nombre reservado con DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA GENDARMERIA DE CHILE

Santiago, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo en consideración:

Primero: Que el abogado Marcelo Carrasco Sepúlveda, Encargado Jurídico Metropolitano de la Dirección Regional de Gendarmería de Chile, interpuso acción de protección en favor del interno del CCP de Punta Peuco nombre reservado, en huelga de hambre desde el día anterior al de interposición del recurso, quien en los momentos en que estaba siendo controlado en la enfermería del establecimiento perdió la conciencia y sufrió una descompensación, generándose una interconsulta para su derivación al Hospital Militar.

Añade que como consecuencia de lo anterior se le diagnosticó un síncope, bloqueo atrio-ventricular en primer grado, hemibloqueo anterior izquierdo más bloqueo completo rama derecha y enfermedad renal en etapa 3, por lo que quedó hospitalizado en la UCI Cardiovascular del recinto de salud castrense, donde fue evaluado por el especialista Dr. nombre reservado, quien indicó procedimiento de instalación de marcapasos, lo que fue rechazado por el interno, situación que lo dejaría en un precario estado de salud, por lo que sería manifiesto los efectos perjudiciales de mantener la huelga.

Plantea que es deber de Gendarmería de Chile y específicamente de la Dirección Regional Metropolitana adoptar todas las medidas tendientes a evitar que el estado de salud del interno Muñoz Pontony se vea empeorado, pudiendo llegar a perder la vida si insiste en sostener su acción de protesta.

Refiere que la vida y la integridad física son derechos indisponibles, que el Estado debe garantizar por mandato constitucional, obligación que en este caso recae en Gendarmería de Chile, institución que debe adoptar las medidas necesarias para lograr la alimentación del interno y generar las acciones de salud que sean pertinentes.

Indica por último que si bien debe haber un resguardo de conductas y decisiones de las personas acerca de su proyecto de vida y autocuidado, siempre deben existir medidas de protección que escapan a un simple análisis de los derechos del individuo y pueden considerarse de relevancia colectiva, no solo ante la vulnerabilidad del sujeto sino también dada la imposibilidad jurídica y ética de que el Estado permanezca impasible ante el proceso de muerte de una persona, la cual puede ser salvada, más aun si su custodia ha sido encomendada por los Tribunales de Justicia a Gendarmería de Chile. El Estado, en este escenario, tiene la calidad de garante de la vida y la salud de las personas en situación de confinamiento carcelario, que no declina ante la decisión del interno de someterse a una huelga de hambre, por el contrario, su decisión y la vulnerabilidad que conlleva demanda cumplir tal deber con mayor intensidad ante el riesgo de muerte o de daño físico o psíquico.

Con dichos argumentos concluye solicitando que en resguardo de los derechos constitucionales de aquel en cuyo favor se recurre, se habilite a Gendarmería para que realice todas las acciones necesarias para salvaguardar la vida, la integridad y la salud del interno, incluso en contra de su voluntad, particularmente para proporcionarle la nutrición necesaria para el sustento de su vida.

Segundo: Que la abogada Marcela Maldonado Vargas, Jefe de Asesoría Jurídica del Hospital Militar de Santiago, remitió antecedentes clínicos del interno al amparo de la Ley N° 20.584.

Tercero: Que de los documentos obtenidos durante la tramitación del recurso se observa que el interno, de actuales 83 años de edad, se encuentra cumpliendo una condena de quince años y un día de presidio por el delito de homicidio calificado. Con fecha 21 de octubre de 2020 el Médico Jefe de la UCI Cardiovascular del Hospital Militar de Santiago suscribe un informe médico del paciente, con señalamiento de la fecha de ingreso, hospitalización previa, diagnósticos, tratamientos efectuados, pronóstico, posibilidades de mejoría y posibles secuelas. Entre los mismos antecedentes hay constancia que Muñoz Pontony rechazó su traslado al Hospital Militar para atención médica el día 22 de octubre del año pasado y también consta una atención por descompensación en el servicio de salud SAR Colina el día 28 del mismo mes con riesgo de desestabilización.

