nombre reservado con MINISTERIO DE EDUCACION

C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de marzo de dos mil diecinueve.

A los escritos folios 12, 13 y 14: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, soltera, domiciliada en domicilio reservado, Región de los nombre reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra de la Subsecretaría de Educación de Los Ríos, representada legalmente por don nombre reservado, y en contra del Ministerio de Educación, representado legalmente por doña nombre reservado, en razón del acto que estima ilegal y arbitrario consistente en haber dictado Resolución Exenta N° 1245 de fecha 28 de noviembre de 2018, por medio de la cual se decreta la no renovación de su contrata, vulnerando con ello sus derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 N° 2, 16 y 24.

Expone que ingresó a prestar servicios el 11 de febrero de 2008, a contrata, como administrativo para la Subsecretaría de Educación de Los Ríos, siendo renovada por resolución N° 292/235/2018 para el año 2018. Indica cuáles eran las funciones que ejercía y que ya en 2009 se hizo cargo de dos áreas, Oficina de Partes y Archivo, lo que le produjo una sobrecarga laboral y de estrés. Dicha situación trajo aparejada diversas complicaciones médicas, desencadenándose un síndrome atáxico de gravedad, debiendo presentar licencias médicas para realizar el tratamiento correspondiente, lo que estima sería un factor de la decisión tomada.

Refiere que durante los 10 años y medio en que ha prestado servicios, ha procurado ejercer sus funciones de la mejor manera, relacionándose de buena forma con sus compañeros de trabajo, sin tener ninguna anotación de demérito en la Hoja de Vida Funcionaria, medidas disciplinarias ni sumario asociado a sus funciones. En cuanto a sus calificaciones laborales, se ha mantenido en Lista 1.

Indicia que el día 28 de noviembre de 2018 fue notificada de la no renovación de su contrata para el año 2019, esgrimiéndose como principal argumento, el cambio de prioridades de acción de la nueva administración y la supuesta necesidad de contar con un profesional en el cargo de Oficina de Partes y Archivos Provincial, pese a su experiencia de más de 10 años en el servicio.

Sostiene que la decisión de la parte recurrida es ilegal y arbitraria, por cuanto carece de fundamentos, al señalarse como tal un “cambio de prioridades” del nuevo gobierno. Ello, a su juicio, evidencia la carencia de una razonabilidad superior a la mera discrecionalidad de la administración. Luego, se señala que por no tener título profesional no tendría la formación para ejercer el cargo, mismo que ostenta con excelentes calificaciones hace más de 10 años, y en el que fue designada por el propio servicio. A lo anterior añade que se ha establecido la existencia de la “confianza legítima” en la renovación de la contrata a partir de la segunda renovación.

En cuanto a la vulneración de garantías constitucionales, señala que el actuar de la parte recurrida conculca aquellas establecidas en el artículo 19 números 2, 16 y 24. Por un lado, porque se genera un trato diferenciado en relación a sus pares cuya situación es idéntica y sin embargo no ven terminada su relación con el servicio, existiendo además una discriminación por su nivel de educación, cuando el hecho de que no haya terminado formalmente su carrera nunca fue un impedimento para el ejercicio de sus funciones. Luego, se coarta la posibilidad de continuar ejerciendo un cargo donde tenía estabilidad, afectándose su derecho a la libertad del trabajo y el principio de confianza legítima que rige en el caso de funcionarios públicos que desempeñan labores bajo régimen a contrata. Finalmente, por cuanto se ha vulnerado su derecho de propiedad al impedírsele continuar ejerciendo sus labores y percibir los beneficios que de dicha actividad se derivan, en especial respecto de la remuneración mensual, no obstante que también se le priva del derecho de propiedad que se tiene respecto de la estabilidad en el empleo, consagrado en la administración del Estado, habida consideración de las constantes renovaciones de su cargo.

