mayor de fundamentación; lo que no se satisface con la sola mención de disposiciones legales y jurisprudencia administrativa (dictámenes), sino que exige un análisis de la pertinencia y coherencia formal de los antecedentes en función de la resolución que se adopte. En este sentido, tanto la norma legal invocada -artículo 1º de la Ley N° 18.883- como los dictámenes citados por ambos servicios, como fundamento de sus decisiones, en especial, el citado por el órgano contralor (Dictamen Nº 4930 de 2004), se encuentran contestes en reconocer al alcalde la condición de funcionario/a municipal y como tal sujeto a las normas del Estatuto Administrativo, en cuanto a sus derechos funcionarios, uno de los cuales es precisamente el reconocimiento del tiempo servido en tal calidad para los efectos del reconocimiento y pago de asignaciones y demás beneficios legales; como por ejemplo la denominada “Asignación de Antigüedad”, regulada por el artículo 97 letra g) de la Ley N° 18.883.

En cuanto a las garantías constitucionales conculcadas refiere que ll accionar ilegal y arbitrario de los Servicios recurridos afecta el ejercicio de las garantías del recurrente de la igualdad ante la ley (artículo 19 Nº 2), por cuando se le ha discriminado, con relación a otros funcionarios/as que, habiendo postulado al beneficio contemplado en la Ley, no se les ha cuestionado el tiempo prestado como funcionario municipal, para el efecto de cumplir la exigencia del desempeño mínimo.

A diferencia del recurrente, refiere que respecto de tales funcionarios/as no se ha efectuado ninguna clase distinción, en cuanto a la labor desempeñada en organismos públicos; bastando la sola circunstancia de haber cumplido un cargo de planta, a contrata, o bien sujeto a un contrato de trabajo, o incluso, como prestador de servicios a honorarios, bajo ciertos supuestos.

Además, afecta el derecho de propiedad (artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República) del recurrente, por cuanto, al excluirlo del acceso a la bonificación adicional, se le ha privado al recurrente del derecho a obtener el pago de la cantidad de 404 U.T.M., equivalentes en al día de hoy, a la suma de $23.253.028; la que hubiesen ingresado efectivamente a su patrimonio a no ser por la conducta ilegal y arbitraria de los servicios recurridos; ya que -como se ha dicho- cumplía, a satisfacción, los demás requisitos legales de procedencia del beneficio. A este respecto, señala que, según el artículo 5 inciso 1º de la Ley N° 20.498, atendida la fecha de postulación del recurrente (agosto de 2021), el pago de la bonificación se otorga sin tope de cupos anuales, o sea, por la sola circunstancia de cumplir los requisitos legales; argumento que refuerza el perjuicio causado por la decisión de los órganos recurridos. La norma expresa en lo pertinente que: “A contar del año 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2024, dicha bonificación se otorgará sin tope de cupos anuales.”

De esta forma, expone que este perjuicio económico solo se explica por la decisión -ilegal y arbitraria - de no considerar el tiempo servido por el recurrente, en calidad de funcionario municipal, ejerciendo el cargo de alcalde de la comuna de Galvarino. En efecto, el Dictamen del órgano contralor fue remitido a la Dirección General de la nombre reservado, para que éste se pronunciará sobre la solicitud del recurrente, lo que hasta la fecha no se ha realizado por parte de tal Servicio; con lo que la acción ilegal y arbitraria de ambos organismos tiene el carácter de permanente para los efectos de la interposición de esta acción constitucional.

Finalmente, pide, en definitiva, se acoja la acción, declarando la ilegalidad y arbitrariedad del accionar de ambos Servicios recurridos y ordenando a los mismos considerar el tiempo servido como alcalde por el recurrente, para los efectos del cómputo de los años de servicios exigidos para acceder a la bonificación adicional de la Ley Nº 20.498; sin perjuicio de las demás medidas que pueda disponer esta Corte en uso de sus facultades; todo ello con expresa condenación en costas.

Segundo: Que, a folio 13, con fecha 26 julio de 2022, informando la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en primer término, realiza una síntesis del recurso, exponiendo que, ha sido deducido por el actor en contra de esa Contraloría Regional Metropolitana de Santiago -ICRM-, a fin de que se declare la eventual ilegalidad y arbitrariedad en el accionar de los organismos recurridos, y se ordene considerar el tiempo servido como alcalde de la Municipalidad de Galvarino, para efectos del cómputo de años requeridos para acceder a la bonificación adicional de la Ley N° 20.948.

Agrega que, en este contexto, el 21 de enero de 2022, don nombre reservado, en su calidad de funcionario de la nombre reservado, solicitó a esta entidad contralora un pronunciamiento acerca de su derecho a acceder a la bonificación adicional regulada en la Ley N° 20.948, atendido el tiempo en el que se desempeñó como funcionario de la Municipalidad de Galvarino y, luego, en el cargo de alcalde de ese mismo municipio.

Añade que, en dicha presentación, el recurrente señaló que el 6 de agosto de 2021, remitió sus solicitudes para recibir la bonificación adicional de la Ley N° 20.948, en conjunto con la postulación al bono post laboral de la Ley N° 20.305, respondiendo al efecto el Departamento Jurídico de la nombre reservado, mediante su providencia N° 1, de 2 de enero de 2022, que determinó que no resultaba procedente la solicitud de dichas bonificaciones, sugiriendo al citado funcionario a realizar su consulta a esa Entidad Contralora. Luego, frente al requerimiento efectuado por el actor, ante esa Sede de Control, se emitió el oficio N° E193.111 de 2022, el que concluyó que, al momento de efectuar su solicitud, el recurrente no reunía los requisitos mínimos de desempeño exigidos para obtener los beneficios solicitados, regulados en las Leyes N° 20.305 y N° 20.948.

Adiciona que, en opinión del actor, el anotado oficio N° E193.111, de 2022, constituiría un actuar arbitrario e ilegal que vulneraría sus derechos fundamentales garantizados en los N°s. 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando a esta Corte que se acceda a su pretensión, a fin de reconocerle el tiempo servido como alcalde, para efectos del cómputo de años requeridos para acceder a la bonificación adicional de la Ley N° 20.948.

A continuación, alega la extemporaneidad de la acción, fundado en que la acción constitucional de autos se encuentra dirigida en contra del actuar la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago y de la nombre reservado, y a juicio del actor, faltaría un pronunciamiento por parte de ese último organismo respecto de su postulación a las bonificaciones reclamadas, lo que tornaría en permanente la situación supuestamente ilegal y arbitraria que señala. En ese sentido, que hace presente que mediante su providencia N° 1, de 2 de enero de 2022, la nombre reservado dio respuesta a la postulación del actor, desestimándola, y que la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, emitió el oficio N° E193.111 el 11 de marzo de 2022, impugnado en autos, el que fuera notificado ese mismo día al interesado.

Argumenta que, lo anterior, pone de manifiesto que a diferencia de lo señalado por el recurrente, no estamos en presencia de una situación permanente -al encontrarse pendiente el pronunciamiento solicitado-, pues consta que aquel fue emitido a través de actos administrativos previamente citados y además, que el acto que presuntamente le produjo agravio, fue precisamente el citado oficio N° E193.111 de 2022, por el que se concluyó que no reunía los requisitos mínimos exigidos para obtener los beneficios solicitados. En dicho contexto, advierte que la acción cautelar de la especie fue interpuesta ante esta Corte, el 1 de julio de 2022, apareciendo de manifiesto que, a la fecha de la presentación de la acción de autos, se encontraba latamente vencido el plazo de 30 días corridos fijado para su interposición, conforme al Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

De este modo, atendida la fecha de interposición del recurso de autos, ocurrida el 1 de julio de 2022, y considerando que el oficio impugnado respecto de ese Organismo de Control fue notificado al actor con fecha 11 de marzo de 2022, corresponde desestimar la acción de protección intentada por ser claramente extemporánea.

