Protección contra Excelentísima Corte Suprema de Justicia

Santiago, cuatro de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE.

Primero: Que a folio 1 comparece don nombre reservado, Licenciado en Ciencias Jurídicas, quien deduce acción constitucional de protección, en contra de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, representada por su presidente, don nombre reservado, por haber rechazado mediante resolución de fecha 25 de noviembre de 2024, dictada en Antecedentes Administrativo Rol TI-2629-2024, su solicitud de juramento para obtener el título profesional de abogado, invocando el incumplimiento del requisito de buena conducta del artículo 523 N°4, del Código Orgánico de Tribunales, respecto de la cual mediante resolución de 6 de enero se desestimó el recurso de reposición extraordinario que dedujo el 3 de enero de 2025.

Señala que dicha actuación es ilegal y arbitraria al aplicar subjetivamente un requisito ambiguo, desconociendo los antecedentes de buena conducta aportados y sin considerar el cumplimiento de penas impuestas hace más de veinte años, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, igual protección legal, respeto a la honra, libertad de trabajo, no discriminación económica, derecho a actividad económica, derecho de propiedad e integridad psíquica, que la Constitución garantiza, por lo que solicita se deje sin efecto la resolución y se ordene recibir el juramento para ser investido como abogado.

Expone que decidió estudiar la carrera de derecho, guiado por la vocación de defender a las personas frente a la vulneración de sus derechos y obtener mejores ingresos familiares, agregando que debió suspender sus estudios dos años y medio por problemas laborales, económicos y de salud, pero finalmente logró obtener el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas el 3 de abril de 2024 en la Universidad SEK. Posteriormente completó su práctica profesional obligatoria en la Corporación de Asistencia Judicial de Maipú entre octubre 2023 y abril 2024, obteniendo certificación en julio 2024.

Con fecha 22 de julio de 2024 efectuó la apertura de expediente de titulación ante la Corte Suprema, registrado bajo Rol TI-2629-2024 y el Comité de Personas, integrado por los ministros Sres. Fuentes (presidente) y nombre reservado y Sra. nombre reservado, rechazó la solicitud por dos votos contra uno, siendo el voto disidente del presidente Sr. nombre reservado. Los antecedentes fueron reenviados al Pleno de la Corte Suprema.

El 25 de noviembre de 2024, el Pleno del Máximo Tribunal – presidido por la Sra. nombre reservado e integrado por los ministros y ministras Sr. Silva C., Sr. nombre reservado, Sr. nombre reservado, Sra. nombre reservado, Sr. nombre reservado, Sra. nombre reservado, Sra. nombre reservado, y los ministros suplentes, Sr. nombre reservado., Sra. nombre reservado, Sra. nombre reservado y Sra. nombre reservado-, rechazó la solicitud por ocho votos contra cuatro, siendo estos últimos, incluido el de la presidenta, favorables al juramento. La resolución invocó el incumplimiento del requisito de buena conducta, por existir tres anotaciones prontuariales en su extracto de filiación y antecedentes. El 3 de enero de 2025 dedujo recurso de reposición extraordinario en contra de dicha resolución, el que fue rechazado el 6 de enero de 2025.

En tal sentido, cuestiona la interpretación del requisito de "buena conducta" del artículo 523 N°4 del Código Orgánico de Tribunales, calificándolo como ambiguo, subjetivo y carente de parámetros objetivos, por cuanto la ley no define que debe considerarse como buena o mala conducta ni el tiempo en que debe observarse, habiéndose agregado al expediente la certificación de la universidad y las declaraciones juradas de dos testigos de buena conducta, exigiéndose por la Corte Suprema algo distinto de lo que señala el numeral 4 del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, haciendo presente que es el numeral 3° del artículo 523 COT, es el que prohíbe condenas por crímenes o simples delitos con pena aflictiva, lo que cumple desde que actualmente no ha sido acusado por crimen o simple delito que merezca pena efectiva, haciendo presente que las tres condenas por los delitos de manejo en estado de ebriedad, que registra, fueron cumplidas, se encuentran prescitas y su data supera los 20, 15 y 13 años, por lo que debe considerársele sin antecedentes penales, afirmando que los criterios de sanción deber cumplir con ciertos requisitos de razonabilidad y proporcionalidad, poniendo de relieve, además, lo señalado por los ministros que votaron en contra de lo decidido en el informe del Comité de Personas y en la resolución del pleno del máximo Menciona igualmente las irregularidades administrativas que impiden eliminar antecedentes conforme al DL 409, lo que intentó realizar desde el año 2014 y que actualmente discute en sede administrativa y civil, nada de lo cual fue considerado al resolver la el recurso de reposición extraordinario deducido, siendo sancionado por delitos por los que ya fue sentenciado, argumentando discriminación por hechos ocurridos hace más de veinte años, que no inciden en el desempeño profesional actual.

