nombre reservado con CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL Y OTROS

C.A. de Santiago Santiago, catorce de agosto de dos mil diecinueve.

Vistos:

Comparece doña nombre reservado, funcionaria de la Unidad de Apoyo de los Juzgados Civiles de Santiago dependiente de la Corporación administrativa del Poder Judicial y deduce acción constitucional de protección en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Servicio Público representado por su Director don nombre reservado, y en contra de don nombre reservado, administrador zonal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación del Oficio ZSA N°2624 emanado del segundo de los recurridos de 12 de noviembre de 2018 que contiene el listado de no renovación de contrata, vulnerando el legítimo ejercicio de las garantías fundamentales del artículo 19 números 2, 3 inciso 5° y 24 de la Constitución Política de la República.

Expresa que, a través de este acto ilegal y arbitrario, las recurridas decidieron de manera ilegal y arbitraria removerla de su cargo, al no renovar su contrata para el año 2019, sin las correspondientes y debidas garantías e infringiendo la normativa nacional de carácter constitucional y legal, así como la internacional de protección de los derechos humanos. Agrega que, el acto recurrido, además de ser ilegal, es arbitrario, pues carece de una debida motivación y justificación y se adoptó actuando a través de una comisión especial y sin cumplir el debido procedimiento que establece la ley.

Expone que pertenece a la Unidad de Apoyo de los Juzgados Civiles y Laborales de Santiago y San Miguel, con una vasta experiencia, ya que ingresó a dicha Unidad hace ya más de 5 años a cumplir funciones de administrativa.

Agrega que por Oficio ZSA N°2522 entre otros, emanado del Administrador nombre reservado, nombre reservado, de 31 de octubre de 2018, se comunicó a diversos funcionarios la no renovación de su contrata, fundada en que por sesión de fecha 18 de octubre de 2018 el Consejo Superior tomó dicha medida, de acuerdo a un informe, del cual no se indica mayores detalles, el que indicaría que por efectos de la implementación de la Ley de Tramitación Electrónica en la carga de trabajo de las Unidades de Apoyo a Juzgados Civiles se acordó ajustar la dotación a un total de 78 cargos para Santiago. Del listado en cuestión aparece un total de 39 personas, 33 que corresponden a personal de la unidad que apoya los Juzgados Civiles de Santiago y 6 funcionarios que apoyan la unidad de los Juzgados Civiles de San Miguel, que fueron elegidas mediante los siguientes criterios: en primer lugar, calificación obtenida el año 2017, en segundo lugar, la antigüedad en el servicio y si aún persistía el empate, dirimía la calificación del año 2016. Puesta en conocimiento de los afectados, algunos de ellos presentaron sus descargos, en diversas formas y particular.

Refiere que, de acuerdo a lo anterior, se emitió el Oficio materia del recurso, ZSA N°2624, emanado del mismos Administrador Zonal, de 12 de noviembre de 2018, que indica que revisadas las impugnaciones al listado preliminar de prelación respecto de cargos a suprimir en las Unidades de Apoyo Administrativo a Juzgados Civiles de Santiago y San Miguel, sin indicar cuales ya que tenían fundamentos diversos, se efectuó ajustes en la composición de dicho listado, incluyéndose a la totalidad del personal administrativo y asistente, sin denominación expresa de dependencia de las unidades de liquidaciones o apoyo a insolvencias, manteniéndose el orden establecido por el Consejo Superior.

Añade que, confeccionado el nuevo listado, el 13 de noviembre de 2018, se le informó de la no renovación de su contrata de acuerdo con los fundamentos ya expuestos, todos los cuales hicieron uso legítimo de realizar sus descargos de acuerdo al acta 19-2012 de la Excma. Corte Suprema, sin embargo, el 4 de diciembre de 2018, fue comunicada la decisión de no acoger los descargos.

Expresa que estas actuaciones ilegales y arbitrarias, en primer lugar, por la extemporaneidad de la notificación de la no renovación de contrata, pues los Oficios ZSA N°2522 y N°2624 debían cumplir con los requisitos que establece el Acta N°19-2012 de la Excelentísima Corte Suprema, la cual en su artículo 3º, en lo pertinente señala:

“Será responsabilidad del Secretario o Administrador del respectivo tribunal notificar al empleado afectado acerca de la solicitud de no renovación del contrato y los fundamentos en que se basa. El empleado tendrá un plazo de tres días hábiles para presentar sus descargos.

