nombre reservado con DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

C.A. de Santiago Santiago, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Comparece don Gonzalo Canales Araya, abogado, domiciliado en domicilio reservado, Región Metropolitana, en nombre de don nombre reservado, empleado, venezolano, domiciliado en domicilio reservado, Región Metropolitano e interpone recurso de protección en contra del Departamento Extranjería y Migración, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, domiciliada en domicilio reservado, por la acción arbitraria cometida al rechazar la solicitud de visa de permanencia definitiva de su representado, otorgándole sólo una visa temporaria, amparándose para ello en lo preceptuado en el artículo 142 del Reglamento de Extranjería, a pesar de que éste cumple con todos los requisitos para acceder a la visa de permanencia definitiva solicitada y solicita se acoja el presente recurso, ordenando a la recurrida dejar sin efecto la Resolución Exenta N° 130547, de fecha 6 de julio de 2020, todo con expresa y ejemplar condena en costas a la recurrida, en atención a los siguientes argumentos:

Refiere que don nombre reservado, ingresó al territorio nacional el día 25 de noviembre de 2017, obteniendo visa de turista otorgada por (PDI) por un lapso de 90 días.

Relata que tras su ingreso y habiendo transcurrido 19 días, obtuvo su primer y único contrato de trabajo, suscrito con la Empresa “Impresos Jemba S.A.”, para con la cual aún presta servicios.

Agrega que con fecha 20 de marzo de 2018, la entidad recurrida, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, -Departamento de Extranjería- le otorgó permiso de trabajo, mediante la “Tarjeta especial de trabajo para extranjero con residencia en trámite”, N° 21329, fecha desde la que se encuentra inscrito en la AFP Planvital y en FONASA, para los efectos del pago de sus cotizaciones previsionales, con lo cual se formalizó su ingreso al ámbito laboral.

Señala que el 20 de abril de 2018 y con el mérito de los antecedentes presentados, el Departamento de Extranjería y Migración notificó al señor nombre reservado que le había sido otorgada la Visa de Residencia solicitada, realizando el pago correspondiente con el N° de orden de giro. Luego, con fecha 11 de mayo de 2018, concurrió al Departamento de Extranjería y Migración, lugar este en que le fue estampada la visación temporaria.

El día 23 de septiembre de 2018 debió realizar un viaje con destino a la ciudad de Bucaramanga, Colombia y desde ahí proseguir viaje por vía terrestre hasta Venezuela, a fin de buscar a su hijo, al cual trajo con autorización de su madre, reingresando al país el día 1 de octubre de 2018. El 3 de abril de 2018 remitió al Departamento de Extranjería, vía Correos de Chile, todos los documentos requeridos para realizar dicha solicitud adjuntando comprobante de pago por concepto y orden de giro.

Relata que en marzo de 2019 fue ascendido en la empresa donde desempeña sus funciones, lo que se tradujo en un aumento del 100% de su remuneración, y que actualmente la empresa donde labora ha hecho uso de la suspensión de contrato, razón por la cual su remuneración está siendo pagada por la AFC, sin perjuicio de lo cual, la relación laboral se mantiene vigente.

Agrega que conforme a la información que mantiene el Servicio de Impuestos Internos, los ingresos mensuales de don nombre reservado, durante el año 2019 alcanzaron la suma mensual de $840.000.- En cuanto a la solicitud de visa permanente y que es la causa de la presente acción cautelar de garantías constitucionales y que fuera ingresada por el señor nombre reservado al Departamento de Extranjería y Migraciones con fecha 3 de abril de 2019, indica que constantemente ha estado revisando la posible y eventual resolución que emitiese dicho ente, sin que hubiese ni se le comunicara respuesta alguna, habiendo transcurrido más de un año y seis meses procedió a revisar en el portal web del Departamento de Extranjería y Migraciones, pudiendo constatar que esta solicitud de permanencia definitiva le fue rechazada y lo que estima más grave, hasta la fecha presentación de la acción constitucional, el señor nombre reservado aún no recibe documento formal alguno, sea por carta o correo electrónico que así lo señale. Señala que no registra antecedentes penales en su país ni en Chile y siempre ha observado, una conducta absolutamente apegada al cumplimiento de la legislación vigente, dada su condición de extranjero.

Detalla que el señalado rechazo, según da cuenta la Notificación N° 59.449, de fecha 6 de julio de 2020, que no ha sido comunicada oficialmente al señor nombre reservado, por vía alguna, señala en lo pertinente: “Por intermedio de la presente, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 142 del Reglamento de Extranjería, adjunto copia de la Resolución Exenta N° 130547 del 06/07/2020, la cual Rechaza la solicitud de Permanencia Definitiva otorgándole una Visa Temporaria”. Sin embargo, hace presente, que la Resolución Exenta N° 130547 del 6 de julio de 2020, mencionada en el documento aludido en el punto precedente, no es visible en el portal web.

Invoca los artículos 141 y 142, del Decreto 1306, del Ministerio del Interior.

Concluye indicando que el recurrido ha conculcado abiertamente la garantía constitucional prevista por el legislador en el artículo 19, número 2 de la Constitución Política de la República, desde que, amén de aplicar un artículo del Reglamento de Extranjería –el 142- absolutamente improcedente, ha establecido una diferencia arbitraria a la situación del señor nombre reservado, quien reúne todos y cada uno de los requisitos para optar a la visa de permanencia definitiva en el territorio nacional.

