nombre reservado con INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

C.A. de Santiago Santiago, seis de mayo de dos mil diecinueve.

Al escrito folio 21, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, administradora pública, interponiendo recurso de protección en contra del Instituto de Previsión Social, por el acto arbitrario e ilegal, consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° 1438, de 06.11.2018 que dispuso la no renovación de su contrata para el período 2019, lo que vulnera sus garantías constitucionales del artículo 19 Nº 2 y 24, solicitando se deje sin efecto la resolución, ordenando su inmediata reincorporación, con el pago del todo emolumento que le hubiere correspondido en el tiempo intermedio, y costas.

Fundando el recurso expone que ingresó prestar servicios al IPS el 5 de mayo de 2008, a contrata grado 16 de la EUS, siendo renovados sus servicios sucesivamente hasta el 31.12.2018, desempeñándose como técnico jurídico de nivel superior hasta el año 2013, en que obtuvo su título de administradora pública, pasando a ejercer funciones en la Secretaría General.

Precisa que la resolución impugnada, suscrita por el Director Nacional, se fundó en su alta rotación por problemas de adaptabilidad a los equipos de trabajo de la recurrente y sus ausencias prolongadas que generan la necesidad de redistribuir la carga de trabajo, fundamentos que son poco claros e incluso contradictorios, pues no se indican hechos concretos sino que solo se emite un juicio sin sustento fáctico objetivo, teniendo presente que siempre fue evaluada en lista 1, no existiendo ninguna sanción en su contra o anotación desfavorable.

En cuanto a las licencias médicas precisa que el artículo 89 de la Ley N°18.834 establece que todo funcionario tendrá derecho a hacer uso de licencias médicas y el artículo 111de la misma norma, define qué se entiende por licencia médica y sus fines, por lo que se trata de un instrumento que la eximía de la obligación de cumplir jornada laboral por lo que no procede que, haciendo uso de una facultad discrecional del jefe del servicio, se decida no prorrogar su contrata aludiendo a su ausencias prolongadas.

En cuanto a la confianza legítima hace referencia a los dictámenes N°85.700 y 6.400 de la Contraloría General de la República y jurisprudencia, que sustentarían en su caso su procedencia.

Respecto a los elementos del acto administrativo hace referencia a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley N°19.880 y la doctrina, por lo que si bien el Director Nacional ha actuado dentro del ámbito de su competencia y a través de la dictación de un acto administrativo, dicha actuación ha sido realizada con motivos y con un objeto ilegal y un fin espurio, invocando fundamentos que no son reales como motivación para no prorrogar su contrata.

En lo que dice relación con la motivación, presupuestos de hecho y el fin del acto administrativo, hace referencia a reiterados dictámenes de la Contraloría General de la República respecto de la necesidad de la administración de motivar los actos, a fin de que no se desvíen del fin considerado por la normativa que confiere las respectivas atribuciones, impidiendo con ello establecer diferencias arbitrarias, cautelándose el principio de igualdad del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Refiere asimismo dictámenes de la Contraloría General de la República en cuanto a que los actos no deben contener argumentos genéricos, como asimismo, la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema en torno a los elementos del acto administrativo, de lo cual fluiría que la decisión de no renovar la contrata es ilegal y arbitraria, ya que su motivación es infundada y carente de antecedentes de hecho que la respalden y, por tanto, el acto carece de uno de los elementos esenciales.

Manifiesta que se ha vulnerado la garantía de la igualdad ante la ley contenida en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, alegación que sostiene en la noción de igualdad desarrollada por el Tribunal Constitucional, ya que por esta vía se vulneró su garantía de estabilidad en el empleo y derecho a la protección de la salud, sobre la cual tiene derecho de propiedad, estableciendo, además, una desigualdad de trato en relación con otros funcionarios que han hecho uso de licencias médicas y sus contratos han sido prorrogados por el período 2019 a quienes no se les impuso un estándar de este tipo para su remoción.

Indica que se vulneró su derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, en relación al derecho a la estabilidad en el empleo y su pérdida, como afectación al derecho de propiedad privada, en relación con el artículo 89 del Estatuto Administrativo. En este punto, cita dictámenes de la Contraloría General de la República y circulares del Ministerio de Hacienda, infringiéndose con la resolución recurrida dicho derecho.

Expone que de igual forma se lesiona su derecho de propiedad sobre el derecho a la protección a la salud, garantizado en el numeral 9 del artículo 19 de la carta fundamental, al atribuir a sus ausencias prolongadas, consecuencias negativas que motivaron la no prórroga de su contrata, derecho que impone límites a la administración del estado, entre ellos, no actuar arbitrariamente, lo que debe ser controlado por los órganos jurisdiccionales, más aún cuando este se encuentra estrechamente ligado a otros derechos esenciales.

SEGUNDO: Que con fecha 7 de febrero de 2019, comparece Verónica Loyola Fajardo, abogada, en representación del Instituto de Previsión Social, informando el recurso solicita su rechazo con costas, por haberse dictado en acto recurrido por autoridad competente, debidamente fundado y fue registrado sin observaciones por la Contraloría General de la República.

