nombre reservado con MINISTERIO DEL INTERIOR - SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

Santiago, treinta de mayo de dos mil diecinueve.- VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que en estos autos Rol Nº 91.569-2018, por presentación de fecha 29 de diciembre de 2018, comparece doña Gabriela Cisterna Orellana, abogada, en representación de doña nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Resolución Exenta N° 7239 de fecha 23 de noviembre de 2018, notificada con fecha 29 de noviembre de 2018, emanada del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que dispuso la no renovación de la contrata de la recurrente, alegando que vulnera las garantías de los numerales 1, 3 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando de esta Corte que se ordene su reintegro inmediato a las labores y cargo que ostentaba; se disponga el pago de las remuneraciones y demás prestaciones adeudadas por todo el período en que la decisión impugnada la privó de su empleo, con reajustes e intereses; que, asimismo, se instruya a la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que no puede actuar del modo impugnado en lo sucesivo, todo ello con costas.

Funda su recuso, señalando que, con fecha 14 de octubre del año 2014, doña nombre reservado comenzó a prestar servicios personales para la Subsecretaría de Prevención del Delito, en un primer momento, bajo la calidad jurídica de honorarios y posteriormente con fecha 1 de enero de 2017, es designada en calidad jurídica "a contrata", la que fue renovada el 1 de enero de 2018. Ingresó al servicio para desempeñar las funciones de Coordinadora del Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos Violentos de San Fernando de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. En sus poco más de 4 años de servicio, sus evaluaciones, siempre fueron satisfactorias, siendo calificada en lista dos (2) buena en el período calificatorio 2017-2018. Los años anteriores, no fue calificada, dada su condición de trabajadora a honorarios. Con fecha 29 de noviembre de 2018, fue notificada de la Resolución Exenta N° 7239, de fecha 23 de noviembre de 2018, que dispuso el término de su designación a contrata, la que incorpora una extensa narrativa, consistente en atribuir a esta recurrente el incumplimiento de los indicadores que medían la gestión del funcionario, desde que, aquella se encontraría bajo el promedio de esos indicadores.

Sostiene que tales argumentos son falsos, sacados de contexto y sobre todo, no toman en consideración las funciones que desarrollaba su representada en el Centro y la ausencia de un psicólogo en el mismo. Por lo mismo, el acto en cuestión carecería de fundamentos.

Agrega que, la autoridad se amparó en que estaríamos ante una funcionaria con un mal desempeño, que no dio cumplimiento a los indicadores de gestión del servicio. Esta fuerte acusación no toma en consideración cuál era el rol que tenía asignado doña nombre reservado en el Centro de Atención a Víctimas San nombre reservado; las condiciones materiales en las que se prestaban los servicios; la ausencia de psicólogo, y ante todo, las dificultades que tuvo que afrontar en su ambiente de trabajo, lo que incluso la llevó a tener que hacer uso de licencia médica psiquiátrica.

En efecto, se indica en la resolución que define la no renovación de la contrata de la señora nombre reservado que no ha cumplido con tres de los sub indicadores, vinculados con: uso de la capacidad instalada; porcentaje de casos sin movimiento y el porcentaje de ingresos interinstitucionales. Ahora, de acuerdo a la recurrente, estos sub indicadores no forman parte y no son determinantes a la hora de calificar a los funcionarios, solo fueron establecidos a efectos de disponer de un mecanismo de mejoramiento de gestión, pero jamás como elementos de evaluación que influyan en la calificación de un funcionario. Muestra de ello es que en la evaluación de desempeño de doña nombre reservado el supuesto incumplimiento de los 3 indicadores no es considerado, ni siquiera pertenece a sistema de evaluación establecido por ley para los funcionarios del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, siendo finalmente calificada en lista 2 “buena.”

En el caso del Centro que debía coordinar la recurrente, desde octubre del año 2017 que están sin psicóloga, lo que ha dificultado su funcionamiento óptimo, y por tanto, el cumplimiento de tales indicadores. Dicha falta en ningún caso es de responsabilidad de doña nombre reservado, quien asumió durante el período 2016-2017 una doble función, tanto de coordinadora como de psicóloga. Junto a esa dificultad, hace aproximadamente tres años que no contaban con estafeta, otro factor más que dificultaba un cumplimiento óptimo del mismo.

