nombre reservado con JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.-

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve.

A los escritos folios 140839, 142915 y 142917: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, interpone acción constitucional de protección doña GABRIELA CISTERNA ORELLANA, abogada, en representación de don nombre reservado, periodista, cédula de identidad RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, en contra de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, representada legalmente por nombre reservado, fundada en los argumentos de hecho y de derecho que pasa a exponer:

Afirma, que don nombre reservado ingresó a trabajar a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, el 1º de agosto del año 2016, en calidad de honorarios en el cargo de periodista, luego desde el 1º de enero del año 2017 se le designa a contrata, siendo renovado para el año 2018, en la función de periodista para las comunicaciones externas, Community y Manager- Administrador de las redes sociales institucionales de cobertura nacional y supervisor de las cuentas de redes sociales regionales, debiendo idear e implementar la comunicación digital de la JUNJI con una visión estratégico/política, administrar las redes sociales nacionales de la JUNJI y asesorar a las distintas cuentas regionales, realizar reportes y levantamiento de alertas, cobertura de eventos y viajes con las distintas autoridades, en una jornada laboral de 44 horas semanales, distribuidas de lunes a vienes, debiendo registrar entrada y salida en registro digital y de asistencia, en las dependencias de la Oficina de comunicaciones ubicadas en Marchant Pereira 727, comuna de Providencia.

Refiere, que lo expuesto evidencia que tiene una trayectoria laboral de más de 2 años de servicio en la Institución, lo que hace aplicable la doctrina de la confianza legítima, construida por la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, haciendo presente al efecto, que conforme al dictamen N°016512N18 de 29 de junio de 2018, el tiempo que previo a la designación a contrata un funcionario se haya desempeñado en calidad jurídica de honorarios, es computable para los efectos de invocar la confianza legítima en los términos que disponen los dictámenes N°85.700, de 2016 y Nº6.400, de 2018, siempre que se trate de período servido a honorarios en un mismo organismo, a jornada completa y que las labores correspondan a un cometido específico de naturaleza habitual de la institución, lo que en la especie se cumple, ya que tanto su contrato de prestación de servicios a honorarios del año 2016, luego su designación a contrata para el año 2017 y renovación de contrata para el año 218, dan cuenta de que su contratación es en el mismo cargo desde que ingresó a prestar servicios en JUNJI. Agrega, que en sus más de 2 años de servicio a la institución, sus evaluaciones siempre han sido satisfactorias, calificado siempre en lista 1 de distinción, siendo calificado en al año 2017 con nota 69.12. En otros términos, ha desempeñado su cargo con esmero, dedicación, compromiso y calidad. Sostiene, que la decisión de la autoridad de no renovar su contrata fue totalmente imprevista.

En cuanto al acto lesivo de derechos fundamentales, asevera, que el día jueves 29 de noviembre de 2018, su nueva jefatura directa desde agosto de 2018, doña nombre reservado, quien detenta el cargo de Jefa de Comunicaciones Nacional, le comunicó verbalmente que no será renovado para el año 2019, sin entregar ningún tipo de fundamento más que “fuiste el último en entrar”, ante lo cual solicitó conocer los argumentos de la autoridad para no renovar su contrata, pero la autoridad no tenía respuesta a su pregunta, lo que persiste hasta la fecha, sin que tampoco reciba en su domicilio carta certificada al respecto, situación que lo deja en la más absoluta indefensión vulnerando con ello su derecho a defensa, junto con su derecho a no ser objeto de discriminación y libertad de trabajo, y transgrediendo la autoridad de manera manifiesta su obligación de escrituración y fundamentación del acto administrativo, lo que deviene en un acto administrativo ilegal, deberes consagrados en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, así como en la Ley de procedimientos administrativos Nº19.880, recepcionado y exigido, además, por la doctrina de la propia Contraloría General de La República, en los Dictámenes Nº23.518 y Nº6.400 del año 2018.

