nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, treinta de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece Carla Nicole Cañón Rubio, abogada, en favor de nombre reservado, argentino, farmacéutico titulado de la Universidad de Buenos Aires, quien interpone recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., por la negativa ilegal y arbitraria de dicha administradora a devolver la totalidad de los fondos previsionales del recurrente conforme a la Ley N° 18.156, generando una perturbación, amenaza y privación de los derechos del artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente es técnico extranjero, farmacéutico titulado por la Universidad de Buenos Aires, título reconocido en Chile mediante Certificado de Reconocimiento N° 113-2016 del Ministerio de Educación, y que ingresó a Chile el 1 de octubre de 2014, suscribiendo contrato de trabajo con Hospira Chile Limitada, en el cargo de Gerente de Calidad. Precisa que dicho contrato contempla en su Cláusula Décimo Sexta, titulada "Régimen Previsional", la voluntad expresa del trabajador de mantener su afiliación al régimen previsional argentino, voluntad ratificada en los anexos suscritos el 1 de enero de 2015 y el 1 de enero de 2017.

Explica que el recurrente prestó servicios en Chile hasta el 31 de diciembre de 2020, fecha en que pasó a prestar servicios en la República Argentina para ICU Medical Argentina SRL, y que, en uso de la facultad otorgada por la Ley N° 18.156, con fecha 6 de marzo de 2026 solicitó a AFP Uno, por intermedio de mandataria, la devolución de sus fondos previsionales, la que fue rechazada mediante resolución de 18 de marzo de 2026, invocándose dos causales: la primera, encontrarse caducada la cédula de identidad para extranjeros del afiliado; y la segunda, no acompañarse contrato de trabajo ni anexo con cláusula de voluntad, sino únicamente un certificado del empleador extendido con posterioridad al término de la relación laboral, exigiéndose además un certificado de afiliación al sistema previsional extranjero, debidamente apostillado, que acreditara las prestaciones de enfermedad, invalidez, vejez y muerte por todo el período servido en Chile.

Sostiene que la primera causal es ilegal, pues la Ley N° 18.156 no exige en ninguna de sus disposiciones que el documento de identidad se encuentre vigente al momento de la solicitud, de modo que la Superintendencia de Pensiones no puede, por vía de instrucciones administrativas, agregar requisitos no contemplados en la ley sin vulnerar el principio de legalidad de los artículos 6° y 7° de la Constitución. Agrega que la identidad del recurrente se encuentra plenamente acreditada mediante su R.U.T. N° RUT reservado y su calidad de titular de Permanencia Definitiva.

Respecto de la segunda causal, afirma que la cláusula de voluntad sí consta en el contrato de trabajo, y que la ley no impone fórmula sacramental alguna para su expresión, siendo suficiente el certificado del empleador suscrito con firma electrónica avanzada. Añade que la Ley N° 18.156 exige la afiliación a un régimen que otorgue prestaciones —a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte— y no la comprobación de su uso efectivo, y que el certificado de ANSES da cuenta de que el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cubre vejez, invalidez y sobrevivencia, y también enfermedad a través de la Ley N° 23.661 y el artículo 14 bis de la Constitución argentina.

Plantea, en cuanto a la exigencia de apostilla, que el certificado de ANSES fue emitido con el número CE-2026-14242117-ANSES-UATOE#ANSES, con firma digital del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) del Estado argentino, tratándose de un documento público digital que goza de plena fe, y que el Convenio de La Haya de 1961 estableció la apostilla para documentos en soporte papel, sin que la Ley N° 18.156 contemple tal exigencia.

Desarrolla las garantías constitucionales conculcadas, destacando la vulneración del derecho de igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2, por otorgarse al recurrente un trato diferenciado respecto de otros solicitantes en idénticas circunstancias, y la vulneración del derecho de propiedad del artículo 19 N° 24, por cuanto los fondos previsionales son de dominio del afiliado y su retención carece de ley que la autorice. Cita, en apoyo de su pretensión, jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones de Antofagasta y de Temuco, y de la Excma. Corte Suprema.

Solicita se acoja la acción constitucional, se declare ilegal y arbitrario el actuar de AFP Uno y se ordene un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud conforme a derecho, con las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que informando al tenor del recurso comparece Romina Dalbosco Cornejo, abogada, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., solicitando su rechazo por inexistencia de acto ilegal o arbitrario atribuible a la Administradora.