En segundo término, alega la falta de legitimidad pasiva de esa Contraloría Regional. Al respecto, esgrime que, si bien el recurrente formalmente impugna el antedicho oficio N° E193.111 de 2022, de esa Contraloría Regional, de la lectura del recurso se aprecia que este se interpuso para obtener la concesión de la bonificación N° 20.948, cuyo otorgamiento no corresponde a esa Entidad Fiscalizadora. En efecto, como se indicó anteriormente, el 6 de agosto de 2021, el señor recurrente remitió a la nombre reservado su solicitud para acogerse a los beneficios establecidos en la Ley N° 20.948, ante lo cual, ese organismo efectuó la revisión de los antecedentes del funcionario, respondiendo mediante la citada providencia N° 1, de 2022, de ese servicio, en la que luego de hacerse presente que no es posible computar los años de ejercicio como alcalde para acceder a los beneficios de incentivo al retiro, se indica, en su parte final y en lo pertinente, que no se tienen “antecedentes que permitan establecer que existe motivo plausible para acceder al beneficio solicitado por el señor nombre reservado”.

Así, asevera que, dado que la respuesta denegatoria a esa postulación emanó de la nombre reservado, es que el recurso de protección de la especie debió haberse interpuesto directa y exclusivamente en contra de ese organismo, por haber realizado la actuación que, en definitiva, se estima como ilegal y arbitraria por el recurrente, y que es la causante de la supuesta afectación que él alega. Indica que, lo anterior resulta evidente si se considera que es a esa dirección a la que le compete resolver el otorgamiento de los beneficios por él impetrados, y que es el acceso a los mismos lo que, finalmente, el actor reclama a través del recurso de autos.

Colige que, de esta forma, en ningún caso la acción debió dirigirse en contra de esta Contraloría Regional, ya que sólo se limitó a revisar lo actuado por la nombre reservado en la materia.

Por otro lado, asevera que, el asunto es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección. Al efecto indica que, el recurso de protección fue establecido como un mecanismo de emergencia, destinado a brindar tutela rápida y eficaz a determinados derechos constitucionales, frente a violaciones o atropellos manifiestos de los mismos. Manifiesta que, en virtud de esta naturaleza, no constituye una vía para conocer asuntos de lato conocimiento, como acontece en la especie, en tanto su resolución implica dilucidar discusiones jurídicas acerca de la correcta interpretación y alcance que debe darse a determinados preceptos legales y la constatación de ciertas circunstancias de hecho.

Expresa que, de la lectura del libelo es posible advertir que lo verdaderamente pretendido por el actor a través de la presente acción, es que se declare su derecho acceder a la bonificación adicional y, eventualmente, al bono post laboral contemplados en las leyes N°s 20.948 y 20.305, respectivamente, cuestión por completo ajena a la naturaleza del recurso de protección, toda vez que el reconocimiento pretendido por el recurrente no constituye un derecho indubitado en su favor, ya que se encuentra supeditado a la constatación del cumplimiento de los requisitos legales necesarios para poder acceder a aquellos beneficios De este modo, indica que tal como lo ha resuelto la Corte de Apelaciones de Concepción en sentencia sobre recurso de protección rol N° 4.669-2017, confirmada por la Excma. Corte Suprema con fecha 4 de julio de 2018, el recurrente debe hacer uso de las herramientas o acciones legales y recursos procesales, ordinarios o extraordinarios, que sean procedentes para tratar de revertir la situación que se pretende impugnar; siendo improcedente que ello se quiera llevar a cabo por medio de la presente acción cautelar, destinada a resolver situaciones en que los hechos esgrimidos y los derechos constitucionales afectados estén indubitados, lo que no acontece en el caso propuesto.

Así, señala que queda en evidencia que, en la especie, se plantean cuestiones ajenas a toda solicitud de restablecimiento de algún derecho indiscutido que se encuentre amagado, y que no son susceptibles de dilucidarse en un proceso de emergencia como el recurso de protección.

Alega, la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad, toda vez que no se advierte de qué manera el oficio N° E191.111, de 11 de marzo de 2022, que se impugna, haya adolecido de ilegalidad, toda vez que la ICRM se limitó a ejercer las competencias que le han sido asignadas en virtud de los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República, y 5°, 6° y 9° de la Ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General, que ha sido debidamente delegadas por el Contralor General en las Contralorías Regionales, de acuerdo a la resolución N° 1.002, de 2011, de este origen. Por ello, refiere que la actuación recurrida se ha emitido de acuerdo con la habilitación que las mencionadas normas constitucionales, legales y reglamentarias han otorgado a la Contraloría General, con estricto apego y respeto al referido ordenamiento jurídico.

Asimismo, el acto impugnado fue emitido aplicando la normativa sustantiva que rige la materia y efectuando un análisis razonado de los antecedentes pertinentes, concluyéndose que el solicitante no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N° 20.948, para acceder a la bonificación adicional establecida en esa normativa.

Tampoco es posible sostener que la actuación de esta Contraloría Regional, contra la cual se recurre, constituya una acción u omisión arbitraria, toda vez que no obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón, sino que constituye el resultado de un estudio acabado de los antecedentes en torno a la situación planteada, considerando que este Órgano de Control emitió un pronunciamiento a solicitud expresa del señor nombre reservado, dando lugar a un pronunciamiento motivado en derecho por parte de esta Institución Fiscalizadora Así, el hecho de no compartir el recurrente la decisión de esa Sede Regional de Control no transforma en arbitrario al acto que, por esta vía, pretende dejar sin efecto.

En cuanto al fondo del asunto planteado, refiere respecto de bonificación adicional de la ley N° 20.948 y bono post laboral de la ley N° 20.305 que el citado cuerpo normativo otorga una bonificación adicional, por una sola vez, a los funcionarios de carrera y a contrata que perciban la bonificación por retiro del título II de la Ley N° 19.882, siempre que se encuentren afiliados al sistema de pensiones establecido en el Decreto Ley N° 3.500 de 1980, cotizando o habiendo cotizado en dicho sistema, según lo dispuesto en su artículo 17, que a la fecha de postulación tengan veinte o más años de servicio, continuos o discontinuos, en la administración, y cumplan los demás requisitos que establece esta ley.

Además, indica que, en su inciso segundo, requiere para tener derecho a esta bonificación, en el caso de los funcionarios, que deberán haber cumplido o cumplir los 65 años, entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2024. Asimismo, en su inciso tercero prevé que, para tener derecho a la bonificación adicional, los funcionarios deberán renunciar voluntariamente a todos los cargos y al total de horas que sirvan dentro de los plazos que señalen esa ley y su reglamento.

Enseguida, expone que el artículo 2° de esa normativa previene que, para los efectos de la disposición anterior, el reconocimiento de años de servicio discontinuos en la Administración Central del Estado o en sus antecesores legales solo procederá cuando el funcionario tenga, a lo menos, cinco años de desempeño continuos inmediatamente anteriores a la fecha de postulación, o cuando este tenga, a lo menos, un año de servicio anterior a la fecha de publicación de esta ley y, al menos, cinco años de desempeño continuo inmediatamente anteriores al 11 de marzo de 2010, en cualquiera de las instituciones señaladas en el artículo anterior.

Luego, señala que el artículo 3° de ese cuerpo legal establece que también podrán acceder a la bonificación adicional los funcionarios que, cumpliendo los demás requisitos a que se refiere el artículo 1°, tengan a la fecha de postulación entre dieciocho años y menos de veinte años de servicio, continuos o discontinuos, en la Administración del Estado. Por su parte, expresa que el inciso segundo del artículo 2° del decreto N° 1.588, de 2018, del Ministerio de Hacienda -que aprueba el reglamento para el otorgamiento de la señalada bonificación adicional para los años 2019 a 2024-, dispone, en lo pertinente, que tales beneficiarios de la bonificación adicional deberán haber cumplido o cumplir 65 años si son hombres, entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2024.

Puntualiza que, el artículo 6° del citado reglamento dispone que los funcionarios que cumplan con los requisitos establecidos en ese texto reglamentario, para acceder a la bonificación adicional deberán comunicar la decisión de renunciar voluntariamente a sus cargos y adjuntar los demás antecedentes señalados en el artículo 10 de este reglamento, en el departamento de gestión y desarrollo de personas de su respectivo Servicio o a quien cumpla dicha función. Por otra parte, el artículo 12 de la citada ley N° 20.948, señala que: “Los funcionarios que postulen a los beneficios de esta ley tendrán derecho a presentar la solicitud para acceder al bono establecido en la ley N° 20.305, en la misma oportunidad en que comuniquen su fecha de renuncia voluntaria conforme al procedimiento regulado en esta ley. Para tal efecto, se considerarán los plazos y edades establecidos en esta ley, sin que les sea aplicable el plazo de doce meses señalado en los artículos 2, número 5, y 3 de la ley N° 20.305.”