Cuarto: Que en cumplimiento a la medida para mejor resolver ordenada el día de la vista de la causa Gendarmería de Chile informó que Muñoz Pontony inició huelga de hambre el 31 de agosto de 2020. Posteriormente fue trasladado a urgencias y dado de alta el 16 de septiembre del año pasado, fecha a partir de la cual se inician controles en la unidad. Es derivado al Hospital Militar el 14 de octubre último por lipotimia, diagnosticándosele síncope cardiogénico bloqueo AV 1er grado, HBIA, BCRD. El doctor tratante solicitó la instalación de un marcapasos, lo que fue rechazado por el paciente, firmando un consentimiento informado. Fue dado de alta el día 15 de octubre. Ese mismo día fue trasladado en carácter de urgente al SAR Colina tras nuevo síncope. El 16 de octubre el paciente fue evaluado en el servicio de urgencias del Hospital Militar rechazando nuevamente el marcapasos, por lo que fue dado de alta. Ingresó a la unidad y se mantuvo en controles de huelga de hambre hasta el 28 de noviembre, cuando vuelve a sufrir un síncope. Hasta la fecha del comunicado se mantenía internado en el Hospital Militar. Se indicó también que dio inicio a la huelga de hambre el 31 de agosto del año pasado sin que haya presentado documento que acredite el término de ésta. El síncope está asociado al BLOQUEO AC 1er grado informado por el Hospital. Durante la huelga en el recinto el paciente se mantuvo controlado en la enfermería, se le consultaba sobre su alimentación y se realizaban controles de peso, signos vitales, examen físico y rondas por el personal de salud.

Quinto: Que, finalmente, según la información recibida por correo electrónico desde Gendarmería de Chile, se tomó conocimiento que el interno Muñoz Pontony fue dado de alta el día 19 de febrero, ingresando a la unidad en regulares condiciones generales, hemodimanicamente estable y deambulando con dificultad. Previamente fue evaluado en Hospital Penal.

Sexto: Que a efectos de resolver la controversia planteada, es insoslayable observar que la persona en favor de quien se recurre se encuentra privada de libertad por una decisión jurisdiccional, cumpliendo condena en el CCP de Punta Peuco. En esta línea, es preciso mencionar que el numeral 1 de la letra e) del artículo 3° de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile dispone: “Corresponde a Gendarmería de Chile: Custodiar y atender a las personas privadas de libertad en las siguientes circunstancias: 1.- Mientras permanezcan en los establecimientos penales”; por su parte el artículo 15 del mismo cuerpo legal establece como deber que: “El personal de gendarmería deberá otorgar a cada persona bajo su cuidado un trato digno propio de su condición humana. Cualquier trato vejatorio o abuso de autoridad será debidamente sancionado conforme a las leyes y reglamentos vigentes”. En tanto, la letra c) del numeral 10 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios erige como principio que: “Los establecimientos penitenciarios se organizarán conforme a los siguientes principios: c) La asistencia médica, religiosa, social, de instrucción y de trabajo y formación profesional, en condiciones que se asemejen en lo posible a las de la vida libre”, lo que es coincidente con lo prescrito en el artículo 35 del cuerpo legal referido: “Excepcionalmente el Director Regional podrá autorizar la internación de penados en establecimientos hospitalarios externos, previa certificación efectuada por personal médico del Servicio que dé cuenta de alguna de las siguientes situaciones: a) Casos graves que requieran con urgencia, atención o cuidados médicos especializados que no se pueda otorgar en la unidad médica del establecimiento. En este caso, si la urgencia lo amerita el Jefe del Establecimiento podrá autorizar la salida, lo que deberá ser ratificado por el Director Regional, dentro de las 48 horas siguientes”.

Séptimo: Que, de acuerdo con las disposiciones transcritas en el motivo anterior no es posible desatender el mandato legal que recae sobre Gendarmería en cuanto al deber primordial de vigilar a los internos como velar por su vida e integridad física, en términos tales que su inobservancia importa una eventual responsabilidad por falta de servicio en los daños que se generen por dichos motivos. Ello se condice con la naturaleza de la garantía contenida en el artículo 19 N°1 de la Carta Fundamental, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica del individuo, la cual no sólo importa el respeto a las decisiones del sujeto respecto de su proyecto de vida y su auto cuidado, sino que tiene un componente social, como apunta el recurso, en el sentido que también es legítimo interés del colectivo cautelar la vida y la salud de las personas, especialmente de aquéllas que, por sus condiciones de vulnerabilidad, pueden no tener los medios o la autonomía para asegurarlas por sí mismas. En ese tenor el artículo 5° de la Constitución Política establece el deber de los órganos del Estado de respetar y promover tales derechos (esenciales que emanan de la naturaleza humana), garantizados no solo por la Carta Fundamental sino también por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, derechos de suyo inalienables e indisponibles.

