Protección contra Contraloría General de la República

C.A. de Santiago Santiago, veinte de julio de dos mil veintitrés.

Proveyendo a los folios 17 y 18, todo, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 11 de mayo de 2023, comparece nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de Contraloría General de la República, por haber dictado la Resolución Exenta N°2716 de 2023, fechada el 10 de abril de 2023, que rechazó el recurso de reposición presentado contra la Resolución Exenta N°877 de 2023 de la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, lo que ha privado, perturbado y amenazado sus garantías fundamentales consagradas en el artículo 19 N° 2, 3, 16, 24 y 26 de la Constitución Política de la República.

Explica que mediante una referencia identificada como N°215.383, presentada el 30 de julio de 2015, el Diputado Sr. Gustavo Hasbún Selume hizo mención de presuntas irregularidades en los procedimientos de atención médica de urgencia del niño nombre reservado en el Hospital Luis Calvo Mackenna durante julio de 2015.

Explica que en respuesta a dicha referencia, la Contraloría General de la República emitió la Resolución Exenta N°5873 de 2016, ordenando la instrucción de un Sumario Administrativo en el Hospital Luis Calvo Mackenna. Cabe destacar que este sumario ya había sido iniciado el 21 de julio de 2015 por orden del Director del hospital, a través de la Resolución Exenta N°1670 del mismo año.

Refiere que posteriormente, la Resolución Exenta N°38 de 2016 sobreseyó la investigación sumaria sin formular cargos. Se determinó que se habían cumplido los protocolos y guías clínicas correspondientes, y no se encontró responsabilidad administrativa imputable a ningún funcionario. Los antecedentes fueron remitidos a la Contraloría General de la República para el control de legalidad del sumario, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta N°1273 de 2021.

No obstante, a pesar de estos hechos, alega que se le impuso una sanción de "suspensión del empleo por treinta días con un goce del setenta y cinco por ciento de la remuneración mensual y una anotación de demérito de seis puntos en el factor de calificación correspondiente en su hoja de vida". Esta sanción se emitió en una resolución que no se pronunció sobre las alegaciones de falta de participación en los hechos investigados, prescripción y decaimiento administrativo. En contra de dicha resolución, la recurrente presentó un recurso de reposición con apelación en subsidio.

Resolviendo la reposición, indica que la Contraloría emitió la Resolución Exenta N°3897 de 10 de septiembre de 2021, rechazando nuevamente las alegaciones presentadas. Los argumentos utilizados en esta resolución no cumplen con el estándar requerido por el legislador en el artículo 11 de la Ley N°19.880.

Basándose en estos acontecimientos, la protegida presentó un recurso de reclamación (reclamación N°1 de 2021), adjuntando nuevos antecedentes. Sin embargo, este recurso fue rechazado mediante la Resolución Exenta N°877 de 2023, fechada el 03 de febrero del mismo año. La señora nombre reservado presentó entonces un recurso de reposición, ya que nuevamente no se consideró su falta de participación en los hechos investigados y solo se reiteró que no se presentaron nuevos antecedentes que desvirtuaran los cargos formulados.

Se argumenta que la resolución recurrida adolece de arbitrariedad e ilegalidad debido a la falta de razonabilidad, motivación, fundamentos, lógica y prudencia por parte de la Contraloría General de la República. La resolución se basa únicamente en un dictamen anterior emitido por el mismo órgano contralor, el cual establece que no se puede acoger un reclamo si no se presentan nuevos elementos de juicio que modifiquen lo resuelto. Sin embargo, la misma resolución posteriormente aborda las alegaciones de vulneración al derecho a la estabilidad del empleo y a percibir remuneraciones de forma regular y completa, sin profundizar en ellas ni resolver sobre dichas aseveraciones.

En consecuencia, sostiene que la resolución impugnada no cumple con el estándar requerido por la Ley N°19.880 y se argumenta la falta de participación de la señora nombre reservado en los hechos investigados, así como la existencia de negligencia, prescripción y decaimiento administrativo. Además, se destaca que el paciente nombre reservado fue atendido por otro médico durante su ingreso y hospitalización, y que la señora recurrente no fue informada ni participó en su atención ni en la toma de decisiones relacionadas con su caso.