Así, indica que, con relación al bono post laboral que concede la anotada Ley N° 20.305, en su artículo 1° se establece la entrega de un bono de naturaleza laboral, por el monto que indica, para el personal que, a la fecha de su entrada en vigencia, ejerza un cargo de planta o a contrata y al contratado conforme al Código del Trabajo, en los órganos y servicios públicos que esa preceptiva indica. Agrega su inciso segundo que, el personal mencionado en el inciso anterior tendrá derecho al bono siempre que se encuentre afiliado al Sistema de Pensiones del Decreto ley N° 3.500 de 1980, y cotice en dicho sistema por el ejercicio de su función pública y cumpla con los requisitos del artículo 2°.

De esta manera, dentro de los requisitos copulativos que exige el artículo 2° de la Ley N° 20.305, se encuentra en su N° 1, la de tener las calidades mencionadas en el inciso primero del artículo 1°, en los referidos organismos o en sus antecesores legales, tanto a la fecha de postulación al beneficio como con anterioridad al 1 de mayo de 1981; en su N° 2, la de tener a lo menos 20 años de servicios en las instituciones señaladas en el artículo anterior o las que sean sus antecesores legales, a la fecha de la publicación de la presente ley; en su N° 3, tener una tasa de reemplazo líquida estimada igual o inferior a 55% y acceder a una pensión de vejez líquida regida por el decreto ley N° 3.500, de 1980, igual o inferior al límite máximo inicial que indica; en su N° 4, tener cumplidos 65 años de edad en el caso de los hombres y 60 años de edad tratándose de las mujeres; y en su N° 5, cesar en el cargo o terminar el contrato de trabajo, en las instituciones antes mencionada en el artículo 1°, sea por renuncia voluntaria, por obtener pensión de vejez de conformidad con el decreto ley N° 3.500, de 1980, por supresión del empleo o por aplicación del inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo, dentro de los 12 meses siguientes de cumplirse las edades señaladas en el número anterior, según corresponda.

En este contexto, asevera que, al analizar la situación laboral del señor nombre reservado, se tuvieron a la vista sus desempeños, primero entre el 1 de abril de 1981 y el 25 de septiembre de 1994 en el Departamento de Educación Municipal de la Municipalidad de Galvarino. Enseguida, el interesado ejerció el cargo de alcalde de ese mismo municipio entre el 26 de septiembre de 1994 y el 6 de diciembre de 2000, para luego desempeñarse nuevamente en el aludido departamento municipal, entre el 6 de diciembre de ese mismo año y el 10 de enero de 2001. Luego, se verificó que el citado funcionario tuvo desempeños en calidad de contratado bajo el Código del Trabajo en la Municipalidad de Freire entre el 2 de enero y 5 de mayo de 2013; y que, a contar del 1 de julio de 2018 se encuentra designado en un cargo a contrata en la nombre reservado, el cual fue prorrogado durante la anualidad del 2022.

Expresa que, de esta manera, de acuerdo con el análisis efectuado en el citado oficio N° E193.111, de 2022 -y concordándose con lo sostenido en la providencia N° 1, de 2022, de la nombre reservado-, a la fecha en que el señor nombre reservado efectuó su postulación, no contaba con los requisitos mínimos de desempeño exigidos para obtener los beneficios que impetró, previstos en las citadas leyes N°s 20.948 y 20.305.

Respecto de la calidad de alcalde para acceder la bonificación reclamada, hace presente que, conforme con lo señalado en el artículo 1° de la ley N° 18.883, a los alcaldes solo les serán aplicables las normas contenidas en ese estatuto relativas a los deberes y derechos, y la responsabilidad administrativa. Por otra parte, precisa que los alcaldes se encuentran afectos a normas especiales en cuanto a su designación y remoción, y que son distintas a las vigentes para el resto de los servidores municipales. En este sentido, agrega que, los alcaldes son funcionarios municipales únicamente para los efectos expresamente previstos en la ley N° 18.883, y dicho cargo, según lo previsto en los artículos 57 y 127 de la Ley N° 18.695, es provisto mediante sufragio universal, una vez que ha sido declarado electo por el Tribunal Electoral Competente.

De igual manera, aclara que según lo señalado por los artículos 58 y 83 de la citada Ley N° 18.695, el alcalde asume sus funciones en la fecha en que se instala el Concejo, oportunidad en la que se le toma el juramento de rigor y desde la cual, además, es computado el periodo de su mandato.

Así, explica que, el alcalde no es nombrado ni contratado, sino que electo y proclamado como tal, de manera que quienes acceden a ese cargo no cumplen con la condición de ser funcionario que cuente con un nombramiento en calidad de planta o que haya sido contratado, siendo aquella condición indispensable para obtener beneficios como el de la especie.

Indica que, de esa manera, el anotado oficio N° E193.111, de 2022, determinó, en armonía con el criterio contenido, entre otros, en los dictámenes N°s. 21.565, de 2019, y E18342, de 2022, que el tiempo desempeñado como Alcalde de la Municipalidad de Galvarino por el señor nombre reservado no puede abonarse al tiempo necesario para acceder a los beneficios de incentivo al retiro por él impetrados.

En tal sentido, destaca que la regulación de la especie busca incentivar el retiro de los servidores de la Administración del Estado con mayor antigüedad, de modo de otorgar mejores condiciones de egreso de la carrera funcionaria, de la cual están al margen los alcaldes, por lo cual no corresponde considerar útil, para los anotados efectos, el tiempo de desempeño como máxima autoridad alcaldicia.

Al respecto, anota que, de acuerdo con lo prescrito en los artículos 38 de la Constitución Política de la República; 42 de la ley N° 18.695; y 5°, letra e), y 8°, inciso primero, de la Ley N° 18.883, la mencionada carrera funcionaria constituye un sistema integral de regulación del empleo municipal aplicable al personal titular de planta, y que se extiende hasta el cargo de jerarquía inmediatamente inferior al de alcalde, con lo cual queda en evidencia que estas autoridades están al margen de aquella carrera.

Finalmente, hace presente que, a diferencia de lo pretendido por el recurrente, no resulta procedente hacer una interpretación extensiva y analógica, sobre los requisitos que expresamente fueron determinados por ley para la procedencia de las prestaciones que se reclaman, pues en derecho público rige el principio de juridicidad y legalidad en términos estrictos.

En cuanto a los derechos constitucionales supuestamente vulnerados, arguye que, si bien el actor considera como garantía supuestamente infringida aquella contemplada en el artículo 19, N° 2, de la Carta Fundamental, no proporciona elementos de juicio ni ha acreditado con medios de prueba alguno, de qué forma la actuación por parte de esa Institución Contralora habría conculcado la aludida garantía constitucional, por lo que no resulta posible sostener que existió un tratamiento discriminatorio que haya quebrantado el derecho a la igualdad ante la ley frente a situaciones idénticas, el que, como queda demostrado, ha sido estrictamente respetado por este Organismo Fiscalizador.

Luego, consigna que, los Tribunales Superiores de Justicia han señalado que la igualdad ante la ley consiste en el sometimiento de todas las personas de similares condiciones a un mismo estatuto jurídico fundamental para el ejercicio de sus derechos y para el cumplimiento de sus deberes, sin que sea posible discriminar entre ellas, por lo que es natural que en una serie de ámbitos la ley pueda hacer diferencias entre grupos, siempre y cuando no sea una discriminación arbitraria, esto es, contraria a la ética elemental o que no tenga justificación racional.

Agrega, que por discriminación arbitraria debe entenderse toda diferenciación o distinción realizada por el legislador o por cualquier autoridad pública que aparezca como contraria a la ética elemental o a un proceso normal de análisis intelectual, en otros términos, que no tenga justificación racional o razonable.

Por su parte, afirma que, esa Contraloría Regional actuó aplicando el criterio jurisprudencial vigente en la materia, contenidos en los dictámenes N°s. 21.565, de 2019, y E18342, de 2022, y que, por lo tanto, es en el evento que se hubiese emitido un pronunciamiento en el sentido que el actor pretende, que se hubiese vulnerado la igualdad ante la ley, dejándolo en una situación de privilegio en relación a aquellas personas respecto cuya situación se pronunciaron tales dictámenes, por lo que el referido derecho constitucional ha sido absoluta y estrictamente respetado por este Organismo de Control.