Agrega que la funcionaria recurrente, ingresó al servicio el 05 de mayo de 2008, en calidad jurídica de contrata grado 15 del EUS, desempeñándose a la fecha de término de su contratación como analista de resoluciones del Subdepartamento de Gestión de Resoluciones, dependiente del Departamento de Secretaria General y Transparencia, prorrogándose hasta el año 2017, siendo la última de 30 de noviembre de 2017, en que se le comunicó que se prorrogaría su contrata desde el 01 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre del mismo año o hasta cuando sean necesarios sus servicios.

Indica que llegado el plazo, a través de Resolución Exenta N°1438 de 06 de noviembre de 2018 del Director Nacional del Instituto de Previsión Social, el que fue registrado sin observaciones por la Contraloría General de la República el 23 de noviembre del mismo año y notificado el día 30 de noviembre de 2018 a la recurrente, cumpliendo con todos los requisitos de forma y fondo.

En cuanto a los argumentos de la llamada “confianza legítima” señala que la renovación constituye una manifestación de una facultad legal del Jefe Superior del respectivo servicio, de manera tal que dicha facultad constituye, en sí misma, fundamento suficiente, citando al efecto diversos dictámenes de la Contraloría General de la República, teniendo presente, además, que la Resolución Exenta N°1438 que dispuso la no renovación es un acto administrativo que fundamenta y motiva adecuadamente la decisión de la autoridad.

Respecto de la motivación haciendo referencia a las funciones que desempeñaba la recurrente, precisa que durante todo el período comprendido entre los años 2011 y 2018, ambos inclusive, tuvo una falta de rotación al interior del servicio como consecuencia de problemas de adaptabilidad en relación a los equipos de trabajo que integró, afectando de manera objetiva y directa el clima laboral de los equipos a los que se incorporaba.

Asimismo la recurrente tuvo ausencias prolongadas y reiteradas en el tiempo, lo que afectaba el clima laboral al no existir un funcionario de reemplazo, debiendo asumirse por el resto de los funcionarios su trabajo lo que generaba una sobrecarga y, atendida las labores que realizaba era necesario disponer del cupo para distribuir las tareas. Que lo expuesto, se ve reforzado con el hecho que presentó 219 días de ausencia laboral debido al uso de licencias médicas durante el año 2018 y un total de 583 considerando los años 2017 y 2018, de modo que su última evaluación es de 2016, ya que los dos años siguientes trabajó menos de 6 meses.

Precisa que el argumento de la recurrente de ser calificada en lista 1, igualmente no resulta suficiente para obligar a la institución a renovar su contrata tal como se señaló en fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica de 9 de enero de 2019, autos Rol N°947-2018, calificación que, además, no desvirtúa de manera alguna que sus prolongadas ausencias hubieran afectado el adecuado desarrollo de las labores que se le encomendaron.

Agrega que, en cuanto a la falta de fundamentación del acto, se ha explicado latamente los argumentos expuestos y que en cuanto a las motivaciones ocultas solo se remite a exponerlas sin explicitar en que consistirían las mismas, consignándose debidamente los fundamentos en el acto administrativo recurrido.

En lo que dice relación con la vulneración de la garantía de la igualdad ante la Ley, artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, indica que esta no se ha producido, por cuanto no ha existido discriminación alguna en el actuar de la recurrida, basando la decisión de la autoridad en criterios objetivos y racionales, que tienen por finalidad asegurar el adecuado cumplimiento de las funciones del servicio, reiterando los efectos producidos por las ausencias prolongadas de la recurrente, por lo que a la autoridad no sólo le asiste la facultad de organizar su dotación de trabajadores, sino que tiene la obligación legal de velar por el adecuado desarrollo de la función pública que la ley le ha encomendado y, la recurrente no ha señalado de manera concreta y directa como en los hechos se ha vulnerado dicha garantía.

En cuanto al derecho de propiedad del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, el que se conculcaría sobre el derecho a la estabilidad en el empleo, como una afectación al derecho de propiedad privada, en relación con el artículo 89 del Estatuto Administrativo, precisa que la contrata es una función esencialmente transitoria y que la propia ley permite su desvinculación incluso antes del 31 de diciembre del año respectivo, por lo que no puede existir la propiedad que se reclama.

En apoyo de sus argumentos cita Dictámenes de la Contraloría General de la República, pasando a precisar las diferencias sustanciales que existen entre el empleo a contrata y los de planta, que legitiman el término de los cargos a contrata, como asimismo, que esta garantía ampara sólo el legítimo ejercicio de la libertad de trabajo, pero no incluye la protección al derecho a conservar el empleo.

Precisa que el derecho a la salud, consagrado en el artículo 19 N°9 de la Constitución Política de la República, debe tenerse presente que conforme al artículo 20 de la misma constitución, solo resulta factible recurrir de protección respecto de lo establecido en el inciso final de dicho numeral, por lo que no existe vinculación alguna entre la determinación de la autoridad recurrida de no prorrogar la contrata de la recurrente y su derecho de elegir el sistema de salud al que desee acogerse.

