nombre reservado con MINISTERIO DEL INTERIOR - SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

C.A. de Santiago Santiago, quince de abril de dos mil diecinueve.

A los folios N°s 128992, 129092 y 131916: A todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que comparece doña Gabriela Cisterna Orellana, abogada, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en favor de nombre reservado, y en contra del Ministerio Del Interior Y Seguridad Pública, mediante el cual denuncia la vulneración de las garantías contenidas en los numerales 2, 3 y 16 del artículo 19 de la Carta Fundamental, solicitando el inmediato reintegro a sus labores y cargo, en los términos que establece la ley, se ordene, en el más breve plazo, el pago de sus remuneraciones y demás prestaciones adeudadas por todo el periodo que la decisión impugnada le privó de su empleo, con los reajustes e intereses correspondientes, se instruya a la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a no actuar del modo impugnado en lo sucesivo, con costas.

Para fundar su recurso expone que con fecha 11 de agosto de 2014, la recurrente comienza a prestar servicios personales para la Subsecretaría de Prevención del Delito, según Decreto exento N° 4728 de 14 de agosto de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, desempeñando el cargo de Coordinadora del Centro de Atención a Víctimas de Talca, primero a honorarios de suma alzada como dan cuenta sus sucesivas prórrogas hasta el 31 de diciembre de 2016 y luego bajo calidad de contrata.

Añade que sus evaluaciones siempre han sido satisfactorias, siendo calificada en lista uno de distinción, recibiendo siempre buenos comentarios de sus jefaturas para todas las evaluaciones correspondientes a los periodos de 2016 – 2017 y 2017 – 2018, pese a lo cual, con fecha 28 de noviembre de 2018 toma conocimiento de que era una de las personas funcionarias de la Subsecretaría de Prevención del Delito afectadas por el proceso de despidos masivos que se registró en la institución, que se materializa en la Resolución Exenta N° 7234, la que concluye que en el desempeño de la recurrente se habrían descuidado elementos básicos para la buena labor del servicio provocando con ello una atención deficiente a las víctimas, afectando el principio de servicialidad que debe cautelarse para, asegurar la continuidad y regularidad, de la función pública en la satisfacción permanente de las necesidades colectivas.

Agrega que según la evaluación del periodo de 2017 y 2018, existe una clara contradicción, en los resultados, ya que por un lado existe el proceso calificatorio oficial que la evalúa en lista 1 para el último periodo, entregando el resultado el día 12 de noviembre de 2018. Por otro lado, a través de un memorándum reservado, menos de 10 días después, la autoridad estima la no renovación de su contrata. Estima que los fundamentos entregados en la resolución que pone término a la contrata de la recurrente son imprecisos y, por sobre todo, no se condicen con la realidad, indicando además que la resolución administrativa que puso término a la contrata es un acto administrativo irregular, toda vez que no dio cumplimiento al deber de fundamentación de los actos de la Administración Pública, produciéndose una afectación del principio de confianza legítima.

Explica que los supuestos incumplimientos de labores y falta de oportunidad en los mismos están amparados en un memorándum de fecha 22 de noviembre de 2018, supuestamente emitido por la jefatura directa de la recurrente de marras, lo que acarrea infracción al principio de igualdad ante la ley, debido proceso y libertad de trabajo, pidiendo en definitiva se acoja el recurso en los términos ya expuestos.

2°) Que evacuando informe el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, solicita el rechazo del recurso, con costas. Explica que la recurrente es de profesión socióloga, prestando servicios en la Subsecretaría de la Prevención del Delito bajo la modalidad de los honorarios a suma alzada, a partir del día 11 de agosto de 2014, calidad que fue prorrogada hasta el día 31 de diciembre de 2016, siendo designada posteriormente, con fecha 25 de enero de 2017, a contrata en el estamento profesional, contemplándose en la resolución expresamente la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”.