A más tardar el 10 de noviembre del año respectivo, el tribunal deberá remitir la solicitud al Presidente de la Corte de Apelaciones, incluyendo los fundamentos tenidos a la vista por el Juez y los descargos del empleado afectado.”

De lo anterior colige que, la notificación en la cual se comunica la no renovación, debe necesariamente hacerse antes del 10 de noviembre del año respectivo e incluso más, si se considera que el Tribunal o el ente administrador, en este caso, tenían la obligación de remitir a más tardar el 10 de noviembre la comunicación de la no renovación más los descargos del funcionario, la notificación necesariamente debía hacerse a más tardar el 7 de noviembre de 2018, a fin de que el funcionario pudiera efectuar sus descargos, sin embargo la notificación de no renovación se efectuó el 13 de noviembre de 2018, siendo en consecuencia extemporánea dicha notificación, y por tanto su actuar ilegal y arbitrario.

En segundo lugar, señala que el Administrador nombre reservado excedió sus facultades. Para ello se funda en análisis del artículo 3° del Acta 19-2012, ya que se desprende ambos Oficios antes señalados que quien comunicó o notificó la no renovación de la contrata fue el Administrador nombre reservado, don nombre reservado, sin embargo, el Acta señalada es clara en señalar que quien debe resolver de las impugnaciones o descargos es el ente superior, que en el caso de los funcionarios de Tribunales es el Presidente de la Corte de Apelaciones y en el presente caso es el Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. De acuerdo a lo anterior, lo obrado por el Administrador Zonal excede sus competencias, ya que no pude resolver las reconsideraciones o impugnaciones, siendo el ente que en primera instancia confeccionó el listado ya que el ente llamado a resolverlas es el superior, que en este caso es el Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, siendo por tanto su actuar ilegal y arbitrario.

Respecto de la infracción del principio de fundamentación, señala que el Oficio N°2624 no contiene ningún fundamento racional, objetivo y explícito respecto a los motivos por los que a la recurrente no se le renueva su contrata para el año 2019, la que hasta la fecha del Acto Recurrido desempeñó de forma legal, correcta y transparente. Añade que no existieron esas razones, no se respetaron los criterios para la no renovación que fueron dispuestos por el Consejo Superior por las razones antes anotadas y por confeccionar el listado que no incluyó a las personas que no se encontraban calificadas a esa altura, en razón que aún no tenían el año en sus cargos, es decir, el personal que tenía menos de un año que aún no estaba calificado no se incluyó dentro de las personas que no se le renovaría, lo cual hace que el actor sea discriminatorio, ilegal y arbitrario. Concluye que el Acto Recurrido, además de ser ilegal, infringe también el deber legal de justificación, abusando de la “discrecionalidad administrativa”, por lo que no solo es ilegal, sino que también es arbitrario.

Señaló la forma cómo fueron vulneradas las garantías fundamentales cuya protección pretende por las ilegalidades y arbitrariedades cometidas por las recurridas. Respecto de la garantía constitucional de igualdad ante la Ley, consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, se produce ya que por la vía de sus actuaciones ilegales y arbitrarias, estableció una discriminación total y completamente arbitraria e ilegal contra la compareciente, en comparación a otros funcionarios de la Unidad en la que ella pertenece ya que al haber funcionarios que no contaban con calificación por no tener en el servicio más de un año quedaron excluidos del listado para la no renovación. También se vulnera por cuanto la no renovación de contrata se debe sujetar a las normas del Acta 19-2012 de la Excelentísima Corte Suprema, teniendo la obligación de comunicar la no renovación y los descargos del funcionarios a más tardar el día 10 de noviembre, todo ello de acuerdo al artículo 3º de la referida Acta, sin embargo recién el 13 noviembre se comunicó la decisión de la no renovación, siendo que los demás miembros del Poder Judicial le comunicaron la decisión en tiempo y forma, lo cual no ocurrió en el caso de la recurrente, lo que hace que la decisión de las recurridas sea arbitraria e ilegal vulnerando la garantía constitucional de igualdad ante la ley.

La garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°3 inciso 5° de la Constitución, se vulnera al convertirse el Administrador nombre reservado en una verdadera comisión especial, como un órgano con potestad jurisdiccional sin gozar de esa facultad, al no observar las reglas más básicas del debido proceso, (Acta 19-2012) ya que a todas luces fue él quien confeccionó y notificó el primer listado a través del Oficio ZSA N°2522 entre otros, de 31 de octubre de 2018, de la no renovación de las contrata y este mismo Administrador Zonal, luego de analizar los descargos a dicho oficio, decidió confeccionar un nuevo listado en el cual se le comunica la no renovación de su contrata (Oficio ZSA N°2624 de 12 de noviembre de 2018), lo cual estaba impedido de hacer en razón de que quien estaba llamado hacerlo era su superior jerárquico, en este caso el Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Finalmente, por las mismas razones y citando fallos de la Excma. Corte Suprema expresa que se vulnera el derecho a la propiedad sobre el cargo, en específico sobre la estabilidad en su empleo y sus remuneraciones, consagrada en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental.

Terminó solicitando que se acogiera el recurso y se dejara sin efecto el Oficio ZSA N°2624, ya aludido por ser un acto ilegal y arbitrario; dejando sin efecto todo acto administrativo posterior, que suponga la validez del acto recurrido, restituyendo en su cargo a la recurrente renovando su contrata para el año 2019 y dictando las demás medidas que esta Corte estime pertinentes para reestablecer el imperio del derecho y garantizar los derechos cuya protección se invoca en la presente Acción de Protección, con costas de las recurridas.

Comparece don Cristian Andrés Castillo García, abogado, en representación de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, pidiendo el rechazo, con costas, del recurso, por no existir acto u omisión ilegal o arbitrario vulneratorio de derechos fundamentales que pueda reprocharse a su representada.

Señala que, en sesión de 18 de octubre de 2018, que consta en Acta N° 668, el Consejo Superior tomó conocimiento de un informe acerca de los efectos que había tenido la implementación de la ley de tramitación electrónica en la carga de trabajo de las Unidades de Apoyo a los Juzgados Civiles, y en atención a la disminución de la carga de trabajo de la Unidad Administrativa de Apoyo a los Juzgados Civiles de Santiago se acordó disminuir la dotación a partir del 1 de enero de 2019, reduciéndose 33 cargos, quedando reducida la dotación de 111 a 78 puestos de trabajo.

Conforme a los criterios de prelación ya expuestos por la recurrente, el 31 de octubre de 2018 se procedió a notificar a todos los funcionarios, entre ellos a la recurrente respecto del listado preliminar de cargos a suprimir correspondiente a los funcionarios de la Unidad de Apoyo de los Juzgados Civiles de Santiago. En dicho listado la recurrente de autos se encontraba dentro de aquellos funcionarios cuyos cargos serían suprimidos, presentando la recurrente solicitud de reconsideración el 7 de noviembre de 2018, la cual fue respondida por el Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial a través de Oficios 6RH N°7032 de 19 de noviembre de 2018. Agrega que, revisadas las impugnaciones presentadas por los diversos funcionarios, se remitió por parte del Director (S) de la Corporación Administrativa del Poder Judicial a los respectivos Administradores Zonales la Circular N°171 de 9 de ese mismo mes y año, que contenía el listado definitivo de los cargos a suprimir, a efectos de notificar dicho listado a los funcionarios. El 13 de noviembre de 2018, a través del Oficio ZSA N°2624, de 12 de ese mismo mes y año, se notificó a la recurrente respecto de los cambios al listado definitivo de cargos a suprimir en la Unidad de Apoyo de los Juzgados Civiles de Santiago para el año 2019, producto de las impugnaciones efectuadas por los diversos funcionarios. En dicho listado definitivo la recurrente de autos se encontraba dentro de aquellos funcionarios cuyos cargos fueron suprimidos. Añade que la recurrente presentó solicitud de reconsideración el día 20, la cual fue respondida por el Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial a través de Oficio 6RH N°7380 de 4 de diciembre de 2018, cuyo tenor dispuso: “…el puntaje obtenido en el proceso calificatorio 2017 la ubica dentro de las 33 personas cuya contrata anual no será renovada para el año 2019.” Asimismo, dicho oficio hizo presente: “Como se ha informado previamente en sesión de 18 de Octubre de 2018 el Consejo Superior tomó conocimiento de informe acerca de la disminución de la carga de trabajo en las unidades de apoyo a los juzgados civiles producto de la implementación de la ley de tramitación electrónica, lo que ha hecho necesario disminuir las dotaciones de esas unidades. En el caso de Santiago, las causas previas a la ley de tramitación electrónica, que son objeto de los servicios de las Unidades de Apoyo, se ha observado, entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018, una disminución del 53%. En el caso de la unidad de apoyo a juzgados civiles de Santiago la disminución de trabajo hace necesario reducir en 33 plazas la dotación, por no ser necesaria su existencia a partir del 1 de enero de 2019.”