Reitera, que la acción de la Administración del Estado, de comunicar verbalmente la no renovación de contrata al recurrente para el año 2019, trasgrede en primer lugar la necesidad de escrituración de los actos administrativos que, en la especie, debiese constar a través de una resolución, lo que además, trasgrede la forma de notificación, al comunicar la decisión verbalmente, no dando cumplimiento a las exigencias que tiene el Estado empleador en relación a los artículos 3, 45, 46 y 47 de la Ley Nº19.880. Todos los actos de la administración del Estado deben expresar sus motivos o fundamentos, sobre todo los que afectan derechos de los particulares, en este caso el derecho del recurrente a la estabilidad en el empleo, ya que tenía la legítima expectativa de continuar en el servicio, luego que desde el año 2016 en adelante desempeñaba el mismo cargo, y en el año 2017 fue nombrado a contrata, exigencia mínima de un Estado de Derecho, en que debe respetarse de manera irrestricta el derecho de los ciudadanos a saber los motivos por los cuales resultan lesionados o conculcados sus derechos, lo que implica una afectación del principio de confianza legítima respecto a la continuidad de las funciones del recurrente en la JUNJI, ya que sucesivamente se le renovó en el cargo, primeramente a honorarios, luego en calidad de contrata, disponiéndose su última renovación para el año 2018, y que el ejercicio de una potestad excepcionalísima, como el no renovar la contrata de un funcionario que estaba excelentemente calificado, supone la existencia de fundamento suficiente, expresado de forma clara y detallada en la resolución que da cuenta de ese acto, lo que no se verificó en la especie.

Asevera, que lo expuesto, convierte al acto de término anticipado de la contrata del recurrente, no sólo en ilegal, sino que además en un acto arbitrario, al carecer de fundamentos, y por tanto, lesivo de los derechos de debido proceso, no discriminación y libertad de trabajo en el cargo, En cuanto a la privación del legítimo ejercicio de los derechos constitucionales de igualdad ante la ley y libertad de trabajo, refiere, que la comunicación verbal de la decisión de la autoridad de no renovar la contrata para el año 2019 de don nombre reservado, sin que exista resolución alguna vulnera sus derechos fundamentales. Como exigencias de los principios escrituración, de publicidad y transparencia que rige a los órganos de la Administración del Estado, la resolución primero debe ser escrita, luego debe ser fundada, es decir, debe exponer claramente los motivos de su decisión, sin que baste, una mera alusión a argumentos genéricos, sin sustento ni base fáctica. Expresa, que en este sentido, se ha lesionado en grado de privación, su derecho a la igualdad ante la Ley y no discriminación, y el derecho de libertad de trabajo, contenidos en los artículos 19 Nº2 y Nº16 de la Constitución Política, respectivamente, y la primera de ellas, además, se encuentra consagrada en los artículos 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que ella Asevera, que el Principio de Igualdad exige conferir un trato igualitario a quienes se encuentran en una misma situación, igualdad que es tanto en el derecho y ante el derecho. Esto se ha traducido, en el deber de contemplar las mismas normas jurídicas para todas las personas que se encuentren en análogas situaciones de hecho, constituyendo tal prescripción, un principio fundamental de la seguridad jurídica respecto de todos aquellos que se hallen en las mismas condiciones, teniendo como consecuencia directa la imposibilidad de establecerse privilegios a favor de personas o grupos. De ello deriva, que toda diferenciación del tipo arbitrario, es decir, contraria al principio de la igualdad jurídica, es de aquellas que carecen de fundamentación racional y objetiva, obedeciendo pura y exclusivamente al capricho de la autoridad que la ha dictado o dispuesto. De este modo, el derecho a la igualdad y equidad ante la ley implica la igual protección y trato de las autoridades a los sujetos, y del mismo modo, la obligación de garantizar que no se restrinja arbitrariamente el ejercicio de algún derecho, situación que afirma, ha sido reconocida por la jurisprudencia judicial.

