nombre reservado con AFP CUPRUM S.A.

C.A. de Santiago Santiago, siete de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña Carla Nicole Cañón Rubio, abogada, en representación de don nombre reservado, de nacionalidad italiana, e interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo, comunicado por carta de 12 de marzo de 2026, de la solicitud de devolución de fondos previsionales para técnicos extranjeros que formuló al amparo de la Ley N° 18.156, decisión que, en su concepto, vulnera las garantías de igualdad ante la ley y de propiedad que aseguran los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Funda el arbitrio señalando que el recurrente es ingeniero mecánico titulado por la Universidad de Carabobo, Venezuela, título que cuenta con apostilla otorgada el 25 de septiembre de 2018, y que ingresó a trabajar a Chile en virtud de contrato celebrado el 1 de octubre de 2018 con South American Inspection Services SpA, con domicilio en Punta Arenas, para desempeñarse como administrador regional y de recursos humanos. Expone que mediante anexo suscrito con su empleadora las partes modificaron la cláusula previsional del contrato y acordaron expresamente, conforme al artículo 1° de la Ley N° 18.156, que el trabajador quedaría exento de las leyes de previsión chilenas, por encontrarse afiliado a un régimen de seguridad social fuera de Chile que le otorga prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, manifestando su voluntad inequívoca de mantener esa afiliación en su país de origen.

Refiere que, pese a haber acompañado la documentación exigida por la normativa y por la propia Superintendencia de Pensiones —certificado de afiliación de su país de origen, título profesional apostillado, cédula de identidad para extranjeros, contrato de trabajo y su anexo—, la administradora rechazó la devolución de sus cotizaciones fundada en dos motivos, a saber, que la constancia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no acreditaría cobertura de enfermedad con prestaciones médicas y pecuniarias, y que ese documento carecería de apostilla.

Sostiene que ambas motivaciones son arbitrarias e ilegales. La primera, ya que la Ley N° 18.156 no exige que el certificado extranjero detalle pormenorizadamente el carácter de las prestaciones, bastando la acreditación de pertenencia a un régimen que las otorgue, extremo que se satisface con la transcripción del artículo 1 de la Ley del Seguro Social venezolana —aprobada bajo la Gaceta Oficial N° 5.976, de 2010— contenida en la propia constancia, que da cuenta de cobertura en las contingencias de enfermedad, accidentes, invalidez, vejez, sobrevivencia, muerte, retiro y cesantía, sin que las circulares y oficios de la autoridad administrativa puedan agravar los requisitos fijados por el legislador. La segunda, pues la ausencia de representación consular venezolana operativa en Chile le impide materialmente obtener la apostilla o legalización del certificado, sin que el derecho pueda exigir lo imposible, de modo que la exigencia se transforma en una traba desproporcionada que vulnera la buena fe y el principio de juridicidad. Añade que la negativa carece de la motivación que imponen los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880 y el criterio de la Superintendencia de Pensiones contenido en el Oficio N° 26.395, de 2017, y que la recurrida le ha dispensado un trato desigual frente a otros solicitantes que, en circunstancias análogas, han obtenido respuestas favorables. Invoca, por último, jurisprudencia de diversas Cortes de Apelaciones que estima aplicable al caso.

Solicita, en definitiva, que se ordene a la recurrida reconocer la documentación suministrada y emitir un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de devolución de fondos conforme a derecho, dentro de un plazo razonable, adoptándose las demás providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, evacuando el informe requerido, comparece la abogada doña Arantxa Vásquez Ascorra, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., quien insta por el rechazo íntegro de la acción.

Alega, en primer término, su improcedencia, desde que no concurre un acto ilegal o arbitrario, sino la aplicación de una normativa previsional especial cuya interpretación corresponde a la Superintendencia de Pensiones, y tampoco existe un derecho indubitado, sino una controversia acerca del derecho del recurrente a obtener la devolución de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual, la que debe canalizarse mediante reclamo ante la propia administradora o ante el órgano fiscalizador, competente para conocer de las presentaciones de los afiliados en contra de las administradoras conforme al artículo 3 del D.F.L. N° 101, de 1980.