Refiere que la materia controvertida se relaciona con la Ley N° 18.156, especialmente con los requisitos del artículo 1° y la facultad del artículo 7° respecto de la devolución de fondos previsionales de técnicos extranjeros, proceso cuyo cumplimiento exige acreditar formal y sustancialmente las condiciones previstas en la legislación y en la jurisprudencia administrativa obligatoria de la Superintendencia de Pensiones.

Señala que la solicitud del recurrente, ingresada con fecha 6 de marzo de 2026, fue rechazada por cuanto la cédula de identidad para extranjeros del afiliado se encontraba vencida, en circunstancias que el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Libro I, Título III, Letra A, nombre reservado "Cuentas Personales", establece que la Solicitud de devolución de fondos previsionales Ley N° 18.156 solo puede tramitarse con la cédula de identidad para extranjeros vigente, requisito habilitante que en la especie no se cumplía.

Agrega que tampoco se satisface el requisito del artículo 1° letra b) de la Ley N° 18.156, toda vez que la voluntad de mantener la afiliación al régimen previsional extranjero debe expresarse en el contrato de trabajo o en un anexo suscrito durante la vigencia de la relación laboral, y no en una mera certificación emitida por el empleador con posterioridad al término de aquélla. Cita, en apoyo de este criterio, el Oficio Reservado N° 25.057 de 29 de diciembre de 2023, el Oficio Reservado N° 4741 de 14 de marzo de 2024 y el Oficio Ordinario N° 22.484 de 24 de noviembre de 2025, todos de la Superintendencia de Pensiones.

Destaca, asimismo, que el certificado de afiliación emitido por ANSES no se encuentra debidamente apostillado ni legalizado, conforme lo exigen el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, el Oficio Reservado N° 2966 de 3 de agosto de 2023 de la División de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Oficio Ordinario N° 12.954 de 17 de julio de 2025 de la Superintendencia de Pensiones, sin que la naturaleza digital del documento exima de dicha exigencia, pues el Convenio de La Haya no elimina la autenticación, sino que la simplifica mediante la apostilla.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión. Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

QUINTO: Que del análisis de los antecedentes acompañados al recurso y del informe evacuado por la recurrida, se advierte que la decisión de AFP Uno de rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales del actor, se fundó en el incumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios establecidos en la Ley N° 18.156, así como en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y en la jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, órgano competente para interpretar y fiscalizar el cumplimiento de dicha normativa.

SEXTO: Que, específicamente, a la fecha de presentación de la solicitud, la cédula de identidad para extranjeros del afiliado se encontraba vencida, en circunstancias que el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones exige la presentación de dicho documento vigente como requisito habilitante para la suscripción del formulario de "Solicitud de devolución de fondos previsionales Ley N° 18.156", de modo que el reparo formulado por la Administradora sobre este punto se enmarca dentro del cumplimiento de una instrucción administrativa de carácter obligatorio.

SÉPTIMO: Que, del mismo modo, la voluntad del trabajador de mantener su afiliación a un régimen de seguridad social en el extranjero no consta en el contrato de trabajo ni en un anexo suscrito durante la vigencia de la relación laboral, según lo exige el artículo 1° letra b) de la Ley N° 18.156, sino en una certificación emitida por el empleador con posterioridad al término de aquélla, antecedente que no satisface la exigencia legal ni el estándar uniforme fijado por la Superintendencia de Pensiones en su jurisprudencia administrativa.

OCTAVO: Que, asimismo, el certificado electrónico emitido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), individualizado con el número CE-2026-14242117-ANSES-UATOE#ANSES, acompañado por el recurrente, no se observa debidamente legalizado ni apostillado, conforme lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, sin que su naturaleza digital lo exima de tal exigencia, toda vez que el Convenio de La Haya no suprime la autenticación de los instrumentos públicos extranjeros, sino que la simplifica a través del mecanismo de la apostilla.

NOVENO: Que, en este sentido, la actuación de la recurrida no sólo se enmarca dentro del cumplimiento estricto de la Ley N° 18.156 y de su reglamentación técnica, sino también dentro del ejercicio legítimo de las instrucciones y criterios establecidos por el órgano regulador competente —la Superintendencia de Pensiones—, cuyas interpretaciones son de obligatorio cumplimiento para las AFP conforme al artículo 94 del D.L. N° 3.500 de 1980, por lo que no se advierte en el proceder de la Administradora recurrida ni ilegalidad ni arbitrariedad alguna.

DÉCIMO: Que, establecido lo anterior, deviene inoficioso pronunciarse sobre las garantías fundamentales invocadas por el actor, desde que no se configura, en el caso concreto, un acto que prive, perturbe o amenace ilegítimamente su ejercicio.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-9243-2026.