Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés.

Vistos y considerando:

Primero: Que, comparece la abogada doña Ana María Rivera Álvarez, en representación de don nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por el acto arbitrario e ilegal consistente en el rechazo de licencias médicas, lo cual constituiría una vulneración a sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 1, 2, 9 y 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que por Resolución Exenta N° R-01-IBS-56652-2023, de 27 de abril de 2023, la recurrida resolvió mantener el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 105 días a contar del 17 de junio de 2022, por reposo no justificado. Indica que se expresó como motivo de lo anterior que “esta conclusión se basa en que los antecedentes evaluados entre los que se encuentra el maestro histórico de licencias médicas y los informes del médico tratante, no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado por la misma patología. Los informes médicos no describen el compromiso funcional de los síntomas, su evolución ni ajustes en tratamiento de lo cual se desprenda rol terapéutico del reposo.”

Seguidamente, mediante Resolución Exenta N° R-01-IBS-56587-2023, de 27 de abril de 2023, en igual sentido, se confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado y RUT reservado.

Señala que el recurrente ha sido diagnosticado con graves problemas de salud mental, incluyendo depresión severa y crisis de pánico. A pesar de su crítico estado, las licencias médicas fueron denegadas. Agrega que a pesar de la recomendación médica de que el defendido no está apto para trabajar, especialmente porque opera maquinaria peligrosa, sus licencias médicas fueron rechazadas. Esta negativa ha llevado al paciente a una situación de desesperación y vulnerabilidad económica.

En conclusión, refiere que los actos descritos demuestran la arbitrariedad en la SUSESO y la COMPIN respectiva, al rechazar injustificadamente las licencias médicas del recurrente, desoyendo la jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores que cita, afirmando que lo anterior le ocasiona una grave vulneración de garantías fundamentales, al verse privado de realizar su reposo y de percibir ingresos.

En virtud de lo anterior, solicita se acoja el recurso y, en definitiva, se ordene autorizar las licencias médicas referidas, y aquellas que se encuentra en reclamación ante la citada entidad sin que a la fecha haya emitido la resolución correspondiente, ordenando, el pago inmediato de los subsidios y cotizaciones correspondientes, con expresa condenación en costas.

Segundo: Que, la Superintendencia de Seguridad Social solicitó el rechazo del recurso de protección deducido en su contra, con costas, argumentando en primer lugar, que el recurso fue interpuesto de forma extemporánea. En subsidio, alegó la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social y, finalmente, en subsidio de sus dos alegaciones anteriores, evacuó su informe, argumentando que dicho servicio no ha incurrido en un acto ilegal o arbitrario que haya vulnerado, respecto de la parte recurrente, alguna de las garantías que las Constitución Política de la República establece en su artículo 19.

En cuanto a la extemporaneidad, respecto de las licencias médicas N°s RUT reservado y RUT reservado, precisa que el recurrente presentó por primera vez un reclamó en contra de la decisión de COMPIN de rechazar las referidas licencias médicas, lo que fue confirmado por la Superintendencia mediante resolución de 1 de febrero de 2023.

En virtud de lo anterior, relata que el recurrente presentó una reconsideración de la decisión anterior, lo que fue rechazado el 27 de abril del año en curso.

Por su parte, respecto de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, afirma que el recurrente presentó por primera vez un reclamó en contra de la decisión de COMPIN de rechazar las referidas licencias médicas, lo que fue confirmado por la Superintendencia mediante resolución de 12 de diciembre de 2022.

En virtud de lo anterior, relata que el recurrente presentó una reconsideración de la decisión anterior, lo cual fue rechazado el 16 de febrero del año en curso. No obstante, indica que se presentó una nueva reconsideración de lo resuelto precedentemente por parte del actor, lo cual fue rechazado en definitiva el 27 de abril del año en curso.

En conclusión de lo anterior, afirma que el recurrente ejerció la acción constitucional con fecha 11 de mayo de 2023, esto es, cuando el plazo fatal de 30 días corridos estaba vencido, toda vez que en su momento el recurrente ya tenía conocimiento cierto del rechazo dispuesto por la Superintendencia, a más tardar, el mismo día en que solicita las “segundas presentaciones”, hecho que aconteció el 2 de marzo de 2023 respectivamente, y la acción de protección interpuesta recién con fecha 11 de mayo del año 2023, por lo que no puede prosperar la acción.

En segundo lugar, y en subsidio de lo anterior, alegó la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social, argumentando que los derechos que forman parte de dicho sistema no se encuentran amparados por esta acción cautelar.

Al respecto, explica que la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. N.º 1 de 2005, del Ministerio de Salud y del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; así como las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez y el pago de la prestación pecuniaria por éstas originadas, es decir, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), son materias que pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección, motivo por el cual solicita se declare improcedente.

