Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S

C.A. de Santiago Santiago, once de septiembre de dos mil veinticinco.

A los escritos folios 17, 18 Y 19: a todo, téngase presente.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO. Comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por haber rechazado la solicitud de retiro de fondos previsionales en su calidad de extranjera. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que impone requisitos no contemplados en la normativa vigente y realiza una interpretación formalista de la ley, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y de propiedad, garantizados en los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Expone que solicitó a la AFP Modelo la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156, que exime a técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten de efectuar imposiciones previsionales en Chile, siempre que aquellos se encuentren afiliados a un régimen de seguridad social en el extranjero. Acompañó contrato de trabajo, anexo laboral, certificado de cotizaciones en el Instituto Venezolano de Seguridad Social (IVSS), declaración jurada de autenticidad y título profesional. Sin embargo, la recurrida rechazó la solicitud por estimar insuficiente la documentación presentada, exigiendo constancia de afiliación emitida por institución extranjera, debidamente apostillada o legalizada, lo que resulta imposible ante la ausencia de representación diplomática de Venezuela en Chile.

Alega que la imposibilidad material de obtener dicha certificación se enmarca en una situación de fuerza mayor, derivada del quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que impide acceder a la legalización consular. Señala que, aun así, presentó declaración jurada ante notario chileno, la cual cumple con las formalidades exigibles y que, al haberse emitido en territorio nacional, debe ser reconocida como válida.

Añade que otras administradoras, como AFP Cuprum, han aceptado documentos idénticos en casos análogos, lo que demuestra un trato desigual y arbitrario en la aplicación de la misma normativa.

Manifiesta que el artículo 1° de la Ley N°18.156 solo exige que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión en el extranjero y que el contrato exprese la voluntad de mantener tal afiliación, en tanto que el artículo 7° habilita la devolución de fondos registrados en una AFP si se cumplen aquellos requisitos. A su juicio, la AFP Modelo ha introducido una exigencia adicional no contemplada por el legislador, lo que constituye una interpretación restrictiva y carente de sustento normativo. Invoca además la Circular N°553 de la Superintendencia de Pensiones, que valida la documentación presentada, reafirmando que se ha dado íntegro cumplimiento a la normativa aplicable.

Argumenta que la actuación recurrida afecta directamente el derecho a la igualdad ante la ley, ya que se ha tratado en forma desigual a la recurrente respecto de otros administrados en idénticas condiciones, a quienes se ha autorizado el retiro de fondos previsionales. Igualmente, se ha vulnerado su derecho de propiedad sobre sus ahorros previsionales, al impedirle disponer de ellos pese a cumplir con las condiciones legales.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que el acto recurrido es ilegal y arbitrario; que se reconozca como válidos los documentos acompañados; que se ordene a la AFP Modelo emitir un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de devolución de fondos en conformidad a derecho, dentro del plazo que esta Corte estime pertinente; y que se adopten las demás medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO. Que, evacuando su informe, comparece la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., quien solicita el rechazo del recurso de protección deducido en su contra, con expresa condena en costas.

Señala que la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por la recurrente con fecha 15 de abril de 2025 fue rechazada porque no cumplió con los requisitos expresamente establecidos en la Ley N°18.156, en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y en la jurisprudencia administrativa vinculante de la Superintendencia de Pensiones.

Detalla que la actora acompañó título profesional, declaración jurada notarial, contrato de trabajo y anexo contractual. No obstante, omitió aportar un certificado de afiliación emitido por la entidad de seguridad social extranjera, debidamente apostillado o legalizado, documento exigido por la normativa aplicable para acreditar la cobertura efectiva en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante toda la relación laboral.

Precisa que tampoco se acompañó certificación consular sustitutiva, lo que impedía acreditar el cumplimiento de los presupuestos legales.

Sostiene que no ha incurrido en arbitrariedad ni ilegalidad, sino que ha dado estricto cumplimiento a la Ley N°18.156, cuyo artículo 1° establece como condición copulativa la acreditación de afiliación a un régimen previsional extranjero, y al artículo 7° que supedita la devolución de fondos a ese requisito. Destaca, además, que la Superintendencia de Pensiones, en ejercicio de sus atribuciones de fiscalización e interpretación normativa, ha instruido que los certificados de afiliación deben estar debidamente legalizados o apostillados, no siendo suficiente la simple constancia electrónica ni las declaraciones juradas sin validación oficial.

Invoca la obligatoriedad de los Oficios Ordinarios N°3141 de 20 de febrero de 2024, N°23208 de 15 de diciembre de 2023 y N°4277 de 13 de marzo de 2025, todos los cuales precisan que la acreditación de cobertura previsional extranjera requiere certificación formal y específica emitida por la autoridad competente, apostillada o legalizada, siendo insuficiente la documentación presentada por la recurrente. Refiere también que la jurisprudencia reciente de las Cortes de Apelaciones de Santiago y Valparaíso ha confirmado la validez de tales exigencias, rechazando recursos en que se acompañaron simples constancias electrónicas del IVSS por carecer de legalización o apostilla.

