Protección contra Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad

C.A. de Santiago Santiago, ocho de junio de dos mil veintiuno.

A los escritos folios 19 y 20, estése a lo que se resolverá.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que en estos autos Rol N° 91.899-2020 caratulados “nombre reservado con nombre reservado” por presentación ingresada a esta Corte con fecha 17 de octubre de 2020 comparece don nombre reservado, licenciado en derecho, ciudadano español, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone inicialmente recurso de amparo constitucional conocido bajo el Rol N°2060-2020 (libro de amparo), pero al cual esta Corte por resolución de fecha diecisiete de octubre de dos mil veinte, le dio tramitación de acción constitucional de protección, declarándolo así, admisible, en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública representado por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado del mismo nombre, todo ello por haber sido aparentemente vulnerado el derecho a la libertad personal del recurrente, entre otros derechos que se detallaran en los siguientes párrafos, consagrados en la Constitución Política de la República.

Funda su recurso señalando que, ingresó a Chile con fecha 21 de agosto de 2018, en calidad de turista, solicitando dentro del plazo legal, su respectiva Visa Profesional, la cual le fue aprobada y otorgada el 16 de abril de 2019, en calidad de Visación Temporaria como Titular.

Posteriormente, registra el beneficio de residencia temporaria otorgado tanto ante la Policía de Investigaciones (PDI) como ante el Registro Civil e Identificación, siendo este último organismo quien le asigna el número de cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado.

Alude a que, en este estado, comienza a ejecutar laborales de forma independiente, iniciando actividades ante el Servicio de Impuestos Internos con fecha 7 de agosto de 2019.

Expresa que, previo al vencimiento de la Visa Temporaria que se le había otorgado y contando con cada uno de los requisitos exigidos por el Departamento de Extranjería y Migración, con fecha 13 de abril de 2020 procede a realizar la correspondiente Solicitud de Permanencia Definitiva (PEDE), encontrándose dentro del plazo legalmente establecido, para gestar dicho trámite. La solicitud de Permanencia Definitiva fue debidamente recepcionada por la recurrida, quedando signada bajo el número de solicitud 3977403.

Añade que, de la solicitud de Permanencia Definitiva, realizada por el recurrente, se obtuvo de manera automática el documento “Solicitud de Permanencia Definitiva en trámite”, en base al cual el recurrente estaba facultado para desarrollar actividades lícitas remuneradas autorizadas por su permiso de residencia, así como, para salir y entrar al territorio nacional, esto por una validez de seis meses desde su fecha de emisión.

De lo expuesto, a la fecha de la presentación del recurso, el recurrente se encuentra sin disposición de la permanencia definitiva y sin el documento que lo faculte para desarrollar actividades licitas remuneradas autorizadas por su permiso de residencia, así como salir y entrar al territorio nacional; toda vez que, el documento antes citado ha expirado, y el sistema de solicitud que ofrece la recurrida a través de su página web “https://tramites. extranjeria.gob.cl', no le permite la renovación de éste, que se presupone de manera automática.

Sostiene que esta omisión tan prolongada en el tiempo le ha traído graves consecuencias, sociales, laborales, mercantiles, comerciales y civiles que implican consecuencias hasta el punto de encontrarse limitado y restringido de movilizarse libremente y viajar fuera del territorio nacional.

En razón a lo anterior, estima se estaría vulnerando la garantía de igualdad ante la ley, contenida en el artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política; el derecho de presentar peticiones a la autoridad, contenida en el numeral 14 del citado artículo de la Constitución Política, en relación con los principios administrativos de celeridad, economía procedimental, conclusión de los actos administrativos e inexcusabilidad, regulados por la Ley N°19.880, conforme a los cuales la recurrida ha violado y/o ignorado de forma flagrante el plazo contemplado en el artículo 27 de la Ley N°19.880; igualmente, estima conculcada la garantía contemplada en el artículo 19 número 16, de nuestra Carta Magna, relativos a la libertad de trabajo y su protección. Agrega que, también se ha infringido la garantía constitucional de seguridad jurídica, contenida en el artículo 19, numeral 26 de la Constitución Política de la República; todo lo cual, además, es una omisión ilegal en la cual ha incurrido el órgano administrativo recurrido que, perturba su libertad personal.

Concluye solicitando de esta Corte, tener por interpuesto este recurso en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por no dar respuesta oportuna a la solicitud de Permanencia Definitiva presentada con fecha 13 de abril de 2020, requiriendo que, se restablezca el imperio del derecho, ordenando a la recurrida dar respuesta a la solicitud realizada por el recurrente.