La protegida, indica que ha alegado en reiteradas oportunidades su falta de participación en los hechos. Según la señora nombre reservado, al momento de los sucesos, ella se encontraba en otro piso atendiendo a los pacientes de ingreso, y nunca tuvo contacto alguno con el paciente Joaquín. Afirma que no se le asignó la atención del paciente y que tampoco recibió ninguna alerta por parte del personal de enfermería.

Además, la recurrente destaca que, como consecuencia de los hechos relatados, en octubre de 2016 se llevó a cabo una reorganización del Servicio de Urgencias del Hospital Luis Calvo Mackenna. Anteriormente, debido a la falta de camas en el Servicio de Pediatría, se asignaron 12 camas en verano y 20 en invierno a esta Unidad, habilitando el segundo piso para estos fines, lo cual no correspondía y generaba una mayor carga laboral para todo el equipo sanitario. Sin embargo, posteriormente se creó la Unidad de Agudos para atender a los pacientes que antes eran atendidos en el segundo piso del Servicio de Urgencia.

En relación a la Resolución Exenta N°2716, la señora nombre reservado argumenta que la resolución sancionadora Res. Exenta N°3897 se basa en dicha resolución, la cual presenta incongruencias e inconsistencias graves e insalvables que afectan el mérito de la resolución impugnada y la perjudican.

Agrega que la Resolución Exenta N°1.118, de 9 de marzo de 2021, de la Unidad de Sumarios de la Contraloría General de la República, se reconoce una falta funcionaria del personal de enfermería, alegando que no se vigiló la evolución del niño, no se realizó monitoreo constante de signos vitales y que el paciente se complicó durante su estadía hospitalaria sin que se advirtiera a tiempo. Sin embargo, la señora nombre reservado sostiene que estas acusaciones no se aplican a ella, ya que nunca atendió al paciente y no fue requerida para su evaluación y tratamiento.

Además, la protegida argumenta que no se le ha proporcionado un protocolo oficial que verifique que su actuación ha sido negligente y que se le está castigando basándose en opiniones e interpretaciones vacías realizadas por personal ajeno y desconocedor del funcionamiento y la gestión del servicio.

En cuanto al decaimiento administrativo, la señora nombre reservado sostiene que la resolución impugnada no se pronuncia respecto al cumplimiento de los requisitos jurisprudenciales y doctrinarios de dicha figura. Alega que ha habido una tardanza injustificada en la tramitación y resolución del procedimiento administrativo sancionatorio, ya que los hechos se remontan a junio de 2015 y la resolución sancionatoria se notificó recién en agosto de 2019.

La recurrente plantea en su recurso la falta de consideración adecuada por parte de la resolución impugnada respecto a la alegación de prescripción de la responsabilidad administrativa. En su argumento, la protegida destaca la confusión existente en la resolución entre los efectos de la suspensión y la interrupción del plazo de prescripción de la acción penal, ya que ella no ha sido imputada en ningún procedimiento penal relacionado con los hechos denunciados.

En relación a la prescripción de la acción disciplinaria, la litigante hace referencia al artículo 159 de la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, el cual establece que la prescripción de la acción disciplinaria se suspende desde que se formulen cargos en el sumario respectivo. Además, la norma señala que si el proceso se paraliza por más de dos años, o se realizan dos calificaciones sin que el servidor sea sancionado, continuará corriendo el plazo de prescripción como si no se hubiese interrumpido.

En el caso concreto, la formulación de cargos tuvo lugar el 8 de enero de 2019, mientras que los hechos objeto del sumario datan del 19 de junio de 2015. Por lo tanto, ha transcurrido un lapso superior a los cuatro años establecidos como plazo de prescripción.

Además, la recurrente hace mención al artículo 157, letra d), de la Ley N° 18.834, que establece que la responsabilidad administrativa se extingue, entre otras causas, por la prescripción de la acción disciplinaria. En concordancia con ello, el artículo 158 de la misma ley dispone que la prescripción de la acción disciplinaria se produce transcurridos cuatro años desde el día en que el funcionario incurrió en la acción u omisión que le dio origen. No obstante, si existen hechos constitutivos de delito, la acción disciplinaria prescribe conjuntamente con la acción penal.