Sobre la base de lo anterior, afirma que las resoluciones de 24 de noviembre de 2024 y 6 de enero de 2025, por las que el Pleno de la Corte Suprema niega su juramento constituyen un acto ilegal y arbitrario. Es ilegal, desde que ignora los efectos concretos de su resolución respecto a las garantías constitucionales y derechos atribuidos por tratados internaciones vigentes, por lo tanto, es también obligado a cumplirlos. Es arbitrario, ya que simplemente imputa y califica de la mala conducta, sin considerar ni ponderar los antecedentes exigidos por la propia magistratura y aportados oportunamente por el recurrente, por lo que denota falta de motivación y justificación de la imputación de mala conducta.

Expresa que, de esta manera, se vulneraron los siguientes derechos constitucionales: igualdad ante la ley (art. 19 N°2) por discriminación arbitraria; igual protección legal (art. 19 N°3 inc. 1°) al diferenciarse injustificadamente entre ciudadanos; garantía de tribunal establecido (art. 19 N°3 inc. 5°) al aplicarse sanción no legal mediante procedimiento no establecido; respeto a la honra (art. 19 N°4) al calificarlo de mala conducta por hechos antiguos; libertad de trabajo (art. 19 N°16) al impedírsele ejercer la profesión; derecho a actividad económica (art. 19 N°21) al obstaculizar acceso profesional; no discriminación económica (art. 19 N°22); derecho de propiedad (art. 19 N°24) sobre derecho adquirido al cumplir requisitos legales; e integridad psíquica (art. 19 N°1) por afectación derivada de ser juzgado nuevamente por hechos pasados y también sostiene que la resolución vulnera tratados internacionales suscritos por Chile, especialmente el Convenio OIT C.111 de 1958, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.

Solicita, en definitiva, se acoja el recurso y, en su mérito, se reconozcan los derechos fundamentales, se deje sin efecto la resolución de 25 de noviembre de 2024, se proceda a acoger la petición de reconsideración de mi persona por el órgano pertinente y se considere que se reúnen los requisitos previstos en el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales y se ordene que reciba el juramento de abogado, con costas.

Segundo: Que a folio 7 informa don nombre reservado, presidente de la Excelentísima Corte Suprema, quien expone los siguientes antecedentes fácticos y fundamentos jurídicos respecto del recurso de protección interpuesto.

Señala que el recurrente, Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad SEK, con fecha 22 de julio de 2024, requirió la apertura del expediente de titulación Rol N° TI-2629-2024. El 9 de septiembre de 2024, el Presidente del máximo Tribunal resolvió abrir expediente de juramento y, atendidas las anotaciones prontuariales en su extracto de filiación, por tres delitos de manejo en estado de ebriedad, remitió los antecedentes al Comité de Personas conforme al artículo 9° literal a) del Acta 47-2020.

Durante la sesión del Comité del 22 de octubre de 2024, se constató que el solicitante aprobó su práctica profesional y obtuvo el grado de Licenciado el 3 de abril de 2024, pero registraba tres anotaciones prontuariales no eliminadas en su extracto de filiación y antecedentes. La primera corresponde a la causa Rol N°1839-2004 del Octavo Juzgado del Crimen de San Miguel, condenado por manejo en estado de ebriedad a 61 días de presidio menor, pena remitida, y multa de 2 UTM. La pena corporal fue declarada prescrita el 2 de febrero de 2011. La segunda, causa RIT 6249-2009 del Décimo Quinto Juzgado de Garantía, condenado por el mismo delito a 300 días de presidio menor con beneficio de reclusión nocturna y multa de 2 UTM. La tercera, causa RIT 971-2013 del Décimo Primer Juzgado de Garantía, condenado por idéntico ilícito a 61 días de presidio menor y multa de un tercio de UTM. Las penas de las dos últimas causas se encuentran cumplidas.

