nombre reservado con SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR, DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de junio de dos mil veintiuno.

A los escritos folios 12 y 13: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don nombre reservado, ciudadano cubano, quien interpone acción constitucional de protección en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por haber sido perturbado en el derecho de igualdad ante la ley, del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Expone que ingresó irregularmente a Chile el 5 de enero de 2018, desde Perú, y al llegar a Arica viajó inmediatamente a Santiago donde lo esperaba un pariente. En febrero de 2018 concurrió a la Clínica Jurídica de la Universidad de Chile, donde le tomaron declaración respecto a sus motivos para viajar.

Con esa declaración, se presentó en marzo de 2018 ante la recurrida a solicitar refugio, y el 15 de mayo del mismo año, se le otorgó visa temporaria por refugio, vigente hasta el 15 de enero de 2019.

En octubre de 2018 optó a la regularización extraordinaria, en que desistió del refugio y se le otorgó visa temporaria, vigente entre el 21 de noviembre del mismo año hasta el 21 de noviembre de 2019.

Indica que el 10 de septiembre de 2019 se presentó en Chile Atiende a entregar toda su documentación para optar a la visa de residente definitivo, y se le extendió copia de la solicitud de permanencia definitiva, pero en mayo del año 2020 le notificaron que su solicitud estaba incompleta, pues su certificado de antecedentes penales cubano no estaba debidamente legalizado, dándole un plazo de 5 días hábiles para subsanar el error.

Da cuenta que con mucho esfuerzo, pues el país y el mundo ya estaba sufriendo la emergencia producto del COVID-19, logró que el Consulado de Cuba legalizara sus antecedentes penales, que luego legalizó en la Oficina de Legalizaciones del Ministerio del Interior de Chile, y a inicios de junio de 2020 se presentó a entregar el certificado.

Relata que a partir de octubre de 2020 comenzó a revisar la página web de la recurrida, sin que apareciera nada respecto a su solicitud. El 15 de enero del presente año, ingresó a la misma página, y se enteró que su solicitud tenía un estado de avance de un 100%, pero no acogida a trámite.

Hace presente que a raíz de esta situación, concurrió en enero de 2021 en varias ocasiones al DEM a hacer ver esta situación, la última vez el día 18, en que trató de hablar con un abogado, pero no lo dejaron entrar por las medidas de confinamiento, según lo que le dijo el guardia.

Estima que se está vulnerando el artículo 19 N° 2 de la Constitución, al no respetarse la igualdad ante la ley, en el sentido que a pesar de concurrir varias veces a solicitar aclaración de su situación migratoria, no se le ha dado una respuesta satisfactoria, dejándolo en la indefinición jurídica, lo que le puede traer serios problemas, sobre todo en su trabajo, en que tiene contrato indefinido y está bien calificado como maestro de cocina.

Solicita que se acoja y se decrete, en definitiva, que la recurrida ordene a un funcionario del Servicio revisar en qué estado de análisis está su Solicitud de Permanencia Definitiva, y a partir de ello definir su situación migratoria en Chile.

Segundo: Que, informó el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, solicitando el rechazo de la acción en todas sus partes.

Da cuenta que por Resolución Exenta N° 150.691 de 20 de abril de 2018, se otorgó visación de residente temporario en condición de refugiado al recurrente, por el plazo de 8 meses. Luego, por Resolución Exenta N° 306.057 de 24 de septiembre de 2018, se ordenó el archivo de la solicitud del extranjero, a propósito de su desistimiento presentado con igual fecha.

Agrega que el 5 de mayo de 2018 el recurrente solicitó regularización de su visa a ese Departamento, y por Resolución Exenta N° 301.45, se regularizó su permanencia en el país y se le otorgó visa de residente temporario, por 1 año, válida hasta el 21 de septiembre de 2019.

Hace presente que con fecha de correo 10 de septiembre de 2019, el recurrente solicitó permiso de residencia definitiva, y por Comunicación de 26 de mayo de 2020, le comunicó al extranjero que su solicitud era incompleta, pues no acompañó el certificado de antecedentes penales de su país de origen debidamente legalizado, dándole un plazo de 5 días para subsanarlo, indicándole que de conformidad al artículo 31 de la Ley N° 19.880, que si no lo hiciere se le tendría por desistido.

Afirma que no consta en los registros de ese Departamento que el recurrente haya acompañado el documento requerido a través de la plataforma de Permanencia Definitiva Digital, y por tanto se tiene su petición como desistida, y tampoco consta algún tipo de oficio conductor de parte de Chile Atiende que informe la entrega del documento.

Respecto a la situación migratoria actual del extranjero, sindica que es irregular en el territorio nacional, y que antes de regularizar su situación migratoria deberá pagar la multa correspondiente, cuestión que según sus registros, solicitó el cálculo de la misma y tenía plazo para pagarla hasta el 19 de febrero de 2021, sin embargo, a la fecha no se registra su pago.

Por todo lo anterior, concluye que ha actuado con estricto apego a la Constitución y la ley, no ha incurrido en acto u omisión ilegal o arbitraria que amenace, prive o perturbe el legítimo ejercicio de las garantías incoadas, no siendo procedente la acción y la condena en costas.

Tercero: Que, para que pueda brindarse protección constitucional, es necesario que se haya incurrido en un acto u omisión arbitraria o ilegal que amenace, prive o perturbe alguna de las garantías constitucionales que el Constituyente señala en el artículo 20 de la Carta Política.

Cuarto: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que el acto que la recurrente califica de ilegal y arbitrario consiste en no acoger a trámite la solicitud de permanencia definitiva que presentó el recurrente.

Sexto: Que corresponde en primer término, revisar si la acción se ha deducido dentro de plazo.