Así entonces, estima que, no resulta posible sostener que a través de la emisión del oficio N° E193.111, de 2022, se habría establecido una diferencia arbitraria en contra del recurrente, ni se puede comprender cómo aquel podría amenazar, privar o perturbar el legítimo ejercicio de la garantía consagrada expresamente en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en circunstancias que, por su intermedio, sólo se ejercieron las facultades con que cuenta esta Entidad de Control, conforme a la normativa legal y constitucional vigente, y a la reiterada e invariable jurisprudencia administrativa sobre la materia.

Además, refiere que, el recurso solo enuncia este derecho fundamental como vulnerado en relación con lo actuado por esta Sede Regional, sin que se exponga la forma en que se habría llevado a cabo esa supuesta transgresión.

Indica que, si bien el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental reconoce a todas las personas “el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales", para contar con esa protección constitucional es necesario que el derecho reclamado ingrese válidamente al patrimonio del afectado, condición que no se verificó en la especie.

Explica que lo anterior, por cuanto para que los beneficios cuyo pago se reclama hubieren ingresado al patrimonio del actor, se requiere que le hubieren sido otorgados, cuestión que necesariamente implicaba la concurrencia de los requisitos establecidos en la ley N° 20.948 y en su reglamento, lo que -como ya se anotó-, no se verifica en este caso.

Así entonces, alega que, al no cumplir con las exigencias legalmente establecidas -ni tampoco haberse dictado un acto que le otorgara los beneficios a los que pretendía acceder-, el citado funcionario no ha tenido un derecho de propiedad sobre las mencionadas bonificaciones, sino que únicamente una mera expectativa, por lo que no se aprecia de qué forma el oficio emitido por esta Entidad Fiscalizadora habría podido privar, perturbar o amenazar el dominio sobre un derecho inexistente.

Por lo expuesto y teniendo además presente las atribuciones que constitucional y legalmente competen a ese Órgano de Control, procede que esta Corte desestime el recurso de protección deducido en estos autos.

Tercero: Que, a folio 15, con fecha 03 de agosto de 2022, nombre reservado, Director General de la Dirección General del Crédito Prendario, tras referir los antecedentes generales del recurso, indica que, el ex funcionario ingresa al Servicio conforme lo dispuesto en la Resolución TRA No 99/86/2018 que lo designo como Contrata Técnico grado 10o de la E.U.S., y continuo en el servicio mediante prorrogas sucesivas, conforme las Resoluciones Exentas RA No 99/19/2019, 99/5/2020, 99/2/2021 y 99/1/2022. Agrega que, mediante solicitud de 06 de agosto de 2021, pidió acogerse a los beneficios de la Ley No 20.948, sobre bonificación adicional. Al respecto indica que, mediante la providencia No 01 de 02 de enero 2022, el Departamento Jurídico respondió requerimiento del Departamento Administrativo, en donde se señaló que no era posible acceder a la bonificación requerida por el recurrente, indicando, además, por no cumplir con el requisito temporal al no poder contabilizar el tiempo en que nombre reservado ejerció como alcalde de la comuna de Galvarino, considerando lo que la jurisprudencia administrativa señalaba para estos efectos y, además, que en razón a la ausencia de atribuciones interpretativas de ese órgano asesor, se le sugiriera al recurrente realizar la consulta de este caso a la Contraloría General de la Republica.

Sostiene que, mediante el Oficio N° 52 de 15 de febrero, de nombre reservado, en respuesta al reclamo de referencia No R90253/2022 y al Oficio No E180247 / 2022 de la I Contraloría Regional Metropolitana, se informó que nombre reservado, como ya se había expresado en la citada Providencia No 01 de 2022, no cumplía con los requisitos para la bonificación del artículo 1° de la Ley 20.948.

Indica que, considerando la respuesta de nombre reservado, la Contraloría Regional Metropolitana , interpreta -tal como lo señala su informe de autos- oficio N° E193111 de 11 de marzo de 2022 que, el “periodo laborado en la nombre reservado, de tres años y 8 meses, como el desempeñado en el departamento de educación municipal de Galvarino, de 13 años y un mes y, en caso de reunirse las condiciones previstas en el indicado artículo 4 de dicha ley, los doce meses contratados bajo el Código del Trabajo en el municipio de Freire, no totalizan dicho número de años de servicio, sin que pueda abonarse el periodo que sirvió como alcalde de la comuna de Galvarino, toda vez que, como se expuso, quienes accedan a ese cargo edilicio no cumplen la necesaria condición para obtener los beneficios que interesan, por no ser nombrados ni contratados para asumir sus funciones, sino que efectos y proclamados como tales aplican los dictámenes N° 20.942 de 2008 y N° 21.565 de 2019.

Argumenta que, en conformidad a lo expuesto nombre reservado obró en sujeción al principio de juridicidad, por lo que no es posible afirmar que el actuar de la misma haya sido arbitrario, ilegal o vulneratorio de derechos, como intenta exponer el recurrente.

A continuación, alega la extemporaneidad de la acción fundando en que el órgano contralor en su informe, este Servicio mediante la Providencia N° 1 de 2 de enero de 2022 del Departamento Jurídico, dio respuesta a la postulación del actor, desestimándola y, que Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, emitió el oficio N° E193.111 el 11 de marzo de 2022, impugnado en autos, el que fuera notificado ese mismo día al interesado, y, es en los citados actos, comunicados oportunamente al recurrente y referido por este en su libelo, se habría provocado el agravio del que dice ser objeto, no existiendo una situación permanente como se pretende en el recurso. En esas circunstancias, sostiene que, a la fecha de la presentación de la acción de autos, se encontraba vencido el plazo de 30 días corridos fijado para su interposición, por lo que considera corresponde que la acción constitucional sea rechazada, en primer término, por extemporánea.

Luego, asevera que, no se ha incurrido en ilegalidad ni arbitrariedad en el acto objeto del recurso, por cuanto la decisión de no conceder la bonificación adicional de la Ley N° 20.948, se emitió en estricta concordancia con el principio de legalidad, como también lo ha expresado el órgano contralor en su informe de autos. Aclara que, tampoco hubo un actuar arbitrario de su parte ya que nombre reservado no hizo otra cosa que aplicar la normativa sustantiva que rige la materia y efectuando un análisis razonado de los antecedentes entregados por parte del recurrente, lo que llevo a declarar que el solicitante no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 1° de la ley N° 20.948, para acceder a la bonificación adicional establecida en esa normativa. Expresa que este juicio y análisis además fue corroborado por el órgano contralor, quien ponderó las circunstancias de la misma manera que ese Servicio.

Sobre el fondo del asunto planteado, explica que, en la solicitud para acceder al referido beneficio, para efectos de acreditar los años de antigüedad del funcionario en el servicio público, se incluyeron por parte del recurrente el registro del tiempo en los que desempeñó funciones como alcalde de la comuna de Galvarino (1994-2000), Región de la Araucanía, sumado a los más de 13 años en el Departamento de Educación Municipal de dicha comuna y a los 3 años y siete meses que cumpliría en la institución recurrida.

Hace presente que, que la precitada Ley N° 19.882, en su Título II, establece una bonificación por retiro para los funcionarios de carrera y a contrata pertenecientes a las entidades públicas afectas a la asignación de modernización de la Ley N° 19.553 y aquellos que se desempeñen en los demás organismos públicos señalados en su artículo octavo, consistente en el derecho de percibir una bonificación equivalente a un mes de remuneración imponible por cada dos años de servicio con un máximo de once meses siempre que tengan 65 o más años de edad y que comuniquen su decisión de presentar la renuncia voluntaria a sus cargos Por su parte, manifiesta que la referida Ley N° 20.948 en su artículo 10, establece el derecho al pago de una bonificación adicional, por una sola vez, para los servidores que perciban la bonificación por retiro del Título II de la ley N° 19.882, siempre que se encuentren afiliados al sistema de pensiones contemplado en el Decreto Ley N° 3.500. de 1980, cotizando o habiendo cotizado en dicho régimen; que a la fecha de postulación tengan veinte o más años de servicios, continuos o discontinuos, en la Administración Central del Estado o en sus antecesores legales; y cumplan los demás requisitos que fija dicha ley.

Puntualiza que, para tener derecho al pago de la bonificación adicional, los(as) funcionarios(as) deberán haber cumplido o cumplir 60 años de edad, si son mujeres, o 65 años de edad, si son hombres, entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2024, o haber cumplido dichas edades, según corresponda, al 30 de junio de 2014, debiendo además renunciar voluntariamente a todos los cargos y al total de horas dentro de los plazos que se señalen en dicha ley y en su reglamento, contenido en el Decreto No 1.588, de 2019, del Ministerio de Hacienda.

