nombre reservado con MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD

Santiago, veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a fojas 8 y siguientes, comparece doña nombre reservado, nicaragüense, y deduce recurso de protección en contra del Ministro del Interior por el acto arbitrario e ilegal consistente en negarse a firmar su decreto de nacionalización, lo cual fue comunicado mediante resolución N° 15148, con lo que se afectarían las garantías constitucionales establecidas en los números 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Al efecto, indica que llegó a Chile en 1997 con el objeto de estudiar un Magíster en Administración de Empresas en la Universidad de Chile y obtuvo la permanencia definitiva el año 2004 por gracia.

En diciembre del año 2009 habría solicitado carta de nacionalización de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 N° 3 de la Constitución Política de la República, la cual habría sido acogida mediante resolución N° 1806/2012 del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior. Luego, en mayo del mismo año, realizó el pago de $2.615 por la carta de nacionalización en la Tesorería General de la República y en junio de 2015 solicitó cédula de identidad para extranjeros, fecha en la que también habría solicitado la firma del decreto que le otorgaba la nacionalidad.

Señala que, de conformidad con el certificado N° 260, de fecha 10 de agosto de 2015, de la sección de nacionalización del mismo Departamento de Extranjería del Ministerio recurrido, la firma del decreto se encontraría en etapa de aprobación final y firma por la autoridad competente. En atención al tiempo transcurrido sin que se perfeccionara la firma del decreto mencionado, expresa que reclamó con fecha 11 de abril del año en curso por incumplimiento de la Ley N° 19.880 y el 30 de mayo último puso en conocimiento esta situación a la propia Presidenta de la República.

La respuesta que obtuvo de parte del Ministerio recurrido se habría formalizado mediante el oficio N° 15148, de 06 de julio del año en curso, el que sostiene que la falta de avance en la tramitación del decreto aludido se debe a la negligencia de su parte en el cumplimiento de requisitos solicitados y que debería realizar una nueva petición, lo cual fue reiterado en reunión de fecha 15 de julio del año en curso con un asesor del Jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior.

Estima que cumple con los requisitos para obtener la nacionalidad chilena, la cual le habría sido concedida, según entiende, por medio de la resolución N° 1806/2012 del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio recurrido, faltando únicamente los actos administrativos respectivos que ahora se niega a efectuar, ordenándole impetrar nuevamente la petición, en circunstancias que la demora procede de la administración.

Solicita como medida para restablecer el imperio del derecho, que se ordene a la recurrida practicar la firma del decreto de nacionalización en los plazos establecidos en la Ley N° 19.880, sin perjuicio de las demás medidas que se estimen pertinentes por esta Corte.

SEGUNDO: Que, a fojas 63 y siguientes, informa el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señalando que con fecha 4 de enero de 2010 la recurrente pidió la nacionalidad, frente a lo cual se le solicitó, mediante Ordinario N° 22352, de 15 de octubre de 2010, una serie de antecedentes, archivándose la solicitud el 5 de mayo de 2011 debido a que la solicitante no los acompañó a esa data.

Con posterioridad, la actora solicitó el desarchivo de la petición, a lo que se le respondió que debía acreditar la actividad económica que estaba realizando, lo cual fue cumplido en julio de 2011. Sin perjuicio de lo anterior, se le exigieron otros antecedentes de renta ya que sus ingresos eran inferiores al sueldo mínimo, entre los cuales estaba copia de sentencia de alimentos en favor de sus hijas.

Luego de cumplir con allegar la documentación solicitada, se le comunicó que su solicitud había sido calificada favorablemente (Resolución N° 1806/2012), así como el deber de pagar los derechos de la carta de nacionalización y acompañar certificado de permanencia definitiva y certificado de antecedentes para fines especiales, lo cual no fue cumplido por la recurrente, archivándose nuevamente el expediente mediante Oficio 784 de 14 de enero de 2013.