Sobre el particular, cabe señalar, que el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, dispone, en relación al plazo para ejercer esta acción constitucional lo siguiente:

“El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

Al respecto, consta en autos, que el acto que motiva la presente acción es la comunicación que hizo la recurrida por la cual no acoge a trámite su solicitud de permanencia definitiva por falta de antecedentes, y de acuerdo a los documentos acompañados consta que en relación a la solicitud código N° 1294485 correspondiente al recurrente, se comunicó a éste mediante documento de 26 de mayo de 2020 la decisión cuestionada. Así, teniendo en consideración que el presente recurso se dedujo el 28 de enero de este año, la acción resulta extemporánea, al haberse presentado ocho meses después del acto que supuestamente conculca las garantías constitucionales del actor.

Séptimo: Con todo, y aun pasando por alto la extemporaneidad de la acción, cabe señalar que tampoco se observa la existencia de un acto arbitrario o ilegal por parte de la autoridad recurrida.

En efecto, cabe señalar que la permanencia definitiva de conformidad al artículo 41 del Decreto Ley N° 1.094 de 1975, Ley de Extranjería, es definida de la siguiente forma: “La permanencia definitiva es el permiso concedido a los extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualquier clase de actividades”.

En cuanto a la tramitación de esta visa el artículo 125 del Decreto Supremo N° 597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería, señala: “Las solicitudes de ampliaciones y prórrogas del permiso de turismo, visaciones, cambio y prórrogas de las mismas, autorizaciones de trabajo para turistas o estudiantes y permanencia definitiva, se harán efectivas a través de formularios proporcionados gratuitamente por la Autoridad”.

En cuanto a los documentos que deben adjuntarse a la solicitud de visa el artículo 127 del Decreto Supremo N° 597 señala: “A las solicitudes de visación de residentes, cambios o prórrogas de las mismas y permanencia definitiva, deberán acompañarse: 1. Certificado de antecedentes para fines especiales; 3. Dos últimas declaraciones de impuestos a la renta; boletas y/o facturas de los últimos tres meses, todo ello, cuando corresponda; 4. Pasaportes; 5. Documento fundante de la petición. Entre éstos podrá exigirse según corresponda: contrato de trabajo; certificado de matrícula; asistencia o sustento económico; certificados de depósitos bancarios; declaración jurada de capital; certificados de vínculos familiares y expensas; escrituras protocolizadas; autorizaciones para operar en zonas francas; certificados de inversión; acreditaciones de ordenes o congregaciones religiosas responsables del extranjero; certificado de empresas; entidades o instituciones patrocinadoras del ingreso; y/o responsables de sus actividades en el país; etc …”.

La misma norma agrega, en su inciso final: “El Ministerio del Interior, previo a otorgar los permisos de residencia señalados en el inciso primero, verificará que el extranjero haya cumplido la inscripción establecida en el artículo 103, según corresponda. Asimismo, podrá establecer requisitos especiales y exigencias documentales complementarias que permitan efectuar una adecuada selección de los extranjeros requirentes de dichos permisos. A tal fin dictará las instrucciones que sean necesarias.”.

Octavo: Que de conformidad al marco regulatorio antes señalado, correspondía al recurrente acompañar los antecedentes que permitieran a la autoridad recurrida resolver adecuadamente la petición, sin embargo, ante la ausencia de los documentos, se indicó al recurrente que:

“No adjuntó la documentación requerida para solicitar Permanencia Definitiva, o esta se encuentra incompleta o errónea. Lo anterior de acuerdo al siguiente detalle: El Certificado de Antecedentes del país de Origen se encuentra sin la debida legalización o apostillado (Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile).”

Es decir, se precisó al actor cuáles eran los problemas que presentaba la solicitud en cuanto a los antecedentes que debía acompañar y es más, se le confirió un plazo de 5 días para adjuntarlos, sin que conste que lo haya realizado en su oportunidad o que haya pedido a la autoridad un plazo mayor al conferido para subsanar los reparos.

Noveno: Que así, solo cabe desechar la existencia de un acto arbitrario o ilegal, por cuanto el actuar de la autoridad recurrida se ajustó al marco regulatorio legal para las solicitudes y tramitación de visas de permanencia definitiva.

En efecto, y según se dijo de acuerdo al artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, el recurso de protección es una acción destinada a adoptar una medida para que cese una actuación arbitraria o ilegal, esto es, contraria a la ley o que sea producto del mero capricho de quien incurre en ella y dado su carácter excepcionalísimo, está llamado únicamente a cautelar ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentarse, en circunstancias que, en el caso propuesto, el acto recurrido emanó de parte de la autoridad determinada para ello, en los casos previstos por la ley por todo lo cual no es posible advertir arbitrariedad ni ilegalidad en su proceder.

Décimo: Que, por último, dentro del contexto que se viene reseñando, no resulta factible adoptar alguna medida de cautela a favor de la parte recurrente, pues la situación descrita, sin duda, queda al margen de este arbitrio jurisdiccional que sólo tiene por finalidad determinar si un derecho inobjetable, que sea a la vez constitutivo de una garantía constitucional, de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido vulnerado mediante la privación, perturbación o amenaza causada por una omisión arbitraria o ilegal, lo que en el caso propuesto no ha acontecido.

Undécimo: Que a mayor abundamiento, la parte recurrente puede volver a solicitar la visa de permanencia definitiva previo pago de la multa impuesta por su situación irregular, pues no se ha dispuesto su expulsión del país.

Y de conformidad, también, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado que regla la materia, se declara:

Que se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra del Departamento de Extranjería y Migración dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Protección Nº 925-2021