En este contexto, argumenta que los hechos denunciados no constituyen delito y, por ende, la acción penal se encuentra prescrita. Con base en el artículo 96 del Código Penal, se establece que la prescripción de la acción penal se suspende desde que el procedimiento se dirige en contra del imputado. Sin embargo, la señora nombre reservado enfatiza que ella nunca ha sido imputada en ningún proceso penal relacionado con los hechos denunciados.

En conclusión, sostiene que tanto la acción disciplinaria como la acción penal se encuentran prescritas. Ha transcurrido un período superior a los cuatro años desde los hechos denunciados, no se han cumplido los requisitos para la interrupción o suspensión del plazo de prescripción, y no se le ha imputado en ningún proceso penal relacionado con los hechos en cuestión.

Respecto de la jurisprudencia, menciona el Dictamen 17.865/1995 de la Contraloría General de la República. Aquél establece que la responsabilidad administrativa de los funcionarios del servicio de bienestar de la Subsecretaría de Hacienda, a quienes se les formularon cargos en un sumario instruido por la Contraloría, no se encuentra extinguida. Según la ley 18834, la responsabilidad administrativa prescribe después de dos años desde el día en que el funcionario incurrió en la acción u omisión que la motiva. Además, se señala que la prescripción de la acción disciplinaria se interrumpe si el empleado incurre nuevamente en falta administrativa, y se suspende desde que se formulen cargos en el sumario o investigación sumaria respectiva. El dictamen concluye que, en el caso analizado, no se cumplen las condiciones de haber transcurrido dos calificaciones funcionarias luego de la suspensión de la prescripción, por lo que carece de relevancia la época de inicio del sumario.

En cuanto a la jurisprudencia de la Corte Suprema, se mencionan los fallos Roles N° 10.499-2011 y 2791-2012. En estos fallos, la Corte Suprema establece la procedencia de la acción de protección como un medio para revisar las actuaciones de la Contraloría General de la República y otros órganos del Estado. Además, señala que los órganos del Estado deben respetar la Constitución y las leyes, estando sometidos al principio de legalidad, y corresponde a los tribunales de justicia verificar y ejercer el control jurisdiccional de sus actos.

En un fallo más reciente, la Corte Suprema abordó la motivación del acto administrativo. En la Causa N° 3598/2017, la Tercera Sala de la Corte Suprema estableció que la motivación del acto administrativo es un elemento esencial, ya que a través de ella se expresan las razones que llevaron a la Administración a dictarlo. Se destaca que la Ley N° 19.880 establece los principios de transparencia y publicidad, exigiendo la motivación en el mismo acto administrativo, incluyendo los hechos y fundamentos de derecho que afecten los derechos o prerrogativas de las personas. La Corte sostiene que la fundamentación del acto administrativo es un elemento esencial, cuya existencia siempre está bajo el control de la judicatura.

Respecto de los derechos fundamentales conculcados, indica que se han vulnerado de la siguiente manera:

1. Igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 C.P.R.): Alega que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas en circunstancias similares. En este caso, se argumenta que la resolución de la Contraloría General de la República es arbitraria e ilegal, lo que implica un trato desigual y sin fundamentos sólidos.

2. Debido proceso (artículo 19 N° 3 C.P.R.): Sostiene que se ha conculcado este derecho, ya que la persona afectada no fue citada a declarar dentro de los procesos sumariales, se le privó de participar activamente en los hechos investigados y se le ha negado el derecho a la defensa.

3. Libertad de trabajo y su protección (artículo 19 N° 16 C.P.R.): Argumenta que se ha impedido el libre ejercicio de la persona en su derecho a trabajar al sancionarla pese a no haber tenido participación alguna en los hechos investigados.