Añade que, revisada la citada Ley N° 20.305, esta establece en su artículo 1°, un bono de naturaleza laboral para el personal que a la fecha de entrada en vigencia de dicha ley desempeñe un cargo de planta o a contrata y al contratado conforme al Código del Trabajo, en los órganos y servicios públicos, dentro de los cuales se cuentan las municipalidades (órganos descentralizados) y a los trabajadores de sectores de la Administración del Estado que hayan sido traspasados o se traspasen a dichas municipalidades en virtud de lo dispuesto por el Decreto con Fuerza de Ley N° 13.063 de 1980 del Ministerio del Interior.

Argumenta que, considerando lo reseñado precedentemente, y en relación al caso, el señor nombre reservado declaró en su solicitud de bono post laboral de la ley N° 20.305, firmada con fecha 6 de agosto de 2021, que se desempeñó laboralmente con anterioridad a nuestra institución en la Municipalidad de Galvarino desde el día 1 de abril de 1981 hasta el día 10 de enero de 2001, cumpliendo con ello una antigüedad declarada de 19 años y 9 meses, declarando además el periodo en nombre reservado desde el día 1 de julio de 2018 hasta el día 28 de febrero del año 2022 (cumpliendo con ello una antigüedad laboral de 3 años 8 meses), fecha ultima desde la cual regirá su renuncia voluntaria. Como se puede apreciar, el resultado de la declaración laboral del señor nombre reservado indicó una antigüedad laboral total de 23 años y 5 meses.

Señala que, sin embargo, y para efectos de determinar la procedencia o improcedencia de la solicitud, resultó necesario distinguir el hecho que el señor nombre reservado, conforme a los antecedentes allegados a la solicitud, ha ejercido diversas labores vinculadas a la Municipalidad de Galvarino. Al respecto, en los antecedentes presentados, se encuentra un certificado de fecha 8 de agosto del año 2018, emitido por la Secretaria Municipal de la referido municipio, en el cual se certifica que el solicitante ejerció desde finales de la 1994 al año 2000, en calidad de Alcalde de dicha comuna (periodo de 6 años y dos meses); luego como funcionarlo del Departamento de Educación desde el año 1981 a 1994 y posteriormente en el mismo Departamento desde el día 7 de diciembre del año 2000 hasta el día 10 de enero del año 2001, de manera tal que gran parte de su periodo laboral total (casi 19 años v 9 meses) está directamente relacionado a distintas funciones ejercidas en dicho municipio.

Indica que, de lo expuesto en el párrafo anterior, resulta evidente que ante una probable aplicación de una normativa asociada al incentivo al retiro como la pretendida por el señor nombre reservado, esta podría haberse circunscrito dentro del marco de la Ley N° 21.135 que otorga beneficios de incentivo al retiro para los funcionarios municipales que en ella se indica, pudiendo haber formulado, en su oportunidad, dicha solicitud en los términos y condiciones referidos en dicha ley Al respecto, señala que no es posible imputar los años del ejercicio de alcalde a la precitada Ley N° 21.135 (como tampoco a la Ley N° 19.882 y a la Ley N° 20.948), por cuanto, para acceder a los beneficios se requiere, entre otras condiciones, ser -o haber sido-, funcionario municipal regido por el Titulo II del Decreto Ley N° 3.551, de 1980 y por la ley N° 18.883, y contar con un decreto alcaldicio de nombramiento o designación, en calidad de titular o a contrata. En ese contexto, es del caso señalar que conforme lo establece el artículo 1" de la Ley N° 18.883, a los alcaldes solo les serán aplicables las normas previstas en ese estatuto relativas a los deberes, derechos y responsabilidad administrativa, encontrándose a su vez afectos a normas especiales en cuanto a su designación y remoción, distintas a las vigentes para el resto de los servidores de tales entidades (Dictamen de Contraloría General de la Republica N° 5.791, de 2017)

Añade que, no obstante que el alcalde es considerado como funcionario municipal (hecho reconocido en dictamen de Contraloría General de la Republica No 4.930, de 2004) su cargo (en armonía con lo previsto en los artículos 57 y 127 del DFL N° 1 del año 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado la Ley N° 18.695 orgánica constitucional de municipalidades), es provisto mediante el sufragio universal, de forma tal que el alcalde no es nombrado ni contratado para asumir sus funciones, sino que electo y proclamado, de manera que quienes acceden a ese cargo no cumplen una condición indispensable para obtener los beneficios pretendidos, lo que armoniza con el criterio de Contraloría General de la Republica contenido en dictamen N° 20.942 de 2008.

En sintonía, con lo expresado en los párrafos anteriores, destaca que, la mencionada carrera funcionaria, constituye un sistema integral de regulación del empleo municipal, aplicable al personal titular de planta, y que se extiende hasta el cargo de jerarquía inmediatamente inferior al de alcalde, con lo cual queda en evidencia que estas autoridades están al margen de aquella carrera.

Expresa que, conforme al análisis jurídico expresado y, no habiendo tenido a la vista otros antecedentes que permitieran establecer que existía motivo plausible para acceder al beneficio solicitado por el señor nombre reservado, se estimó que resulta complejo establecer la procedencia de la solicitud deducida por don nombre reservado, por lo que no se hizo factible en su oportunidad, dar una respuesta favorable a dicho requerimiento.

Por otro lado, asevera que no existe vulneración de los derechos constitucionales invocados por el recurrente.

A modo de análisis de término, advierte que la acción resulta imprecisa en su planteamiento y desarrollo, lo que dificulta una respuesta certera, afectando el legítimo derecho a la defensa de la recurrida. Ante la vaguedad de las alegaciones, pareciera que el actor, no dota de la debida relevancia jurídica a “la petición concrete” que debe existir en todo procedimiento adversarial, como garantía del debido proceso, de modo tal de dar eficacia al principio de congruencia, requisito esencial en todo debate contencioso. En este sentido, al deducir una acción sin concreción en la petición y además de la vaguedad del acto impugnado, deja al árbitro del juzgador la determinacion del objeto del conflicto, pero afectando el legítimo derecho a la defensa.

En opinión del Servicio y, tal como se ha manifestado a lo largo de este informe, estimamos que la superioridad no puede sino rechazar una solicitud de beneficios que no cumple con los requisitos que la Ley exige para su otorgamiento, y además lo ha estimado la Contraloría Regional Metropolitana en su Oficio No E191.111, de 11 de marzo de 2022 y en su informe de autos.

Por todo lo anterior, indica que, no se advierte como la decisión de no otorgar la bonificación de la Ley N° 20.948, por parte de la Dirección General del Crédito Prendario, podría constituir un acto que provoca directamente una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos a la igualdad ante la ley, y de propiedad invocados por el recurrente, en los términos previstos en el artículo 20 de la Constitución Política.

Asevera que, el recurrente, además, utilizó, en su oportunidad las herramientas jurídicas que la normativa le da para efectos de solicitar la revisión y modificación de la decisión de ese Servicio, y la respuesta del órgano contralor fue en el mismo sentido a la que había señalado nombre reservado.

Finalmente, pide, rechazar el recurso de protección de autos, por ser extemporáneo, por no existir en el caso sublite una acción u omisión arbitraria e ilegal de esta parte que prive, perturbe o amenace alguna garantía constitucional del recurrente, con expresa condena en costas.

Cuarto: Recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) Que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) Que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) Que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) Que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Quinto: Sobre la existencia del acto impugnado no existe discusión que corresponde al pronunciamiento de la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, contenida en el oficio N° E193.111 de 2022, el que concluyó que, al momento de efectuar su solicitud, el recurrente no reunía los requisitos mínimos de desempeño exigidos para obtener los beneficios solicitados, regulados en las Leyes N° 20.305 y N° 20.948, bajo el siguiente tenor:

“Se ha dirigido a esta Entidad de Control don nombre reservado, solicitando un pronunciamiento en cuanto a si cumple con los requisitos para acceder a los beneficios de las leyes N°s. 20.948 y 20.305, toda vez que la Dirección General del Crédito Prendario-nombre reservado-, le comunicó frente a su solicitud que para la antigüedad requerida no se contabilizaba el periodo en que se desempeñó como alcalde de la comuna de Galvarino.