Finalmente y para el improbable evento de que se acoja el recurso, señala que resulta improcedente la condena en costas, ya que es una sanción al litigante de mala fe, constituyendo una medida de carácter económico que no forma parte del asunto controvertido y, además, que el artículo 144 inciso 3° del Código de Procedimiento Civil exime del pago de costas a la parte que ha tenido motivos plausibles para litigar y que, a mayor abundamiento como institución pública goza de privilegio de pobreza.

TERCERO: Que para la resolución del asunto propuesto, es del caso precisar que la vinculación con la administración pública a través de la modalidad a contrata es esencialmente transitorio, cuya duración es limitada en el tiempo, y sus plazos no se encuentran establecidos ni garantizados por norma alguna, por lo que pueden ser discrecionalmente variadas por la autoridad facultada para realizarla.

CUARTO: Que, por expresa disposición del artículo 3° Estatuto Administrativo, los empleados de la Administración del Estado se clasifican en “empleados de planta” o “empleados a contrata”, los primeros pueden ser titulares, suplentes o subrogantes, y la diferencia esencial entre ambos radica en la permanencia de las funciones de los primeros y en la transitoriedad de los segundos. En este último caso, el artículo 10 de la Ley N° 18.834 dispone que “los empleados a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”. En concordancia con la norma precedentemente citada el artículo 146 letra f) del mismo texto legal, señala que el funcionario cesará en el cargo por el término del período legal por el cual ha sido designado y el artículo 153 dispone que el término del período legal por el cual es nombrado el funcionario, o el cumplimiento del plazo por el cual es contratado, produce la inmediata cesación de sus funciones.

QUINTO: Que con los documentos acompañados a la causa, se tiene por establecido que el recurrente ingresó a prestar servicios al Instituto de Previsión Social el año 2008, ininterrumpidamente a contrata y que a la época de ponerse término a sus servicios ejercía sus funciones de Analista de Resoluciones del Subdepartamento de Gestión de Resoluciones dependiente del Departamento Secretaría General y Transparencia.

SEXTO: Que, la cláusula "mientras sean necesarios sus servicios" está en armonía con el carácter que tienen los empleos a contrata. En efecto, la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en su artículo 3°, luego de definir la planta del personal de un servicio público como el conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución, al tratar los empleos a contrata señala que son aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución.

Enseguida, el mismo texto legal determina en su artículo 10, en relación a la permanencia de esta última clase de cargos, que los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley; esto es, figura implícita la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleado a contrata incluso antes de la fecha recién indicada.

Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad administrativa puede ponerle término en el momento que estime conveniente, a través de un acto fundado, lo que ocurre en la especie, toda vez que el acto administrativo impugnado expresa los motivos fácticos que se tuvieron en cuenta para la adopción de la decisión, indicando los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustenta.

En cuanto al derecho, se aprecia que la dictación de la resolución impugnada obedece a un actuar enmarcado dentro de las reglas que informan el desempeño de la recurrida, especialmente el Estatuto Administrativo.

Que de la lectura de los argumentos que contiene la resolución impugnada, si bien la referencia a las ausencias laborales de la recurrente tiene justificación médica – no desvirtuada- ello no puede constituir un fundamento para desvincular a una persona, de su trabajo, pero aquello no constituye el único sustento de la autoridad administrativa para decidir no renovar la contrata de la actora. En efecto, se alude también a la falta de rotación al interior del servicio como consecuencia de problemas de adaptabilidad en relación a los equipos de trabajo que integró afectando, además, el clima laboral de dichos equipos. En concepto de esta Corte, la resolución impugnada se encuentra debidamente fundada en los términos que exige la Ley N°19.880, con la salvedad de la referencia a las ausencias de la funcionaria.

SÉPTIMO: Que, en efecto, la autoridad Administrativa no está obligada a renovar la contratación de los servicios que se desempeñen en tal carácter una vez cumplida la vigencia temporal, pues ella, como lo dispone expresamente el artículo 10 del Estatuto Administrativo, opera por el solo ministerio de la ley. En efecto, el empleo a contrata se caracteriza por la precariedad en su duración, circunstancia conocida por el interesado, supeditada a las necesidades de la entidad empleadora OCTAVO: Que, de todo lo expresado, no es posible formar el convencimiento que la recurrida haya incurrido en un acto u omisión arbitraria o ilegal que amerite adoptar alguna medida de resguardo a favor de la recurrente, ni es posible advertir la vulneración que se denuncia a los numerales 2°, 9° y 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Y de conformidad, además, a lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-91630-2018.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Mireya López Miranda e integrada por la Ministro (I) señora Bárbara Quintana Letelier y por la Abogado Integrante señora Virginia Cecily Halpern Montecino.

Santiago, seis de mayo de dos mil diecinueve, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.