Finalmente, en subsidio de sus dos excepciones previas, evacuó el informe que le fue requerido refiriéndose en detalle al marco normativo relacionado con el caso de autos, así como a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, concluyendo que, en la especie, no existe ilegalidad o arbitrariedad alguna que se le pueda imputar a dicho servicio, en la dictación del acto administrativo que por esta vía cautelar se reclama, destacando que las peticiones del recurso, desbordan los límites de aplicación de este tipo de acciones constitucionales, máxime cuando la parte recurrente no goza de un derecho indubitado que pueda ser protegido.

Sostiene que, respecto al caso del recurrente, dicho servicio, a través de diferentes profesionales médicos, estudio los antecedentes del caso, y concluyó que el reposo médico prescrito por el médico tratante no se encontraba justificado.

Al efecto, en cuanto las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, se fundamentó en una primera oportunidad que “los antecedentes aportados (informes médicos no ampliamente fundados, sin descripción de la evolución clínica del cuadro o de su compromiso funcional, sin plan de tratamiento o ajustes farmacológicos en consecuencia, sin derivación a dispositivos de mayor mayor complejidad, sin detalles sobre un proceso psicoterapéutico) no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado”. En segunda oportunidad se señaló que “los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado”. Finalmente, en la tercera decisión, la superintendencia refirió que “los antecedentes evaluados entre los que se encuentra el maestro histórico de licencias médicas y los informes del médico tratante, no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado por la misma patología. Los informes médicos no describen el compromiso funcional de los síntomas, su evolución ni ajustes en tratamiento de lo cual se desprenda rol terapéutico del reposo”

Por su parte, respecto de las licencias médicas N°s RUT reservado y RUT reservado, en primera oportunidad se argumentó que “Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado”. Y finalmente mediante un segundo pronunciamiento que “los antecedentes evaluados entre los que se encuentra el maestro histórico de licencias médicas y los informes del médico tratante, no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado por la misma patología. Los informes médicos no describen el compromiso funcional de los síntomas, su evolución ni ajustes en tratamiento de lo cual se desprenda rol terapéutico del reposo”.

Finalmente, precisa que los médicos tratantes del Sr. nombre reservado, don nombre reservado nombre reservado, doña nombre reservado, y doña nombre reservado, quienes han emitido las licencias médicas reclamadas, no posee la especialidad de psiquiatría, que corresponde al diagnóstico por las cuales fueron emitidas, según consta el certificado emitido por la Superintendencia de Salud, por tanto, el recurrente ya acumuló 60 días de licencias médicas, llegando al límite establecido por el Decreto N° 7, de 2013, al tratarse dicho cuadro de salud con médico general.

Conforme a ello, estima que lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de confirmar el rechazo de las licencias médicas de la parte recurrente, se encuentra médica y administrativamente justificado, debido a que los antecedentes tenidos a la vista no permiten justificar el reposo prescrito y el rol terapéutico que este debe cumplir.

En consecuencia, sostiene que la Superintendencia de Seguridad Social no ha incurrido en un acto ilegal o arbitrario, ni ha vulnerado los derechos que la Constitución Política de la República garantiza a la parte recurrente, máxime cuando a dicho servicio, en ejercicio de las facultades y prerrogativas que el legislador ha dispuesto en la Ley Nº 16.395, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social.

Por estas razones, solicita el rechazo de la acción constitucional deducida en su contra, con costas.

Tercero: Que, evacuando informe la Comisión De Medicina Preventiva e Invalidez, expresa que las licencias médicas Ns° RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, fueron rechazadas por reposo injustificado. En cuanto a las licencias médicas N°s RUT reservado y RUT reservado, fueron rechazadas por falta de causa medica que justifique el reposo.

Explica que el Decreto Supremo N° 3/1984, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por los Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional, establece en su artículo 14 que es competencia privativa de la Unidad de Licencias Médicas de la COMPIN o de la ISAPRE, en su caso, el poder rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período solicitado; o cambiarlo de total a parcial y viceversa, dejándose constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida.

Estima que las actuaciones realizadas por la COMPIN, al decidir si aprobar o rechazar una licencia médica, se enmarcan en los parámetros objetivos que se han dispuesto. Todo esto en la búsqueda de asegurar que el uso de las licencias médicas cumpla verdaderamente su finalidad terapéutica y de carácter transitorio mientras el trabajador recupera su salud para volver a ejercer sus funciones laborales.

Cuarto: Que recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

En cuanto a la alegación de extemporaneidad:

Quinto: Que, en lo concerniente a la extemporaneidad, el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales establece que la presente acción deberá interponerse en el plazo fatal de 30 días corridos desde el hecho que lo motiva, o desde que se tuvo conocimiento del mismo.