El Comité de Personas acordó informar desfavorablemente la solicitud de juramento, estimando que tales anotaciones impiden considerar satisfecho el requisito de buena conducta del N° 4 del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, para ser abogado. El 25 de noviembre de 2024, atendido el mérito de los antecedentes del expediente, el Pleno rechazó la solicitud por no cumplir los requisitos legales establecidos.

Con relación a la potestad de otorgar el título de abogado, señala que la Constitución Política de la República, en el artículo 19 N°16, dispone que la ley determinará las profesiones que requieren título universitario y las condiciones para ejercerla. A diferencia de otras profesiones, el otorgamiento del título de abogado está radicado en la Corte Suprema conforme al artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, que establece que será otorgado en audiencia pública previa comprobación de los requisitos de los artículos 523 y 526 del mismo código.

El citado artículo 523 requiere: 1°) Tener veinte años de edad; 2°) Tener Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas otorgado por una Universidad en conformidad a la ley; 3°) No haber sido condenado ni estar actualmente acusado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva; 4°) Antecedentes de buena conducta. La Corte Suprema podrá practicar las averiguaciones que estime necesarias acerca de los antecedentes personales del postulante; y 5°) Haber cumplido satisfactoriamente una práctica profesional por seis meses en las Corporaciones de Asistencia Judicial a que se refiere la ley Nº 17.995, circunstancia que deberá acreditarse por el Director General de la respectiva Corporación.

La Corte Suprema, conforme con la ley, tiene potestad discrecional para realizar averiguaciones sobre antecedentes personales, que no se limita a una revisión formal de los requisitos técnicos, pues debe realizar un examen de fondo del cumplimiento fáctico de cada requisito.

Señala que este sistema no es exclusivo del ordenamiento nacional, reconociéndose instancias posteriores a las académicas destinadas a corroborar idoneidad técnica y ética de quienes buscan desempeñar la profesión. Para ejercer esta potestad, la Corte Suprema dictó el Acta N°47-2020 con el instructivo para tramitación de expedientes de juramento, habilitándola para practicar averiguaciones que estime necesarias sobre antecedentes personales, entre las que se cuentan los informes de conducta emitidos por las casas de estudio, la información sumaria de testigos provista por el propio interesado y la que pueda constar en su extracto de filiación.

Sobre la exigencia de "Buena conducta", explica que en aquellos casos que del expediente se desprenden antecedentes de mala conducta o de su extracto de filiación y antecedentes consta un antecedente penal distinto al numeral 3° del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, debe remitirse al Comité de Personas para proponer al Tribunal Pleno si la solicitud debe acogerse o rechazarse. En este caso, las tres anotaciones de su extracto de filiación y antecedentes llevaron al Comité de Personas a evaluar la concurrencia del requisito, determinando que tales ellas impiden considerar satisfecho el requisito de buena conducta, lo que fue refrendado por el Tribunal Pleno el 25 de noviembre de 2024, al estimar insatisfecho el requisito del numeral 4° del artículo 523 del citado código.

Agrega que la determinación conlleva la evaluación del comportamiento y acciones desplegadas durante la vida, con especial detención en aquellas de valor negativo contrarias al requisito exigido, particularmente si han afectado la confianza en la Justicia. Estas actuaciones se enmarcan en la facultad privativa, exclusiva y excluyente otorgada por el legislador, consultando antecedentes disponibles para verificar cumplimiento de exigencias legales.

En cuanto al rol del abogado en la sociedad, la recurrida expone que son personas revestidas de facultad para defender derechos ante Tribunales, desempeñando rol esencial en defensa jurídica con rango constitucional según artículo 19 N° 3. La investidura es atributiva de función pública trascendente para la sociedad, como puesta en marcha de procesos judiciales y sistema de justicia. La ley dispone que la investidura vaya unida a ceremonia de juramento, solemnizando la dimensión pública de la profesión.

La relevancia queda evidenciada en que es habilitante para cargos de Juez, Ministro de Corte de Apelaciones y Suprema, Fiscal, Defensor, Notario, Conservador de Bienes Raíces, entre otros, donde la fe pública queda entregada al correcto cometido de dichos funcionarios. En cumplimiento de esta función pública, deben colaborar al servicio judicial con altura de miras sin olvidar el interés general.