Segundo: Que el abogado don Carlos Poblete Acuña, comparece en representación de la recurrida y evacúa el informe requerido, solicitando el rechazo de la acción de protección intentada en todas sus partes al no existir acto u omisión ilegal o arbitraria que perturbe alguno de los derechos fundamentales y que se encuentre especialmente tutelado por esta acción, y en específico, se estima que la acción no tiene oportunidad según lo que ya se ha expuesto, no siendo por ende procedente que esta parte sea condenada en costas.

Señala que con fecha 4 de abril de 2019, el señor nombre reservado solicitó permiso de Permanencia Definitiva ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y en la actualidad, la solicitud de permiso de permanencia definitiva no se encuentra resuelta por la autoridad administrativa recurrida, por lo que no existe el acto administrativo que se pretende exigir notificación por el recurrente.

Explica que la solicitud de permiso de permanencia definitiva se mantiene en tramitación, puesto que se requieren más antecedentes para que la autoridad administrativa pueda pronunciarse de la misma. En específico, se requiere que el extranjero envíe su certificado de vigencia de contrato de trabajo, firmado por empleador ante notario; y, certificado histórico de cotizaciones de AFP y Salud (últimos 24 o 36 meses), que fue solicitado al extranjero mediante Oficio Ordinario N° 29.732, de fecha 04 de diciembre de 2020, remitido por el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública al extranjero. Por lo anterior, sostiene no es cierto ni efectivo que la solicitud de permanencia definitiva se encuentre rechazada, sino que continúa en trámite. Asimismo, se ha dado oportunidad al extranjero para que subsane su solicitud a fin de darle curso progresivo a la misma.

Que ampliando su informe en cuanto a la notificación N°59.449 de fecha 6 de julio de 2020 del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que fue acompañada por el propio extranjero, expone que ésta no acredita el rechazo de la solicitud de permanencia definitiva, por lo que en atención a que claramente no se encuentra totalmente tramitada, ya que no cuenta con firma y timbre oficial de tramitación de este Departamento, por ende menos aun se ha despachado notificación al recurrente respecto de dicho acto.

Añade que la notificación indicada, que puede visualizarse en el sistema, se trata de un archivo meramente informativo, que no constituye un término del procedimiento y por tanto información del mismo, al no encontrarse totalmente tramitado, no existiendo por ende jurídicamente, conforme a lo establecido en la Ley.

Argumenta que verificó que el extranjero no remitió́ la totalidad de los antecedentes solicitados en el permiso de permanencia definitiva por lo que mediante Oficio Ordinario N°29.732 de fecha 4 de diciembre de 2020, se solicitó́ acompañar los siguientes documentos, con la finalidad de resolver su solicitud, con el apercibimiento legal establecido en el artículo 31 de la Ley N°19.880, esto es: Certificado de vigencia laboral ante Notario de su empleador; certificado histórico de cotizaciones de AFP y salud.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

En consecuencia, son requisitos indispensables de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto de la mera subjetividad de quien incurre en él y que provoque alguno de los efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Cuarto: Que como puede apreciarse, lo que motiva la acción constitucional consiste en la omisión de la autoridad recurrida, particularmente el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a dar tramitación a la solicitud de Visa de permanencia definitiva del actor, por cuanto luego de haberla remitido el 4 de abril de 2019, no había sido resuelta a la fecha de interposición de este recurso de protección, hecho que no ha sido discutido por la recurrida.

Quinto: Que, luego de lo dicho, análisis de los antecedentes, y teniendo en consideración que conforme reconoció expresamente el abogado de la recurrida ante estrados, que la información recabada por el recurrente, no constituye el acto terminal respecto de la solicitud de permiso de permanencia definitiva, la que se mantiene en tramitación, por lo que no se configuran los supuestos que permitan estimar que en el presente caso exista un acto arbitrario o ilegal de parte de la autoridad recurrida.

Sexto: Que, por otra parte, de acuerdo a lo señalado por la recurrida en la ampliación de informe que le fuera requerido por esta Corte, con fecha 4 de diciembre de 2020, se le pidió al actor acompañara a su solicitud, con la finalidad de resolverla, con el apercibimiento legal establecido en el artículo 31 de la Ley N°19.880, un certificado de vigencia laboral ante Notario de su empleador; y un certificado histórico de cotizaciones de AFP y salud. Tal acción, reafirma lo dicho en cuanto a que el procedimiento de que se trata, no se encuentra terminado.

Séptimo: Que, de lo anterior resulta que esta Corte no vislumbra vulneración actual de los derechos constitucionales que se acusaron transgredidos, ni tampoco medida que, a estas alturas, se pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho en favor de don nombre reservado.

Octavo: Que, conforme lo dicho y dada la naturaleza cautelar del recurso de protección, se impone necesariamente el rechazo de la impugnación que se revisa, no siendo necesario hacerse cargo de las demás alegaciones hechas valer por el recurrente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por don Gonzalo Canales Araya, abogado, en nombre de don nombre reservado, en contra del Departamento Extranjería y Migración, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

Redactó la Ministra señora María Soledad Melo Labra.

Protección N°92610-2020.