A su turno, refiere, que la resolución que dispone la no renovación de su contrata, lesiona la garantía constitucional de libertad de trabajo, toda vez que dicha decisión pasa por alto el derecho a la estabilidad en el empleo consagrado estatutariamente y refrendado por la jurisprudencia administrativa y judicial a través de la construcción del principio de confianza legítima. En efecto, la Administración, al haber renovado su designación desde el año 2016 de manera sucesiva y continua, ha creado la razonable expectativa de que dichas renovaciones continuarán el tiempo, salvo que medie una causal objetiva de cese y que esté debidamente fundamentada por la autoridad. De este modo, se cumplen con los presupuestos para aplicar el principio de la confianza legítima, toda vez que: - Ha sido renovado anualmente en sus funciones desde el año 2016, primero como funcionario a honorarios, y luego, a contrata; que, fue confirmado en sus funciones para todo el periodo 2018 mediante la Resolución Exenta TRA N°110790/647/2017 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; que, ha sido evaluado y calificado de manera positiva y destacada durante su carrera funcionaria, expectativa que se relaciona con el principio de estabilidad en el empleo y con la doctrina de la confianza legítima creada por la Contraloría General de la República que ha sido reforzada y profundizada por la jurisprudencia de la Corte Suprema. Este principio, para los trabajadores del sector público, está reconocido en el artículo 89 del Estatuto Administrativo, Ley Nº18.834, según el cual todo funcionario tiene derecho a gozar de estabilidad en el empleo, que como ha refrendado la Excelentísima Corte Suprema, en parte alguna se exime a quienes detentan la condición jurídica a contrata.

En síntesis, señala que el término de su contrata, es, por un lado, un acto ilegal, ya que no se respetaron los principios del procedimiento administrativo contenidos en la Ley Nº19.880, en relación específicamente a escrituración y al deber de motivación de los actos de la administración, especialmente aquellos que afectan situaciones jurídicas de particulares, y de otro lado, arbitrario, porque le privó de forma arbitraria de su fuente laboral y de ingresos, sin más fundamentación lo que no se condicen con sus funciones, trayectoria y evaluaciones en el servicio, y que según se ha indicado por la E. Corte Suprema, con este acto se devastaron sus derechos laborales sin una debida fundamentación, donde se detallen y precisen los incumplimientos imputados.

En la conclusión, solicita tener por interpuesta la presente acción de Protección en contra de la decisión de la autoridad de no renovación de contrata; admitirla a tramitación, y acogerla en definitiva en todas sus partes, restableciendo el imperio del derecho y ordenando: 1. El inmediato reintegro a sus labores y cargo, en los términos que establece la ley. 2. Se ordene, en el más breve plazo, el pago de sus remuneraciones y demás prestaciones adeudadas por todo el periodo que la decisión impugnada le privó de su empleo, con los reajustes e intereses correspondientes. 3. Se instruya a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, a no actuar del modo impugnado en lo sucesivo. 4. Se condene en costas la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

Solicita que se tenga por interpuesto fundado recurso de protección, admitirlo a tramitación, y previo su informe, acogerlo en todas sus partes, y adoptar las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, lo que en concreto involucra que se declare que el actuar de los recurridos ha infringido las garantías constitucionales de derecho a la honra y/o reputación de su persona y/o su familia; a la vida privada de su persona y/o de su familia; a la autodeterminación informativa y/o protección de datos personales; a la propia imagen; a la integridad física y/o psíquica de su persona y/o de su familia; y, finalmente, a su dignidad. Además, que se ordene a Google Chile Limitada, a Google INC., y a Microsoft Chile S.A. desindexar las noticias e información de sus servidores de los respectivos links indicados, con costas.