Agrega que el requerimiento de buena conducta, a la luz de las funciones y exigencias de la profesión, colma de sentido la disposición que exige su cumplimiento. La rectitud y probidad exigida fue puesta a prueba a partir de antecedentes que pudo conocer la Corte. La reiteración de conducta delictiva fue fundamental para la decisión del Pleno al rechazar la solicitud por la inobservancia de buena conducta.

Sostiene que la actuación de la Corte Suprema no es ilegal, siendo dictada por órgano competente dentro de sus facultades privativas y dando previo cumplimiento a los trámites y requisitos establecidos en artículos 523 y 526 del COT. Tampoco es arbitraria, habiendo confundido la recurrente discrecionalidad con arbitrariedad. La ley otorga esfera de autonomía para determinar concurrencia del requisito, lo que no genera arbitrariedad en su aplicación.

La discrecionalidad permite margen de apreciación valorativa, distinto de "autonomía de la voluntad". La existencia de factores discrecionales no implica que pueda actuar obviando el marco legal. El asunto versa sobre sentido y alcance que debe reconocerse a concepto jurídico indeterminado contenido en el precepto.

El argumento sobre sanción doble yerra al considerar la exigencia como sanción. La Corte no sanciona sino constata incumplimiento de requisitos legales. La "buena conducta" es requisito para acceder al título, circunstancia o condición necesaria según la RAE. La imposibilidad de ejercer derechos por incumplimiento de requisitos no constituye sanción ni manifestación del "ius puniendi", sino la constatación de los requisitos exigidos.

Respecto de las supuestas garantías vulneradas, desarrolla fundamentos para sostener la ausencia de la vulneración imputada.

En cuanto a la igualdad ante la ley, del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, cita que es el imperativo constitucional exige un trato formalmente igual y sustancialmente igual por diferenciación. La conducta de la Corte se ciñe estrictamente a este principio, dando mismo tratamiento a todos los postulantes conforme al Acta 47-2020; en relación a la igual protección en ejercicio de derechos, del artículo 19 N°3 inciso primero, señala que la infracción no se encuentra amparada por la acción constitucional. Sobre las comisiones especiales, del artículo 19 N° 3 inciso quinto, argumenta que el recurrente no ha sido sometido a juzgamiento ni sancionado, siendo postulante el que debe cumplir requisitos establecidos. No se aplicó sanción sino constatación de incumplimiento de requisitos. Respecto de la protección de la vida privada y la honra, del artículo 19 N° 4, refiere que las actuaciones corresponden a facultad privativa del Código Orgánico de Tribunales. Los antecedentes penales del extracto sirvieron para fundar la negativa, siendo requisito legal. La calificación responde a proceso de análisis con elemento fundante en propias acciones del recurrente. En cuanto a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y contratación, del artículo 19 N° 16, señala que corresponde al legislador establecer actividades que requieren título y requisitos para ejercerlas, labor radicada en la Corte Suprema conforme al Código Orgánico de Tribunales. En relación al derecho a desarrollar cualquier actividad económica y no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y demás organismos en materia económica, del artículo 19 Nº21 y 22, asevera que la negativa a permitir el juramento y otorgar el título de abogado, no pueden ser entendidos como impedimento de tales derechos, sino la constatación de los requisitos exigidos para la obtención de su título de abogado que está sujeto al cumplimiento de ciertas exigencias que en este caso no se cumplen. Respecto del derecho de propiedad, del artículo 19 N° 24, hace presente que invoca propiedad sobre un derecho inexistente, estando en posesión de la licenciatura que junto a otros requisitos copulativos permiten acceder al título de abogado, pero su obtención está sujeta al cumplimiento de esos requisitos. En relación al derecho a la integridad física y psíquica del art 19 N° 1, lo que resulta reprochable son las interferencias ilegítimas en el organismo y psiquis de la persona, enmarcándose las actuaciones del Comité de Personas y del Tribunal Pleno en la verificación de los requisitos que exige la ley, sin perjuicio que no se ha acompañado antecedente médico o psicológico que dé cuenta de ello.

Solicita, en definitiva, el rechazo del recurso con expresa condenación en costas.