De esta forma, continúa con su recurso, el informe aludido se trata de un documento que no está en sintonía con sus evaluaciones funcionarias, única herramienta hábil para medir el desempeño de los funcionarios públicos, y que conforme a la Circular N° 21 de 28 de noviembre de 2018, del Ministerio de Hacienda, es el instrumento determinante para definir la renovación o no renovación de una contrata.

En estas circunstancias, la resolución administrativa que puso término a la contrata es un acto administrativo irregular, toda vez que no dio cumplimiento al deber de fundamentación de los actos de la Administración Pública, deber que emana de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, así como de la Ley N° 19.880 sobre Bases Generales de los Procedimientos Administrativos.

Lo anterior determina que el acto administrativo por medio del cual se pone término a la contrata expresa motivos que no se sustentan a sí mismos y que no se condicen con la realidad. En efecto, dicha falta de sustento radica en que la recurrente no es medida en base a las condiciones materiales en que debía prestar sus servicios; no se considera su trayectoria; ni mucho menos, su reciente calificación en lista 2 “buena”, todo lo cual no se condice con las supuestas deficiencias que se le acusa.

La acción que se estima arbitraria e ilegal está constituida por el término de su contrata, según lo dispuesto en Resolución Exenta N° 7239 de 2018. Es arbitraria porque no contiene fundamentos suficientes que permitan justificar el ejercicio de una potestad, como es, la decisión de poner término a la contrata, careciendo de una justificación razonable –haciendo alusión al incumplimiento de sub indicadores que no forman parte del proceso regular de evaluación funcionaria y que no consideran las condiciones en las cuales nuestra representada debía desempeñar sus funciones–. Es ilegal porque no se ajusta al principio de legalidad consagrado en el artículo 6 ° y 7 ° de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 19.880 de Bases Generales del Procedimiento Administrativo. Así, la decisión de la autoridad de poner término a la contrata es ilegal toda vez que incumple con el inciso segundo del artículo 11 de la Ley N° 19.880 que exige motivar o fundamentar explícitamente en el mismo acto administrativo la decisión, los hechos y los fundamentos de derecho.

En cuanto a las garantías constitucionales conculcadas con esta decisión de poner término a su contrata, expone que, vulnera el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución, sobre “igualdad ante la ley”, ello se refleja en que la autoridad se limitó al dictar la resolución impugnada a justificar la misma, pero sin contener – como se ha afirmado precedentemente – con fundamentos suficientes la misma; luego, igualmente, se infringe la garantía del debido proceso del numeral 3° del artículo 19 de la Constitución, toda vez que, al haber sido evaluado su desempeño con una herramienta ajena a la calificación regular, se convirtió en una comisión especial que juzgó el desempeño del funcionario y terminó sancionando el fin de su contrata.

Expresa la recurrente que, la resolución que pone término a su contrata incurre en un error insalvable, que lo convierte en un acto infundado, que no tiene sustento ni correlato con la realidad las funciones que desarrolló por más de 4 años en la institución, afectando con ello el principio de confianza legítima respecto a la continuidad de sus funciones en el servicio, ya que doña nombre reservado fue renovada desde el año 2014, lo que en definitiva vulneraria el principio consagrado en el artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República, esto es, la protección y libertad del trabajo.

Concluye con su recurso, solicitando sea acogido en los términos ya expuestos.

SEGUNDO: Que evacuado el informe por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública a través de su abogada doña Alexandra Maringuer Pastene, solicita su rechazo, con costas.

En primer término, señala la improcedencia formal de la presente acción de protección, por no ser ésta la vía idónea para los fines perseguidos por la actora, pues la recurrente cuenta con un régimen recursivo establecido por el legislador, que también ha sido reconocido en el Dictamen N° 6.400, de 2018, de la Contraloría General de la República, que "Actualiza instrucciones y criterios complementarios fijados en el Dictamen N° 85.700, de 2016, sobre confianza legítima en las contratas". Ese régimen está regulado en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, que permite al afectado presentar los recursos de reposición y/o jerárquico ante la propia Administración, según sea el caso. Asimismo, el acto también puede ser reclamado ante la Contraloría General respecto de vicios de legalidad, de acuerdo al artículo 160 de la Ley N° 18.834.