Basta para desestimar la extemporaneidad reclamada, considerar que los actos recurridos producen efectos permanentes, aunado a que las Resoluciones Exenta recurridas son de fecha 27 de abril de 2023 y el presente arbitrio fue interpuesto el 11 de mayo del año en curso, razón por la que el presente arbitrio aparece presentado dentro del plazo que contempla el Auto Acordado que rige la materia.

En cuanto al fondo:

Sexto: Que, en relación a la alegación de que conforme al artículo 20 de la Carta Fundamental no figura la presente materia dentro del catálogo de procedencia del mismo, que corresponden a la seguridad social como es la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, propias del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esa defensa se desestimará, dado que lo que se censura en este caso está dado en una supuesta falta de motivación de la propia autoridad recurrida, vinculado al derecho a la vida e integridad física y psíquica, a la igualdad de trato y del derecho de propiedad por el cese en el pago de las mismas, por lo que no se restringe únicamente a materias propias de seguridad social como alude una de las recurridas.

Séptimo: Que, conforme a los elementos de convicción agregados por las partes, los que, analizados de conformidad a las reglas de la sana crítica, particularmente del expediente administrativo en el que consta el reclamo que rechazó las licencias médicas, consta que obedeció a la causal de reposo injustificado.

Es así que conforme al fundamento consignado en:

1.- Resolución Exenta N° r-01-ibs-56587-2023, de fecha 27 de abril de 2023:

“CONSIDERANDO:

Que, ha recurrido con fecha 02 de marzo de 2023 a esta Superintendencia don nombre reservado, RUN RUT reservado, solicitando se reconsidere el dictamen N° R-01-UME-15284-2023 de fecha 01 de febrero de 2023 mediante el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 42 días a contar del 30 de septiembre de 2022, por reposo no justificado.

Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes evaluados entre los que se encuentra el maestro histórico de licencias médicas y los informes del médico tratante, no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado por la misma patología. Los informes médicos no describen el compromiso funcional de los síntomas, su evolución ni ajustes en tratamiento de lo cual se desprenda rol terapéutico del reposo.

RESUELVO:

Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

2.- Resolución Exenta N° R-01-IBS-56652-2023, de 27 de abril de 2023:

“CONSIDERANDO:

Que, ha recurrido con fecha 02 de marzo de 2023 a esta Superintendencia don nombre reservado, RUN RUT reservado, solicitando se reconsidere el dictamen N° R-01-IBS-21287-2023 de fecha 16 de febrero de 2023 mediante el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 105 días a contar del 17 de junio de 2022, por reposo no justificado.

Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes evaluados entre los que se encuentra el maestro histórico de licencias médicas y los informes del médico tratante, no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado por la misma patología. Los informes médicos no describen el compromiso funcional de los síntomas, su evolución ni ajustes en tratamiento de lo cual se desprenda rol terapéutico del reposo.

RESUELVO:

Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

Octavo: Que el artículo 149 del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, cuerpo legal que, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

En su artículo 156 del mencionado D.F.L., se trata del beneficio de licencia médica que también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Define la licencia médica en el artículo 1° del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, agregando que, de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Asimismo, en ejercicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social conforme al artículo 19 Nº 18 inciso 4º de la Constitución Política y el artículo 2º de la Ley Nº 16.395 modificado por la Ley N° 20.691 del año 2013, citando además los artículos 27 y 38 de la Ley Nº 16.395.

Noveno: Que, asimismo, el procedimiento para su autorización está regulado en el D.S. N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, artículo 11 y siguientes, corresponde a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, en el caso de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos.

Por otra parte, las Compin deben resolver, como en el caso del recurrente acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

De las resoluciones que las Compin emitan en alguna de las situaciones descritas, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y, por último, reclamar de la resolución de la Compin que resuelve el recurso de reconsideración ante la Superintendencia de Seguridad Social.

Al mismo tiempo, los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las Compin, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.

Décimo: Que, por su parte, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, le corresponde la de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Es la Ley N° 16.395, en su artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, señala las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.”

“c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

En seguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”

En su inciso segundo la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

Por su parte, el artículo 27 de la Ley N° 16.395, establece que a esa Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

En efecto, el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

Asimismo el artículo 21 del cuerpo normativo que precede dispone que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.”

Undécimo: Que la parte recurrida, ha manifestado que para para rechazar las licencias, se tuvo como fundamento que no existen antecedentes médicos que respalden la prolongación del reposo al periodo previamente autorizado, en los términos antes anotados.