Tercero: Que el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso, recurrir a la Corte de Apelaciones a fin que se adopten de inmediato las providencias que fueren necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Cuarto: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, que se traduce en falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Quinto: Que el acto recurrido es el rechazo de la solicitud de juramento para la obtención del título de abogado del recurrente, efectuada mediante resolución del Tribunal Pleno de la Excma. Corte Suprema de fecha 25 de noviembre de 2024, dictada en Antecedentes Administrativo Rol TI-2629-2024, a cuyo respecto, por resolución de 7 de enero de 2025, se desestimó el recurso de reposición extraordinario deducido por el solicitante.

Tal determinación obedece a que no concurre el requisito de buena conducta exigido en el numeral 3 del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, por cuanto el postulante registra tres condenas por el delito de manejo en estado de ebriedad, según se desprende del extracto de filiación y antecedentes aparejado al expediente de titulación del recurrente.

Sexto: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, el otorgamiento del título de abogado corresponde a la Corte Suprema reunida en pleno y en audiencia pública, previa comprobación y declaración de que el candidato reúne los requisitos establecidos por los artículos 523 y 526 del mismo Código.

Por su parte, el señalado artículo 523 exige, para ser abogado los siguientes requisitos: 1°) Tener veinte años de edad; 2°) Tener el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas otorgado por una Universidad, en conformidad a la ley; 3°) No haber sido condenado ni estar actualmente acusado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva; 4°) Antecedentes de buena conducta y 5°) Haber cumplido satisfactoriamente una práctica profesional por seis meses en las Corporaciones de Asistencia Judicial.

Séptimo: Que, a su turno, el Acta 47-2020 de la Corte Suprema de 20 de marzo de 2020 fija el texto refundido del instructivo para la tramitación de expedientes de juramento de abogadas y abogados, en cuyo considerando 2° señala: “Que es deber de la Corte Suprema, conforme lo dispone el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, verificar que las personas que postulan a los títulos de abogada y abogado cumplan con los requisitos exigidos para ello por la ley, con el fin de asegurar su idoneidad y calificación profesional para el ejercicio de la facultad de defender ante los Tribunales de Justicia los derechos de las partes litigantes y de las demás que se ganan con el otorgamiento del título en mención”, regulando luego el procedimiento aplicable a la solicitud de titulación, en cuyo artículo 3° requiere la autorización para obtener desde el Registro Civil e Identificación, vía interconexión, extracto de filiación y antecedentes del postulante.

El artículo 4° de la mencionada Acta detalla la documentación que el postulante debe acompañar a su solicitud.

Luego, en el artículo 9° contempla la remisión del expediente al Comité de Personas de la Corte Suprema, con el objeto que proponga al Tribunal Pleno, si, en su opinión, la solicitud del postulante debe ser acogida o rechazada –en lo que interesa al recurso-, si de los documentos recopilados se desprenden antecedentes de mala conducta del postulante o si de su extracto de filiación consta un antecedente penal distinto al establecido en el numeral 3° del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales.

De conformidad al artículo 12°, las solicitudes de titulación serán resueltas por el Presidente de este Tribunal, recabado que sea el informe del Comité de Personas, quien acogerá o denegará la solicitud luego de verificar si el postulante cumple o no con los requisitos que exigen los artículos 523 y 526 del Código Orgánico de Tribunales, salvo que el solicitante registre alguna anotación en su extracto de filiación y antecedentes, caso en el que siempre pasará a conocimiento y resolución del Tribunal Pleno.

Por su parte, el artículo 13° dispone que en caso que el Tribunal Pleno o, en su caso, el Presidente deniegue la solicitud del postulante, se procederá a archivar el expediente de titulación. En contra de esta resolución solo podrá deducirse recurso extraordinario de reposición, fundado en nuevos antecedentes. El recurso será visto en cuenta por el Tribunal Pleno.

Octavo: Que, de lo expuesto en el recurso, el informe evacuado y lo antecedentes aparejados en autos, se constata que:

1.- Que el 22 de julio de 20245, el recurrente, don nombre reservado, abrió el expediente de titulación TI 262-2024 en la Oficina de Títulos de la Corte Suprema- 2.- Que de acuerdo con el certificado de licenciatura agregado a dicho expediente consta que el recurrente tiene la calidad de Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad SEK desde el 1 de julio de 2024.

