nombre reservado con POLICIA DE INVISTIGACIONES DE CHILE
- Fecha
- 17 de febrero de 2021
- Sala
- Tercera
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 91851-2020, sentencia de 17 de febrero de 2021
Resumen
Se rechaza la protección contra la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI por la demora en diligenciar una orden de investigar, al haberse evacuado íntegramente el informe policial y desaparecer la amenaza actual; además, la vía cautelar no es idónea para tales reproches.
Texto íntegro
C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno.
Proveyendo a los folios 13 y 15: a todo, téngase presente.
Vistos y teniendo presente:
Primero: Que el 16 de octubre de 2020 comparece doña nombre reservado deduciendo acción de protección en contra de la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones, representado legalmente por el jefe de servicio General nombre reservado, fundado en el retraso de las labores investigativas que debían ser realizadas por la recurrida, frente a la denuncia de abuso sexual realizada, estimando que se vulneran las garantías constitucionales del artículo 19 Nº1, 2 y 3 de la Constitución Política de la República.
Explica que fue víctima del delito de abuso sexual con contacto corporal a menor de 14 años por el período de tiempo comprendido entre los años 2006 y 2012, es decir, desde sus 9 años de edad hasta los 15, por parte de nombre reservado, quien es su padre biológico, interponiendo en abril del año 2019, una querella criminal ante el 2° Juzgado de Garantía de Santiago RIT O-4709-2019, dándose inicio a la causa penal RUC 1910020053-0, investigada y seguida por la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.
Indica que, en ese contexto, la Fiscalía emite una Orden de Investigar a la BRISEXME Metropolitana de la Policía de Investigaciones en Oficio N°062019/FEP/326784 el 6 de junio de 2019 y posteriormente, con fecha 9 de junio de 2020, remite Ampliación de la Orden de Investigar por Oficio N°062020/FEP/341366.
Señala que el CVS Metropolitano (Centro de Atención Reparatoria a Mujeres Víctimas de Agresión Sexual) solicitó en reiteradas ocasiones a Fiscalía que se pidiera cuenta a la BRISEXME relativas a la Orden de Investigar. La primera de ellas se efectuó el 15 de octubre de 2019, la que luego de ser aprobada, logra que se remita "pide cuenta" mediante Oficio N°102019/FEP/331816. Posteriormente, el 2 de febrero de 2020, se ingresa una nueva solicitud pidiendo cuenta de este oficio mediante la plataforma SIAU, la que provoca que Fiscalía pida cuenta mediante correo electrónico a la Brigada, sin embargo, ésta no emite respuesta alguna.
Finalmente, el 15 de abril de 2020 se ingresa una reiteración de la solicitud antes mencionada, de la que se volvió a pedir cuenta a la Brigada a través de correo electrónico.
Hace presente que, como gestión independiente del CVS Metropolitano en su representación, se concurrió presencialmente a la Brigada de Delitos Sexuales y Menores para averiguar quién tenía a cargo la diligencia y se llamó varias veces en días hábiles y a horas distintas, intentando coordinar la realización de las mismas, no teniendo éxito por esta vía.
Plantea que a raíz de estos hechos se siente vulnerada por lo entes investigativos, ya que se ha vuelto dañina la espera de la realización de actividades de investigación, lo que agrava el hecho en sí mismo, revictimizándola. Si bien reconoce que los procesos legales en general son largos, habiendo un vacío normativo en el sentido que no hay norma legal que indique un plazo de investigación penal desformalizada, esperaba que ante un delito de esta connotación y gravedad existiera celeridad.
Agrega que la situación de contingencia sanitaria no justifica la demora, pues se siguieron realizando diligencias en un sinnúmero de causas y se tomaron medidas para continuar con el trabajo y que no implicara un riesgo para los funcionarios, como por ejemplo tomar la declaración de testigos vía remota, ya sea por correo electrónico o por llamada telefónica, diligencia que fue aprobada por la Fiscalía.
Concluye que, a la fecha de presentación de este recurso, se presenta un retraso de 15 meses en las diligencias de investigación, negligencia gravísima ya que debido al retardo en su ejecución provoca que actualmente la presente causa no cuente con pruebas importantes para el esclarecimiento de los hechos, impidiendo el avance y desenvolvimiento del proceso y, en consecuencia, el acceso a la justicia en sentido amplio.
