CONSTRUCTORA C Y V LIMITADA con A.F.P. CUPRUM S.A. - SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.

Santiago, dos de marzo de dos mil veintiuno.

VISTOS:

1°) Que el abogado don Paulo Andrés Velásquez Valdía, acciona de protección en representación de CONSTRUCTORA C & V LIMITADA, con domicilio en domicilio reservado, y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones CUPRUM S.A., representada por don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; y de EQUIFAX Chile Limitada, representada por don nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, estimando transgredidas sus garantías constitucionales de los numerales 4, 21 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, al mantener publicadas deudas laborales declaradas judicialmente prescritas.

Explica que en efecto mantuvo deudas previsionales morosas de antigua data, razón por la cual solicitó y obtuvo sentencia declarativa de prescripción ante el 17° Juzgado Civil de esta ciudad, la cual causa ejecutoria, ya que si bien Cuprum S.A. recurrió de casación en la forma ello no impide el cumplimiento del fallo. Más aun, según consta del certificado que adjunta, la inclusión en el Boletín Laboral fue pedida por la AFP Cuprum el 20 de octubre de 2020, es decir, luego de conocido por ella el fallo de primera instancia.

Lo anterior implica, a su juicio, que la solicitud de publicación y la publicación misma por la recurrida Equifax carece de veracidad, o al menos es impreciso y cuestionable, lo que la convierte en una contravención a lo dispuesto en el artículo 17 inciso 2° de la Ley 19.528, sobre Protección a la Vida Privada de su representada. Así, como una utilización ilegal e indebida de información personal de la empresa, contrariando lo prevenido en los artículos 6 y 9 de la Ley 19.628 que exigen que la intromisión sea cierta, actualizada y veraz.

Sobre esa base, pide se eliminen las publicaciones de deuda morosa y/o se adopten aquellas medidas que se estimen pertinentes y necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho y a la adecuada protección de las garantías vulneradas, con costas.

2°) Que en su informe la AFP CUPRUM S.A., solicita el rechazo del recurso porque en su concepto no existe el acto arbitrario o ilegal que se le adjudica. Si bien existe una sentencia que acogió la prescripción, dictada por un tribunal civil, contra dicho fallo fue interpuesta casación en la forma de conformidad al artículo 768 N°1 del Código de Procedimiento Civil, esto es, por haber sido dictada por tribunal incompetente, y se encuentra pendiente su revisión por esta misma Corte.

De esta manera, considera que su parte se ha limitado a dar cumplimiento a la normativa vigente del Decreto Ley N°3.500 y a las Instrucciones de la Superintendencia de Pensiones que imponen un mandato inexcusable a las Administradoras respecto del registro, cobro y publicación de las cotizaciones adeudadas a los trabajadores. Agregando en la misma dirección, que el Ordinario N°333 (20/08/2007) de la Dirección del Trabajo, dispone que para eliminar a personas naturales o jurídicas del Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional, debe acreditarse el pago u otro modo de extinción de la deuda con sus respectivos reajustes e intereses, y tratándose de la declaración de prescripción, ésta debe constar mediante la copia de la respectiva sentencia ejecutoriada, lo que en este caso no acontece.

Por último, las garantías invocadas no han sido vulneradas ya que nada le impide a la solicitante realizar su actividad económica, ni afectan sus facultades de gozar y disponer de su imagen.

3°) Que por su parte la recurrida Servicios Equifax Chile Limitada, evacua informe, indicando que la publicación de que se trata se realizó en el Boletín Laboral y Previsional, que tiene por objeto procesar y transmitir en línea información sobre multas y cotizaciones adeudadas a entidades previsionales, por en cargo de la Dirección del Trabajo bajo responsabilidad de esta última y no toma decisiones sobre la existencia o exigibilidad de las deudas.

En lo que toca a estos hechos, su parte solicitó a la Dirección del Trabajo un pronunciamiento, la que le instruyó mantener vigentes las publicaciones debido a que existe un recurso de casación en la forma que se tramita en esta misma Corte, bajo el Rol 16.477-2019, por lo que no procedería efectuar la eliminación de la publicación hasta que exista un pronunciamiento definitivo.

Finalmente estima que resulta inaplicable la ley 19.628 sobre Protección a la Vida Privada de persona jurídica.

4°) Que Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección del afectado/a ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

5°) Que se denuncian primeramente, como conculcadas, las garantías del artículo 19 N°4, esto es: “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales”, en relación con el N°24 del mismo artículo: “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”.