Recién en mayo de 2015 se volvió a desarchivar la petición, acompañando la interesada nuevos antecedentes laborales y familiares, requiriéndose información actualizada a la Jefatura de Extranjería y Policía Internacional de la PDI con fecha 16 de febrero último, repartición que indicó que habiendo concurrido a la empresa empleadora, se le comunicó que la recurrente ya no trabajaba para ella, allegando acta de conciliación laboral de 3 de junio 2015 ante la Dirección del Trabajo, por lo que la petición fue nuevamente archivada, lo que se le comunicó a la actora con fecha 6 de julio del presente año, indicándole que –una vez regularizada su situación laboral y económica– podía re-iniciar la gestión.

Cita los artículos 1, 2, 3, 4 y 11 del Decreto con Fuerza de Ley N° 5142 de 1960 del Ministerio del Interior y sostiene que no existe acción que pueda tildarse de ilegal o arbitraria pues la resolución recurrida ha sido dictada por autoridad competente, basándose en causal legal y dentro de la esfera de sus atribuciones pues la recurrente –en un principio– incumplió el requisito de acreditar la actividad económica que le permitía sustentarse en nuestro país, luego demoró su acreditación para obtener el desarchivo de la solicitud y, finalmente, una vez calificada favorablemente mediante la dictación del oficio 1806, no aportó los antecedentes necesarios habiendo transcurrido casi un año por lo cual fue nuevamente archivada la petición y –una vez aportados– éstos resultaron desactualizados, por lo que –a la fecha– no ha cumplido con acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el mencionado DFL N° 5142.

Estima que –conforme a los antecedentes reseñados– no existe acto administrativo que se pronuncie sobre el fondo de la solicitud efectuada por la actora, citando al efecto el artículo 1 del Decreto con Fuerza de Ley N° 5142/1960 y el artículo 3 de la Ley N° 19.880, agregando que la resolución 1806/2012 no acogería la solicitud de nacionalización, sino que se limita a calificarla favorablemente para dar curso a la petición, por lo que tampoco existe vulneración de garantía constitucional alguna, desde que no puede haber discriminación si la peticionaria y recurrente no ha acreditado el cumplimiento de los requisitos que la normativa establece para ser nacionalizada y porque no puede haber ingresado a su patrimonio tal calidad simplemente porque no ha sido otorgada.

Pide rechazar el recurso por no concurrir los presupuestos constitucionales para su procedencia.

TERCERO: Que, como queda claro de la parte expositiva de esta sentencia, el conflicto sometido a la decisión de esta Corte dice relación con la firma del Decreto Supremo de Nacionalización, que se pide que esta Corte ordene a la autoridad administrativa competente, asumiendo la recurrente que la nacionalización ya se le habría otorgado mediante la Resolución N° 1806/2012, para lo que solo hace falta, estima, dos actos administrativos meramente formales, uno de los cuales, el pago de los derechos para la carta de nacionalización ya lo habría realizado, por lo que la exigencia de una nueva solicitud sería arbitrario e ilegal, ya que estaría pidiendo requisitos que no se encuentran contemplados en la ley, con lo que se le vulnerarían las garantías constitucionales del artículo 19 Nos. 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario e ilegal que impida, amague o perturbe dicho ejercicio; esto es, requisito indispensable de la acción cautelar de protección lo constituye la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él-, y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado. Asimismo, es menester que concurra una relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional y que exista la posibilidad actual del órgano jurisdiccional, ante el cual se plantea la acción, de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

Es decir, son variadas las exigencias que deben rodear la presentación y, ciertamente, motivar el acogimiento de una acción de la naturaleza indicada;

QUINTO: Que, como es sabido, el artículo 10 N° 3 de la Constitución Política de la República señala que son chilenos: “3°.- Los extranjeros que obtuvieren carta de nacionalización en conformidad a la ley.”

Por nacionalización la doctrina normalmente ha entendido que es el vínculo jurídico, fundado en la naturaleza o en el Derecho Positivo, que une a una persona con un Estado determinado, generándose derechos y deberes recíprocos.