En cuanto al fondo, explica que la Ley N° 18.156 consagra un régimen de excepción y que la solicitud del recurrente fue desestimada por incumplimiento del requisito de la letra a) del artículo 1° de dicha ley. En efecto, la constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales acompañada a la solicitud no indica que, en caso de enfermedad, el afiliado cuente con una cobertura que comprenda prestaciones médicas y pecuniarias, como lo exige la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones contenida, entre otros, en los oficios N° 23.241, de 2016, N° 9.663, de 2017, y N° 15.932, de 2025; y, además, ese documento no se encuentra legalizado ni apostillado, formalidad indispensable para su validez en Chile según los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y las instrucciones impartidas en los oficios N° 32.365, de 2016, N° 24.089, de 2019, y N° 25.057, de 2023. Hace presente que las normas generales dictadas por la Superintendencia de Pensiones, en ejercicio de las facultades que le confieren el artículo 47 N° 8 de la Ley N° 20.255, el artículo 94 N° 3 del D.L. N° 3.500, de 1980, y el artículo 3 letra i) del D.F.L. N° 101, son vinculantes para las administradoras, que se exponen a sanciones si las desatienden.

Concluye que el rechazo de la solicitud no constituye un acto arbitrario ni ilegal, sino el cumplimiento estricto del marco normativo vigente y de los criterios técnicos definidos por la autoridad competente, e invoca pronunciamientos de las Cortes de Apelaciones de Antofagasta, Valparaíso, Santiago, La Serena y Concepción, con sus respectivas decisiones de la Corte Suprema, cuyas copias acompaña.

Tercero: Que la Superintendencia de Pensiones evacuó el informe que le fuera solicitado mediante el Oficio Ordinario N° 6.124, de 27 de marzo de 2026, en el que consigna, primeramente, que el recurrente no registra ante ese organismo reclamo alguno relativo a los hechos que motivan la acción.

Explica que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales que contempla la Ley N° 18.156 configuran un régimen de excepción, de interpretación restrictiva, aplicable únicamente si se acredita el cumplimiento copulativo de los requisitos de su artículo 1°, esto es, la afiliación a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y la manifestación, en el contrato de trabajo o en un anexo, de la voluntad del trabajador de mantener esa afiliación. Precisa que, conforme a su jurisprudencia administrativa —contenida, entre otros, en los oficios N° 21.480, de 2017, N° 23.208, de 2023, y N° 3.141, de 2024— y al número 1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, la cobertura previsional en el extranjero no se acredita con un documento que enuncie genéricamente las coberturas del sistema respectivo ni con una cartola de cotizaciones, sino con una certificación de la autoridad previsional competente, debidamente legalizada o apostillada, que consigne específicamente que el trabajador contó, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile y a todo evento, con protección por los riesgos de vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad, comprendiendo esta última prestaciones médicas y pecuniarias; criterio que recoge el espíritu de la ley, evidenciado en el Informe Técnico de 23 de diciembre de 1987, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Sostiene que la constancia electrónica acompañada por el recurrente no es apta para ese fin, pues no está firmada por quien la emite ni se encuentra apostillada ni legalizada, lo que impide que produzca efectos en Chile de acuerdo con los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el Convenio de la Apostilla, del que Chile y Venezuela son Estados Parte; a lo que se suma que el documento no señala las coberturas con que cuenta el afiliado ni permite inferir un determinado período de cobertura. Agrega que la declaración jurada prestada ante un notario público chileno carece de idoneidad para sustituir la certificación de la autoridad previsional extranjera, por recaer sobre una materia propia de la seguridad social respecto de la cual el propio afiliado no puede dar fe, y recuerda que, hasta el cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, la delegación consular de ese país extendía las certificaciones necesarias, las que debían legalizarse ante el Ministerio de Relaciones Exteriores conforme al artículo 345 ya citado. Concluye, con cita de fallos de la Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones, que lo reclamado y pretendido por el recurrente excede el ámbito de la acción cautelar del artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Su procedencia supone, en consecuencia, una acción u omisión ilegal —contraria a la ley— o arbitraria —producto del mero capricho o de una voluntad carente de razonabilidad—, que afecte una o más de las garantías taxativamente protegidas y que recaiga sobre un derecho indubitado, esto es, incorporado al patrimonio del actor de manera cierta e indiscutida, cuyo ejercicio deba restablecerse con urgencia. De ahí que esta sede no esté concebida para declarar derechos controvertidos, tarea propia de un procedimiento de lato conocimiento. En la doctrina, la caracterización del recurso de protección como un proceso constitucional de tutela de urgencia, de naturaleza cautelar, constituye la posición más extendida en nuestro medio jurídico (Bordalí Salamanca, A., “El recurso de protección entre exigencias de urgencia y seguridad jurídica”, en Revista de Derecho nombre reservado, vol. XIX, N° 2, 2006, pp. 219-220).