SEGUNDO: Que con fecha 11 de noviembre de 2020, comparece el abogado don Antonio Henríquez Beltrán, en representación del Jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, solicitando el rechazo del presente recurso, en todas sus partes, por no existir acción u omisión ilegal ni arbitraria que vulnere, perturbe o amenace los derechos fundamentales del recurrente y, muy por el contrario, la autoridad recurrida habría ceñido su actuar al marco de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias vigentes.

Informa que, el ciudadano extranjero de nacionalidad española, nombre reservado, registra ingreso al territorio nacional en calidad de turista, con fecha 21 de agosto de 2018, a través del Aeropuerto Internacional de Santiago “Comodoro nombre reservado”. Se extendió tarjeta de turismo vigente al extranjero, válida hasta el 21 de noviembre de 2018.

Por correo postal, remitido el mismo 21 de agosto de 2018, el señor nombre reservado solicitó visa temporaria ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, además de autorización para desempeñar actividades remuneradas mientras estuviera en trámite su visa.

Luego, mediante los servicios digitales dispuestos al efecto, con fecha 22 de agosto de 2018, el señor nombre reservado solicitó autorización para realizar actividades remuneradas mientras tuviera permiso de turismo.

Por Resolución Exenta N° 276534, de fecha 22 de agosto de 2018, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se concedió autorización de trabajo al señor nombre reservado, en calidad de turista, válido hasta el 21 de septiembre de 2018.

Seguidamente, por Resolución Exenta N° 382932, de fecha 17 de diciembre de 2018, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se concedió autorización de trabajo al señor nombre reservado, mientras se tramitara su solicitud de visa temporaria.

La Resolución Exenta N° 98823, de fecha 16 de abril de 2019, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, concedió visa temporaria al señor nombre reservado. Esta visa se mantuvo vigente entre el 13 de junio de 2019 y el 13 de junio de 2020.

A continuación, por los canales digitales dispuestos, con fecha 7 de abril de 2020, el recurrente ingresó solicitud de permiso de Permanencia Definitiva ante el Departamento de Extranjería y Migración. Aquella, se tuvo por recibida y emitido el certificado de Permanencia Definitiva en trámite el día 13 de abril de 2020, válido por seis meses, y que acredita la residencia legal del recurrente. Este certificado, expone la autoridad recurrida, habilita al recurrente a continuar ejecutando las actividades lícitas autorizadas por su visa anterior y a salir e ingresar del país de forma regular. Dicho comprobante tuvo vigencia hasta el 13 de octubre de 2020.

Posteriormente, de oficio y, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 135 del Decreto Supremo N° 597, de 1984, “Reglamento nombre reservado”, se amplió dicho certificado hasta el 13 de diciembre de 2020, por lo que el extranjero continuaba en situación migratoria regular, habilitado a desarrollar todo tipo de actividad lícita, salir e ingresar del territorio nacional.

Añade el órgano informante que, en la actualidad, la solicitud del recurrente se encuentra en etapa de análisis de admisibilidad y, mientras continúe su tramitación, el ciudadano extranjero siempre podrá ampliar su comprobante de permiso de permanencia definitiva en trámite mediante los canales digitales de esa autoridad, y utilizando su clave única del Estado.

Requiere en definitiva, que en atención a lo expuesto, se rechace en todas sus partes la acción constitucional de protección, atendido a que no existe acción u omisión ni ilegal ni arbitraria desplegada por la autoridad migratoria recurrida que pueda afectar alguno de sus derechos fundamentales tutelados por este recurso, habiendo ceñido la recurrida su actuar a las facultades constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y encontrándose el recurrente en situación migratoria regular.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que lo impugnado por medio de esta acción extraordinaria tramitada como protección de garantías constitucionales es, en definitiva, el hecho que la autoridad recurrida, a la sazón, el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, no haya otorgado una respuesta oportuna a la solicitud de Permanencia Definitiva de fecha 13 de abril de 2020 elevada a su resolución por el recurrente don nombre reservado, impidiendo con ello el ejercicio de sus derechos al recurrente tanto en sus labores económicas, como en su necesidad de salir y reingresar a territorio nacional.