Refiere discrepar de tal afirmación, por cuanto en fallo que cita se sindica al municipio de esa comuna como su empleador, y acompaña copia del formulario respectivo de 6 de agosto de 2021, con sus antecedentes, en que alude haber presentado su renuncia al cargo servido en esa dirección a contar del 1 de marzo de 2022, y adjunta, además, su certificado de nacimiento, verificado el 7 de octubre de 1956.

Requerido informe a la nombre reservado, esta dio cuenta, en síntesis, que del análisis del caso de dicho peticionario no resulta posible imputar a efectos de la antigüedad exigida para tales beneficios, los años de ejercicio en su calidad de alcalde de dicha municipalidad, sumado a los trece años que ejerció en el departamento de educación municipal de esa comuna y los tres años en esa dirección, conforme a las normas y REF. N° 90253/22 (…)

Sobre el particular, cabe anotar que el inciso primero del artículo 1° de la ley N° 20.948, concede una bonificación adicional, por una sola vez, a los funcionarios de carrera y a contrata que perciban la bonificación por retiro del título II de la ley N° 19.882, siempre que se encuentren afiliados al sistema de pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, cotizando o habiendo cotizado en dicho sistema, según lo dispuesto en su artículo 17, que a la fecha de postulación tengan veinte o más años de servicio, continuos o discontinuos, en la Administración Central del Estado o en sus antecesores legales, y cumplan los demás requisitos que establece esta ley.

Además, en su inciso segundo requiere que, para tener derecho a esta bonificación, en el caso de los funcionarios, deberán haber cumplido o cumplir los 65 años de edad, entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2024. Asimismo, en su inciso tercero prevé que, para tener derecho a la bonificación adicional, los funcionarios deberán renunciar voluntariamente a todos los cargos y al total de horas que sirvan dentro de los plazos que señalen esa ley y su reglamento.

Enseguida, el artículo 2° de esa normativa previene que para los efectos de la disposición anterior, el reconocimiento de años de servicio discontinuos en la Administración Central del Estado o en sus antecesores legales solo procederá cuando el funcionario tenga, a lo menos, cinco años de desempeño continuos inmediatamente anteriores a la fecha de postulación, o cuando este tenga, a lo menos, un año de servicio anterior a la fecha de publicación de esta ley y, al menos, cinco años de desempeño continuo inmediatamente anteriores al 11 de marzo de 2010, en cualquiera de las instituciones señaladas en el artículo anterior.

Al respecto, procede mencionar que para acceder al reconocimiento de los años de servicio que establece esta última disposición, se requiere poseer, como funcionario de planta a contrata, un mínimo de 5 años de desempeño continuo inmediatamente anteriores a la fecha de postulación o, a lo menos, un año de servicio anterior al 3 de septiembre de 2016, fecha de publicación de este último texto legal.

Luego, el artículo 3° de ese cuerpo legal establece que también podrán acceder a la bonificación adicional los funcionarios que, cumpliendo los demás requisitos a que se refiere el artículo 1°, tengan a la fecha de postulación entre dieciocho años y menos de veinte años de servicio, continuos o discontinuos, en la Administración Central del Estado o en sus antecesores legales.

Enseguida, el artículo 4° dispone que tendrán derecho a la bonificación adicional los funcionarios que desempeñen un cargo de carrera o a contrata y los contratados conforme al Código del Trabajo contratados conforme al Código del Trabajo en las instituciones a que se refiere el inciso primero del artículo sexto transitorio de la ley N 20.212, siempre que verifiquen las condiciones de afiliación previsional, años de servicios, edad y causal de término de funciones que esa norma expresa.

Por su parte, el inciso segundo del artículo 2° del decreto N° 1.588, de 2018, del Ministerio de Hacienda, -que aprueba el reglamento para el otorgamiento de la señalada bonificación adicional para los años 2019 a 2024-, dispone, en lo pertinente, que tales beneficiarios de la bonificación adicional deberán haber cumplido o cumplir 65 años de edad si son hombres, entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2024.

Luego, en su artículo 7° dicho reglamento prevé que podrán comunicar su decisión de renunciar en los períodos de postulación comprendido entre el 1° de julio y el 30 de septiembre de cada año antes indicado, los funcionarios señalados en el artículo 9° de ese cuerpo normativo, el que dispone, a su vez, tratarse de aquellos que cumplan 65 años de edad entre el 1 de julio y 31 de diciembre del mismo año en que postulan a los beneficios.

A continuación, cabe considerar que el artículo 12 de la ley N° 20.948, prevé que los funcionarios que postulen a los beneficios de esta tendrán derecho a presentar la solicitud para acceder al bono establecido en la ley N° 20.305, en la misma oportunidad en que comuniquen su fecha de renuncia voluntaria conforme al procedimiento regulado en esta ley.

A su turno, es útil recordar que el artículo 1° de la ley N° 20.305, en su inciso primero, otorga un bono de naturaleza laboral, para el personal que, a la fecha de su entrada en vigencia, ejerza un cargo de planta o a contrata y al contratado conforme al Código del Trabajo, en los órganos y servicios públicos que esa preceptiva indica.

En tanto que el N° 1 del artículo 2° de la citada ley N° 20.305, exige, para acceder a la prestación en comento, tener las calidades mencionadas en el inciso primero del artículo 1°, en los referidos organismos o en sus antecesores legales, tanto a la fecha de postulación al beneficio como con anterioridad al 1 de mayo de 1981.

Seguidamente, es del caso recordar que de conformidad con el artículo 1° de la ley N° 18.883, a los alcaldes solo les serán aplicables las normas contenidas en ese estatuto relativas a los deberes y derechos, y la responsabilidad administrativa.

Es así como los alcaldes se encuentran afectos a normas especiales en cuanto a su designación y remoción, distintas a las vigentes para el resto de los servidores de tales municipios (aplica dictámenes N°s. 5.791, de 2017, y 21.565, de 2019).

En este sentido, es útil añadir que, no obstante que el alcalde es funcionario municipal, circunstancia que ha sido reconocida por este Organismo Fiscalizador, entre otros, en el dictamen N° 4.930, de 2004, su cargo, en concordancia con los artículos 57 y 127 de la ley N° 18.695, es provisto mediante sufragio universal, una vez que ha sido declarado electo por el Tribunal Electoral Regional competente.

De igual modo, es pertinente apuntar que según se desprende de los artículos 58 y 83 de la citada ley N° 18.695, el alcalde asume sus funciones en la fecha en que se instala el concejo, oportunidad en que se le toma el juramento de rigor y desde la cual, además, se computa el período de su mandato, que durará cuatro años, pudiendo ser reelegidos.

De todo lo expuesto, fluye entonces que el alcalde no es nombrado ni contratado para asumir sus funciones, sino que electo y proclamado como tal, de manera que quienes accedan a ese cargo no cumplen una condición indispensable para obtener los beneficios que interesan (aplica criterio contenido en el dictamen N° 20.942, de 2008).

III. Análisis y conclusión Sobre el particular, tanto de los antecedentes tenidos a la vista como del Sistema de. Información y Control del Personal de la Administración del Estado -SIAPER-, que mantiene esta Entidad Fiscalizadora, aparece que don nombre reservado fue elegido alcalde de la Municipalidad de Galvarino a contar del 26 de septiembre de 1994.

Dicho cargo lo ejerció hasta el año 2000, según acredita el certificado de la Secretaria Municipal de esa comuna, en que, además, se da cuenta de su desempeño entre el 1 de abril de 1981 y el año 1994 en el Departamento de Educación Municipal de ese ente comunal.

Luego, en el mencionado sistema SIAPER registra una contratación bajo las normas del Código del Trabajo en el municipio de Freire entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de 2013, y finalmente una contrata en la nombre reservado a partir del 1 de julio de 2018, que se ha renovado ininterrumpidamente hasta la que rige por toda la anualidad 2022, conforme a la resolución exenta TRA N° 1, de ese año.

Ahora bien, en primer término, consta de su certificado de nacimiento, que el ocurrente cumplió los 65 años de edad el 7 de octubre de 2021, y que con fecha 6 de agosto de ese año presentó ante la nombre reservado la respectiva solicitud relativa a tales bonificaciones, la que mediante la providencia N° 01, de 2022, respondió que resultaba complejo establecer la procedencia de la solicitud, recomendándole efectuar la consulta ante este Órgano de Control.