SEGUNDO: Que, con fecha 5 de febrero del año en curso, la recurrida evacúa el informe que le fuere ordenado por resolución de fecha 18 de enero de 2019, señalando en cuanto al fondo, que la inexistencia de escrituración del acto de no renovación de su contrata, su falta de motivación y de comunicación que se alega, no es tal, toda vez que el acto existe, fue escriturado, debidamente motivado y comunicado el día 29 de noviembre del año 2018 al recurrente, que en dicha data se dictó resolución exenta Nº015/4059, la cual se envió al Registro de la Contraloría con fecha 30 de noviembre de 2018, según consta en documento que se adjunta, acto administrativo debidamente fundamentado acorde a la real situación que vivía la recurrida en el momento de la prórroga y según con las circunstancias particulares del caso, a saber, reducción de personal en la Unidad de Comunicaciones donde se desempeñaba el recurrente, debido a la sobredotación de funcionarios en ella, y habiendo otros funcionarios que cumplen las mismas funciones y son de mayor antigüedad en la institución; mantener al funcionario en funciones sobresaturadas solamente afecta el patrimonio fiscal por el gasto que genera al presupuesto público.

Asevera, que en la resolución de no prórroga se señala “la actual autoridad ha dispuesto modificar la estructura orgánica del servicio, procediendo a racionalizarla conforme a las necesidades del momento. La unidad de comunicaciones en que se desempeña el funcionario será objeto de reducción de personal, en razón del gasto que origina al presupuesto público. En la autoridad existe una sobredotación de funcionarios en dicha unidad, existiendo servidores que cumplen la misma función que don nombre reservado y con mayor antigüedad en dicha unidad”, lo que denota que no existe ilegalidad ni arbitrariedad alguna en el acto administrativo en comento.

Sostiene que la autoridad del servicio se encuentra facultada para poner término antes del cumplimiento del plazo consignado en la designación a contrata, la que en todo caso cesa por el ministerio de la ley al vencer el plazo de designación, que en todo caso, la no renovación del personal a contrata debe aplicarse de manera limitada y restrictiva a casos debidamente fundados. Al respecto señala, que con fecha 21 de noviembre de 2018, se aprobó la nueva organización interna de la JUNJI, dejando sin efecto la Resolución Exenta 015/0040, de fecha 312 de enero del año 2017, reorganización que tuvo como fundamento modificaciones de orden legal experimentado por el sistema de educación parvularia y en particular la Ley Nº17.301 de 1970 que crea la JUNJ, modificaciones que redefinen a la institución únicamente como un prestador del servicio de Educación Parvularia, suprimiéndose las facultades de supervigilancia, de acuerdo al artículo 8º de la Ley 20.835, que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia, la Intendencia de Educación Parvularia, y modifica diversos cuerpos legales, refundiéndose diversas áreas que cumplían labores semejantes ya que debía racionalizarse su gestión en virtud de la eficiencia, eficacia y resguardo del patrimonio fiscal. En dicha reorganización, se reestructuró el área de comunicaciones, que era un apoyo a la gestión institucional que dependía directamente de la Vicepresidenta Ejecutiva, era una unidad de apoyo a la gestión institucional, conformada por un Staff de periodistas, actualmente la labor de la prensa y comunicaciones dejó de ser un apoyo y/o unidad asesora de Vicepresidencia, pasando a ser un Departamento de Comunicaciones y Ciudadanía, que para racionalizar la gestión, absorbió a las antiguas secciones de comunicaciones, editorial, atención ciudadana y participación, y la Unidad de relaciones internacionales, quedando a cargo de nombre reservado y nombre reservado, periodistas. Señala que la fusión de departamentos, generó una sobredotación de funcionarios, en especial periodistas cuya nómina se acompaña, por lo que debió prescindirse de parte del personal parta evitar duplicidad de funciones, según consta en resoluciones de contrata y profesión de los funcionarios. Afirma, que renunció el periodista nombre reservado, con fecha 13 de septiembre de 2018, cesó en sus funciones nombre reservado, con fecha 29 de noviembre de 2018, comunicador audiovisual, que realizaba funciones de periodista, y el recurrente, don nombre reservado, con la misma fecha, según consta en documentos que acompaña. Que el criterio para desvincular al recurrente consistió en el de antigüedad, dado que las funciones del Departamento tenían duplicidad con las de funcionarios periodistas más antiguos. Señala que el recurrente ingresó a la antigua Unidad de Comunicaciones como trabajador a honorarios para realizar la función específica de manejo de redes sociales de la institución, y que en el año 2017 se le nombró a contrata desempeñando la misma función, que por lo específica y acotada, podía ser desarrollada por funcionarios con más experiencia, de perfiles polivalentes, en especial nombre reservado, quien ingresó el año 2008 a la institución, es Web Master y cuyas funciones, además del manejo de redes sociales, se complementan con las de gestión de reclamos de atención a la comunidad, asesoría a la Vicepresidenta y a los líderes de la organización a través de generar contenido en redes sociales (social media, web Junji, intranet y Gesdep, y Junji TV), además de generar instrumentos y herramientas para la coordinación y la planificación de la estrategia institucional, lo que incluye el manejo del Portal Transparencia Activa, al respecto adjunta certificados de antigüedad del referido funcionario y el plan estratégico con la dotación de funcionarios y funciones del Departamento y los responsables de cada acción.