QUINTO: Que, de acuerdo a la documentación acompañada por el recurrente, consta que por Resolución Exenta N° 98823, de 16 de abril de 2019, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se concedió visa temporaria al recurrente, con vigencia entre el 13 de junio de 2019 y el 13 de junio de 2020. Consta asimismo que el 7 de abril de 2020 ingresó una solicitud de permiso de Permanencia Definitiva, emitiéndose el certificado de Permanencia Definitiva en trámite el 13 de ese mes y año, válido por seis meses y que se extendió en definitiva hasta el 13 de diciembre de 2020.

De acuerdo a la normativa vigente, este último documento acredita la residencia legal en el país del peticionario, lo faculta para seguir desarrollando las actividades lícitas remuneradas autorizadas por su permiso de residencia anterior si su situación migratoria es regular al momento de la solicitud y le permite salir y entrar al territorio nacional. El comprobante tiene una validez de seis meses desde la fecha de su emisión, no obstante no faculta para renovar la cédula de identidad hasta que la solicitud sea resuelta.

SEXTO: Que, en este escenario, cabe señalar que el Decreto Supremo N° 34 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de 1 de abril de 2020, extiende en su artículo 1° la vigencia de las cédulas de identidad para extranjeros en el evento que hubiesen ingresado a trámite una solicitud de permiso de permanencia definitiva ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, tal como acontece en el caso del recurrente.

De acuerdo a la letra b) de esta norma, la vigencia se extiende por un año a contar de la fecha del vencimiento, en el caso de las cédulas de identidad para extranjeros que hayan expirado o expiren durante el año 2020, cuya es también la situación de quien recurre.

Finalmente agrega el inciso segundo del precepto, en lo que interesa, que para los efectos de comprobar la vigencia de la cédula de identidad para extranjeros, la circunstancia de haberse ingresado a trámite una solicitud de permiso de permanencia definitiva, se acreditará, ante otros particulares o ante organismos públicos, mediante los comprobantes que proporcionen las autoridades mencionadas en el inciso primero.

A su turno, el artículo 2° prescribe que las cédulas de identidad cuya vigencia se hubiese extendido en virtud del presente decreto servirán para acreditar la identidad del extranjero en territorio nacional y podrán ser utilizadas por sus titulares en diligencias, trámites y gestiones que requieran la exhibición de este documento.

SÉPTIMO: Que, conforme a la normativa anterior, debe concluirse que la cédula de identidad para extranjeros del recurrente se encuentra actualmente vigente en virtud de la extensión dispuesta en la letra b) del artículo 1° del Decreto Supremo N° 34, hasta el 13 de junio del año en curso y este mismo documento lo habilita, de acuerdo al artículo 2°, para acreditar su identidad y exhibirla en el evento que le sea requerido.

Pues bien, como se transcribió más arriba, la extensión de la vigencia de la cédula de identidad requiere necesariamente para producir efectos que el titular haya ingresado a trámite una solicitud de permiso de permanencia definitiva ante la autoridad administrativa, de modo tal que para los efectos de comprobar la vigencia extendida de la cédula de identidad habrá exhibirse el comprobante de haberse ingresado a trámite la petición que entrega esa misma autoridad. En el caso del recurrente ese comprobante señala explícitamente que tiene una validez de seis meses contados desde la fecha de su emisión, la que como se dijo, tuvo lugar el 13 de abril de 2020, con vigencia extendida hasta el 20 de diciembre del mismo año, de forma que no puede estimarse que cumpla la función que le otorga la regla recién referida.

OCTAVO: Que, ahora bien, no es controvertido que ante la formulación de la solicitud de permiso de residencia definitiva la autoridad ha dejado transcurrir más de seis meses sin siquiera pronunciarse acerca de la admisibilidad de la misma, se ha invocado por el recurrido para procurar justificar esta evidente demora, que no obstante que el artículo 27 de la Ley N° 19.980 dispone que el procedimiento administrativo no podrá exceder de seis meses desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final, el mismo precepto señala que ello es salvo caso fortuito o fuerza mayor, lo que se ha procurado justificar sobre la base de la gran cantidad de solicitudes pendientes de decisión y las restricciones que ha impuesto la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país.

Si bien la alegación anterior puede estimarse plausible, lo cierto es que la inactividad de la Administración ha colocado al recurrente en una situación de irregularidad migratoria que no encuentra sustento en la normativa vigente y que, por lo mismo, resulta ilegal y vulneradora del derecho que la Carta Fundamental le reconoce en el N° 2 del artículo 19, en tanto habiendo realizado los mismo trámites que otros extranjeros que se hallan en su mismo escenario, no cuenta con los mismos derechos que éstos o, al menos, con la documentación pertinente que lo acredite de manera fehaciente a fin de hacerlos valer.