A continuación, señala que no se ha incurrido en ilegalidad ni arbitrariedad en la no renovación de la contrata de la recurrente. Primero, porque la evaluación que se aplicó a la reclamante, se refiere a su situación concreta y explicando de forma detallada y comprensible la razón por la cual la autoridad ha decidido ejercer su facultad de no renovar la contrata de doña nombre reservado. La razón fundamental que explica la decisión de la autoridad se encuentra en el resultado de una evaluación que se aplicó, a nivel nacional, a los profesionales de los Centros de Atención a Víctimas. Producto de esa evaluación, se evidenciaron notables deficiencias en el desarrollo de la labor de la funcionaria en comento. Como resultado de la medición, en la evaluación aplicada a la recurrente se evidenció el incumplimiento de más del 50% de los subindicadores descritos en el considerando décimo tercero de la Resolución Exenta N° 7239, en examen; de este modo, el acto administrativo cuestionado señala expresamente en qué consisten los indicadores que se utilizaron para medir el desempeño de la recurrente; cuáles fueron las mediciones aplicables a su labor en cada uno de los índices, y de qué manera la señora nombre reservado no cumplió con el estándar requerido, circunstancia respecto la cual la recurrente se encontraba en conocimiento, según dan cuenta correos electrónicos que le fueron enviados durante el año 2018 e Informes de Gestión que se acompañan al efecto. De lo anterior, es dable colegir que la recurrente -al observar los reportes de sus mediciones mensuales- podría haber recurrido a su jefatura para analizar dichos subindicadores y, en pos de ellos, buscar las vías para enmendar las falencias detectadas. Sin embargo, no consta en autos ninguna acción realizada por la actora para mejorar su cometido.

En segundo término, los indicadores fueron debidamente notificados a la recurrente y a los otros profesionales. En efecto, fueron informados en los reportes de gestión enviados a los Coordinadores y profesionales durante el periodo marzo-octubre del año 2018. Considerando el carácter mensual de dichos reportes, éstos contienen datos de la gestión realizada en el mes a informar.

En tercer término, expone que, acerca del significado de los parámetros aplicados y su nivel de cumplimiento por parte de la recurrente. Se explica en qué consisten estos parámetros y se hace un paralelo con el parámetro promedio a nivel nacional, donde la recurrente aparece bajo el promedio. Indica que, no parece redundante precisar que la señora nombre reservado no alcanzó los objetivos de gestión dispuestos a nivel nacional para los cincuenta Centros de Apoyo a Víctimas distribuidos a lo largo del país, por lo que mal podría aseverarse que los argumentos esgrimidos en la Resolución Exenta N° 7239, de 23 de noviembre de 2018 ya individualizada, pudieran resultar antojadizos o arbitrarios.

En cuarto término, alude a la relación de los indicadores antes explicados con el perfil del cargo de la recurrente. Como puede verse, en particular de, los subindicadores aplicados a la recurrente guardan plena relación con la labor que se espera desempeñara como Coordinadora de estos centros. En consecuencia, no puede hablarse en este caso de un acto administrativo carente de motivación, requisito básico para entender que un acto administrativo es arbitrario; por el contrario, puede observarse claramente que la resolución en virtud de la cual se comunicó la no renovación de la contrata a la recurrente, constituye un acto administrativo motivado y fundado acorde con lo dispuesto en los artículos 11° y 41° de la Ley N° 19.880.

Prosiguiendo con su exposición, refiere que el acto no es ilegal, dado que, la terminación del vínculo laboral respecto de la señora nombre reservado, al concluir la anualidad 2018 para la que fue contratada, se ha producido no por disposición de esta autoridad, sino por el sólo ministerio de la ley, siendo facultativo renovar dicho vínculo, lo cual en la especie no ocurrió por las razones expuestas precedentemente.

Señala también, que no hay afectación de la confianza legítima, puesto que, recientes dictámenes de Contraloría General de la República han hecho aplicable el criterio de la confianza legítima a ciertos funcionarios que han sido designados en empleos a contrata, en aquellos casos en que se dé cumplimiento a los requisitos e instrucciones impartidas por el Órgano Contralor. Sin embargo, la misma entidad de fiscalización ha sostenido que sus pronunciamientos “no afectan las facultades que tienen las autoridades respectivas en torno a las contratas -u otras figuras de designación semejantes- en particular, en cuanto a la atribución de decidir su no renovación o el término anticipado…” En otras palabras, el principio de confianza legítima no impide la desvinculación anticipada de un funcionario a contrata, ni tampoco la decisión de no prorrogar por otro año la contratación de esta clase de funcionarios, una vez que su anualidad original ha vencido. El principio de legitima confianza se limita a poner acento en la necesidad de fundamentar adecuadamente el acto administrativo de desvinculación o la decisión de no prórroga.