Sin embargo, de los antecedentes tenidos a la vista es factible aseverar que el señor nombre reservado no satisface, al 6 de agosto de 2021, fecha de la postulación respectiva, el referido periodo mínimo de antigüedad de veinte o más años de servicio de que se trata, continuos o discontinuos, en la Administración Central del Estado o en sus antecesores legales para obtener la pretendida bonificación prevista en el inciso primero del artículo 1° de la ley N° 20.948.

Ello, por cuanto contabilizado el anotado periodo laborado en la nombre reservado, de tres años y 8 meses, como el desempeñado en el departamento de educación municipal de Galvarino, de 13 años y un mes y, en caso de reunirse las condiciones previstas en el indicado artículo 4° de dicha ley, los 12 meses contratados bajo el Código del Trabajo en el municipio de Freire, no totalizan dicho número de años de servicio, sin que pueda abonarse el periodo que sirvió como alcalde de la comuna de Galvarino, toda vez que, como se expuso, quienes accedan a ese cargo edilicio no cumplen la necesaria condición para obtener los beneficios que interesan, por no ser nombrados ni contratados para asumir sus funciones, sino que electos y proclamados como tales (aplica dictámenes N°s. 20.942, de 2008, y 21. 565, de 2019).

Por consiguiente, conforme a lo expuesto y a la normativa y jurisprudencia antes anotadas, esta I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago concluye que, al momento de la anotada solicitud ante la nombre reservado, el señor nombre reservado no reunía los requisitos mínimos de desempeño exigidos para obtener los beneficios solicitados contemplados en las leyes N°s. 20.948 y 20.305.

Sin perjuicio, cumple con hacer presente a la Dirección General del Crédito Prendario que deberá adoptar las medidas pertinentes para revisar el cómputo de los años de servicio que, a la fecha de dicha postulación contabiliza el requirente, con relación a la hipótesis de encontrarse entre los dieciocho y menos de veinte años de servicio, la continuidad o discontinuidad exigida, y con el periodo de desempeño, bajo las normas del Código del Trabajo, que registra en la Municipalidad de Freire y que no ha sido considerado, verificando al efecto la observancia de los anotados requisitos de los artículos 1° a 4° de la ley N° 20.948, respectivamente, y emitir el pertinente acto administrativo por cuanto se trata de una declaración de voluntad en el ejercicio de una función de ese organismo que corresponde se exprese de esa forma de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° de la ley N° 19.880, e informar a esta Entidad Fiscalizadora en el plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente oficio.

En contra de este pronunciamiento podrá deducirse recurso de reposición ante este Órgano de Control, dentro del plazo de cinco días hábiles administrativos contados desde su notificación, de acuerdo al artículo 59 de la ley N° 19.880. Lo anterior, sin perjuicio de los recursos, acciones o derechos que se pueden hacer valer ante las autoridades correspondientes, y de las demás formas de revisión de los actos administrativos que procedan.

Asimismo, se hace presente que la interposición de recursos no suspende el cumplimiento del presente acto, sin perjuicio de la facultad de este Órgano de Control de disponer su suspensión de oficio o a solicitud del interesado”.

En cuanto a la extemporaneidad:

Sexto: Que las autoridades recurridas alegaron la extemporaneidad de la interposición del presente arbitrio constitucional, la que será acogida en atención a que el acto denunciado aconteció con la dictación del signado oficio de la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, de fecha 11 de marzo de 2022 -el que fuera notificado ese mismo día al interesado- y que la acción impetrada lo fue el 1 de julio de 2022, apareciendo de esta forma de manifiesto que, a la fecha de la presentación de la acción de autos, se encontraba vencido el plazo de treinta días corridos fijado para su interposición, conforme al Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

En cuanto a la falta de legitimación pasiva de la Contraloría General de la República:

Séptimo: Que atendido que el acto impugnado dice relación con la dictación del Oficio N° E193.111 de 2022, de la Contraloría Regional, se advierte que la mentada recurrida tiene la calidad de legitimado pasivo para los efectos del conocimiento del presente arbitrio constitucional, independiente que lo pretendido fuera la concesión de la bonificación N° 20.948, cuyo otorgamiento corresponde a la nombre reservado, aunado además a que la entidad contralora se pronunció sobre la revisión de los antecedentes del funcionario, efectuándose el respectivo pronunciamiento.

En cuanto al fondo:

Octavo: Que, sólo a mayor abundamiento, corresponde señalar que resultan ser hechos no controvertidos para el conocimiento del presente arbitrio constitucional que:

1. Don nombre reservado fue elegido alcalde de la Municipalidad de Galvarino a contar del 26 de septiembre de 1994, cargo que ejerció hasta el año 2000, según acredita el certificado de la Secretaria Municipal de esa comuna, en que, además, se da cuenta de su desempeño entre el 1 de abril de 1981 y el año 1994 en el Departamento de Educación Municipal de ese ente comunal.

2. Con posterioridad, el recurrente registra una contratación bajo las normas del Código del Trabajo en el municipio de Freire entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de 2013, y finalmente una contrata en la nombre reservado a partir del 1 de julio de 2018, que se ha renovado ininterrumpidamente hasta la anualidad del año 2022, conforme a la resolución exenta TRA N° 1, de ese año.

3. Consta del certificado de nacimiento del actor que cumplió los 65 años de edad, el 7 de octubre de 2021.

4. Con fecha 6 de agosto de ese año de 2022, el recurrente presentó ante la nombre reservado, la respectiva solicitud relativa a tales bonificaciones, la que mediante la providencia N° 01 de 2022, respondió que resultaba complejo establecer la procedencia de la solicitud, recomendándole efectuar la consulta ante la Contraloría General de la República.

Noveno: Que, en consecuencia, el actor cuestiona concluir que el actor no satisface al 6 de agosto de 2021 -fecha de la respectiva postulación-, el referido periodo mínimo de antigüedad de veinte o más años de servicio de que se trata, continuos o discontinuos, en la Administración Central del Estado o en sus antecesores legales para obtener la pretendida bonificación prevista en el inciso primero del artículo 1° de la Ley N° 20.948, fundado en que contabilizado el anotado periodo laborado en la nombre reservado -de tres años y 8 meses-, como el desempeñado en el departamento de educación municipal de Galvarino -de 13 años y un mes-, no totalizan dicho número de años de servicio, sin que pueda abonarse el periodo que sirvió como alcalde de la comuna de Galvarino, dado que no cumplen la necesaria condición para obtener los beneficios que interesan, por no ser nombrados ni contratados para asumir sus funciones, sino que electos y proclamados como tales (según obra en Dictámenes N°s. 20.942, de 2008, y 21. 565 de 2019 de la Contraloría General de la República).

Décimo: Que en cuanto a la normativa aplicable corresponde señalar que el inciso primero del artículo 1° de la ley N° 20.948, concede una bonificación adicional, por una sola vez, a los funcionarios de carrera y a contrata que perciban la bonificación por retiro del título II de la ley N° 19.882, siempre que se encuentren afiliados al sistema de pensiones establecido en el Decreto Ley N° 3.500 de 1980, cotizando o habiendo cotizado en dicho sistema, según lo dispuesto en su artículo 17, que a la fecha de postulación tengan veinte o más años de servicio, continuos o discontinuos, en la Administración Central del Estado o en sus antecesores legales, y cumplan los demás requisitos que establece esta ley.

Asimismo, en su inciso segundo requiere que, para tener derecho a esta bonificación, en el caso de los funcionarios, deberán haber cumplido o cumplir los 65 años de edad, entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2024. Por su parte, en su inciso tercero prevé que, para tener derecho a la bonificación adicional, los funcionarios deberán renunciar voluntariamente a todos los cargos y al total de horas que sirvan dentro de los plazos que señalen esa ley y su reglamento.

Además, el artículo 2° de la normativa que precede previene que para los efectos de la disposición anterior, el reconocimiento de años de servicio discontinuos en la Administración Central del Estado o en sus antecesores legales solo procederá cuando el funcionario tenga, a lo menos, cinco años de desempeño continuos inmediatamente anteriores a la fecha de postulación, o cuando este tenga, a lo menos, un año de servicio anterior a la fecha de publicación de esta ley y, al menos, cinco años de desempeño continuo inmediatamente anteriores al 11 de marzo de 2010, en cualquiera de las instituciones señaladas en el artículo anterior. Al respecto, para acceder al reconocimiento de los años de servicio que establece esta última disposición, se requiere poseer, como funcionario de planta a contrata, un mínimo de cinco años de desempeño continuo inmediatamente anteriores a la fecha de postulación o, a lo menos, un año de servicio anterior al 3 de septiembre de 2016, fecha de publicación de este último texto legal.