3.- Que en el certificado de conducta emitido por el Secretario General de la Universidad SEK se señala que durante sus estudios el postulante mantuvo y conservó una conducta intachable e irreprochable.

4.- Que en la declaración jurada de testigos don nombre reservado y don nombre reservado declaran conocer a don nombre reservado, hace 5 y 4 años respectivamente, quien ha observado hasta la fecha una buena conducta o comportamiento social.

5.- Que de su extracto de filiación y antecedentes consta que don nombre reservado registra las siguientes condenas:

i.- Causa N° 1.839/2004 del Octavo Juzgado del Crimen de San Miguel, por el delito de manejo en estado de ebriedad, condenado el 21 octubre 2004 a 61 días de presidio menor en su grado mínimo, multa de 2 unidades tributarias mensuales canceladas. Pena remitida.

Resolución de fecha 02-02-2011, según lo dispuesto en los artículos 93 nr.7, 97 y 98 del Código Penal se declara que la pena corporal impuesta se encuentra prescrita.

Inhabilidades 61 días para cargos públicos, suspensión 6 meses de licencia de conducir.

ii.- Causa 6.249/2009. RUC 801.012.020-K del Décimo quinto Juzgado de Garantía de Santiago, por el delito de manejo en estado de ebriedad, autor, consumado, condenado el 5 marzo 2011 a 300 días de presidio menor en su grado mínimo, multa de 4 unidades tributarias mensuales, reclusión nocturna. Multa pagada el 07-07-2011.

Con fecha 04-08-2011, el beneficio de la reclusión nocturna fue modificado por el de arresto domiciliario nocturno, el cual se encuentra cumplido, según certificado del 15° Juzgado de Garantía de Santiago de fecha 14-06-2012.

Inhabilidades 300 días para cargos públicos, suspensión 6 meses de licencia de conducir, vigilancia 300 días tiempo de medida alternativa.

iii.- Causa 971/2013. RUC 1.300.158.386-1 del Undécimo Juzgado de Garantía de Santiago, autor, grado consumado, por el delito de manejo en estado de ebriedad, articulo 110 en relación al artículo 196 de la Ley de Tránsito, condenado el 26 julio 2013 a 61 días de presidio menor en su grado mínimo y multa de un tercio de unidad tributaria mensual, considerando que permaneció privado de libertad el día 13-02-2013, se da por cumplida. Reclusión nocturna. Pena cumplida el 06-11-2013- Ord.49024 de fecha 12-11-2013 del Centro de Readaptación Abierto Manuel Rodríguez.

Inhabilidades 61 días para cargos públicos, suspensión 5 años licencia de conducir, vigilancia 61 días tiempo de medida alternativa.

6.- Mediante resolución de 9 de septiembre de 2024, atendidas las anotaciones prontuariales, se remiten los antecedentes del postulante al Comité de personas a fin que se emita el informe correspondiente.

7.- Que el recurrente, mediante presentación de 10 de octubre de 2024, hizo presente por escrito, diversas consideraciones en relación al cumplimiento de las pena impuestas, el tiempo transcurrido desde la comisión de los delitos a la fecha y su situación personal, así como lo ocurrido con su solicitud de eliminación de antecedentes de conformidad al DL 409 requerida a Gendarmería, la intervención de la Contraloría General de la República en esa materia y la reclamación administrativa interpuesta en el 26 ° Juzgado Civil de Santiago, para el reconocimiento de las firmas y cumplimiento de los requisitos del DL 409, cuyas copias acompaña, así como la reanudación del proceso de firma.

8.- El 22 de octubre de 2024, el Comité de Personas de la Corte Suprema, integrado por los ministros Sres. Fuentes (presidente) y nombre reservado, y la ministra Sra. González y con el voto en contra del primero, informó negativamente la solicitud del recurrente, señalando: “que el solicitante don nombre reservado, expediente N° TI- 2629-2024 no cumple con los requisitos para obtener el título de abogado, exigidos en el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, en conformidad con los fundamentos que a continuación se exponen:

1°) Que el solicitante, mayor de 20 años de edad, aprobó su práctica profesional, según lo informado por la Corporación de Asistencia Judicial con fecha 22 de mayo de 2024, obteniendo, a su vez, el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad SEK con fecha 01 de julio de 2024.