Quinto: Que la materia se rige por la Ley N° 18.156. Su artículo 1° exime a las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero, y a este personal, del cumplimiento de las leyes de previsión chilenas, siempre que concurran dos condiciones copulativas, consistentes en que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y en que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener esa afiliación. Su artículo 7°, a su turno, permite a los trabajadores extranjeros que registraren cotizaciones en una administradora de fondos de pensiones solicitar la devolución de los fondos que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos del citado artículo 1°.

Corresponde a la Superintendencia de Pensiones la interpretación administrativa de las normas del sistema, según lo disponen el artículo 94 N° 3 del D.L. N° 3.500, de 1980, el artículo 47 N° 8 de la Ley N° 20.255 y el artículo 3 letra i) del D.F.L. N° 101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, facultad en cuyo ejercicio ha impartido, mediante el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y su jurisprudencia administrativa, las exigencias de acreditación reseñadas en el motivo tercero, obligatorias para las administradoras fiscalizadas.

Sexto: Que en el expediente constan, sin controversia, los siguientes antecedentes:

i) El recurrente, de nacionalidad italiana y titular de permanencia definitiva en el país, celebró el 1 de octubre de 2018 un contrato de trabajo con South American Inspection Services SpA para desempeñarse en Punta Arenas como administrador regional y de recursos humanos; el instrumento consignó como regímenes previsional y de salud del trabajador la AFP Modelo y Fonasa, y estipuló expresamente que aquél cotizaría en el régimen previsional chileno, comprometiéndose la empleadora a efectuar las retenciones correspondientes.

ii) Por anexos posteriores —uno de 30 de octubre de 2018, agregado a la solicitud presentada a la administradora, y otro de enero de 2019, acompañado al recurso— las partes modificaron la cláusula previsional y pactaron, conforme al artículo 1° de la Ley N° 18.156, la exención de las leyes de previsión chilenas, dejando constancia de la afiliación del trabajador a un régimen de seguridad social fuera de Chile y de su voluntad de mantener esa afiliación en Venezuela.

iii) El 6 de marzo de 2026 el recurrente suscribió ante la agencia Punta Arenas de la recurrida la solicitud de devolución de fondos previsionales de la Ley N° 18.156, acompañando, entre otros antecedentes, su cédula de identidad, el título de ingeniero mecánico otorgado por la Universidad de Carabobo con apostilla de 25 de septiembre de 2018, el contrato de trabajo y su anexo, una constancia electrónica de cotizaciones expedida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales el 29 de enero de 2026 y una declaración jurada prestada el 13 de febrero de 2026 ante notario público de Punta Arenas, en la que afirma la imposibilidad material de obtener la apostilla o legalización del certificado atendida la situación consular venezolana.