4. Derecho de propiedad (artículo 19 N° 24 C.P.R.): Alega que la resolución impugnada vulnera el derecho de propiedad sobre el pago íntegro de las remuneraciones. Indica que la resolución no se fundamenta adecuadamente y omite pronunciamiento respecto al vicio de legalidad denunciado, afectando el derecho a la estabilidad del empleo y a percibir las remuneraciones de forma regular y completa.

5. Derechos afectados en su esencia (artículo 19 N° 26 C.P.R.): Alega que la resolución impugnada impide el libre ejercicio de derechos que son esenciales para la persona, privándola de su reconocimiento y tutela jurídica.

Por tanto, en virtud de los antecedentes expuestos, pide: a) Dejar sin efecto la mencionada Resolución Exenta N°2716 de 10 de abril de 2023, y emitir una nueva resolución que declare la existencia de vicios de legalidad en la aplicación de la sanción de suspensión del empleo por treinta días con un goce del 70% de las remuneraciones y la anotación de demérito de seis puntos en el factor calificación correspondiente en la hoja de vida, y, en definitiva, declare el sobreseimiento por prescripción de la responsabilidad administrativa. b) En caso de que no sea posible dejarla sin efecto, pide que se adopten las medidas necesarias para asegurar la debida protección de los derechos ante la dictación de la mencionada resolución. c) En caso de oposición, solicita la condena en costas.

Segundo: Que informando la Contraloría General de la República, solicita que se desestime el recurso.

Indica que la medida disciplinaria se aplicó al término de un sumario administrativo que investigaba la responsabilidad administrativa de los funcionarios del hospital en relación a la atención médica brindada al niño J.G.G., que resultó en la amputación de sus extremidades.

Argumenta falta de legitimación pasiva, ya que la petición de la recurrente se refiere a una actuación de competencia del HLCM, y no del organismo de control al que se dirige el recurso. Lo anterior, fundado en que en el libelo la actora indica que recurre en contra de la resolución exenta N° 2.716, de 2023, de CGR, pues su emisión habría conculcado los derechos constitucionales que allí expone y, para fundarlo, enuncia una serie de consideraciones que no habrían sido observadas por ese Organismo de Control. No obstante, en el petitorio del recurso aparece que lo solicitado a V.S. Iltma. consiste en que en definitiva “(...) declare el sobreseimiento por prescripción de la responsabilidad administrativa”. Así las cosas, resulta evidente que dicha petición dice relación con una actuación de competencia del hospital - eventual sobreseimiento -, y no de Contraloría, comoquiera que es en ese establecimiento de salud en el que la ley radica la potestad disciplinaria.

Además, alega falta de emplazamiento respecto del HLCM ya que la recurrente no lo ha incluido como parte en el recurso de protección. Indica que la petición de la recurrente se dirige exclusivamente contra la Contraloría General de la República, y no se ha notificado al hospital de la acción cautelar.

En cuanto a los antecedentes, indica que el Hospital Luis Calvo Mackenna (en adelante HLCM) inició un procedimiento disciplinario mediante su resolución exenta N° 1.670, del año 2015, que se acumuló a otro iniciado por la Contraloría General de la República por resolución exenta N° 5.873, del año 2016. En este procedimiento, se formularon cargos contra varios funcionarios, incluyendo a la señora nombre reservado, a quien se le imputó no haber brindado la atención médica adecuada al niño J.G.G., lo cual infringió el principio de probidad administrativa y los deberes funcionarios establecidos por la ley.

Refiere que posteriormente, la Contraloría General de la República, mediante su resolución exenta N° 1.118, del año 2021, aprobó el proceso sumarial y propuso al HLCM la imposición de las medidas disciplinarias correspondientes, entre ellas la suspensión en el empleo por treinta días con un goce del 70% de las remuneraciones para la señora nombre reservado, junto con una anotación de demérito de seis puntos en su factor de calificación.

Relata que el HLCM, mediante su resolución N° 1, del 18 de octubre de 2021, impuso la medida disciplinaria propuesta, lo que llevó a la recurrente a interponer un recurso de reposición, que fue rechazado por la resolución exenta N° 3.896, del año 2021, emitida por ese establecimiento de salud.