Y la referencia a la ley que realiza el precepto constitucional citado debe entenderse efectuado al Decreto con Fuerza de Ley N° 5142, de 1960, del Ministerio del Interior, que Fija el Texto Refundido de las Disposiciones sobre Nacionalización de Extranjeros.

El artículo 3° del DFL señalado, en lo que aquí interesa, indica: “No podrán obtener esta gracia:

1.° Los que hayan sido condenados y los que estén actualmente procesados por simples delitos o crímenes, hasta que se sobresea definitivamente a su respecto.

2.° Los que no estén capacitados para ganarse la vida.

5.° Los que se dediquen a trabajos ilícitos o que pugnen con las buenas costumbres, la moral o el orden público y, en general, aquellos extranjeros cuya nacionalización no se estime conveniente por razones de seguridad nacional.”

Por su parte, el artículo 4° del mismo DFL establece de modo específico los datos que debe contener la solicitud de nacionalización y el procedimiento que debe seguirse, señalando: “ARTICULO 4° La petición de nacionalización se presentará en la Intendencia Regional o Gobernación Provincial del lugar de residencia del solicitante. Los residentes en la Región Metropolitana de Santiago la presentarán directamente en el Ministerio del Interior.

La solicitud deberá contener, a lo menos, los siguientes datos:

1) Nombres y apellidos paterno y materno;

2) Lugar de nacimiento;

3) Edad;

4) Estado civil, con indicación de la nacionalidad del cónyuge si el solicitante es casado;

5) Número de hijos, con especificación de los nacidos en Chile;

6) Profesión u oficio;

7) Bienes raíces que posee el solicitante, y 8) Si se ha naturalizado en otro país.

A la solicitud de carta de nacionalización deberá acompañarse los siguientes documentos:

1) Certificado del Cónsul o Agente Diplomático de su país, acreditado en Chile, que certifique la nacionalidad e identidad del solicitante, o en su defecto, el último pasaporte extranjero o los documentos de identidad personal que hubieren otorgado las autoridades de su país de origen o las del país de su última residencia antes de venir a Chile;

2) Certificado de antecedentes expedido por el Gabinete Central de Identificación, que deberá ser considerado entre aquellos que el Servicio otorga para fines especiales, y 3) Certificado del Servicio de Impuestos Internos que acredite, según el caso, que el solicitante está al día en el pago de las obligaciones tributarias o que está legalmente exento de ellas.”

De cuyas normas se extraen los requisitos que se exigen a los extranjeros al momento de solicitar la carta de nacionalización, como figura en la página web del departamento de extranjería del Ministerio del Interior, que serían los siguientes:

“1. Ser extranjero.

2. Haber cumplido 21 años de edad o 18 si es hijo de padre o madre chileno por nacionalización.

3. Tener más de 5 años de residencia continuada en el territorio de la República.

4. Ser titular de permiso de Permanencia Definitiva Vigente.

5. No haber sido condenado ni estar actualmente procesado por crimen o simple delito.

6. Estar capacitado para ganarse la vida.

7. Llenar y firmar personalmente el formulario “Solicitud de Carta de Nacionalización”, adjuntando la documentación que corresponda.”

Incidiendo de manera específica en la situación de la recurrente, la necesidad de acreditar con antecedentes fidedignos la circunstancia de encontrarse capacitada para ganarse la vida, a cuyo efecto se indican determinadamente los documentos que se requieren para probarlo:

Distinguiendo, en lo que puede resultar aplicable en la especie, si el solicitante es:

“1. Empleado.

• Fotocopia del contrato vigente y sus modificaciones.

• Fotocopia de las 3 últimas liquidaciones de sueldos y Certificado histórico de las Cotizaciones Previsionales y Salud Canceladas.

• Certificado actualizado del Empleador acreditando renta, antigüedad y vigencia del contrato de trabajo, legalizado ante notario.

• Fotocopia de la última liquidación anual de impuestos si corresponde, (cuando el solicitante tiene otros ingresos)

• Si es profesional, debe presentar copia del Título Profesional revalidado o reconocido, en el caso de los profesionales de la Salud y legalizado ante notario para el resto de las profesiones.