Agrega que el recurso debe ser rechazado por cuanto no resulta ser la vía idónea para los fines perseguidas por la actora, por cuanto cuenta con un régimen recursivo establecido por el legislador que le permite presentar los recursos de reposición o jerárquico ante la propia administración.

Añade que el acto recurrido no es arbitrario, ya que la decisión de la autoridad se encuentra en el resultado de una evaluación que se aplicó a nivel nacional a los profesionales y coordinadores de los centros de atención a víctimas, en la que se evidenciaron deficiencias en el desarrollo de la labor de la funcionaria en comento, de acuerdo a los parámetros que indica, de los que incumplió dos de los cinco subindicadores que refiere, estimando que lo que plantea la recurrente es una disconformidad y molestia por las razones que sirvieron de fundamento y motivo a la resolución de no renovación de la contrata.

Estima que el acto tampoco es ilegal, por cuanto la terminación del vínculo laboral, al concluir la anualidad 2018 para la que fue contratada, se ha producido no por disposición de esta autoridad, sino por el solo ministerio de la ley, a lo que añade que la existencia de una calificación en lista 1 no puede obligar a la autoridad a prorrogar la contrata, cuya calidad es esencialmente temporal. Refiere además que el principio de confianza legítima se limita a poner acento en la necesidad de fundamentar adecuadamente el acto administrativo de desvinculación o la decisión de no prórroga, indicando finalmente que no se han vulnerado las garantías constitucionales que la recurrente señala, razones por las que pide el rechazo del recurso, con costas.

3°) Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal – esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil – o arbitrario – producto del mero capricho de quién incurre en él – y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

4°) Que, para la resolución de la presente acción constitucional, es del caso tener presente que, de conformidad a la Ley N° 18.834 sobre el Estatuto Administrativo, los empleados de la Administración del Estado se clasifican en “empleados de planta” o “empleados a contrata”, y que la diferencia esencial radica en la permanencia de las funciones de los primeros y en la transitoriedad de los segundos, de conformidad a lo dispuesto en su artículo 3° letra c), que define el empleo a contrata como “aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”. En este sentido, el artículo 10° de la Ley, dispone que “los empleados a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”. En armonía con el precepto anterior, el artículo 146 letra f) del mismo texto legal, señala que el funcionario cesará en el cargo por el término del período lega por el cual ha sido designado y el artículo 153 dispone que produce la inmediata cesación de funciones el término del período legal por el cual es nombrado el funcionario o el cumplimiento del plazo por el cual es contratado.

5°) Que, la expresión “mientras sean necesarios sus servicios”, está en armonía con el carácter transitoria que tienen los empleos a contrata, que según señala el artículo 3° de la Ley N° 18.834, contienen implícita la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleo a contrata incluso antes de la fecha máxima de su vigencia. En efecto, la autoridad administrativa puede ponerle término en el momento que estime conveniente, a través de un acto fundado, lo que ha ocurrido en la especie respecto de la recurrente, toda vez, que teniendo a la vista la resolución impugnada, puede constatarse que ella expresa los motivos que se tuvieron en cuenta para la adopción de la decisión, indicando los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustentan.

6°) Que, de todo lo expresado, no es posible formar el convencimiento que la recurrida haya incurrido en actos u omisiones arbitrarias o ilegales que permita a esta Corte adoptar alguna medida de resguardo a favor de la recurrente, ni es posible advertir la vulneración que se denuncia a los numerales 2°, 3° y 16° del artículo 19 de la Carta Fundamental, al constatarse la inexistencia de un comportamiento antijurídico atribuible al actuar de la recurrida, lo que resulta suficiente para desestimar la acción de protección.

7°) Que, además de lo expresado, no cabe examinar por esta vía la justificación, mérito o conveniencia en términos de la contratación, porque tales extremos exceden el propósito de una acción cautelar o de tutela de urgencia y porque en los términos que viene propuesta la acción constitucional se traduciría en la pretensión de que esta Corte sustituya a la Administración en gestión de sus recursos.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, a lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Regístrese, comuníquese y archívese si no se apelare.

N°Protección-91526-2018.