Octavo: Que en este orden de ideas es dable sostener que Gendarmería de Chile -como órgano del Estado - detenta un tipo de responsabilidad “privilegiada” en relación a la vida y salud de las personas privadas de libertad, pues ellos, a diferencia de otras personas, están bajo una restricción de su expresión de autonomía, en el ámbito del desplazamiento y de la disposición de su integridad física, salud y vida, de la que, como se viene diciendo, es garante el servicio aludido. Así lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Frente a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna” (Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112). Tal calidad de garante es, precisamente, la que justifica que pueda interponerse una acción de protección a favor de la vida de los internos en un recinto penitenciario, de tal modo que, sin perjuicio del ejercicio que éstos hagan de su libertad de conciencia y de su derecho a manifestarse, no se pierda de vista que, en el plano de la protección de su salud y de su vida, ha de prevalecer el principio de beneficencia por sobre el de autonomía, precisamente por la condición de vulnerabilidad propia de quien se halla privado de libertad. Tal preocupación no es posible de renunciar por parte del Estado, el que no se halla liberado de su deber de cuidado ni aún ante conductas de riesgo de la persona encarcelada, ya que tal cosa -en la especial circunstancia en que tal sujeto se encuentra- podría derivar en una ilegítima omisión de socorro, con la excusa de que la decisión que ha tomado la persona en prisión libera a la Administración de sus deberes prioritarios hacia ella.

Noveno: Que también debe relevarse el hecho que si bien la huelga de hambre tiene por objeto el reconocimiento de un presunto derecho o interés, dista de aspirar a la muerte de quien se encuentra bajo ella, aunque sí se acepta el resultado de muerte como última ratio. Así, el deceso es una consecuencia que se encuentra tácitamente aceptada en el caso de no alcanzar el fin pretendido, y es ante tal escenario donde la institución encargada de la custodia puede intervenir a efectos de disponer el oportuno acceso a la asistencia sanitaria, con el fin que se actúe por los profesionales pertinentes conforme a las reglas médicas, de salud y deontológicas a fin de resguardar eficazmente la vida y salud de los internos.

Décimo: Que las medidas que adopte Gendarmería no buscan quebrantar la voluntad del huelguista, sino evitar su desamparo ante la vulnerabilidad en que se encuentra, entre las cuales está la de su internación en un establecimiento de salud, la que está regida por los principios de la lex artis y deontológicos. En correspondencia con ello la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 37/194, de 18 de diciembre de 1982, Principios de Ética Médica, señala que: “La participación del personal de salud, en particular los médicos, en la aplicación de cualquier procedimiento coercitivo a personas presas o detenidas es contraria a la ética médica, a menos que se determine, según criterios puramente médicos, que dicho procedimiento es necesario para la protección de la salud física o mental o la seguridad del propio preso o detenido, de los demás presos o detenidos, o de sus guardianes, y no presenta peligro para la salud del preso o detenido”.

Undécimo: Que, por último y, mayor abundamiento, sumado al deber de protección de parte de Gendarmería de Chile -como órgano del Estado- quien, como ya se anticipó, detenta un tipo de responsabilidad “privilegiada” en relación a la vida y salud de las personas privadas de libertad, pues ellos, a diferencia de otras personas, están bajo una restricción de su expresión de autonomía, en el ámbito del desplazamiento y de la disposición de su integridad física, salud y vida, de la que, como se viene diciendo, es garante el servicio aludido, por lo que no debe obviarse, además, que en nuestra normativa constitucional y legislación atingente, se reconoce el derecho a la vida e integridad física y psíquica de toda persona, lo que encuentra su debido correlato en la sanción punitiva que nuestro legislador establece respecto de cualquier acto que permita una colaboración a generar la propia muerte de otro, como ocurre con el delito de cooperación al suicidio contenido en el artículo 393 del Código Penal, lo que agrega, además, graves implicancias administrativo-jurídicas respecto de funcionarios públicos incumbentes en el presente asunto.

Duodécimo: Que, por último, en consecuencia, despejada toda duda de que el ejercicio de las acciones necesarias para preservar la salud y la vida de un interno constituyen, más que una atribución, un verdadero deber de la institución recurrente, que en el presente caso solo puede concretarse mediante el traslado a un centro asistencial, sin perjuicio de las demás facultades legales y reglamentarias de Gendarmería.

Y de conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se decide que:

Se ACOGE el recurso interpuesto por Gendarmería de Chile en favor de nombre reservado y, poniendo pronto remedio a la situación producida, se ordena a la primera adoptar las medidas necesarias que demande la preservación de la vida, integridad y salud del interno Muñoz Pontony, particularmente en la forma señalada en el motivo Undécimo de esta sentencia.

Acordada con el voto en contra de la Ministro señora Plaza, quien estuvo por rechazar el recurso de protección, teniendo presente al efecto las siguientes consideraciones:

1°) Que el recurso de protección ha sido previsto para la mantención de algunos de los intereses jurídicos más relevantes que se expresan como derechos humanos ante la preeminencia de la persona por sobre el Estado, los que han sido asegurados por la Constitución Política en algunos de los numerales de su artículo 19.