Narra que la recurrente presentó un reclamo de ilegalidad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 160 del Estatuto Administrativo, el que fue rechazado por la resolución exenta N° 877, del año 2023, de la I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, por no revelar las supuestas irregularidades denunciadas.

Contra esta última resolución, la recurrente interpuso un recurso de reposición que fue desestimado mediante la resolución exenta N° 2.716, del año 2023, de la misma Contraloría Regional, argumentando que no se presentaron nuevos antecedentes distintos a los analizados en el oficio impugnado.

Respecto del fondo del asunto, en primer lugar y en relación a la falta de motivación alegada, refiere que la resolución exenta N° 2.716 de 2023, que desestima el recurso de reposición presentado por la inculpada contra la resolución N° 877 de 2023 -la cual, como se mencionó anteriormente, rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto sobre la resolución N° 1 de 2023 del HLCM, que impuso la sanción disciplinaria en cuestión-, está adecuadamente fundamentada. Dicha resolución contiene un análisis detallado de los elementos en los que se basa la decisión, respaldados por antecedentes y diligencias presentes en el expediente sumarial, tal como se desprende de su texto y de la resolución exenta mencionada.

Agrega que al emitir la resolución exenta N° 2.716 de 2023, la I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago constató que la recurrente no presentó nuevos elementos que pudieran modificar lo previamente resuelto por la resolución exenta N° 877 de 2023. Esta última resolución detalla los fundamentos de hecho y de derecho por los cuales se rechazó el reclamo de ilegalidad, concluyendo que las circunstancias alegadas por la recurrente no justificaban eximirla de responsabilidad. Se comprobó que la señora nombre reservado tenía la responsabilidad de velar por la salud del niño afectado y debía haber realizado acciones para diagnosticar, pronosticar o tratar directa o indirectamente al menor, lo cual no ocurrió.

En segundo lugar, en lo relativo al decaimiento del procedimiento administrativo, indica que de acuerdo con el artículo 27 de la ley N° 19.880, los plazos establecidos por la ley para los trámites y decisiones de la Administración no son fatales, salvo que exista una disposición legal expresa en contrario. Estos plazos tienen como objetivo garantizar un buen orden administrativo en el cumplimiento de las funciones y potestades de los órganos públicos, y su vencimiento no implica por sí mismo la caducidad o invalidación de los actos administrativos. Esta interpretación ha sido respaldada por la jurisprudencia administrativa de esta Contraloría en los dictámenes Nos. 4.571 de 2015, 22.453 y 86.579, ambos de 2016.

Refiere que no ha operado el decaimiento del procedimiento disciplinario, ya que para que esto ocurra es necesario que se inicie un procedimiento administrativo que se paralice durante dos años, lo que resultaría en su extinción y pérdida de eficacia. En este caso, el procedimiento sumarial se inició en el año 2016 mediante la resolución exenta N° 5.873 de ese mismo año, pero los cargos fueron formulados en enero de 2019, por lo que no se ha cumplido el plazo necesario para que se configure el decaimiento del procedimiento, considerando las interrupciones y suspensiones legales del plazo de prescripción de las acciones disciplinarias y penales correspondientes.

En tercer lugar, en lo que concierne a la prescripción de la responsabilidad administrativa, indica que no es posible determinar a través de este recurso si se cumplen los requisitos para la aplicación de la prescripción de la responsabilidad administrativa, ya que los supuestos de hecho que deben ser evaluados implican análisis, discusión y pruebas. Por lo tanto, este asunto no corresponde al ámbito cautelar del recurso de protección.

Además, señala que debe tenerse en cuenta el fallo en los autos rol N° 15.424-2022 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco, confirmado por la Excma. Corte Suprema en la causa rol N° 80.801-2022 de 7 de octubre de 2022. Dicho fallo establece que no es posible solicitar la declaración de prescripción de la responsabilidad administrativa a través de este recurso, ya que dicha declaración requiere un proceso sustanciado distinto al actualmente en curso y que no se ajusta a los fines del presente recurso cautelar.

