nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.5

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de junio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que se interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales, lo que vulneraría las garantías constitucionales reconocidas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que con fecha 22 de febrero y 16 de marzo de 2026 la recurrida rechazó su solicitud de retiro de fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual, incumplido su obligación de garantizar un tratamiento igualitario y justo a todos los solicitantes.

Sostiene que el hecho de que la recurrida establezca requisitos que exceden incluso de los regulados en el artículo 1 de la Ley N 18.156, no puede más que concluirse que se trata de un conculcación ilegal del derecho de propiedad.

Invoca los artículos 1 y 7 de la Ley 18.156, el Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, artículo 94 del Decreto Ley N° 3.500 Solicita en definitiva que se deje sin efecto el acto Comprobante de rechazo de devolución por concepto de técnico extranjero de fecha 22 de febrero de 2026 y la posterior el 16 de marzo del año en curso que rechazó de la solicitud de devolución de fondos previsionales, y se ordene a la recurrida a la devolución de los fondos previsionales en los términos solicitados, todo dentro del plazo 5 días hábiles o dentro del plazo que esta Corte determine.

Segundo: Que evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Indica, en primer lugar, que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver el asunto, por tratarse de una materia de lato conocimiento con carácter contradictorio, en la que no existe un derecho indubitado.

En subsidio, expresa que su representada no ha incurrido en actos ilegales ni arbitrarios, ajustando su conducta a la Ley N° 18.156 y al Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones. Relata que AFP Provida con fecha 16 de marzo de 2026 rechazó solicitud del recurrente de autos, debido a que “el único documento con el cual se puede dar continuidad al trámite es una Constancia de Afiliación Vigente emitida por la autoridad previsional competente y el documento debe estar apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, de otro modo el documento no sería valido. Finalmente, como parte del proceso del trámite de devolución de fondos por concepto de técnico extranjero amparado bajo la Ley N°18156, se aplican las respectivas medidas de validación de la documentación que se presenta ante esta Administradora de Fondos de Pensione.”

En cuanto a los documentos acompañados a la acción, indica que la constancia de cotización no tiene firma, y, que, según el Oficio N°5376 emitido por la Superintendencia de AFP “Para acreditar la cobertura en el país de origen no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile”. Invoca al efecto los artículos 345, 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, o Convención de la Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros.

Respecto del contrato de trabajo acompañado, de fecha 9 de mayo de 2022, se señala la afiliación del recurrente a AFP Modelo, no existiendo declaración alguna de afiliación a un régimen previsional extranjero. Al efecto, señala que el Oficio N°12.954 de la Superintendencia de Pensiones es categórico en señalar que: “...según la sostenida jurisprudencia de este organismo fiscalizador, se ha exigido para acreditar el requisito de cobertura previsional de la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, que el trabajador extranjero acredite que ha contado con un seguro por todos los riesgos exigidos en ese mismo precepto y durante toda la extensión del tiempo en que prestó servicios en Chile. En cuanto a la cobertura de salud, cabe aclarar que se ha exigido que aquella sea integral, es decir, que comprenda el otorgamiento de prestaciones médicas y pecuniarias, en caso de enfermedad de origen común.”

Asimismo, destaca que la Superintendencia de Pensiones cuenta con atribuciones para interpretar la legislación previsional e impartir normas generales de cumplimiento obligatorio para las AFP, conforme al artículo 3° del DFL N° 101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y que la Excma. Corte Suprema ha reconocido expresamente dichas atribuciones en fallos recientes.

Concluye que su representada se ha limitado a verificar copulativamente los requisitos que establece la normativa vigente, sin que ello importe privación, perturbación ni amenaza alguna de garantía constitucional, puesto que los fondos permanecen en la cuenta del recurrente y éste podrá ejercer las acciones que correspondan por las vías pertinentes.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de aquellos derechos y garantías expresamente enumerados, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que impidan, perturben o amenacen dicho ejercicio. La procedencia de esta acción cautelar exige la concurrencia copulativa de dos condiciones esenciales: la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, y que este cause privación, perturbación o amenaza a una garantía constitucional, requiriéndose indispensablemente que el derecho reclamado tenga el carácter de indubitado y preexistente. No resulta ser esta vía un procedimiento de lato conocimiento destinado a declarar derechos controvertidos.

Cuarto: Que, para resolver la controversia, es preciso tener presente que la Ley N°18.156 establece un régimen de excepción a la obligación general de cotizar en el sistema previsional chileno. Su artículo 1° exige copulativamente: a) Que el técnico extranjero se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Que en el contrato de trabajo el trabajador exprese su voluntad de mantener dicha afiliación.

Quinto: Que, de los antecedentes allegados a estos autos aparece establecido que, para los efectos de acreditar el presupuesto previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, la recurrente acompañó ante la autoridad administrativa una constancia electrónica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, instrumento que no se encuentra suscrito por autoridad competente, ni legalizado o apostillado, y que, además, no permite tener por acreditado que dicho régimen le otorgue cobertura, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el período en que prestó servicios en Chile.

Sexto: Que, asentado lo anterior, no se advierte que la actuación de la recurrida pueda ser calificada de ilegal o arbitraria, desde que el rechazo de la solicitud de devolución de fondos encuentra sustento en la falta de acreditación suficiente de los presupuestos copulativos que contempla el artículo 1° de la Ley N°18.156, normativa de carácter excepcional y, por ende, de aplicación restrictiva.

Séptimo: Que, en efecto, la constancia electrónica acompañada por la actora, aun cuando incorpore mecanismos de verificación digital, no satisface, por sí sola, las exigencias formales que nuestro ordenamiento impone respecto de los instrumentos otorgados en el extranjero, de manera que no resulta bastante para tener por acreditada, en esta sede cautelar, la cobertura previsional invocada en los términos exigidos por la ley.

Octavo: Que, en lo concerniente a la imposibilidad material para obtener la apostilla o legalización de la documentación emanada de autoridades venezolanas, cabe señalar que dicha circunstancia, aun cuando pudiere importar una dificultad práctica atendible, no autoriza a esta Corte para eximir del cumplimiento de exigencias legales expresas ni para sustituir, por la vía de esta acción cautelar, los medios de acreditación previstos por el legislador y desarrollados por la autoridad administrativa competente.

Noveno: Que, en consecuencia, la decisión adoptada por la recurrida aparece sustentada en antecedentes objetivos y en la aplicación de la normativa sectorial pertinente, sin que se advierta en su dictación un proceder caprichoso, infundado o discriminatorio que justifique el otorgamiento de la cautela constitucional pretendida.

Décimo: Que, asimismo, tampoco se configura la vulneración del derecho de propiedad denunciada, toda vez que los fondos previsionales de la recurrente permanecen incorporados a su cuenta de capitalización individual y conservan la finalidad legal que les es propia, de modo que la negativa impugnada no importa privación, perturbación ni amenaza de dicho derecho, sino únicamente la improcedencia de su restitución anticipada en ausencia de los presupuestos legales que la hacen excepcionalmente procedente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-9162-2026.