iv) La referida constancia —cuyo tenor es idéntico al de la agregada a estos autos, expedida el 2 de febrero de 2026— registra 1.249 semanas cotizadas ante ese instituto, una primera afiliación el 22 de marzo de 1977 y un estatus actual de asegurado cesante en la empresa DIREMCO S.A., con fecha de egreso el 2 de marzo de 2020, y transcribe el artículo 1 de la Ley del Seguro Social venezolana, aprobada bajo la Gaceta Oficial N° 5.976, de 2010, que enuncia las contingencias que cubre ese régimen; el documento no aparece suscrito por quien lo emite y contiene un código de verificación consultable en el portal electrónico del organismo.

v) Por carta de 12 de marzo de 2026 la administradora rechazó la solicitud expresando los dos motivos reseñados en el considerando segundo, con indicación de los oficios de la Superintendencia de Pensiones que sustentan cada uno, y señaló al afiliado que, una vez subsanadas esas observaciones, podría ingresar una nueva solicitud.

vi) El recurrente no ha formulado reclamo ante la Superintendencia de Pensiones con motivo de estos hechos.

Séptimo: Que, sentado todo lo anterior, cabe examinar, en primer lugar, el reproche dirigido contra la exigencia de que la certificación extranjera consigne una cobertura de enfermedad comprensiva de prestaciones médicas y pecuniarias. Tal exigencia no es una creación antojadiza de la recurrida, ya que proviene de la jurisprudencia administrativa uniforme del órgano al que la ley encomienda la interpretación de la normativa previsional y del número 1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que requieren una certificación de la institución de seguridad social correspondiente en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte, con cobertura efectiva durante todo el período de servicios en Chile. Ese criterio, por lo demás, se aviene con el carácter excepcional del beneficio, pues la exención —y la consiguiente devolución— descansa en el supuesto de que el trabajador extranjero cuente fuera de Chile con una protección equivalente, a lo menos, a la que deja de procurarle el sistema nacional, lo que sólo puede tenerse por cierto si la entidad previsional respectiva certifica la cobertura efectiva del afiliado y su extensión temporal.

La constancia electrónica aportada por el recurrente no satisface ese estándar. En efecto, el documento se limita a registrar el número de semanas cotizadas y la data de la primera afiliación, y a reproducir el texto legal que describe, en abstracto, las contingencias que ampara el régimen venezolano; nada certifica, en cambio, acerca de las coberturas con que cuenta específicamente el solicitante, de su contenido médico y pecuniario ni del período por el cual se extienden, y su propio tenor consigna un estatus de asegurado cesante con egreso el 2 de marzo de 2020, en circunstancias que el contrato de trabajo se celebró el 1 de octubre de 2018. La descripción genérica de un sistema no equivale, pues, a la certificación de la situación concreta del afiliado, única que permite constatar el cumplimiento del requisito de la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156.

Octavo: Que igual suerte corre la impugnación de la exigencia de apostilla o legalización. Los instrumentos públicos otorgados en el extranjero sólo producen efectos en Chile una vez acreditada su autenticidad en alguna de las formas que contempla el ordenamiento, sea mediante la legalización que regula el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, sea mediante la apostilla que la Ley N° 20.711 introdujo en el artículo 345 bis del mismo código respecto de los documentos provenientes de Estados Parte de la Convención de La Haya, calidad que invisten tanto Chile como Venezuela (Wigg Sotomayor, I., Curso de Derecho Civil. Teoría General del Acto Jurídico y de la Prueba, Editorial El Jurista, Santiago, 2022, pp. 265-266).

Aunque la Ley N° 18.156 no explicite esa formalidad, ella no exime del cumplimiento de las normas generales sobre el valor probatorio de los documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes determinantes para la procedencia de un beneficio excepcional, como se ha resuelto al conocer de acciones idénticas a la de autos (SCA de Valparaíso rol 3242-2025, 11 de julio de 2025, confirmada por SCS rol 28.729-2025, 29 de julio de 2025).

La circunstancia de que la constancia incorpore un código de verificación consultable en el portal del organismo emisor no sustituye aquellas formalidades, únicas previstas por la ley para dotar de autenticidad a un instrumento público extranjero; menos aún puede suplirlas la declaración jurada del propio interesado prestada ante un notario chileno, desde que la cobertura previsional en el extranjero es una materia respecto de la cual únicamente puede dar fe la autoridad de seguridad social competente del país respectivo, según lo ha precisado la Corte Suprema (SCS rol 57.229-2025, 7 de enero de 2026).