6°) Que al respecto, resulta necesario señalar que la honra como buena opinión o fama no se encuentra restringida únicamente a las personas naturales, porque aun cuando no pueda considerársele un derecho humano al mismo nivel que a estos últimos, sí debe reconocérseles una especie de propiedad sobre aquel “buen nombre o buen comportamiento” porque para ellas, especialmente las empresas, se traduce en confiabilidad crediticia y de clientela. De este modo desconocer que una publicación como deudora morosa no signifique para ella una afectación a su desenvolvimiento en la esfera de lo social-económico de acuerdo al giro que desarrolla es no atender a la realidad del mercado en que incluso para postular y adjudicarse obras o financiamientos esta anotación le será indefectiblemente perjudicial en términos de confiabilidad.

Lo anterior, no implica confundir la extensión de esta acción de tutela con el amparo procedimental de la ley 19.628 sobre Protección a la Vida Privada, que tiene evidentemente otros fines y destinatarios.

7°) Que lo propio ocurre con la garantía del N°21, es decir: “El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen”. En que precisamente este libre desarrollo del giro empresarial, en un área tan formal como lo es la construcción, hace especialmente sensible al mercado la seguridad y el respaldo de información seria sobre el cumplimiento de las leyes laborales.

8°) Que en el caso que nos ocupa de los escritos del recurrente y recurrido, así como de la documentación acompañada, aparece que en efecto se trata de deudas morosas que datan desde hace más de 14 años atrás y que su inclusión en el Boletín Laboral N°186, tuvo lugar en el segundo semestre del año pasado, en circunstancias de haber sido dictada una sentencia declarativa de prescripción que no fue apelada por la AFP demandada, sino únicamente impugnada por un recurso de casación en la forma que tiene el efecto que dispone el artículo 773 del Código de Procedimiento Civil y por lo tanto debe ser cumplida.

9°) Que por lo tanto la conducta de la AFP Cuprum no puede ampararse en una errada interpretación de la ley procesal, provocando extemporáneamente una publicación que torna dicho comportamiento en arbitrario, máxime si el Boletín Laboral creado por la Dirección del Trabajo el año 2010 instruye entregar la recopilación de antecedentes por deudas teniendo como objetivo “evitar la morosidad previsional” para obtener su pago. Cuestión que en este caso ya le fue declarada como imposible por un tribunal civil en un juicio ordinario de discusión adversarial; motivo por el cual a su respecto el recurso será acogido.

10°) Que en lo que toca a la recurrida Equifax Chile, sostiene que mantuvo la publicación por habérsele instruido por la autoridad respectiva, según antecedente que acompaña y que corresponde a un correo electrónico recibido de doña nombre reservado, Subjefa de la Oficina de Control y Gestión de Multas de la Dirección del Trabajo, el cual refiere a la letra que “corresponde mantener publicada la deuda que tiene la empresa con la AFP Cuprum mientras no se finalicen los recursos y el Tribunal ordene que las mismas se eliminen (...) No obstante sugiero tener en consideración el criterio de la asesoría jurídica de Equifax”.

11°) Que no se sabe cuál sería este último criterio por lo que habrá que entender que teniendo únicamente una respuesta de su contratante para el servicio de publicación -la Dirección del Trabajo-, no le estaba permitido dejar sin efecto por sí misma una comunicación ya efectuada por la AFP, que aunque errada por la apreciación jurídica realizada por aquélla, no la dejaba en otra posición que mantener la publicación, razón por la cual las garantías reclamadas como vulneradas por dicha otra entidad no forman parte de lo que Equifax podía asumir, sin perjuicio de lo que se dirá en lo resolutivo en cuanto a las medidas que se adoptarán para restablecer el imperio del derecho.

En consecuencia y visto lo dispuesto en los artículos 19 N°24 y 21 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se resuelve:

I.- Que se acoge el recurso de protección únicamente respecto de AFP Cuprum S.A. por haber comunicado deudas morosas contraviniendo una sentencia judicial que las declaró prescritas.

II.- Que como consecuencia de lo anterior se dispone que Equifax Chile Limitada elimine del Boletín Laboral las deudas morosas del recurrente materia de este recurso.

Regístrese y comuníquese.

Redactado por la ministra (S) señora Poza.

Protección N°92.692-2020.-