UNIVERSIDAD ACADEMIA HUMANISMO CRISTIANO con nombre reservado con UNIVERSIDAD ACADEMIA HUMANISMO CRISTIANO VISTA CON nombre reservado

Santiago, a seis de marzo de dos mil veinte.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que el abogado José Antonio Díaz Lagos, mandatario judicial y en representación de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, dedujo acción de protección en contra de nombre reservado, por haber incurrido en una serie de actos arbitrarios e ilegales que han ocasionado la afectación de garantías y derechos constitucionales.

Expone que la recurrida mantuvo relación laboral con la Universidad hasta el 30 de noviembre de 2018, fecha en que fue desvinculada por la causal contemplada en el artículo 160 N° 1 letra a) del Código del Trabajo, esto es, falta de probidad en el desempeño de sus funciones. Ella era la encargada del Programa Especial de Titulación P.E.T., de la Escuela de Derecho, cargo en el que debía revisar y hacer un diagnóstico y análisis casuístico de cada estudiante, para poder dar respuesta a sus requerimientos y verificar si cumplían las exigencias prescritas por la Corte Suprema para optar al título de abogado/a, debiendo hacer entrega a las autoridades de un informe completo con propuestas de solución para cada caso, con el fin de poder ser analizado, autorizado e implementado por quienes corresponda, según los reglamentos y protocolos internos. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido a la espera de su informe, no hubo respuesta por la recurrida. Habría implementado motu propio un supuesto “Procedimiento de Regularización del Programa Especial de Titulación de la Carrera de Derecho” sin conocimiento ni autorización de la recurrente. Tampoco hizo entrega de variada documentación e información proporcionada por los mismos estudiantes respecto de sus programas en las universidades de origen, ni realizó un diagnóstico de aquellos adscritos al programa. Tras proceder ante notario público a la apertura de los estantes donde mantenía la información, se constató la falta de muchos documentos, instándole una vez más a su entrega, además en soporte digital, a lo que se negó.

Sin perjuicio de ello, la Universidad tomó conocimiento del ingreso de expedientes de titulación de estudiantes del Programa P.E.T. a la Oficina de Títulos y Grados de la Corte Suprema, algunos de los cuales requirieron a la casa de estudios reserva y confidencialidad de los documentos que proporcionaron. De lo dicho colige que la recurrida nombre reservado, con posterioridad a su desvinculación, continuó usando los documentos que recibió en el ejercicio de su cargo, sin cumplir con su entrega a la Universidad, más bien la condicionó al cumplimiento de sus arbitrarios requerimientos, incluido el pago de sumas de dinero.

Tales hechos resultarían atentatorios al respeto y protección de los datos personales, garantía contemplada en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política, temiendo un mal uso de la información entregada por los estudiantes. Asimismo se vulneraría el derecho a la libertad de enseñanza, recogido por el numeral 11 del artículo 19 de la Carta Fundamental, entendido como el que asiste a cada estudiante para llevar a cabo la totalidad de su proceso educativo, hasta la obtención de su título profesional. También se reclama la transgresión a la libertad de trabajo y su protección, desde que la recurrida impide que los trabajadores de la Universidad puedan ejercer sus funciones relativas al Programa P.E.T., al carecer de la información de los estudiantes adscritos a él. Por último, estima que se afectaría el derecho de propiedad, pues con el proceder de la recurrida se impide a los estudiantes del programa ejercer tal derecho respecto de las cátedras que cursaron y aprobaron y sus respectivas calificaciones, que les habilitan para obtener su título profesional.

Termina por solicitar que se acoja el recurso y se ordene a la recurrida hacer entrega de la totalidad de la documentación del programa P.E.T. que mantenga en su poder, de las claves de acceso a la plataforma, y de las carpetas, documentos, certificados, programas de estudio y antecedentes personales, entre otros, que le fueron proporcionados por los estudiantes adscritos al programa, y se abstenga de realizar cualquier gestión que diga relación con éste, sin perjuicio de las medidas que esta Corte pueda disponer.

Segundo: Que, informando la recurrida, indica que todos los antecedentes requeridos se encuentran a disposición de esta Corte para ser remitidos a las autoridades que los requieran, según Acta de Entrega e Instrucciones Notariales. Sin perjuicio de ello, precisa que la Directora de Recursos Humanos de la casa de estudios comunicó que se bloquearon las claves de acceso al navegador y al correo institucional que mantenía, por lo que no le es posible remitir los antecedentes que utilicen esos soportes. En cuanto al cargo que desempeñó, señala que su nombramiento fue para dirigir el Programa Especial de Titulación de la Escuela de Derecho dada la necesidad del Rector de recibir un diagnóstico respecto de la programación académica existente adscrita a la carrera de derecho en relación a procedimientos de reconocimiento y validación de estudios previos al P.E.T. Afirma haber ejecutado un conjunto de acciones relativas al levantamiento de información para abordar la gestión administrativa, implementación y seguimiento de la gestión diagnóstica en miras a un plan de mejoramiento. Así se recibió por las autoridades a modo ilustrativo un informe de avance y otros parciales, tanto por la Rectoría, como por la Secretaría General, Asesora Institucional, Dirección de Docencia y Dirección de Escuela, sin perjuicio de otros de semejante naturaleza enviados a la Dirección de Registro Curricular, Secretaría General y Vicerrectoría, es decir, las labores fueron cumplidas. Por último, en su ampliación al informe, señaló que con posterioridad a su desvinculación no ha hecho uso de los documentos que recibió como encargada del P.E.T., por el contrario, procedió a su entrega en cumplimiento a lo instruido por la Directora de Recursos Humanos. Sin embargo, los que se encontraban en las dependencias institucionales destinadas al programa fueron sustraídos por la recurrente, lo que habría presenciado un ministro de fe.

