nombre reservado con EDICIONES Y PUBLICACIONES EL BUEN AIRE S.A.

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de agosto de dos mil veinte.

A los escritos folios 30 y 31: téngase presente.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha veintiocho de enero de dos mil veinte, comparece don Gonzalo Alonso Calderón Astete, abogado, en representación de don nombre reservado, e interpone acción constitucional de protección contra Diario Electrónico El Desconcierto- en adelante El Desconcierto- representado por su Directora Legal doña nombre reservado y su Editor General don nombre reservado.

Señala que el veintinueve de diciembre de dos mil diecinueve, la recurrida publicó una carta presuntamente redactada por la Red de Historiadoras Feministas, titulada “Hasta cuándo entregan fondos de investigación a acosadores”. Indica que la misiva sostiene que con ocasión del listado Conicyt, de los ganadores del Foncecyt Regular 2020, nuevamente el grupo de historia “habría premiado a un académico con un historial conocido de violencia machista”.

En específico, la mencionada carta hacía referencia a una denuncia de dos mil diecinueve hecha por la Red de Historiadoras Feministas aseverando que el grupo de Historia de Conicyt, premió con un Fondecyt Regular, a un hombre acusado de violencia intrafamiliar, y ahora, en dos mil veinte, el mismo grupo volvió a premiar a una académico con conocido historial de violencia machista, refiriéndose a don nombre reservado, quien habría sido denunciado por acoso y abuso sexual. Al respecto, detallan la existencia de una querella criminal en contra del recurrente por un delito sexual que habrá ocurrido el veintisiete de febrero de dos mil quince, contra una estudiante de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, en la ciudad de Arica, lugar donde él se desempañaba como Docente de la Facultad de Ciencias Sociales, cuestión que recién en dos mil dieciocho provocó su desvinculación con el Establecimiento Educacional. Ante ello, refiere la carta publicada, inquieta que organismos estatales que administran los fondos concursables no asuman una postura efectiva de defensa de los derechos humanos, en el marco de una Política Institucional de Equidad de Género en Ciencia, instalación de protocolos en universidad y frente a la adjudicación de fondos a acosadores, ya que con eso estarían consagrando la impunidad de los agresores garantizándoles una carrera en la investigación para cuando son expulsados del sistema universitario.

Del contenido señalado, el recurrente asevera se refieren a hechos construidos, que el periódico simplemente reproduce, sin constatar la información contenida, siendo absolutamente parcial, sesgado y contrario a la realidad. Agregando que el relato del tercero “Red de Historiadoras Feministas”, constituye acusaciones injuriosas, derivadas de una querella criminal terminada por sobreseimiento definitivo según la letra a) del artículo 250 del Código Procesal Penal.

Asimismo, indica que la publicación que hace la recurrida, tampoco es efectiva, en cuanto al término de la relación laboral del recurrente con la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, por cuanto aquello no se debió a una denuncia de una estudiante, suscribiendo finiquito y recibiendo indemnizaciones que no corresponderían por ley, de ser ese el caso.

Refiere que a raíz de la denuncia calumniosa a la que hace mención la publicación del diario El Desconcierto, se desprestigia su carrera profesional de treinta años, y de la cual cuenta inclusive con un Post Doctorado en Francia, obteniendo por su trayectoria diversos fondos públicos de investigación, tales como los Fondecyt. Así, el acto de la recurrida vendría a culminar una campaña de desprestigio injurioso y totalmente paralelo a la administración de justicia en su contra, detallando que el daño es incalculable, no sólo a su persona y ámbito profesional, sino también a su grupo familiar. Y en específico la publicación de El Desconcierto tuvo como consecuencia directa que Fondecyt haya retirado el patrocinio del proyecto adjudicado al actor.

Por todo lo expuesto, don nombre reservado ve vulneradas las garantías constitucionales del artículo 19 N° 1, 4, 16 y 21 de la Constitución Política de la República, solicitando se restablezca el imperio del derecho, ordenando a Diario Electrónico El Desconcierto, el retiro de la publicación realizada en su portal web, que se abstenga de realizar publicación anónimas contra el recurrente, disculpas públicas, aclarando y publicando las mismas en la página web y todo aquello que la Ilustrísima Corte estime procedente, con condena en costas.

SEGUNDO: Que con fecha diecisiete de febrero de dos mil veinte, comparece don Esteban Vilches Celis, abogado en representación de Sociedad Ediciones y Publicaciones El Buen Aire S.A- Diario El Desconcierto-, evacuando informe.

Señala que la situación planteada en autos implica una eventual colisión de derechos y garantías constitucionales, por cuanto la carta publicada por El Desconcierto a solicitud de la Red de Historiadoras Feministas, fue enviada debidamente a la sección “Cartas y opiniones” del diario electrónico, que luego de ser revisada en aspectos formales se publica en el marco del derecho a libertad de opinión y expresión.

Indican entender la posición del recurrente, por cuanto el contenido de la misiva es muy crítica hacia él, pero ello no es un argumento para censurar la publicación, por cuanto si bien habla de la denuncia de acoso y abuso sexual interpuesta en su contra, la querella y su desvinculación de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, son antecedentes objetivos, de los cuales las autoras de la carta sostienen para luego opinar que el actor no debiese obtener recursos públicos de Fondecyt para sus proyectos de investigación. Agrega que, esta posición, por cierto puede ser objeto de debate, pero para El Desconcierto su exposición es sin duda un acto lícito derivado del derecho a opinión.

Asimismo, precisan que como medio de comunicación, estarán siempre abiertos a publicar la réplica o contestación que el recurrente quisiera compartir públicamente, detallando que lo que no pueden hacer, por estar comprometidos con el derecho a expresión, es establecer censuras previas.