Manifiesta, además que, no se han vulnerado las garantías constitucionales que la recurrente señala. En lo referente al numeral 2° del artículo 19 de la Constitución, la autoridad tomo su decisión a través de un proceso mesurado, producto de una atenta observación en el actuar y desempeño de la recurrente, y no de manera antojadiza; los hechos concretos que motivaron la pérdida de confianza por parte de la jefatura y una mala evaluación de su trabajo ya fueron latamente expuestos y dieron lugar a la no renovación de la contrata de la actora; y se ha cumplido con las formalidades legales para que la Resolución Exenta N° 7239 de 2018, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, obedezca al estándar de motivación que le compete. Asimismo, no se vulneró la garantía del debido proceso del artículo 19 N° 3 de la Constitución, toda vez que, el procedimiento de no renovación de la contrata aplicado en el presente caso no constituye, desde luego, un procedimiento disciplinario, ni la decisión de no renovación es una sanción, como tampoco constituye el ejercicio directo o indirecto de una función jurisdiccional, por lo cual mal puede afirmarse que la recurrente ha sido sometida a una comisión especial. Igualmente, en lo que respecta a la libertad de trabajo y su protección del artículo 19 N° 16 de la Constitución, no se advierte cómo el aviso de no renovación de su contrata podría amenazar, perturbar o privarle de su derecho a buscar, obtener, ejercer o desempeñar cualquier actividad remunerativa, profesión u oficio lícitos. En este sentido la recurrente confunde la garantía del legítimo ejercicio de la libertad de trabajo, con el derecho de conservar un empleo o trabajo.

Finalmente, la parte recurrida solicita tener por evacuado el informe solicitado se rechace en todas sus partes, con costas, la acción cautelar deducida.

TERCERO: Que, resulta preciso recordar que el artículo 20 de la Constitución Política de la República, norma consagratoria del recurso de protección, establece jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste dicho ejercicio.

CUARTO: Que no es discutido en este recurso que, en relación a la recurrente doña nombre reservado, no se le renovó el cargo a contrata funcionaria, a contar del uno de enero de dos mil diecinueve, conforme se dispuso por la mentada Resolución Exenta N° 7239 de fecha 23 de noviembre de 2018, notificada a la afectada con fecha 29 de noviembre del mismo año.

QUINTO: Que, al efecto, se debe razonar que la potestad en el ámbito del derecho público de manifiesto en este caso en el derecho al cargo de los funcionarios contratados por el Estado y a los que les resulta atinente la norma del artículo 10 de la Ley 18.834, Estatuto Administrativo, de entregar al Jefe del Servicio la posibilidad de afectar la situación jurídica del funcionario que se encuentra bajo su sujeción, en esta determinada relación jurídica está en conjunción, en cuanto a los derechos fundamentales del funcionario, con el acto administrativo correspondiente que caracteriza al ente público, al atribuírsele a éste la posibilidad de crear, modificar o extinguir derechos conforme al poder o deber público, el que tiene carácter constitutivo pues alude al hecho de que por su medio se establecen posibilidades institucionales y no meramente fácticas, puesto que, la potestad administrativa no puede ser el producto de determinados hechos, en el caso de este recurso, la desvinculación del servicio de la recurrente que la motiva supuestos fines del servicio no precisados en relación a ésta sino de ciertos proyectos institucionales que sólo pueden ser considerados en relación con una funcionaria determinada, en cuanto previstos por alguna norma que les otorga especiales efectos de carácter normativo, tal como se reconoce en el Instructivo a Jefes de Servicios sobre orientaciones generales en el proceso de renovación del personal a contrata, Oficio Circular N° 21 de fecha 28 de noviembre de 2018 emanado del Ministerio de Hacienda, cuyo antecedente es el Artículo 10 de la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo y al que el mismo se integra como norma jurídica atinente y no una simple declaración de buen propósito y cuya finalidad fue la de garantizar la mejor atención y satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y promover un ambiente laboral que fortalezca los procesos de modernización del Estado, instruyendo que:

Se debe tener en consideración, entre otros puntos, y en lo que interesa:

1. Las eventuales no renovaciones de las contratas deberán entenderse en forma restrictiva y limitada a casos debidamente fundados y acreditables y sobre la base de que concurran criterios objetivos, que impidan arbitrariedades en el ejercicio de las facultades correspondientes.