Refiere que, sin perjuicio de lo anterior, se dio aplicación a lo establecido por el Consejo Superior en sesiones de 10 y 17 de diciembre de 2015, en el sentido de tramitarse una contrata transitoria en el mismo grado por un nuevo período de seis meses en caso de que el funcionario tenga entre cinco y diez años de antigüedad sin solución de continuidad, y de un año si el funcionario registra una antigüedad superior a diez años en la institución sin solución de continuidad, lo que benefició a la recurrente.

Previo señalamiento de la forma cómo se implementó la Ley 20.886, de Tramitación Electrónica (LTE), y la manera como se dispuso la supresión de cargos debido a la disminución de carga de trabajo que han experimentado con motivo de la vigencia de la Ley, hizo presente que la supresión de cargos se encuentra regulada en el Acta de Tribunal Pleno N°19-2012, de la Excelentísima Corte Suprema, que establece la “Regulación para Personal a Contrata del Poder Judicial”, que, en su artículo 2° letra e) dispuso que: “La renovación automática estará siempre condicionada a la disponibilidad presupuestaria del Poder Judicial y a la necesidad de existencia del cargo respectivo.” Esta última fue la causal para la supresión de cargos en las Unidades de Apoyo a Juzgados Civiles del país, producto de la reducción de la carga de trabajo de esas unidades luego de la implementación de la Ley de tramitación electrónica. Lo anterior se encuentra además consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que el Estatuto Administrativo, contenido en la Ley N°18.834, en su Título VI relativo a la cesación de funciones, dispone en su artículo 146 letra e) que “El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: e) Supresión del empleo.”

Respecto de la inexistencia de acto arbitrario e ilegal, parte por la alegación de extemporaneidad y hace presente que el término de las contratas de la recurrente no obedece a la no renovación de contrata regulada en el artículo 3° del Acta 19-2012, si no a la supresión del cargo respectivo en virtud de la falta de necesidad de existencia del mismo, según el artículo 2° letra e). Sobre el exceso de facultades que se le reprocha al Administrador Zonal, expresa que fue el Consejo Superior el que entregó las directrices para elaborar el orden de prelación que significaría la supresión de cargos. No fue el Administrador nombre reservado quien tomó la decisión de modificar el listado de prelación de funcionarios a los cuales se les da término a su contrata por supresión del cargo, si no que esta decisión fue informada al Administrador Zonal directamente por el Director (S) de la Corporación Administrativa del Poder Judicial mediante Circular 6RH N°171 de fecha 09 de Noviembre de 2018, en la cual se instruye notificar el listado definitivo a los funcionarios a más tardar el 13 de noviembre de ese año, según las directrices aprobadas por el Consejo Superior. Finalmente, respecto de la supuesta falta de motivación y fundamento del acto administrativo, hace presente que los motivos y fundamentación de la medida de supresión de cargos de la Unidad de Apoyo a los Juzgados Civiles de Santiago se encuentra contenida en Oficio de 31 de octubre de 2018 mediante el cual señala la recurrente haber sido notificada del listado de prelación preliminar, y siendo ella misma quien acompaña conjuntamente con su recurso el Oficio ZSA N°2522 que expresa las razones que llevan a tomar la decisión recurrida. Además, los fundamentos de aquella decisión se encuentran en el Acta N°668 y 670 del Consejo Superior, de fecha 18 de octubre de 2018 y 15 de noviembre de 2018, respectivamente.

Previo rechazo de cualquiera vulneración de las garantías constitucionales de la recurrente terminó solicitando el rechazo del recurso.