Solicita se ordene realizar los peritajes indicados en la Orden de Investigar Oficio N°062019/FEP/326784 del 6 de junio de 2019 y en su respectiva Ampliación, Oficio N°062020/FEP/341366 de fecha 9 de junio de 2020 y adoptar todas las medidas tendientes al restablecimiento del imperio del derecho, ordenando al recurrido a remitir a la brevedad dicho informe al Ministerio Publico, con expresa condena en costas.
Segundo: Que, informando don nombre reservado, Fiscal Adjunto (S) del Ministerio Público, en causa RUC 1910020053-0, señala que tal como lo consigna la recurrente, esta investigación se inicia por querella presentada con fecha 24 de abril de 2019, ante el 2° Juzgado de Garantía de Santiago, el cual la declara admisible el día 30 de abril, remitiéndose a la Fiscalía Santiago Norte, para su investigación.
Hace presente que, una vez recibida la querella, se procede a citar a la víctima a prestar declaración, lo que se efectúa con fecha 6 de junio de 2019, en la cual confirma y relata los hechos señalados en su querella.
Indica que, con esa misma fecha, se envía Orden de Investigar a la Policía de Investigaciones de Chile, específicamente a la Brigada de Delitos Sexuales y Menores Metropolitana (BRISEXME), en la cual se ordena, entre otras diligencias: 1. Identificar el lugar en el que fue abusada la víctima y fijarlo fotográficamente, el que se encuentra ubicado en domicilio reservado; 2-. Empadronar y tomar declaración a testigos presenciales o de oídas de los hechos, incluyendo a su madre, a su amiga Javiera y a su madre Minda, a su pololo de ese tiempo Ignacio, a su polola de ese tiempo Deyanira, a su pareja actual Renato, así como a sus amigas Alejandra y Francesca; 3. Identificar y tomar declaración voluntaria la psicóloga que atendió a la víctima nombre reservado, solicitando que emita informe de atención; 4. Establecer la identidad y domicilio del imputado, concurrir a tomarle declaración, por expresa delegación del Fiscal que suscribe, previa lectura de derechos y apercibirlo conforme con el artículo 26 del Código Procesal Penal. Verificar si cuenta con antecedentes penales u órdenes de aprehensión pendientes; 5. Evaluar la necesidad de adoptar medidas de protección a favor de la víctima o de testigos; 6. Todas aquellas dirigidas al esclarecimiento de los hechos denunciados y la identificación del agresor; 7. Establecer en las conclusiones del Informe respectivo la síntesis de la información solicitada en la presente orden de investigar.
Afirma que en su momento se otorgó un plazo de 45 días para la realización y remisión de las diligencias ordenadas.
Agrega que el 6 de junio de 2019, se solicita al CAVAS Metropolitano la evacuación de un peritaje de Credibilidad y Daño al relato otorgado por la víctima. Sin embargo, el 20 de junio, Cavas Metropolitano informa que la lista de espera para la realización de la pericia es, a lo menos, de 14 meses.
Indica que los días 18 de octubre de 2019, 10 de enero, 17 de abril, 9 de junio y 12 de agosto de 2020, se solicita cuenta de la orden de investigar.
Concluye que al día de hoy se encuentra pendiente tanto la orden de investigar como la pericia de credibilidad y daño.
Estima que es lamentable el tiempo de tramitación de este tipo de investigaciones, sin embargo, afirma que hay que tener presente que, en la Región Metropolitana, sólo son dos las unidades especializadas en la investigación de delitos de carácter sexual, la 35° Comisaría de Carabineros y la BRISEXME, las cuales deben hacerse cargo de todas las diligencias que deban realizarse en la región. También se hace presente que, desde hace un año, la 35° Comisaría de Carabineros ha visto disminuido su personal, por lo que la Fiscalía endosa las instrucciones particulares y órdenes de investigar en casi su totalidad a la Brisexme, lo que conlleva una carga de trabajo mayor y su correspondiente demora en su tramitación.