Agrega, respecto de la duplicidad de funciones, que es el mismo perfil de cargo del Departamento de comunicaciones, que la institución asigna funciones genéricas para todos sus miembros, privilegiando la polivalencia de las funciones que son múltiples en dicha área, adjuntando el perfil del cargo al efecto.

En cuanto a que el recurrente desconoce el acto de no prórroga de su contrata que alega, afirma que le fue comunicado por su superior jerárquico nombre reservado el día 29 de noviembre del año 2018, entregándole la copia del respectivo acto, no obstante, no se dejó registro escrito de dicha entrega por parte de aquélla, circunstancia esta última de la que se vale el recurrente para señalar una figura similar al despido verbal, quien efectivamente tuvo conocimiento según se desprende de que inmediatamente a su comunicación solicitó su feriado legal, que ejerció desde el día 30 de noviembre de 2018 hasta el día 13 de diciembre del año 2018, asistiendo a su lugar de trabajo hasta el día 31 de dicho mes y año.

En cuanto a la ilegalidad y arbitrariedad del acto contra el cual se recurre, manifiesta su rechazo, toda vez que se habría ajustado a lo dispuesto en el artículo 10 del Estatuto Administrativo, y circular Nº21 del Ministerio de Hacienda, teniendo en vista las orientaciones impartidas por el órgano de control fundamentando el acto que resuelve la no prórroga, de conformidad con los Dictámenes Nº12.248 y Nº18.901, ambos del año 2017, de la Contraloría General de la República, Respecto de la vulneración de la Libertad de Trabajo, al prohibir la Constitución Política cualquier discriminación en materia laboral, transgredida al no renovar la contrata del recurrente, cabe consignar que no se encuentra garantida con acción de protección, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de dicho cuerpo normativo, referido en exclusiva a la libertad de trabajo y libertad de contratación del inciso 1º y numeral 16 inciso 4º, pero no otorga protección al inciso 3º del numeral 16, relativo a la no discriminación en el acceso del empleo, como pretende la recurrente.

Concluye, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

TERCERO: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

CUARTO: Que la recurrida Junji no ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno. En efecto, de la lectura de la resolución impugnada se desprende que la autoridad administrativa sí fundó su actuar, contiene el acto administrativo aludido todos los razonamientos que llevó a la recurrida a no renovar la contrata del recurrente, cumpliéndose entonces con lo que exige el inciso segundo del artículo 11 de la ley N° 19.880, sin que la judicatura pueda reemplazar el juicio de la autoridad administrativa. Lo cierto es que el acto está motivado y el hecho que el recurrente no comparta los argumentos de la autoridad recurrida no lo torna en infundado.