Alega que el artículo 158 de la ley N° 18.834, indica que la acción disciplinaria prescribe en un plazo de cuatro años a partir del día en que el funcionario incurrió en la acción u omisión que la origina. Sin embargo, si existen hechos constitutivos de delito, la acción disciplinaria prescribe conjuntamente con la acción penal. En este caso, se inició una causa penal el 24 de julio de 2015 por denuncia de los familiares del niño afectado, lo cual suspendió el cómputo del plazo extintivo. Por lo tanto, hasta la fecha de emisión del acto sancionatorio en cuestión, el 18 de octubre de 2021, no se ha cumplido el plazo de prescripción de la acción disciplinaria.

En cuarto lugar, respecto de la falta de participación., indica que los sumarios instruidos por Contraloría General, en virtud de los artículos 133 y siguientes de la ley N° 10.336 y la resolución N° 510 de 2013 de ese Órgano de Control, establecen distintas etapas e instancias destinadas al análisis de las circunstancias que originan el procedimiento, así como oportunidades para la formulación de defensas y alegaciones por parte del funcionario investigado, todo lo que garantiza una adecuada defensa y un debido proceso. Al dictar la resolución que propone sanciones, se consideran todos los antecedentes recopilados durante el curso del sumario, y es la autoridad competente, a través del jefe superior correspondiente, quien tiene la facultad disciplinaria y, por ende, la responsabilidad de aplicar la medida pertinente.

Agrega que la recurrente tuvo todas las oportunidades establecidas para asegurar su debida defensa, pero se logró comprobar en el proceso sumarial que la señora nombre reservado cometió las infracciones que se le imputaron a través de la formulación de cargos. Dadas las funciones importantes que desempeñaba y el incumplimiento de sus obligaciones estatutarias, que resultó en la falta de atención oportuna de un paciente y la posterior amputación de sus extremidades, se pudo establecer una infracción grave y justificar la sanción impuesta por la autoridad competente. Por lo tanto, la alegación de falta de participación debe ser desestimada, ya que los hechos fueron debidamente establecidos en el correspondiente sumario administrativo.

Destaca que la recurrente es acusada de no proporcionar la atención médica adecuada al paciente menor de edad como médico cirujano del HLCM durante la madrugada del 19 de junio de 2015, cuando fue hospitalizado de urgencia. Esto impidió un diagnóstico adecuado y el cumplimiento del procedimiento de vigilancia epidemiológica de la meningitis bacteriana, lo que resultó en un empeoramiento del estado de salud del menor. Esto constituye una infracción grave a las obligaciones estatutarias y al principio de probidad administrativa, ya que se demostró en el expediente sumarial que no se brindó la atención médica necesaria al paciente, a pesar de que esta responsabilidad recaía dentro del ámbito de competencia de la señora nombre reservado.

En quinto lugar, analiza las alegaciones relativas a las garantías constitucionales supuestamente vulneradas:

1. Igualdad ante la ley, establecido en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República: Indica que la recurrente no proporciona elementos de juicio ni ha presentado pruebas que demuestren de qué manera la actuación de Contraloría General habría violado esta garantía. Por lo tanto, no se puede sostener que se haya producido un trato discriminatorio en situaciones idénticas, ya que la igualdad ante la ley ha sido respetada rigurosamente por ese Organismo Fiscalizador.

Al respecto, menciona que la función de esta Contraloría es objetar jurídicamente una decisión de sumario solo si, al examinar los antecedentes, se aprecia alguna infracción al debido proceso, a la normativa legal o reglamentaria aplicable, o si se observa que la resolución es arbitraria. En este caso en particular, no se encontraron dichas infracciones o arbitrariedades, como se ha explicado en este informe.

2. Debido proceso, contemplado en el inciso quinto del artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental de la Constitución Política de la República: Alega que es inadmisible considerar que actuó como una comisión especial, ya que se limitó a resolver un recurso de reposición presentado por la propia recurrente contra el rechazo de su reclamo de ilegalidad, siguiendo las disposiciones aplicables y considerando las circunstancias relevantes.

De acuerdo con el artículo 20 de la Constitución, el recurso de protección solo ampara el derecho y garantía establecidos en el artículo 19 N° 3, inciso quinto, en lo relativo a que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que establezca la ley y que esté establecido con anterioridad a la comisión del hecho.