Tercero: Que informando doña nombre reservado, Jefa de la Brigada de Delitos Sexuales Metropolitana señala que se recibió en la unidad policial con fecha 28 de agosto de 2019, la Orden de Investigar dispuesta por medio de Oficio N°062019/FEP/326784, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, por el delito de Abuso Sexual de Menor de 14 años con Contacto Corporal, en RUC N° 1910020053-0, a cargo de la Fiscal Alejandra Moglia Contreras, cuyas diligencias de investigación en cuanto a entrevistas específicas de ciertos testigos fue complementada posteriormente por intermedio del Oficio N° 062020/FEP/341366, recibida el 24 de junio de 2020, en la misma causa RUC. Hace presente que estos oficios que encomendaban diligencias policiales, fueron enviados de parte del Ministerio Público con fechas 6 de junio de 2019 y 9 de junio de 2020, respectivamente.
Reconoce que la tramitación y cumplimiento de dichos actos de investigación policial traducidos en la confección material de un informe policial no fueron cumplidos dentro del plazo esperado y deseable necesariamente por la víctima e interesada, dado que inicialmente dicho decreto primitivo fue endosado a la Comisaria nombre reservado, quien por enfermedad y licencia médica no pudo cumplir dicha obligación, siendo posteriormente re endosado a la Comisaria nombre reservado, quien igualmente no había tramitado las gestiones investigativas.
Añade que en la actualidad, dichas actuaciones de investigación fueron tramitadas en su totalidad, evacuándose el Informe Policial N° 5156, el 8 de noviembre de 2020, de la Brigada Especializada, direccionado a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, hecho con el cual se espera cumplir el imperativo legal de la Policía representada por la Brigada en orden a su rol como auxiliar en la persecución penal que realiza el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia y por supuesto satisfacer las pretensiones de avance de la causa para la víctima y recurrente por el recurso.
Hace presente que lamentablemente posee una carga laboral de importancia y una dotación que es insuficiente para cubrir la demanda de toda la Región Metropolitana que posee un orden RUT reservado habitantes aproximadamente, absorbiendo en la totalidad el trabajo que ordena el Ministerio Público Metropolitano y de las diversas ciudades de Chile, más las acciones de protección que emanan de los Tribunales de Familia, Tribunales Especializados y Justicia Militar, entre otras, hechos que sin duda conllevan una carga de trabajo mayor y su correspondiente demora en la tramitación. Sumado a ello, desde el estallido social, de octubre del 2019, como Institución se han comprometido al resguardo de la paz social, realizando servicios extraordinarios que también añaden una importante carga laboral.
Remite copia íntegra del Informe Policial N° 5156, de fecha 8 de noviembre de 2020, evacuado a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, donde se concretaron las diligencias pendientes a favor de la víctima y recurrente.
Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.
Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.
Quinto: Que, resolver el conflicto planteado mediante este arbitrio importa determinar primero, la existencia del acto impugnado, esto es, la demora excesiva en el diligenciamiento de la orden de investigar remitida a la recurrida mediante Oficio N°062019/FEP/326784 de 6 de junio de 2019, y posteriormente, si aquella constituye, a esta fecha, un actuar ilegal y/o arbitrario de la recurrida y, por tanto, si tal proceder afectó o amenaza las garantías constitucionales invocadas.
Sexto: Que de los antecedentes allegados a la causa, en especial, lo informado por la recurrida Brigada de Delitos Sexuales Metropolitana, en orden a que las actuaciones de investigación encomendadas fueron tramitadas en su totalidad, evacuándose el Informe Policial N° 5156 de la Brigada Especializada el 8 de noviembre de 2020, direccionado a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, lo que además se ha refrendado con el mérito de documento acompañado, obteniéndose así la finalidad pretendida por el libelo, por lo que no es posible advertir una privación, perturbación o amenaza actual de las garantías constitucionales que se han invocado que faculte a esta Corte a adoptar medida alguna en favor de la solicitante en relación al acto denunciado como fundamento de la acción cautelar, al haber perdido oportunidad, todo lo cual obliga a desestimar el recurso interpuesto, resultando innecesario pronunciarse sobre las demás alegaciones planteadas por las partes.
Séptimo: Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que el recurso de protección no es la vía idónea para conocer la materia planteada por la recurrente ni pronunciarse respecto de las distintas omisiones y reparos que acusa en estrados en relación a la orden de investigar diligenciada, atendida la naturaleza cautelar de la acción constitucional interpuesta.
Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado.
Regístrese y, oportunamente, archívese.
N° Protección 91851-2020 Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por el Ministro señora Jenny Book Reyes, el Ministro (S) señora Paula Rodriguez Fondon y el Abogado Integrante señor David Peralta Anabalon.
Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.
En Santiago, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.