Concluye que la negativa a aprobar la solicitud de devolución de fondos de la actora no configura vulneración de derecho alguno, puesto que responde al cumplimiento de la normativa legal y administrativa vigente, cuya observancia es obligatoria bajo apercibimiento de sanciones. Añade que el recurso de protección solo procede frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que afecten garantías constitucionales, situación que en la especie no concurre, toda vez que AFP Modelo ha actuado conforme a derecho y bajo las instrucciones de la autoridad reguladora.

Por estas razones, solicita que se tenga por evacuado el informe y, en definitiva, se rechace el recurso de protección interpuesto en su contra, con expresa condena en costas.

TERCERO. Que, evacuando su informe la Superintendencia de Pensiones, señala que la recurrente no registra reclamo alguno ante dicho organismo relacionado con los hechos que motivan esta acción, y precisa que el marco legal aplicable corresponde a la Ley N°18.156, norma de excepción que regula la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales a técnicos o profesionales extranjeros, siempre que concurran copulativamente los requisitos previstos en su artículo 1°.

Hace presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156 exige: a) acreditar que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, al menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) que en el contrato de trabajo se exprese la voluntad de mantener dicha afiliación. Asimismo, el artículo 7° condiciona la devolución de los fondos enterados en una AFP al cumplimiento de tales requisitos. De este modo, tratándose de un régimen excepcional, su interpretación debe ser restrictiva, lo que impide otorgar el beneficio si no se cumple cabalmente con las exigencias señaladas.

Dispone que la acreditación de la cobertura previsional extranjera debe realizarse mediante certificación expedida por la autoridad previsional competente del país de origen, debidamente legalizada o apostillada. Tal exigencia ha sido reiterada en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y en sucesivos oficios ordinarios, que además requieren que la certificación consigne expresamente la cobertura efectiva en materia de salud, invalidez, vejez y muerte, durante todo el período de prestación de servicios en Chile.

Que, en el caso concreto, la recurrente acompañó una “Constancia Electrónica de Cotizaciones” del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, junto a una declaración jurada propia. Sin embargo, advierte que tales documentos no cumplen con la normativa aplicable, pues no se encuentran firmados por la autoridad emisora ni cuentan con apostilla o legalización, además de carecer de precisión sobre la cobertura efectiva y su duración. Por ello, concluye que la documentación presentada resulta insuficiente para acreditar el requisito copulativo de afiliación a un régimen de previsión extranjero.

Por lo expuesto, solicita tener por evacuado el informe en los términos expresados, concluyendo que la actuación de la AFP recurrida se ajusta plenamente a derecho, por haber exigido los requisitos normativos y reglamentarios que rigen la materia.

CUARTO. Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que, el acto que se reclama como de ilegal y arbitrario corresponde a la negativa de la AFP Modelo de hacer entrega o devolución de los fondos previsionales depositados en la cuenta de capitalización individual de la recurrente. La recurrida justifica su decisión, de estimar improcedente la petición de devolución de fondos previsionales, aduciendo que la recurrente, de nacionalidad venezolana, no entregó los antecedentes que acreditaran su afiliación al régimen previsional de su país de origen, con certificado de afiliación a una entidad previsional, debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que acredite la cobertura prevista en la Ley N°18.156.

SEXTO: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156, sobre el régimen excepcional de exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, dispone que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Asimismo, el artículo 7° del mismo cuerpo legal, estipula que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

SÉPTIMO: Que, la revisión del documento aparejado por la recurrente, ante esta Corte de Apelaciones, denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones” permite constatar que efectivamente el mismo no satisface las exigencias de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, esto es, no ha sido debidamente legalizado ni se encuentra apostillado, en términos que no es posible asignarle un carácter fehaciente; por otro lado, aun dándose el valor que pretende el recurrente, dicho documento carece de actual validez. En este sentido, la exigencia de vigencia del certificado no constituye una carga arbitraria impuesta por la administradora, sino una derivación razonable del deber de verificar la existencia de cobertura efectiva al momento de solicitar el beneficio, conforme a la doctrina administrativa de la Superintendencia de Pensiones.

En esos términos, el recurrente no ha adjuntados los documentos idóneos para acreditar la exigencia contemplada en la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, aplicable para estos efectos.

En tal virtud, siendo ambos requisitos copulativos, lo que fluye de la sola lectura del precepto recién reproducido, la no concurrencia de cualquiera de esos supuestos impide dar curso a la solicitud del actor, con lo cual ha de concluirse que la recurrida AFP Modelo, al denegar la devolución de las cotizaciones requeridas por el recurrente, no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, pues se ha limitado a dar aplicación a la legislación vigente, señalando las razones que tuvo para así decidirlo.

OCTAVO: Que, en las condiciones descritas, en que no es posible advertir ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la autoridad recurrida, por cuanto se ha constatado que la recurrida ha actuado conforme a la normativa vigente, exigiendo que los antecedentes cumplan con lo establecido en la ley, de manera tal que al no configurarse el supuesto de hecho básico de la acción que se contempla en la acción consagrada en el artículo 20 de la Carta fundamental, esta debe ser desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-9176-2025.

En Santiago, once de septiembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.