2. Empresarios o trabajadores por cuenta propia.

• Escritura de constitución y sus modificaciones posteriores, de sociedad en la cual se es socio.

• Fotocopia de la última Declaración Anual de Renta del solicitante y de la sociedad.

• Fotocopia de las 6 últimas declaraciones mensuales de impuestos (IVAS).

• Fotocopia de último balance tributario.

• Nómina de trabajadores contratados, indicando: nombre del trabajador, RUT, nacionalidad, cargo y sueldo mensual y sus 3 últimas cotizaciones previsionales.

3. Honorarios • Si es profesional, debe presentar copia del Título profesional revalidado o reconocido, en el caso de los profesionales de la salud y legalizado para el resto de las profesiones.

• Fotocopia de la última Declaración Anual de Impuestos • Certificado anual de Boletas a Honorarios emitido por Servicio de Impuestos Internos.

5. Estudiantes • Certificado de estudios superiores • Certificado de financiamiento, beca o declaración jurada notarial de expensas, efectuada por el sostenedor, demostrando los ingresos económicos.”

Resulta ser una máxima de la experiencia, que cada vez que se va a efectuar una gestión administrativa, resultan normalmente exigibles antecedentes destinados a acreditar el supuesto de hecho de la norma que concede, en este caso, al extranjero, la posibilidad de efectuar una petición a la autoridad administrativa, que es lo que ocurrió en estos antecedentes y que si no se acompañan esos antecedentes, dentro de un plazo que se fije, la petición no puede prosperar, produciéndose el archivo correspondiente. La Ley N° 19.880, esgrimida en algún momento por la extranjera, en el artículo 31, señala expresamente que si “la solicitud de iniciación no reúne los requisitos señalados en el artículo precedente, y los exigidos, en su caso, en la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de cinco días, subsane la falta o acompañe los documentos respectivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición.”

Queda claro del informe evacuado, que la autoridad administrativa se excedió completamente en los plazos con la finalidad que la interesada allegare los antecedentes que le fueron solicitados, procediendo en tres oportunidades a archivar sus solicitudes, porque la interesada no cumplió con acompañar aquellos que en cada caso le pidieron.

De esta manera, mediante el Oficio Ordinario N° 1806, de fecha 31 de enero de 2012, solamente se le comunicó a la extranjera que su solicitud había sido calificada favorablemente y por lo mismo, no puede entenderse que dicho acto administrativo haya tenido un carácter decisorio, mediante el cual se le haya otorgado a la solicitante la carta de nacionalidad, que por lo demás, como señala el artículo 1° del varias veces mencionado DFL N° 5142, de 1960, “se otorgará por el Presidente de la República, en decreto refrendado por el Ministro del Interior”.

SEXTO: Que, como ha quedado claro del considerando anterior, para estar en presencia del acto administrativo mediante el cual se concede la nacionalidad chilena, conforme al texto legal a que se remite la Constitución, resulta necesario que se dicte el Decreto Supremo mediante el cual el Presidente de la República, con la firma del Ministro del Interior, otorga la misma.

SÉPTIMO: Que, del propio recurso aparece que tal decreto no ha sido expedido y la solicitud para su dictación, como ha sido informado, ha sido archivada en varias oportunidades, atendido que la recurrente no ha cumplido con entregar los antecedentes que en cada caso le han solicitado, de manera que mal podríamos estar en presencia de un acto arbitrario y/o ilegal, que hiciera plausible el nacimiento de un derecho, cuya protección resulte constitucionalmente exigible.

OCTAVO: Que, en las circunstancias que se han señalado en los motivos anteriores, el presente recurso de protección no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se decide que se rechaza, sin costas, el recurso de protección intentado a fojas 8 y siguientes, por doña nombre reservado.

Regístrese y notifíquese.

Redacción del abogado integrante señor Mauricio Decap Fernández.

N° Protección 91791-2016.- Pronunciada por la Novena Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora nombre reservado, e integrada por la Ministra señora Romy Grace Rutherford Parentti y el Abogado Integrante señor Mauricio Decap Fernández.

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