Mencionan que han publicado más de 10 cartas de la Red de Historiadoras Feministas, y actúan frecuentemente como columnistas del medio. Por lo mismo, niegan cualquier acto arbitrario o ilegal, que vulnere los derechos fundamentales del recurrente, por cuanto la decisión de publicar la carta es razonable y conforme a derecho, ya que plasma el ejercicio del artículo 19 N° 12 de la Carta Fundamental.

Por último, hace referencia al carácter cautelar y de emergencia de la acción de protección, para un derecho indubitado, cuestión que en el caso concreto no se da, por cuanto es un conflicto que ha de ser eventualmente entregado al conocimiento de procedimientos ordinarios; siendo, por todo lo mencionado, que solicita el rechazo del recurso, con costas.

TERCERO: Que a solicitud de esta Ilustrísima Corte, con fecha tres de agosto de dos mil veinte, comparece doña nombre reservado, organizadora de la “Red de Historiadoras Feministas”, informando el recurso.

Indica en primer término especificando que la comunidad que representa es una red virtual, que genera declaraciones de manera colectiva vía plataformas digitales compartidas.

Respecto al asunto de autos, refiere que la columna de opinión “¿Hasta cuándo entregan fondos de investigación a acosadores?”, fue publicada en la sección de cartas del diario El Desconcierto, el día veintinueve de diciembre de dos mil diecinueve, fue escrita en forma colectiva y firmada por la Red de Historiadoras Feministas.

Detalla que decidieron publicar la misiva, ya que les pareció injusto que alguien con los antecedentes expuestos en la columna ganase un fondo prestigioso público, por lo que por medio de su escrito buscan emplazar al Estado de Chile, a efectos que modifique sus políticas institucionales y las bases de sus fondos de investigación.

Menciona que en ningún caso ella es la autora única de la columna, por cuanto fue un trabajo conjunto y ella no tiene ningún poder de representación con la institución de la cual es parte.

CUARTO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

QUINTO: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

SEXTO: Que, ahora bien, el diario electrónico “El Desconcierto” reconoce haber efectuado una publicación emanada de un colectivo de historiadoras feministas que son columnistas del mismo, en los que se reclama la adjudicación de fondos por parte de CONICID al recurrido, en circunstancias que se trataría de un hombre que habría sido acusado como acosador y abusador sexual de alumnas de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, situación que vendría a ratificar situaciones similares acaecidas en años anteriores respecto de otros sujetos denunciados por eventos de una índole similar, a todo los cuales se premiaría de alguna forma a través de estos subsidios, alegando, en definitiva, que la entrega de los mismos debiera efectuarse previo estudio más acabado de los antecedentes personales de quienes los requieren;

SÉPTIMO: Que los antecedentes referidos por el recurrente dan cuenta de hechos pueden ser constitutivos de un ilícito -injurias o calumnias- y por su parte, también lo son los actos referidos por la recurrida, quien además refiere que habría existido una querella criminal ante el Ministerio Público por los hechos que denuncia.

De esta manera y dada la naturaleza cautelar del recurso de protección, aparece que éste no resulta idóneo para resolver la materia propuesta, pero sí lo sería el procedimiento penal correspondiente, con amplias posibilidades de prueba y discusión;

OCTAVO: Que, en consecuencia, en el caso que el recurrente considere ser víctima del delito de injurias o calumnias, debe proceder por la vía procesal correspondiente, la que por lo demás puede extenderse a la vía civil, en caso de que se entienda incursa a la recurrente en un supuesto de responsabilidad extracontractual;

NOVENO: Que reafirmando lo anterior, es preciso recordar que los derechos fundamentales no son absolutos, puesto que admiten limitaciones frente al ejercicio de otros derechos fundamentales, siendo precisamente un ejemplo clásico la colisión que puede darse entre el ejercicio de la libertad de expresión con el derecho a la privacidad o intimidad de las personas y su honra. En cualquier caso, la colisión en comento está resuelta en este caso por la Constitución y por la ley, específicamente por los artículos 19 N° 12 de la Carta Fundamental y por el artículo 1° del citado texto legal y, en tal escenario, no corresponde a los jueces efectuar la ponderación que de manera ex ante, realizó expresamente el constituyente y el legislador.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha señalado que "El derecho a la honra y al honor no es un derecho absoluto. Su protección admite límites, muchos de los cuales se relacionan con la libertad de expresión y los deberes de tolerancia y crítica que implica la vida en sociedad". (Roles 1463/15; 2071/10; 2237/08):

DÉCIMO: Que en este sentido, el ordenamiento jurídico chileno consagra un amplio espectro de libertad de expresión e información, optando por proteger la honra y vida privada de las personas casi de manera exclusiva a través la persecución de responsabilidades ex post -con el establecimiento de responsabilidades en la ley de prensa o tipos penales específicos-, renunciando así a la posibilidad de la aplicación de la censura previa. Es más, el Tribunal Constitucional ha sostenido que, bajo ciertas circunstancias, la libertad de expresión puede constituirse como causal de justificación de imputaciones que puedan afectar el honor y la honra (Rol 1463).

UNDÉCIMO: Que luego de lo dicho, no advirtiéndose una ilegalidad o arbitrariedad que corresponda ser abordada por esta vía, deberá necesariamente desestimarse la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección de la Excma. Corte Suprema, se rechaza, sin costas, el deducido en favor de don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-9211-2020.

Pronunciada por la Segunda Sala, integrada por los Ministros señor Omar Antonio Astudillo Contreras, señora Maria Soledad Melo Labra y señora Maritza Elena Villadangos Frankovich.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, diecisiete de agosto de dos mil veinte, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.