Noveno: Que la alegada imposibilidad material de obtener la apostilla o legalización, derivada de la ausencia de representación consular venezolana operativa en Chile, no altera lo concluido. La Corte Suprema, pronunciándose sobre idéntica alegación, ha señalado que si bien dicha circunstancia dificulta el cumplimiento del requisito, no lo hace imposible, ya que el trámite “puede realizarse en las sedes consulares de países que mantienen relaciones con Venezuela, como Colombia o Perú, o a través del portal web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, presentando los documentos físicos a través de terceras personas” (SCS rol 57.229-2025, 7 de enero de 2026).

A ello se agrega que la negativa de la recurrida no reviste carácter definitivo, pues la propia carta de 12 de marzo de 2026 dejó a salvo la posibilidad de ingresar una nueva solicitud una vez subsanadas las observaciones formuladas, y que el ordenamiento prevé un procedimiento ante la misma administradora y ante la Superintendencia de Pensiones —conforme al artículo 3, letra j), del D.F.L. N° 101, de 1980— para conocer y solucionar reclamos como el que funda la presente acción constitucional, vía a la que el recurrente no ha acudido, según se consignó en el motivo sexto.

Décimo: Que, entonces, la negativa impugnada no puede calificarse de ilegal, desde que se ajustó a la Ley N° 18.156 y a las instrucciones obligatorias impartidas por la autoridad encargada de su interpretación administrativa; ni tampoco de arbitraria, pues lejos de constituir una respuesta genérica o inmotivada, como postula el recurso, la comunicación de rechazo explicitó con precisión los dos motivos de la decisión y su sustento normativo, al punto que fue esa fundamentación la que permitió al actor estructurar la presente acción. Descartado así un actuar ilegal o arbitrario, el reproche de falta de motivación se desvanece, y la aseverada diferencia de trato frente a otros solicitantes no pasa de ser un enunciado desprovisto de todo antecedente que lo respalde.

Lo concluido se conforma, por lo demás, con el criterio asentado por la Corte Suprema en la materia, así, entre otras, SCS roles 18.574-2025, 10 de junio de 2025; 28.729-2025, 29 de julio de 2025; 27.403-2025, 7 de agosto de 2025; 9.745-2025, 5 de agosto de 2025, recaída en el rol 21391-2024 de esta Corte; 28.473-2025 y 28.399-2025, ambas de 14 de agosto de 2025.

Undécimo: Que, a mayor abundamiento, la controversia suscitada entre las partes acerca de la idoneidad y el alcance probatorio de los documentos presentados por el recurrente para acreditar los requisitos de la Ley N° 18.156 evidencia que éste no comparece ejerciendo un derecho indubitado, presupuesto de la acción según se anotó en el motivo cuarto. Dilucidar si la cobertura previsional extranjera del actor existió, con el contenido y la extensión exigidos, y si los antecedentes aportados bastan para tenerla por demostrada, exige un grado de instrucción y de contradicción que excede el ámbito sumario de esta vía cautelar y que es propio de un procedimiento de lato conocimiento o de la sede administrativa especialmente prevista al efecto.

Duodécimo: Que, en suma, la recurrida se limitó a exigir el cumplimiento de los requisitos que la Ley N° 18.156 y la normativa del sistema de pensiones imponen para autorizar una devolución de fondos de carácter excepcional, y comunicó su decisión mediante un acto fundado, de efectos no definitivos, ajustado a las instrucciones vinculantes de la autoridad sectorial y coincidente con la jurisprudencia uniforme sobre la materia.

Así, no concurriendo los presupuestos de un acto ilegal o arbitrario, y careciendo el recurrente de un derecho indubitado susceptible de amparo por esta vía, se hace innecesario un mayor análisis de las garantías constitucionales invocadas y la acción deducida será desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro Manuel Rodríguez Vega.

N° Protección-9184-2026.