3. Libertad de trabajo, consagrado en el artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República: Indica que no se contempla no está incluido dentro de los derechos respecto de los cuales procede el recurso de protección. A pesar de que la recurrente alega una supuesta vulneración de esta garantía, no proporciona argumentos específicos ni pruebas que respalden dicha afirmación. Por lo tanto, se considera improcedente la mención genérica que hace la recurrente sobre la presunta violación de este derecho.

4. Derecho de propiedad contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución: Sostiene que la reducción de las remuneraciones de la recurrente solo se debió a la aplicación legítima de una medida disciplinaria, por lo que se ajusta a las disposiciones de la Ley N° 18.834, y no se vislumbra cómo la resolución impugnada afectaría el derecho de propiedad de la recurrente, ya que la ley misma, en su artículo 124, establece la sanción aplicada en este caso.

5. Derechos afectados en su esencia, establecido en el artículo 19 N° 26 de la Carta Fundamental: Refiere que si bien este derecho no está contemplado en el artículo 20 de la Constitución, queda claro que esta Contraloría General no ha incurrido en un acto que afecte el núcleo esencial de los derechos de la recurrente. La decisión se basa en el ordenamiento jurídico, se ha realizado un análisis argumentativo que respalda la resolución impugnada, en cumplimiento de los principios de congruencia, proporcionalidad y razonabilidad, y fundamentación.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

I.-En cuanto a la falta de legitimación:

Quinto: Que, la Contraloría General de la República, alegó la falta de legitimación pasiva, argumentando que si bien la recurrente formalmente impugna resolución exenta N° 2.716, de 2023, de esa institución, en el petitorio del recurso pide que se sobresea la causa por prescripción.

Sexto: Que, en torno a la alegación de falta de legitimación, cabe señalar que el recurso de protección dice relación con el actuar de la Contraloría General de la República, en el uso de su facultad revisora y de control. Por cuanto, las alegaciones de la recurrente, a su respecto, están vinculadas a la decisión de esa entidad contralora de rechazar su reclamo de ilegalidad, denunciando garantías fundamentales vulneradas por esa actuación en particular.

Séptimo: Que, al tenor de lo expuesto en el considerando precedente, resulta dable resolver el rechazo de la alegación de falta de legitimación pasiva deducida por el órgano contralor, en razón de que el presente recurso se ha interpuesto en su contra por su actuar como órgano de control y de las resoluciones dictadas en el ámbito de su competencia, razón suficiente para descartar la referida alegación.

II.- En cuanto a la falta de emplazamiento:

Octavo: Que la resolución impugnada por esta vía es aquélla dictada por Contraloría General de La República, por lo que la alegación será desestimada, y que la presente acción cautelar, atendida su naturaleza no es de aquellas que requiera emplazamiento para su validez.

III.- En cuanto al fondo:

Noveno: Que, sin perjuicio, de lo anterior, en lo que respecta al Hospital Luis Calvo Mackenna, ha de considerarse que la recurrente reclama como ilegal y arbitrario, el actuar de la recurrida, relacionado con la tramitación del sumario administrativo, que culminó con la resolución N° 1, de 18 de octubre de 2021, mediante el cual se determinó la medida disciplinaria de suspensión del empleo de la recurrente, con 70% de remuneraciones y anotación de demérito, resolución contra la cual dedujo reclamo de ilegalidad.

Respecto de la I Contraloría Regional Metropolitana, se reclama en contra de la resolución exenta N° 2.716, de 2023, mediante la cual rechazó el recurso de reposición deducido en contra de la resolución exenta N° 877, de 2023, por el que se había rechazado el reclamo de ilegalidad interpuesto en contra de la resolución N° 1, de 18 de octubre de 2021 de HLCM.

Décimo: Que, en primer lugar, es necesario precisar que la recurrente fue objeto de un proceso sumarial, iniciado el 21 de julio de 2015, el que en una primera etapa cerró la investigación sumaria, mediante resolución exenta N°38 del año 2016, en la que se sobreseyó sin formulación de cargos. Sin embargo, el procedimiento finalizó con la resolución impugnada, mediante la cual se le aplicaron las medidas disciplinarias señaladas precedentemente.