2°) El precepto constitucional prevé que si por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales se sufre perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de aquellos derechos que tutela la acción de protección, el titular de éstos o quien actúe en su representación puede formular a la jurisdicción la pretensión de que sea restablecido el imperio del derecho y asegurada la debida protección del afectado, en caso de existir urgencia y necesidad de cautela.

3°) La adecuada resolución del recurso obliga a identificar el derecho que habría sido afectado en su ejercicio, su titular, algún acto u omisión arbitrario o ilegal que lo haya vulnerado de manera real y, por último, a su autor.

4°) En la especie, se ha dado cuenta por Gendarmería de Chile -quien recurre- que se trata de un interno del penal de Punta Peuco en huelga de hambre, esgrimiéndose como garantías conculcadas o amenazadas su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. No cabe duda que el aludido recluso es el titular de tales derechos.

5°) Conforme a la norma constitucional, no hay más actor legítimo o destinatario de protección que aquella persona que ha sido afectada en el legítimo ejercicio de los derechos, no solo porque el texto así lo indica, sino porque la función que la propia norma le entrega es la de restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

6°) En la especie, no está discutido que el sentenciado Muñoz Pontony ha adoptado libremente la decisión de no ingerir alimentos, pues no existe ningún antecedente que conduzca a estimar que tal decisión no es voluntaria o que haya sido provocada por terceros. De esa forma no puede menos que concluirse que no hay privación, perturbación o amenaza alguna para el legítimo ejercicio de sus derechos a la vida e integridad física y psíquica, pues habría que entender que el beneficiario es al mismo tiempo legitimado pasivo de la acción. Desde la perspectiva del derecho, única tenida en cuenta, la misma decisión que se cuestiona importa el legítimo ejercicio de los derechos de aquél en cuyo favor se recurre, porque simplemente ha ejercido el derecho a la vida de manera coetánea con el de la libertad, y siendo Muñoz Pontony titular de ambos, es claro que no existe colisión entre estos derechos. Paradojalmente Gendarmería acciona para proteger uno y al mismo tiempo impide la realización de otro, o sea actúa a favor y en contra del interno.

7°) De otra parte, cuando se acoge un recurso de protección se dispone que el recurrido haga algo en favor del recurrente, porque de esta manera se satisface el interés jurídico de restablecer del imperio del derecho. Pero el supuesto afectado no tiene interés jurídico en ejercer su derecho a la vida de manera distinta del modo que lo ha hecho, poniéndola en riesgo, es cierto, pero por iniciativa y voluntad propia, la que no aparece afectada por ninguna circunstancia, por ello es que nada se puede hacer respecto de Gendarmería de Chile, salvo lo que ella misma pretende, obligarla a proceder en contra de la libre voluntad del afectado.

8°) Si bien a la administración penitenciaria le asisten los deberes que se destacan en el presente fallo, el deber de cuidado de los internos no es ilimitado y, en la especie, inequívocamente se encuentra cumplido. Es claro que este deber deriva del confinamiento dispuesto por el propio Estado y de la disminución o la pérdida de las aptitudes para la autoprotección de los condenados. Pero en el caso de que se trata, como se dijo, el deber de cuidado se encuentra satisfecho con la oportuna atención del interno tras los episodios de crisis que ha padecido, por cierto asociados no solo a la negativa de ingerir alimentos, sino a su edad y patologías concurrentes, como ha quedado de manifiesto con sus antecedentes clínicos, de manera que más allá de las acciones desplegadas a Gendarmería de Chile no le es exigible otra prestación, satisfaciendo el deber de cuidado del interno a su cargo, sin que le sea atribuible acudir a medios extremos para impedir el ejercicio de los derechos de la vida y la libertad de quienes se encuentran en recintos penales, como Muñoz Pontony.

9°) Acceder a lo pedido en el recurso llevaría al extremo de acudir al auxilio de la fuerza para alimentar al interno, anulando su autonomía y la posibilidad de manifestar libremente su voluntad de mantener la vida en la forma que considere digna, cuestión que excede consideraciones puramente jurídicas y desconoce otros derechos constitucionalmente protegidos del interno que su situación carcelaria no puede afectar, como la libertad de expresión.

10°) Por ende, si el traslado al centro hospitalario se hace necesario, como ocurrió con Muñoz Pontony por el conjunto de patologías médicas que le aquejan, cobrarán aplicación los artículos 14, 15 y 16 de la Ley N° 20.584, contexto que excede lo que es materia de este pronunciamiento y que concierne únicamente a Gendarmería de Chile.

Redacción a cargo de la Ministra P. Plaza G., quien no firma por ausencia.

Regístrese y archívese si no se apelare.

Protección Rol N° 91.746-2020.-