NOVENO: Que, en tales condiciones, el presente recurso, en concepto de ésta Corte habrá de ser acogido, como se dirá en lo resolutivo.

Por las razones antes expuestas y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ordenando a la señalada repartición pública recurrida pronunciarse en el más breve plazo respecto de la admisibilidad de la solicitud de visa de permanencia definitiva formulada por el recurrente.

Acordada contra el voto del abogado integrante señor Rieloff, quien fue de opinión de rechazar el recurso, en razón a los siguientes argumentos:

1.- Que el artículo 135 del Decreto N°597 sobre Reglamento nombre reservado, a propósito de los procedimientos administrativos para la obtención de los permisos respectivos a los que puede acceder un ciudadano extranjero dispone, en su inciso primero que: “Contra la presentación de las solicitudes a que se refiere el presente Título la autoridad receptora de ellas entregará al recurrente un comprobante que certifique tal circunstancia, cuya validez será determinada de acuerdo a la solicitud de que se trate y proceso resolutivo de la misma, pudiéndose, a petición del extranjero, renovar su vigencia, si la solicitud se encontrare pendiente de resolución.”

A su vez, el artículo 157 del mismo texto reglamentario, preceptúa en su numeral 5to., lo siguiente: “En general, la residencia legal en el país puede acreditarse con alguno de los siguientes documentos vigentes: 5. Comprobante establecido en el artículo 135.”

2.- Que, de este modo, no se advierte la existencia de alguna ilegalidad que deba ser corregida por este recurso de rango constitucional, desde que, efectivamente – como bien lo ha manifestado en su informe la autoridad administrativa recurrida – el peticionario ha podido y así lo ha hecho, presentar su solicitud de Permanencia Definitiva la que se encuentra en trámite y que por esa sola circunstancia está habilitado legalmente para permanecer en el territorio nacional, continuando el desarrollo de sus actividades económicas lícitas y ejerciendo los derechos y cumpliendo las obligaciones que tanto esta Carta Fundamental, como la demás legislación, le proveen como persona, entre otros, la salida e ingreso al país, sin más limitaciones que las que el propio ordenamiento jurídico disponga.

3.- Que, en abono a la conclusión anterior, ilustra la reciente legislación publicada en la materia, Ley N°21.235 (D.O.20.04.2021) que, aunque aún no rige producto de un período de vacancia fijado en su artículo undécimo transitorio, permite corroborar que la sola circunstancia de presentar una solicitud de Permanencia Definitiva ante la autoridad administrativa competente, como acontece en la especie con el recurrente de autos, y mientras su tramitación se encuentre pendiente su situación migratoria será regular. En efecto, el inciso cuarto del artículo 37 de la Ley en comento, dispone a propósito de la regulación de las categorías migratorias, en lo que interesa al otorgamiento, prórroga y revocación de los permisos de residencia, lo siguiente: “…La vigencia de la residencia en trámite será prorrogada de forma automática en tanto no se resuelva la solicitud respectiva.”; a lo que se debe sumar lo preceptuado en el inciso final del artículo 43 del aludido texto legal, acerca de las cédulas de identidad, estableciendo que: “Se entenderá que la cédula de identidad mantiene su vigencia, siempre y cuando el extranjero acredite que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente o hasta que la autoridad migratoria resuelva la respectiva solicitud.”

4.- Que, asimismo, tampoco se aprecia la existencia de una arbitrariedad en el actuar de la autoridad migratoria, particularmente, dada la demora que acusa el recurrente en la tramitación de su solicitud de Permanencia Definitiva, en la medida que, la actual situación de pandemia producto del COVID-19 que afecta a todo Chile y el alto número de peticiones de esta naturaleza que debe procesar el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, permiten comprender una natural tardanza o enlentecimiento en esta tramitación; lo que, en todo caso, no impide al recurrente permanecer en nuestro país, como ya se razonó previamente, y ejercer sus actividades con plenitud de garantías, todos elemento suficientes, para éste disidente, que permitirían desestimar este arbitrio constitucional en los términos en que ha sido planteado por el recurrente.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante señor Rodrigo Rieloff Fuentes.

N°Protección-91899-2020.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Jaime Balmaceda Errázuriz e integrada por la Ministra señora Lilian Leyton Varela y por el Abogado Integrante señor Rodrigo Rieloff Fuentes. No firma el Abogado Integrante señor Rieloff por encontrarse ausente.