2°) Que, del examen del presente expediente, este Comité pudo constatar que el Sr. nombre reservado registra en su extracto de filiación y antecedentes tres anotaciones prontuariales.

En primer lugar, en la causa Rol Nº 1839-2004, del Octavo juzgado del Crimen de San Miguel, por resolución de fecha 21 de octubre de 2004 fue condenado como autor del delito de manejo en estado de ebriedad, a las penas de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, pena remitida, y a la multa de 2 Unidades Tributarias Mensuales, cancelada. En cuanto a la pena corporal, se declaró prescrita mediante resolución de fecha 02 de febrero de 2011.

En segundo lugar, en la causa RIT 6249-2009 del Décimo Quinto Juzgado de Garantía de Santiago, por resolución de fecha 05 de marzo de 2011 fue condenado como autor del delito de manejo en estado de ebriedad, consumado, a la pena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo, accediendo al beneficio de reclusión nocturna. Con fecha 4 de agosto de 2011, dicho beneficio fue sustituido por arresto domiciliario, teniéndose por cumplida la pena corporal, según certificado de fecha 14 de junio de 2012. Además, fue condenado al pago de una multa de 2 Unidades Tributarias Mensuales, cumplida con fecha 07 de julio de 2011.

En tercer lugar, en la causa RIT 971-2013 del Décimo Primer Juzgado de Garantía de Santiago, por resolución de fecha 26 de julio de 2013 fue condenado como autor del delito de manejo en estado de ebriedad a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo y multa de un tercio de Unidad Tributaria Mensual, la que se dio por cumplida considerando que permaneció privado de libertad el día 13 de febrero de 2013. En cuanto a la pena corporal, se tuvo por cumplida el 6 de noviembre de 2013.

3°) Que, en mérito a los antecedentes allegados a este expediente, si bien fue posible constatar que las sanciones antes descritas se encuentran íntegramente cumplidas, a juicio del Comité, y considerando, especialmente, la conducta reiterativa en la comisión de ilícitos impiden considerar que el Sr. nombre reservado, satisfaga el requisito de buena conducta que exige el N° 4 del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales para ser abogado, por tanto, es de la opinión de informar desfavorablemente el presente caso.

Decisión adoptada con el voto en contra del Sr. nombre reservado, quien fue del parecer de informar favorablemente este caso por estimar que, pese a la existencia de las anotaciones que registra el interesado, el tiempo transcurrido y el hecho de que el solicitante cursó la carrera de Derecho con posterioridad a la comisión de los hechos, dan cuenta de su reinserción en la sociedad, derecho que asiste a todas las personas. A su juicio, los elementos señalados constituyen antecedentes suficientes para para estimar que el solicitante reúne los requisitos que prevé el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales para ser abogado”

9.- Por resolución de veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro, el Tribunal Pleno rechazó la solicitud de juramento del recurrente, por estimar que no concurre el requisito de buena conducta previsto en el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales.

Tal decisión fue acordada con el voto en contra de la Presidenta (S), señora nombre reservado y de los ministros señores Silva, nombre reservado y señora nombre reservado, quienes fueron del parecer de acceder a la solicitud, considerando la data de las sentencias y la circunstancia de haberse cumplido las condenas impuestas.

10.- En contra de dicha decisión, el recurrente, el 6 de enero de 2025, dedujo recurso extraordinario de reposición, invocando como nuevo antecedente, el requerimiento efectuado a Gendarmería de eliminación de sus anotaciones prontuariales, conforme con el DL 409 del Ministerio de Justicia, el reclamo ante la Contraloría General de la República y la reclamación administrativa deducida ante el 26° Juzgado Civil de Santiago, para el reconocimiento de firmas, habiendo presente la reanudación de las mismas, el tiempo transcurrido desde la comisión de los ilícitos y el cumplimiento de las penas impuestas.

11.- Por resolución de 7 de enero de dos mil veinticinco, se resolvió: “Atendido que las alegaciones no aportan nuevos antecedentes, sino más bien se orientan a una nueva revisión de lo ya resuelto, se niega lugar al recurso de reposición extraordinario”.

Noveno: Que como se señaló el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, impone la obligación de verificar que el postulante al título de abogado cumple con los requisitos legales de edad, grado académico, buena conducta y práctica profesional.