2. Los criterios para la eventual no renovación del personal a contrata deben basarse en fundamentos obtenidos en el proceso de evaluación de desempeño de los o las funcionarios o funcionarias o en su defecto, en la no continuidad de los programas o planes para los cuales prestan servicios en la respectiva Institución. En particular, en los procesos de renovación del personal a contrata se debe dar especial atención a los años de servicio, situaciones de funcionarios o funcionarias en edad de jubilar o próximos a cumplirla, o con enfermedades graves, catastróficas y/o terminales, estableciendo criterios que permitan su aplicabilidad.

3. La no renovación de contratas debe materializarse por medio de un acto administrativo formal, el que deberá ser notificado al funcionario de conformidad a lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de la Ley N° 19.880, con al menos 30 días de anticipación a la fecha de vencimiento del plazo de la designación correspondiente, otorgándole las facilidades necesarias para que pueda hacer uso de su feriado legal, días administrativos u horas compensadas pendientes.

SEXTO: Que, de acuerdo con lo razonado, conteste con los antecedentes adjuntos al recurso, consta entonces que, en el cese de funciones del recurrente, no existió aquel procedimiento administrativo objetivo, contemplado por la ley administrativa y reconocido por la propia autoridad administrativa, cuya base es el principio de legalidad , el cual rige los actos de la Administración Pública, previsto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República y 2° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado, que se traduce en que en derecho público, donde los órganos del Estado y en particular los de la Administración del Estado, sólo pueden realizar aquello que les está permitido expresamente por el ordenamiento jurídico.

Lo anterior demuestra, además, de acuerdo a las normas Constitucionales y de rango Orgánico Constitucional que, la autoridad recurrida, con su actuar, desconoció el relieve jurídico obligatorio para la Administración del Estado pues la noción de éste no puede sacrificar su propia normativa que procura amparar los derechos fundamentales de las personas a quienes sirve que tiene el Oficio Circular N° 21, de 28 de noviembre de 2018, suscrito por el Ministro de Hacienda, el que posee el carácter de antecedente conocido y aceptado por el Estado, y constituye una regulación normativa que protege derechos fundamentales respecto de los funcionarios a contrata, incorporada a todo procedimiento que pudiere afectar la estabilidad laboral de éstos.

SÉPTIMO: Que, en estas condiciones, al proceder de la recurrida a desvincular de sus labores a la recurrente y no renovar su contrata, queda de manifiesto que su actuación aparece desprovista de razonabilidad, esto es, sin base, apoyada sólo en el actuar discrecional de su parte, actuar que no resulta idóneo a lo que la Constitución y Ley Orgánica Constitucional establecen, conteste éstas a lo que el Oficio Circular N° 21 antes citado, que reglamenta al efecto, donde se previó resguardar los derechos fundamentales de las personas funcionarias a contrata de la Administración del Estado, y que, con tal fin cautelar, reconoce que por medio del instructivo transcrito en el razonamiento anterior, el Jefe de Servicio está obligado a comunicar regularmente su decisión a la afectada, aplicar criterios generales objetivos y cumplir con las formalidades legales para desafectar de sus funciones al funcionario a contrata y los fundamentos de éste, que no deben ser contrarios a la razón, la lógica y basado en antecedentes contestes con las normas administrativas que rigen el actuar funcionario; lo que, desde luego, no importa desconocer las facultades legales de la recurrida, sino reprochar que a ellas se integran a todas las normas que la propia Administración reconoce a su actuar discrecional, cuyo fin es reconocer a ese actuar la delimitación y limitaciones que nacen del respeto de los derechos fundamentales que tiene toda persona humana.

Sin duda, conforme a lo expuesto, invocar la facultad discrecional sin límites, como se ve, choca con la idea del respeto al contenido esencial de cada derecho, que pone un límite central y básico a las regulaciones normativas establecidas para la Administración, las que, en cuanto a colisión con derechos fundamentales, sólo ha de estar justificada por algún derecho o bien de importancia equivalente a éstos, bajo criterio de razonabilidad y los requisitos de necesidad de la medida, adecuación al fin y proporcionalidad entre medio y fin, respectivamente.

