Recurso de protección

C.A. de Santiago Santiago, treinta y uno de julio de dos mil veintiséis.

Al folio 13: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, egresada de Derecho, interponiendo recurso de protección de garantías constitucionales en contra de don nombre reservado, abogado, por los actos que califica de ilegales y arbitrarios consistentes en una serie de comunicaciones que califica de invasivas, a su casilla de correo electrónico personal, las cuales se han realizado contra su expresa voluntad, inmiscuyéndose en su vida privada y afectando gravemente su integridad psíquica y física.

Expone que conoció al recurrido en el ámbito académico en la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, donde este se desempeñaba como docente ayudante, relación que posteriormente derivó en una pasantía profesional en su despacho. Señala que, con fecha 28 de noviembre de 2025, el recurrido le envió un correo informándole sobre su situación matrimonial personal, en los siguientes términos: “me pidieron el divorcio así que me debo ir de casa”, frente al cual ella respondió exigiéndole el cese inmediato de todo contacto y advirtiéndole que, de persistir en sus mensajes o transferencias de dinero, pondría los antecedentes en conocimiento de su cónyuge.

No obstante esta prohibición expresa, el recurrido volvió a enviarle correos electrónicos los días 3 de febrero de 2026, con el texto “Hola” y 19 de febrero de 2026, con el texto “Hola cómo está usted”). Sostiene que estas comunicaciones constituyen un hostigamiento permanente que se inició en noviembre de 2025 — con un correo del día 6 de ese mes en el que este le manifestaba su "necesidad" de verla y le indicaba que "no la dejaría sola"— y que se mantiene en el tiempo, vulnerando su derecho a la privacidad.

Añade que esta situación resulta de la mayor gravedad, por cuanto se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico debido a un cuadro de depresión mayor severa, diagnosticado por médicas especialistas y cursando, además, un embarazo primerizo de tres meses de gestación.

Por consiguiente, estima conculcadas las garantías fundamentales consagradas en el artículo 19, numerales 1° (integridad física y psíquica), 2° (igualdad ante la ley) y 4° (respeto y protección a la vida privada y a la honra) de la Constitución Política de la República, así como las disposiciones de la Convención de Belém do Pará.

Solicita, en definitiva, que se acoja el recurso y se ordene al recurrido abstenerse de realizar cualquier acto de intromisión en su esfera privada, incluyendo el envío de correos electrónicos o mensajes por cualquier vía, con expresa condena en costas.

Segundo: Que, evacuando el informe, don nombre reservado, solicita el rechazo íntegro de la acción cautelar, con expresa condena en costas, fundado en la inexistencia de un acto ilegal o arbitrario y en la falta de conculcación de derechos fundamentales de la actora.

Expone que conoce a la recurrente y que, en virtud del vínculo académico y de la confianza construida, ella le solicitó asesoría para la preparación de su examen de grado, oportunidad en la que él le facilitó material de estudio. Agrega que, a petición de la misma recurrente, la representó judicialmente en dos causas ante el Juzgado de Familia de Puente Alto. Asimismo, sostiene que ante las dificultades económicas que ella manifestaba, le efectuó de buena fe diversas transferencias bancarias de dinero de carácter asistencial.

Respecto de los correos electrónicos cuestionados de febrero de 2026, argumenta que consisten en meras fórmulas de saludo y cortesía los cuales de modo alguno revisten un carácter amenazante, coercitivo o injurioso, tratándose de expresiones de uso común y cotidiano que no tienen la aptitud de perturbar la psique de una persona ni de configurar una intromisión ilícita en su intimidad. Sostiene que no ha incurrido en conductas de acoso y atribuye la interposición de esta acción a una maquinación motivada por celos e inseguridad del actual abogado y pareja de la recurrente, don nombre reservado.

Finalmente, aduce que la acción de protección no es la vía idónea para dilucidar desavenencias o conflictos de índole estrictamente personal o de relaciones interpersonales cuya interpretación requiere de un juicio de lato conocimiento, por lo que pide desechar el recurso en todas sus partes.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional de naturaleza cautelar y sumaria, cuyo propósito es restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado frente a actos u omisiones que, siendo manifiestamente ilegales o arbitrarios, priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de los derechos y garantías expresamente protegidos por esta vía.

Cuarto: Que, de los antecedentes acompañados por las partes, en especial de la documental consistente en comunicaciones de correo electrónico, aparece suficientemente establecido que entre la recurrente y el recurrido existió previamente una relación derivada del ámbito académico y profesional; que, con fecha 6 de noviembre de 2025, el recurrido remitió a la actora un mensaje en que aludía a su necesidad de verla y a que no la dejaría sola; que, posteriormente, el día 28 de noviembre de 2025, le comunicó una situación personal relativa a su vínculo matrimonial mediante la expresión “me pidieron el divorcio así que me debo ir de casa”; y que, con posterioridad a la respuesta de la recurrente solicitando el cese de contacto, aquél envió nuevos correos los días 3 y 19 de febrero de 2026, cuyo contenido se limitó, respectivamente, a las expresiones “Hola” y “Hola cómo está usted”.

Quinto: Que, asentado lo anterior, corresponde determinar si los antecedentes acompañados permiten tener por configurado un acto u omisión ilegal o arbitrario que, de modo actual o inminente, prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguna de las garantías invocadas. Para ello, resulta indispensable atender no sólo a la existencia de comunicaciones entre las partes, sino también a su tenor, entidad, frecuencia y contexto, pues la acción cautelar de protección exige una afectación cierta y comprobable, y no meras aprensiones o apreciaciones subjetivas desprovistas de aptitud lesiva suficiente.

Sexto: Que, del examen de los correos electrónicos acompañados, particularmente aquellos individualizados por la recurrente como constitutivos de hostigamiento, no se advierte el empleo de expresiones injuriosas, denigratorias, intimidatorias, coercitivas, amenazantes o persecutorias. Por el contrario, su contenido aparece circunscrito a fórmulas breves de saludo o contacto, de carácter neutro, que consideradas en su literalidad y entidad objetiva carecen de aptitud suficiente para lesionar u ofender la honra, vida privada o integridad psíquica de la actora en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Séptimo: Que, asimismo, la secuencia temporal descrita en el libelo tampoco permite concluir la existencia de una conducta persistente, sistemática o continuada que pueda ser calificada jurídicamente como hostigamiento. En efecto, entre las comunicaciones invocadas media un espacio de tiempo relevante, sin que se hayan acreditado actos sucesivos, insistentes o reiterados en términos tales que revelen una presión permanente sobre la recurrente o una intromisión sostenida en su esfera privada. La sola existencia de mensajes aislados, distanciados entre sí y carentes de contenido ofensivo, no satisface el estándar requerido para estimar configurada una perturbación constitucionalmente tutelable por esta vía urgente y excepcional.

Octavo: Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado la existencia de un acto ilegal o arbitrario atribuible al recurrido que importe una privación, perturbación o amenaza cierta al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales denunciadas, ni verificándose en las comunicaciones objetadas un contenido apto para lesionar u ofender a la recurrente o una reiteración temporal suficiente para configurar hostigamiento, la presente acción cautelar no podrá prosperar y será desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-9238-2026.