Luego, el artículo 3° de ese cuerpo legal establece que también podrán acceder a la bonificación adicional, los funcionarios que, cumpliendo los demás requisitos a que se refiere el artículo 1°, tengan a la fecha de postulación entre dieciocho años y menos de veinte años de servicio, continuos o discontinuos, en la Administración Central del Estado o en sus antecesores legales.

También, el artículo 4° de la legislación en análisis, dispone, que tendrán derecho a la bonificación adicional los funcionarios que desempeñen un cargo de carrera o a contrata y los contratados conforme al Código del Trabajo contratados conforme al Código del Trabajo en las instituciones a que se refiere el inciso primero del artículo sexto transitorio de la Ley N° 20.212, siempre que verifiquen las condiciones de afiliación previsional, años de servicios, edad y causal de término de funciones que esa norma expresa.

Por su parte, el inciso segundo del artículo 2° del decreto N° 1.588, de 2018, del Ministerio de Hacienda, -que aprueba el reglamento para el otorgamiento de la señalada bonificación adicional para los años 2019 a 2024-, dispone, en lo pertinente, que tales beneficiarios de la bonificación adicional deberán haber cumplido o cumplir 65 años de edad si son hombres, entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2024.

Luego, en su artículo 7° dicho reglamento prevé que podrán comunicar su decisión de renunciar en los períodos de postulación comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de cada año antes indicado, los funcionarios señalados en el artículo 9° de ese cuerpo normativo, el que dispone, a su vez, tratarse de aquellos que cumplan 65 años de edad entre el 1 de julio y 31 de diciembre del mismo año en que postulan a los beneficios.

Por otro lado, el artículo 12 de la Ley N° 20.948, prevé que los funcionarios que postulen a los mentados beneficios tendrán derecho a presentar la solicitud para acceder al bono establecido en la ley N° 20.305, en la misma oportunidad en que comuniquen su fecha de renuncia voluntaria conforme al procedimiento regulado en esta ley.

A su turno, el artículo 1° de la ley N° 20.305, en su inciso primero, otorga un bono de naturaleza laboral, para el personal que, a la fecha de su entrada en vigencia, ejerza un cargo de planta o a contrata y al contratado conforme al Código del Trabajo, en los órganos y servicios públicos que esa preceptiva indica.

En tanto que el N° 1 del artículo 2° de la citada Ley N° 20.305, exige, para acceder a la prestación en comento, tener las calidades mencionadas en el inciso primero del artículo 1°, en los referidos organismos o en sus antecesores legales, tanto a la fecha de postulación al beneficio como con anterioridad al 1 de mayo de 1981.

Seguidamente, el artículo 1 de la Ley N° 18.883, a los alcaldes solo les serán aplicables las normas contenidas en ese estatuto relativas a los deberes y derechos, y la responsabilidad administrativa.

Es así como los alcaldes se encuentran afectos a normas especiales en cuanto a su designación y remoción, distintas a las vigentes para el resto de los servidores de tales municipios (aplica dictámenes N°s. 5.791, de 2017, y 21.565, de 2019).

Undécimo: Que, en este sentido, la autoridad contralora concluyó que dado que el alcalde es funcionario municipal -circunstancia que ha sido reconocida por este Organismo Fiscalizador, entre otros, en el dictamen N° 4.930, de 2004-, su cargo, en concordancia con los artículos 57 y 127 de la ley N° 18.695, es provisto mediante sufragio universal, una vez que ha sido declarado electo por el Tribunal Electoral Regional competente y que conforme a los artículos 58 y 83 de la citada Ley N° 18.695, por lo que asume sus funciones en la fecha en que se instala el concejo, oportunidad en que se le toma el juramento de rigor y desde la cual, además, se computa el período de su mandato, que durará cuatro años, pudiendo ser reelegidos, por lo que no es contratado para asumir sus funciones, sino que electo y proclamado como tal, de manera que quienes accedan a aquél una condición indispensable para obtener los beneficios que interesan (aplicándose el criterio contenido en el dictamen N° 20.942, de 2008).

Duodécimo: Que, por otro lado, el acto denunciado se encuentra debidamente fundado de acuerdo a lo consignado en la motivación quinta que precede.

Décimo tercero: Que, en cuanto a la alegación de arbitrariedad e ilegalidad, forman parte del margen de interpretación administrativa de que goza la autoridad recurrida, sujetándose por tanto a la normativa legal vigente y aplicable a la materia.

Décimo cuarto: Que, a mayor abundamiento, no cabe examinar por esta vía los alcances de la función hermenéutica efectuada por la entidad contralora, porque tales extremos exceden el propósito de una acción cautelar o de tutela de urgencia, aunado a que en los términos que viene propuesta la acción constitucional se traduciría en la pretensión de que esta Corte sustituya a la Contraloría General de la República en dicha función.

Décimo quinto: Que, no obstante lo anterior, se debe tener presente que el recurso de protección no es la vía para solucionar conflictos sometidos a normas y procedimientos establecidos al conocimiento de organismos competentes que actúan dentro de sus atribuciones legales y bajo el imperio del derecho, por lo que esta acción cautelar no puede tener por objeto pronunciarse sobre la eventual responsabilidad administrativa del actor y las consecuentes calificaciones a su desempeño.

Décimo sexto: Que, en el contexto descrito, el contenido del recurso evidencia que el ámbito bajo el cual se pretende la actuación de este Tribunal, excede los márgenes de la acción cautelar que describe el artículo 20 de la Carta Fundamental, que comprende sólo situaciones inequívocas de fácil y rápida comprobación, dentro de un procedimiento breve y sumarísimo, y que no se encuentran bajo el imperio del derecho, cuestión que no acontece en la especie, donde los antecedentes evidencian que existió un sumario ajustado a los hechos y al derecho.

Décimo séptimo: Que, en efecto, es del caso enfatizar la naturaleza esencialmente cautelar de la acción constitucional que consagra el artículo 20 de la Carta Fundamental y, particularmente, en la circunstancia que busca proteger el legítimo ejercicio de derechos indubitados. Expresado, en otros términos, tiene un propósito conservativo, de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, de manera que su interposición no autoriza para efectuar declaraciones o reconocimiento de derechos.

Décimo octavo: Que, así las cosas, aparece que el asunto propuesto a través de esta acción constitucional rebasa sus límites y propósitos para cuyos fines este procedimiento tutelar no resulta idóneo, lo que deja de manifiesto que no existe un derecho indubitado a su respecto, toda vez que para acceder a lo solicitado justamente se requiere un pronunciamiento en tal sentido.

Décimo noveno: Que lo cierto es entonces que el recurrente pretende que esta Corte declare la existencia de un derecho, lo que no es posible por este medio, ya que no encontrándose indubitados los derechos y obligaciones del recurrente, es parecer de esta Corte que éstos deben ser discutidos en el procedimiento que corresponda, por lo que la presente materia excede el fin y objetivo cautelar de la acción de protección, cuyo propósito -como ya se ha dicho- es que la Corte tome medidas y providencias destinadas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que conculquen derechos fundamentales enunciados en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Vigésimo: Que, al descartar la ilegalidad o arbitrariedad, resulta inoficioso analizar la eventual vulneración de garantías constitucionales, por lo que el recurso debe ser rechazado.

Vigésimo primero: Que, en conformidad a lo antes referido, atendido que las autoridades recurridas actuaron en el ejercicio de sus facultades, de conformidad a la normativa legal vigente, dictándose a su respecto un acto motivado y no haberse acreditado la existencia de un derecho indubitado, no se configura a su respecto, un acto u omisión ilegal y arbitraria, por lo que corresponde rechazar el recurso.

Por estas razones y de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema pertinente a la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado en contra de la Dirección General de Crédito Prendario -nombre reservado- y de la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 92730-2020 Pronunciada por la Cuarta Sala, integrada por los Ministros señora Graciela Gómez Quitral, señora Verónica Cecilia Sabaj Escudero y el Abogado Integrante señor Rodrigo Asenjo Zegers.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.