OCTAVO: Que, al efecto, si la Administración ante la norma del artículo 10 del Estatuto Administrativo, suscribió el acuerdo citado e instruye mediante la Circular N° 21, actuar conforme a un procedimiento concreto, mencionando parámetros necesarios y mínimos para respetar la estabilidad de los trabajadores a contrata, con miras a evitar arbitrariedades en el proceso de no renovación de la contrata; esto en último término, significa que, como ente de derecho, el Estado se compromete a respetar determinadas reglas y principios que protegen la dignidad del funcionario como persona humana, determinadamente, que en la materia actuará sin vulnerar el derecho de igualdad ante la ley, y con ello, sin desconocer el contenido y profundidad que ha reconocido a la norma legal pertinente al caso.

NOVENO: Que, así para estos sentenciadores la decisión que se cuestiona resulta ilegal y arbitraria, desde que, además de vulnerar la normativa establecida por la propia Administración al efecto, la facultad discrecional de la Administración, aparece, en este caso, desprovista de motivos reales y concretos que la justifiquen, por cuanto, la no renovación de su contrata, reconocida por la Circular N° 21, tantas veces citada, no satisface las exigencias que la propia autoridad administrativa se obligó a cumplir;

DÉCIMO: Que, igualmente, la conducta de la recurrida vulnera, de ese modo, el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, al haber sido la recurrente discriminada ilegal y arbitrariamente, excluyéndosele de la Administración en comparación con otros funcionarios a contrata, los que, en igualdad de condiciones, permanecerán en sus empleos hasta el 31 de diciembre de 2019.

Desde pronto, unido a la garantía constitucional señalada, el defectuoso actuar de la recurrida atenta en contra de la dignidad de las personas, fundamento primero de la institucionalidad, consagrado en el inciso primero, del artículo 1°, de la Constitución Política de la República, el que afirma que: Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

En efecto, en ese orden de cosas, el Estatuto Administrativo que se creó para que los funcionarios de la Administración Pública tuvieran una normativa legal especial, no significa que, el Estado, fundándose en esa batería normativa, pueda arbitrariamente ignorar el resto del ordenamiento jurídico que protege la dignidad de la persona humana en su relación de trabajo; derecho que todo el ordenamiento jurídico protege Constitución, Tratados y Convenios Internacionales ratificados por Chile y Código del Trabajo , y que se traduce por el capítulo del recurso en que, aún en el evento de remoción o término de las labores o funciones de personal a contrata de la Administración, no pueden eludirse sus atributos como persona constituida en dignidad y derechos.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por la abogada doña Gabriela Cisterna Orellana, en representación y a favor de doña nombre reservado en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, debiendo por consiguiente ser reintegrada a sus funciones en el Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos Violentos de la ciudad de San Fernando, dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, debiendo, asimismo, pagarse a la recurrente la totalidad de las remuneraciones a que tendría derecho, con los reajustes correspondientes, por todo el período que media entre el 1 de enero de 2019 y la fecha de reincorporación efectiva al Servicio.

Acordado con el voto en contra del abogado integrante don Rodrigo F. Rieloff Fuentes, quien fue de parecer de rechazar el presente arbitrio constitucional de protección, en razón a las siguientes motivaciones:

1°.- Que el artículo 3° del Estatuto Administrativo, al definir conceptos básicos de dicho régimen legal, señala en su letra b) que "el Personal de Planta", es el conjunto de cargos permanentes asignados por ley a cada institución, en tanto que en su letra c) define el "Empleo a Contrata", como aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de la institución; a su turno, en la letra d) se refiere a la "Carrera Funcionaría" como un sistema integral de regulación del empleo, aplicable al personal de planta..., que garantiza la igualdad de oportunidades para el ingreso, la dignidad de la función pública, la capacitación y el ascenso, la estabilidad en el empleo y la objetividad en las calificaciones en función del mérito y la antigüedad.

2°.- Que, por su parte, refiriéndose a los "empleos a contrata", el artículo 10° del citado Estatuto, señala que éstos "durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con 30 días de anticipación a lo menos".