Se trajeron los autos en relación Considerando:

Primero: Que, recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Segundo: Que, no existe discusión sobre la existencia del acto que motiva el recurso, ambas partes reconocen su existencia y copia del oficio respectivo se ha acompañado a los autos.

En efecto, consta que por medio de los oficios ZSA N°2522 y N°2624, el primero de 31 de octubre de 2018, y el segundo, el que es objeto del recurso, de 12 de noviembre de 2018, ambos del Administrador nombre reservado, que se informó a la recurrente de autos, particularmente en el último de los oficios señalados, “que revisadas las impugnaciones al Listado Preliminar de Prelación respecto de cargos a suprimir en las Unidades de Apoyo Administrativo a Juzgados Civiles de Santiago y San Miguel, se han efectuado ajustes en la composición del Listado Definitivo incluyéndose en el mismo a la totalidad de personal administrativo y asistente, sin denominación expresa de dependencia de las unidades de liquidaciones o apoyo a insolvencias. Este criterio de ordenamiento mantiene los criterios de ordenamiento definidos por el Consejo Superior y aplicado en el proceso de ajuste de dotación implementado el año 2018. Los contratos del personal afectado se mantendrán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2018. En cumplimiento de lo establecido por el Consejo Superior en sesiones de 10 y 17 de diciembre de 2015, a los funcionarios cuyos cargos serán suprimidos que registren más de cinco años de antigüedad en el servicio, se les aplicarán los siguientes criterios de mantención excepcional de los contratos: Quienes tienen más de cinco años de antigüedad, el contrato se renovará hasta el 30 de junio de 2019. El Consejo de Coordinación Zonal determinará la unidad en que deberá desempeñarse durante ese periodo.”

Consta, además, particularmente del Oficio 6RH N°7380, de 4 de diciembre de 2018, que “Responde solicitud de reconsideración remitida por funcionario de la Unidad de Apoyo a Juzgados Civiles de Santiago”, que en el caso de la recurrente “el puntaje obtenido en el proceso calificatorio 2017 la ubica dentro de las 33 personas cuya contrata anual no será renovada para el año 2019, sin perjuicio que por su antigüedad en el servicio (superior a cinco años) se tramitará una contrata transitoria hasta el 30 de junio de 2019 debiendo desempeñarse en el tribunal o unidad judicial que determine el Consejo Coordinación Zonal”, todo ello en razón del informe del que se tomó conocimiento por el Consejo Superior el 18 de octubre de 2018 sobre la disminución de la carga de trabajo en las unidades de apoyo a los juzgados civiles producto de la implementación de la tramitación de la Ley de Tramitación Electrónica.

Tercero: Que, es la Corporación Administrativa del Poder Judicial a la que con arreglo al artículo 506 del Código Orgánico de Tribunales le corresponde la administración de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales destinados al funcionamiento de la Corte Suprema, de las Cortes de Apelaciones y de los Juzgados de Letras, de Menores, del Trabajo y de Cobranza Laboral y Previsional. Luego el inciso primero del artículo 508 del Código Orgánico de Tribunales establece cuál es el órgano directivo de esta institución, señalando que “La dirección de la Corporación Administrativa corresponderá al Consejo Superior, integrado por el Presidente de la Corte Suprema, que lo presidirá, y por cuatro ministros del mismo tribunal elegidos por éste en votaciones sucesivas y secretas, por un período de dos años, pudiendo ser reelegidos.” Por su parte, el inciso segundo del artículo 509 del cuerpo legal citado establece que “El Consejo Superior está investido de todas las facultades de administración y disposición que sean necesarias para el cumplimiento de los fines de aquélla (en referencia a la Corporación Administrativa del Poder Judicial) ...”.