QUINTO: Que toda designación de funcionarios “a contrata” en la administración pública, de acuerdo con la ley N° 18.834, es esencialmente transitoria y no puede exceder del 31 de diciembre del año correspondiente en que la contrata empieza a regir. No se ha discutido que el recurrente fue nombrado “a contrata” para desempeñar funciones profesionales en el Servicio de Gobierno Interior a contar del 1 de junio de 2015 “y mientras sean necesarios sus servicios”, siempre que no excedan del 31 de diciembre del mismo año, dictándose luego su renovación sucesiva. El Decreto impugnado decidió no renovar dicha contrata para el año 2019 pero, de acuerdo al tenor del artículo 10 de la ley N° 18.834, “Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año…”. Luego, no es el decreto impugnado el que causa perjuicio al recurrente, sino la norma legal aludida, la que, por fuerza no puede ser objeto de una acción de protección. Consecuentemente, la Administración, si tiene facultades para hacer cesar la contrata en cualquier tiempo antes del 31 de diciembre de 2018, con mucha mayor razón puede decidir no renovar la contrata para el año 2019, y no será esta decisión la que ponga término a su contrata, sino la llegada del plazo respectivo, que está contemplado en la ley. A mayor abundamiento, y tal como ya se consignó, en la especie el acto que decidió no renovar la contrata está debidamente motivado y no corresponde a los tribunales hacer un juicio, al menos en sede de protección, de tales fundamentos.

SEXTO: Que, entonces, la contrata de la recurrente no se terminó por decisión de la autoridad, esto es, no es la Resolución Exenta N° 6994 la que decidió poner fin a su empleo, sino el simple transcurso del tiempo, pues la letra c) del artículo 3° de la ley N° 18.834 señala que empleo a contrata es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución y que, conforme al artículo 10 de la misma ley, nunca pueden durar más allá del 31 de diciembre de cada año, según se encarga de señalar el artículo 10 de la citada ley, de suerte que ni siquiera ha debido la autoridad dictar la antedicha resolución, bastaba para terminar la contrata el que se cumpliera el plazo del último día del año 2018. Y lo que haya dicho la Contraloría General de la República sobre este particular no obliga a la judicatura.

SÉPTIMO: Que lo argumentado por la recurrente, en cuanto que sólo fue notificada de la no renovación de la contrata en forma verbal, aparte de estar ello contradicho por la recurrida, pues señaló que además de verbalmente el día 29 de noviembre de 2018 la jefatura correspondiente le entregó a la recurrente la Resolución 4089, no tuvo la trascendencia que quiere significar la recurrente, por cuanto el acto verbal, según indicó la propia recurrente se le señaló que su no renovación de contrato decía relación con una restructuración de la Unidad de Comunicaciones en donde se desempañaba el actor, lo cual importa, al menos, motivación del acto impugnado.

OCTAVO: Que, por todo lo dicho, sólo corresponde rechazar el recurso de protección intentado pues, se reitera, la decisión de la administración de no renovar la contrata del señor nombre reservado, no es ni ilegal ni arbitraria y se plasmó en una resolución debidamente fundada, cumpliéndose con lo dispuesto en los artículos 2° letra c) y 10 de la ley N° 18.834 y 11 inciso segundo de la ley N° 19.880, a lo que debe agregarse que las controversias que puedan existir acerca de dicha fundamentación supera los márgenes del recurso interpuesto.

NOVENO: Que, en todo caso, ninguna de las garantías que se dicen amagadas merecen este adjetivo. En efecto, la igualdad ante la ley -N° 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República- debería haberse acreditado demostrando que la Administración ha obrado de una manera distinta con alguna persona en iguales circunstancias que el recurrente, lo que no ha sucedido. El derecho de propiedad, garantizado en el N° 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, como muchas veces se ha dicho, no guarda relación con el caso sub judice, pues ciertamente no existe un derecho de propiedad sobre el ejercicio de una función pública, no tuvo nunca la recurrente el derecho de dominio sobre su empleo a contrata. Y la garantía del N° 16 del artículo 19 de la Carta Fundamental sólo está protegida por el artículo 20 del mismo texto en lo que hace a la libertad de trabajo, la que ciertamente no se ha conculcado.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional deducida en estos autos, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-91521-2018.