3°.- Que, concordante con lo anterior, el artículo 146 del mismo cuerpo legal contempla entre las causales de cesación en el cargo, la de "término del período legal por el cual se es designado" y, en cuanto a sus efectos, precisa el artículo 153 que éste o el cumplimiento del plazo por el cual el funcionario es contratado, "produce la inmediata cesación de funciones", sin perjuicio de señalar que "continuará ejerciéndolas si fuere notificado previamente y por escrito, de encontrarse en tramitación el decreto o resolución que renueva su nombramiento o contrato".

4°.- Que, así las cosas, el examen de las normas que regulan la institución del "empleo a contrata", permite establecer que, efectivamente, se trata de una función marcada por su carácter transitorio, a diferencia de lo que ocurre con el personal de planta, cuyos cargos son permanentes y a quienes se garantiza la estabilidad en el empleo. De la esencia del empleo a contrata, es que está sujeto a un plazo máximo de duración, es decir, a un término extintivo, lo que significa que mientras se encuentra pendiente el vínculo produce todos sus efectos, pero a su vencimiento, por el solo ministerio de la ley, se produce la extinción del empleo y los funcionarios que los sirven cesan de inmediato en sus funciones, a menos que se manifieste previamente la voluntad de prorrogarlo por un nuevo período.

5°.- Que, el marco legal precedentemente expuesto es absolutamente claro, entonces, respecto al hecho que el empleo "a contrata", se extingue o expira por el solo ministerio de la ley, con la llegada o cumplimiento del plazo, por lo que quienes lo ejercen cesan en sus funciones de pleno derecho, sin que la autoridad administrativa esté obligada a renovar el contrato. La recurrente, por otra parte, estaba en conocimiento de las condiciones precarias en que se la contrataba año a año.

6°.- Que, en síntesis, en la especie no se ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno, atendido el marco legal vigente, al emitir una resolución fundamentada sobre la decisión de no renovar la contrata de la recurrente que vencía el 31 de diciembre de 2018 para el período 2019, lo que determina en opinión de este disidente, que esta acción cautelar no pueda prosperar.

7°.- Que, a mayor abundamiento, tampoco se advierte arbitrariedad por parte de la autoridad pues, sin perjuicio que la expiración de la contrata es un acto que opera por el solo transcurso del plazo, tal como lo ha señalado la Contraloría General de la República en diversos dictámenes, en el caso de una segunda o nuevas renovaciones procede que la Administración del Estado notifique su negativa y dicte el acto administrativo que lo decrete, lo que precisamente ha ocurrido en la especie, lo que se produjo con la Resolución Exenta N° 7239 de fecha 23 de noviembre de 2018, notificada el día 29 del mismo mes y año, que dispuso dicho término por la llegada del plazo, descartando que se trate de un término anticipado del mismo.

En la especie, resulta meridianamente claro que el acto que se dice arbitrario e ilegal por la recurrente, que dispone y notifica la no renovación de su nombramiento a contrata para el 2019, cumple además con la preceptiva de la Ley 19.880, sobre Bases de Administración del Estado, en cuanto esta normativa, en sus artículos 11 y 41, obliga a exteriorizar los fundamentos que se tienen en vista para dictar tal acto que afecta potestades particulares, cuestión que se cumple en el acto recurrido.

Lo anterior pues, la Resolución que se impugna por esta vía constitucional resulta ser fundada, desde que precisamente en él se motiva la no renovación de la contrata de la recurrente, conforme a antecedentes objetivos, que fueron expuestos latamente por la autoridad recurrida en su informe de rigor.

8°.- Que, tampoco altera lo que se viene razonando en la especie, el llamado principio de "confianza legítima", esgrimido por la recurrente en su favor, pues tal principio cede ante un acto de la administración de no renovación de contrata debidamente fundado y notificado con la antelación debida a la recurrida, ello por cuanto además, tal proceder ha sido reconocido por la propia Contraloría General del República, en su Dictamen 22.755, de 24 de marzo de 2016.

9°.- Que, así las cosas, no puede reprochársele nada al acto administrativo señalado, puesto que como ya se dijera, no es ilegal ya que ha sido dictado por la autoridad competente y dentro de sus facultades legales; y, tampoco arbitrario, esto es, no son fruto del mero capricho, sino que un acto fundamentado, expresándose en él, la razón por la cual se pone término por expiración del tiempo a la contrata.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Redacción del abogado integrante señor Rodrigo F. Rieloff Fuentes.

Rol Nº 91.569-2018.- (Protección)