Duodécimo: Que, en relación a los argumentos expuestos por la Superintendencia recurrida, el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, que se encuentra contenido en el Decreto Supremo Nº 3 del Ministerio de Salud, de 1984 señala que, en caso de rechazo de una licencia, la resolución o pronunciamiento respectivo debe, en lo pertinente, dejar constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida. Del mismo modo, el artículo 11 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte” y “los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley.

Décimo tercero: Que, de esta manera, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicitando al solicitante el fundamento del acto, su sustento material y las normas jurídicas aplicables a la situación que debe resolver. Por lo anterior, los actos administrativos recurridos, consistente en la resolución que rechaza la licencia ya indicada, carece de la fundamentación exigida por el ordenamiento jurídico, en la medida que las decisiones de la SUSESO, sólo se asientan en que los antecedentes no justifican la prolongación del reposo, en circunstancias que aquéllos, pueden obtenerse conforme al artículo 21 del Reglamento ya indicado, pues el órgano recurrido cuenta con facultades oficiosas para decretar medidas para lograr un mejor acierto de su decisión, disponer peritajes o exámenes y requerir otros, esto es, acudir a un elemento de convicción que otorgue mayor razonabilidad a la decisión administrativa, máxime cuando en la especie se aprecian licencias que han sido autorizadas en relación al recurrente, en forma previa a aquellas que motivan la presentación de la acción cautelar.

Décimo cuarto: En efecto, este actuar vulnera el derecho de propiedad de la recurrente, consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, dado que tal rechazo implica la imposibilidad de recibir el subsidio que correspondía por el tiempo no trabajado, lo que obviamente afecta su patrimonio.

Décimo quinto: Que con fecha 18 de agosto de 2021, la Corte Suprema en causa Rol N° 56.305-2021, resolvió que:

“Cuarto: Que, conforme dan cuenta los antecedentes de autos, la decisión adoptada por la recurrida no se apoya en ningún elemento de convicción que la avale, soslayando hacer mención a otros factores objetivos que corroboren el dictamen a que arribó, carencias que la privan de contenido, sin que sea dable discernir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual se le niega el derecho al reposo prescrito.

Quinto: Que, por lo demás, parece insoslayable reflexionar que de acuerdo a la normativa precedentemente reseñada, es factible sostener que la Compin directamente o a instancia de la Superintendencia, con miras a acatar el mandato legal consistente en resolver las apelaciones promovidas por los afiliados contra los decretos del régimen de salud, puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, cometido omitido injustificadamente en el actual litigio.

Sexto: Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud del recurrente. En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad de los entes recurridos, con la subsecuente falta de pago de las licencias médicas correspondientes.

Séptimo: Que es así como se torna del todo arbitrario desestimar un permiso médico concedido por facultativos sin ningún motivo adicional suministrado por las entidades criticadas, simplemente sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar, frente a la paciente y terceros interesados, cualquier duda, en especial, sometiéndola a evaluaciones médicas accesorias. En semejantes coyunturas, ante colofones tan definitivos para las personas, cabe exigir un mínimo de diligencia a la autoridad, sobre quien pesa su actuar de oficio y respeto por los axiomas de no discriminación, objetividad y exhaustividad en su proceder.

Octavo: Que de esta manera, se advierte que la negativa de las licencias médicas esgrimida por la parte recurrente implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus prerrogativas, en concreto, si como en este negocio se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas.

Noveno: Que en virtud de lo razonado, la decisión del órgano recurrido deviene en arbitraria, pues carece de fundamento y además, infringe la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral, por tal motivo y en uso de las facultades que otorga el Auto Acordado sobre la presente materia, que permite tomar todas las medidas para resguardar la protección de las garantías constitucionales, el presente recurso es acogido en los términos que se indicarán en lo resolutivo del fallo.”

Décimo sexto: Que, en las circunstancias apuntadas, habiendo quedado de manifiesto la concurrencia de un acto arbitrario que afecta los derechos constitucionales del recurrente, la protección que se solicita mediante la presente acción cautelar ha de ser otorgada, del modo que a continuación se dispone.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se acoge, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), dejándose sin efecto las Resoluciones Exentas N° r-01-ibs-56587-2023, de fecha veintisiete de abril de dos mil veintitrés y N° R-01-IBS-56652-2023, de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, respectivamente, debiendo la recurrida disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la parte recurrente encargue un nuevo informe médico acerca de la dolencia que da cuenta el presente arbitrio en relación a la capacidad laboral del actor, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que dispone las licencias médicas, que resolvió confirmar el rechazo -N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, RUT reservado- y cumplido ello, se pronuncie nuevamente -de manera fundada- acerca del objeto del presente libelo.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N° Protección-9160-2023.