Undécimo: Que, en definitiva la recurrente pretende objetar por esta vía, el resultado de un proceso de investigación de larga data tramitado por la I Contraloría Regional Metropolitana, en el cual participó activamente, presentando sus descargos, y declarando, y agotando la vía recursiva administrativa, establecida en la ley.

Duodécimo: Que, la Contraloría General de la República como organismo autónomo, tiene la facultad de ejercer el control de legalidad de los actos de la Administración, a través de la toma de razón de los mismos, o representando la ilegalidad de que puedan adolecer.

A su vez, la ley N° 10.336 y sus modificaciones, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, previene que corresponde a ésta, el control de todos los Servicios Públicos creados por ley, tomando razón de las resoluciones de los Jefes de Servicio o representando su ilegalidad, reglando la formalidad y plazos que deben observar en dichos trámites, velando además por el cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Administrativo.

Décimo tercero: Que de acuerdo lo reseñado precedentemente, resulta dable concluir que la Contraloría consecuentemente, actuó dentro del ámbito de sus atribuciones, por lo que no ha incurrido en una actuación arbitraria, esto es, antojadiza, caprichosa o contraria a la razón, como lo representa la recurrente, así como tampoco ilegal.

Décimo cuarto: Que, asimismo, y como se advirtió anteriormente, lo que en el fondo se solicita por la recurrente, implica pronunciarse respecto de una situación en la que se encuentran involucrados derechos que fueron objeto de un proceso administrativo, legalmente tramitado, lo que resulta del todo inconducente por esta vía cautelar, la que por su naturaleza, no constituye una instancia declarativa, sino que requiere que el derecho que se estima amagado, cuya protección se reclama tenga el carácter de indubitado, lo que, en la especie, no concurre, excediendo, por lo tanto, el ámbito de esta especial acción constitucional.

Décimo quinto: Que, consecuentemente, y como se ha venido relacionando, no habiéndose producido la conculcación de alguna norma de rango legal o constitucional por las recurridas, ya sea mediante su aplicación en forma ilegal o arbitraria como lo sostiene la actora, y no habiéndose incurrido en actuación arbitraria, esto es, de manera antojadiza, caprichosa o contraria a la razón, ni en ilegalidad, como se reprocha, sino que por el contrario, las decisiones han sido emitidas conforme a las legítimas atribuciones del ente contralor, por lo que, resulta entonces viable concluir que no se han conculcado las garantías constitucionales por las que se ha recurrido de protección.

Décimo sexto: Que, sin perjuicio de la conclusión a que se ha arribado, en lo tocante a la alegación de la actora, relativa al decaimiento del acto administrativo municipal, es preciso destacar que el criterio básico para asentar el decaimiento del procedimiento administrativo no sólo se relaciona con el transcurso del tiempo, sino que el eje esencial se relaciona con la falta de eficacia del acto que en virtud de la demora en la decisión, afecta el contenido jurídico del procedimiento administrativo transformándolo abiertamente en ilegítimo, determinando que éste se torne inútil, cuyo no es el caso, toda vez que, además que la teoría del decaimiento del procedimiento administrativo sancionador, no posee consagración normativa en nuestro derecho, la misma no puede configurar una causal de extinción de los actos administrativos, toda vez, que éstas se encuentran taxativamente indicadas en el artículo 40 de la Ley N° 19.880; y a mayor abundamiento, el plazo de seis meses que estatuye el artículo 27 de la Ley N° 19.880, no es un plazo de caducidad, sino una regla de celeridad, cuyo incumplimiento, solo trae consigo consecuencias de orden interno disciplinario, y no de tipo sancionatorio, como la nulidad o invalidación del acto.

Consecuentemente, esta alegación será desestimada.

Décimo séptimo: Que, así las cosas, el recurso en estudio, no puede prosperar, debiendo desecharse.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 N° 24 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de Contraloría General de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N° 9196-2023.-