Tal disposición, en su numeral 4° y dada la relevancia del rol del abogado para la defensa de los derechos e intereses de las personas cuya representación asuma el profesional, exige, además de los requisitos objetivos, antecedentes de buena conducta del candidato, lo que implica comprobar la idoneidad moral del postulante, para lo cual faculta a la Corte Suprema para practicar las averiguaciones que estime necesarias acerca de los antecedentes personales del postulante, materia, que como se dijo, ha sido regulado en el Acta 47-2020, que determina que en el caso de registrar antecedentes penales distintos a aquellos señalados en el numeral 3° del mencionado artículo 523, remite el expediente al Comité de Personas, para que emita su pronunciamiento sobre la solicitud del postulante.

Décimo: Que, de esta manera, la solicitud de juramento del recurrente y, en su caso, la constatación de los requisitos objetivos contemplados en el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales y el certificado de buena conducta y la declaración jurada de los testigos de conducta aparejados al expediente de titulación, no habilitan de manera directa al postulante para ser investido como abogado sino se verifica por la autoridad competente el cumplimiento de la exigencia de buena conducta, cuyo análisis aborda el mérito de los antecedentes penales que no sean constitutivos del numeral 3° de la citada disposición, por lo que no se advierte la afectación de un derecho preexistente y de carácter indubitado del recurrente, que se vea vulnerado por la decisión reclamada, la que se ha limitado a emitir un pronunciamiento sobre lo requerido por el postulante.

Así, la petición del postúlate no constituye más que una mera expectativa, lo que excede el margen de la protección constitucional impetrada y por tanto autoriza el rechazo del recurso.

Undécimo: Que, sin perjuicio de lo anterior, para desestimar la solicitud de juramento e investir al recurrente del título de abogado, el Comité de Personas fundamentó su informe desfavorable en un antecedente concreto, constituido por la conducta reiterada de comisión de ilícitos de manejo en estado de ebriedad evidenciada por el postulante y que se tradujo en tres condenas por dichos ilícitos, según se consigna en su extracto de filiación y antecedentes, lo que, en su concepto impedía dar por satisfecho el requisito de buena conducta exigido por el numeral 4° del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales y que posteriormente determinó que el Tribunal Pleno de la Corte Suprema, el 25 de noviembre de 2024, decidiera, en definitiva, rechazar la solicitud de juramento del recurrente para obtener el título de abogado y luego, el 7 de enero de 2025 y negar lugar al recurso de reposición extraordinario, por no aportar nuevos antecedentes, como exige el artículo 13 del Acta 47-2020 y únicamente pretender una revisión de lo ya resuelto.

Duodécimo: Que de esta manera, la Excma. Corte Suprema al emitir su decisión y denegar la solicitud del juramento para otorgar el título de abogado al recurrente, se ha limitado a actuar dentro de sus atribuciones legales privativas, dando previo cumplimiento a los trámites y requisitos establecidos en la ley y analizando en su mérito los antecedentes penales del solicitante, conforme con lo dispuesto en el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales y de acuerdo con el procedimiento contenido en el Acta N°47-2020, por lo que no se advierte ilegalidad alguna en dicho proceder y pronunciamiento, como sostiene el peticionario.

Lo anterior también descarta la arbitrariedad denunciada, desde que el rechazo de la solicitud del recurrente para ser investido como abogado se ha fundado en las razones expuestas precedentemente, las que se advierten plenamente justificadas en consideración a los antecedentes que ha ponderado el Pleno de la Excma. Corte Suprema y que obviamente el recurrente no comparte, sin que esa discordancia permita calificarlo de inmotivado o sustentado en el mero capricho de quien lo emite.

Décimo tercero: Que acorde con lo expuesto en los motivos precedentes se torna innecesario analizar las garantías constitucionales cuya vulneración acusa el recurrente con la decisión cuestionada.

Décimo cuarto: Que de conformidad con los razonamientos anteriores no cabe sino desestimar el recurso de protección deducido en estos antecedentes.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por don nombre reservado en su favor y en contra de la Excma. Corte Suprema de Justicia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra (S) señora Rodríguez.

Protección N° 916-2025 No firma la Ministra señora Durán, por haber cesado en su cargo.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Inelie Durán Madina, conformada por la Ministra (I) señora Paula Rodríguez Fondón y la Abogada Integrante señora Bárbara Vidaurre Miller.