Cuarto: Que, consta en acta N°668, de 18 de octubre de 2018, que el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, recibió informe sobre la situación de las Unidades de Apoyo, acordándose autorizar la supresión para el año 2019, de 97 cargos a contrata de las Unidades de Apoyo de los Tribunales Civiles del Poder Judicial, debido a la disminución de carga de trabajo experimentada con motivo de la vigencia de la ley 20.886, resultando aplicables los plazos de desvinculación establecidos en el Acta del Consejo Nº 576, de 2015. La elección del personal a desvincular se efectuaría en la misma forma acordada por el Consejo Superior en sesión extraordinaria Nº 2, de 30 de octubre de 2017, esto es mediante una lista de prelación que considere en primer lugar la calificación, en segundo lugar, la antigüedad y si aun persiste el empate, debe dirimir la calificación del año anterior. En el caso de las unidades de apoyo administrativo de Santiago y san Miguel, de dispuso no incluir en los listados de prelación aquellos cargos de administrativo de actas, liquidadores, asistente liquidador, técnicos contables y jefes de unidad. En sesión de 15 de noviembre de 2018, (Acta Nº 670) se ratificó lo acordado en sesión Nº 668, de 18 de octubre de 2018, respecto de la supresión de 97 cargos de las Unidades de Apoyo a Tribunales Civiles, a contar del año 2019, incluyendo dentro de los cargos a suprimir y del listado de prelación los perfiles de cargo conocidos como ATP, provisión de escritos y tramitación de exhortos. Respecto de las Unidades de Apoyo a Juzgados Civiles de Santiago y San Miguel no incluir en el listado al personal con nombramiento expreso para la unidad de liquidaciones, de insolvencia y de jefes de unidad, debido a que los servicios que prestaban no se habían visto afectados por la entrada en vigencia de la Ley 20.886.

Quinto: Que, es el acta Nº19-2012 la que contiene la regulación para el personal a contrata del Poder Judicial, no siendo aplicable en el caso de autos lo dispuesto por el artículo 3 como se pretende por la recurrente, toda vez que dicha regla dice relación con la no renovación de las contratas en razón de desempeño deficiente, y no con la supresión de cargos como aquí acontece, decisión adoptada por la autoridad competente, y con el debido fundamento.

Sexto: Que, en efecto, el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial en ejercicio de sus atribuciones y en conocimiento de un informe sobre la incidencia en las cargas de trabajo a raíz de la implementación de la Ley de Tramitación Electrónica, adoptó la decisión de suprimir cargos en las Unidades que indicó, entregando las directrices objetivas para la determinación de las personas a quienes la decisión afectaría. Se trata de una situación donde ya no existe la necesidad de los cargos, elaborándose un listado preliminar y luego uno definitivo, conforme con los criterios entregados por el Consejo Superior, siendo rechazada la reconsideración presentada por la actora, entregando los fundamentos necesarios para el debido entendimiento y motivación de esa decisión.

Séptimo: Que, así las cosas no se aprecia ilegalidad ni arbitrariedad en las conductas reprochadas, particularmente con relación al Oficio N°2624, objeto del recurso, de 12 de noviembre de 2018, y a su antecesor el Oficio ZSA N°2522, de 31 de octubre de 2018, ambos del Administrador nombre reservado, toda vez que han sido dictados por la autoridad competente ajustándose a los criterios entregados por el órgano superior del Servicio, pudiendo los afectados hacer uso de los recursos administrativos para impugnar la decisión, lo que en el hecho así ocurrió, y con conocimiento de los antecedentes que los fundaron, los que por lo demás resultan del todo explicables y razonables, toda vez que la implementación de una ley, hizo desaparecer la necesidad de algunos cargos, no encontrándose la situación regida por el artículo 3 del Acta 19-2012 como pretenden la recurrente, lo que hace, además, descartar la existencia del vicio de falta de oportunidad que se alega.

Octavo: Que, como consecuencia de lo dicho, al no existir acto u omisión arbitrario o ilegal que pueda reprochársele a los recurridos, y dado que sólo la existencia de un acto u omisión de este tipo permite analizar si de él se ha seguido directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, resulta inconducente entrar al análisis de la afectación de éstas e improcedente adoptar medida alguna para eventualmente protegerlas.

Noveno: Que, así las cosas y en virtud de todo lo razonado y expuesto, el presente recurso de protección no está en condiciones de prosperar, lo que llevará a su rechazo, como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el deducido por doña nombre reservado en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y en contra de don nombre reservado, administrador zonal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Redacción del abogado integrante Gonzalo Ruz Lártiga.

Protección 91.790-2018.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por las Ministras señora Adelita Inés Ravanales Arriagada, señora nombre reservado.Rosa Kittsteiner Gentile y el Abogado Integrante señor Gonzalo Ruz Lártiga.

En Santiago, catorce de agosto de dos mil diecinueve, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.