Tercero: Que el Notario Público Patricio Cathalifaud Moroso, titular de la Duodécima Notaría de Santiago, remitió los antecedentes contenidos en una caja box signada con la letra A y 30 archivadores, los que inciden en estos autos.

Por otro lado, se adjunta a los antecedentes el acta notarial de la actuación del 20 de noviembre de 2018, realizada en la oficina de la profesora nombre reservado, para certificar el contenido de los estantes que fueron abiertos en el mismo acto.

Cuarto: Que por resolución de 31 de mayo de 2019 se tuvo como parte coadyuvante al postulante al título de abogado don Oscar Patricio Soto Villablanca.

Por último, según consta del Oficio N° 1423, de 27 de junio de 2019, se remitieron desde la Oficina de Títulos los expedientes de titulación de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado e nombre reservado.

Quinto: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sexto: Que, cualquiera haya sido el desempeño de la recurrida en la casa de estudios, lo cierto es que lo sustancial del recurso, dado lo petitorio del libelo, es que doña nombre reservado entregue a la Universidad toda la documentación e información de que disponga de los alumnos adscritos al Programa Especial de Titulación P.E.T., lo que de acuerdo a los antecedentes recabados durante la tramitación del recurso se encuentran en esta Corte, tras ser remitidos por el Notario Público Patricio Cathalifaud Moroso, por presentación folio N° 118203.

Séptimo: Que lo propio se desprende del Acta Notarial de la Notario Público doña nombre reservado, quien constituida en dependencias de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano el 20 de noviembre de 2018, vale decir, incluso con anterioridad a la fecha en que la recurrente indica puso término al contrato de trabajo de la docente recurrida, a requerimiento de la Directora de Recursos Humanos, realizó una inspección personal y certificación del contenido de los estantes de la oficina de la profesora nombre reservado, en dependencias de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales, los que fueron abiertos en ese acto. En relación al contenido de los mismos, los archivadores y carpetas de documentación universitaria quedó en poder del Director de la Escuela, y aquellos de contenido ajeno a la Universidad, fueron puestos en una caja cerrada y sellada, en poder del mismo Director.

Octavo: Que, en lo que concierne a la documentación del Programa P.E.T., según se advierte de la carta-aviso de término de contrato de trabajo de la recurrida, ella habría incumplido su obligación de entregar los informes que debía confeccionar y demás antecedentes para avanzar en la resolución de los casos de alumnos con expedientes de titulación rechazados por la Corte Suprema, cuestión que solo puede y debe ser dilucidada en sede laboral, que es la naturalmente llamada a conocer de ese asunto.

Noveno: Que, en consecuencia, en lo que atañe a la entrega de antecedentes, como ese aspecto se satisfizo, sin que la parte recurrente haya indicado pormenorizadamente lo faltante, ni al deducir el arbitrio ni durante la tramitación del recurso, no hay medida que esta Corte pueda adoptar.

Décimo: Que en relación a la entrega de claves de acceso a la información, se ha sostenido por la recurrida que la Directora de Recursos Humanos informó que a partir del 30 de noviembre de 2018 se bloquearon las claves de acceso al navegador y al correo institucional, lo que parece concordante con la medida adoptada por la Universidad que da cuenta el Acta Notarial de la Notario nombre reservado, por lo que no se advierte en qué medida ese hecho pudiere afectar las garantías que invoca el arbitrio, pues tratándose de elementos de propiedad de la Universidad, la información allí contenida siempre permanece a su disposición. En todo caso, esta alegación parte del mero supuesto que pudiere existir información atingente al P.E.T., pero solo sobre la base de sospechas no puede afirmarse vulneración de derechos constitucionalmente reconocidos.

Undécimo: Que en cuanto al reproche formulado en el recurso consistente en haber continuado la recurrente, con posterioridad a su desvinculación de la Universidad, haciendo uso de los documentos que recibió en su calidad de encargada del Programa de Titulación y que emitió aparentemente por la casa de estudios careciendo de atribuciones, lo que darían cuenta los expedientes de titulación TI [cuenta reservada], TI 3968-2018, TI 4015-2018 y TI 226-2019, sin perjuicio de refutarlo expresamente en el párrafo tercero de su informe complementario, es un asunto que no puede ser dilucidado por esta vía cautelar, sin perjuicio de lo que pudiere resolverse en tales expedientes o fruto de las acciones legales que corresponda deducir por los afectados, de ser ello efectivo.

Duodécimo: Que, acorde con lo que se viene razonando, no se ha podido acreditar en la especie la existencia de un acto arbitrario o ilegal que afecte las garantías constitucionales denunciadas en el libelo de protección, de manera que no puede prosperar por quedar desprovisto de todo asidero.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por José Antonio Díaz Lagos, en representación de Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Sin perjuicio de lo resuelto, ejecutoriada esta decisión, entréguese al representante de la recurrente, bajo acta suscrita por la señora secretaria, la documentación contenida en las custodias N°s. 35 y 42.

Regístrese, comuníquese y archívese si no se apelare.

Redacción a cargo de la ministro P. Plaza.

Protección N°91570-2018.- No firma la ministra señora Villadangos, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso su feriado legal.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Corte de Apelaciones, presidida por la Ministra señora Paola Plaza González e integrada por la Ministra señora Maritza Villadangos Frankovich y por el Abogado Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.