Por lo antes expuesto, solicita se restablezca el imperio del derecho y asegure su debida protección, ordenándose dejar sin efecto la Resolución Exenta N° 1.245 y disponiéndose el reintegro en sus funciones y el pago de las remuneraciones mientras haya estado separada de las mismas, con expresa condena en costas.

Segundo: Que, informando la parte recurrida a través del abogado Tomás Henríquez Carrera, Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Educación, solicita el rechazo del presente recurso, con costas.

En primer término, sostiene la inadmisibilidad del recurso de protección por no existir derechos indubitados, por lo que los hechos en que se funda y las peticiones formuladas exceden las materias que pueden ser conocidas a través del mismo. Y es que la actuación que describe no reviste la calidad de acto administrativo terminal que importe afectación, amenaza o transgresión de alguna de las garantías constitucionales señaladas. Precisa además que los funcionarios a contrata no tienen un derecho a que su designación sea renovada, sino que, por el contrario, esta termina por el solo ministerio de la ley el día 31 de diciembre del año correspondiente, sin que sea necesario cumplir con otro requisito fuera del transcurso del plazo. Por lo demás, en el caso de marras, la Resolución Exenta RA N° 292/235/2018 señala que la contrata de la recurrente solo duraría hasta el 31 de diciembre de 2018.

En cuanto a los hechos expuestos en el recurso, indica que la señora nombre reservado ingresó a la administración pública como contrata, administrativo grado 15° EUS, a contar del 11 de febrero de 2008 y hasta el 31 de diciembre de ese año, y/o mientras sus servicios sean necesarios, la que fue prorrogada por resoluciones anuales a contar del 1 de enero de cada año y en los mismos términos antes referidos. No obstante ello, señala no ser efectivo que la recurrente cuente con la formación académica para desempeñar el cargo de Encargada de la Oficina de Partes y Archivo Provincial, por haber ejercido tal labor por un período prolongado de tiempo, ya que el “perfil del cargo”, elaborado por la Unidad Técnica de Reclutamiento y Selección, establece expresamente que debe ser ejercido por un profesional.

Por otro lado, arguye que el término de la contrata de la recurrente fue realizado mediante un acto administrativo fundado y suficientemente motivado, transcribiendo al efecto las consideraciones que estima pertinentes.

Niega haber incurrido en ilegalidad o arbitrariedad alguna, pues a lo anterior se añade que la decisión se enmarca en las atribuciones exclusivas que tiene todo jefe de servicio, que basándose en criterios de mérito, oportunidad o conveniencia, determina la extinción del vínculo que une al funcionario con el Estado.

Precisa además que no es efectivo que la señora nombre reservado no presente medidas disciplinarias, pues en 2012 le fue aplicada la de censura y en 2013 la de multa de un 10% de la remuneración mensual. A ello se añade que en el informe de la Jefa Provincial de Educación se indica que la recurrente no se ajustaba al perfil de su cargo, presentando problemas en el desempeño de sus funciones, principalmente por algunas conductas poco profesionales e irrespetuosas hacia su compañera administrativa, lo que ha dificultado formar dupla de trabajo.

Tercero: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1 del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Cuarto: Que para la resolución del asunto propuesto, es del caso precisar que la vinculación con la administración pública a través de la modalidad a contrata es esencialmente transitoria, cuya duración es limitada en el tiempo, y sus plazos no se encuentran establecidos ni garantizados por norma alguna, por lo que pueden ser discrecionalmente variadas por la autoridad facultada para realizarla.

Quinto: Que, por expresa disposición del artículo 3° del Estatuto Administrativo, los empleados de la Administración del Estado se clasifican en “empleados de planta” o “empleados a contrata”; los primeros pueden ser titulares, suplentes o subrogantes, y la diferencia esencial entre ambos radica en la permanencia de las funciones de los primeros y en la transitoriedad de los segundos. En este último caso, el artículo 10 de la Ley N° 18.834 dispone que “los empleados a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”. En concordancia con la norma precedentemente citada el artículo 146 letra f) del mismo texto legal, señala que el funcionario cesará en el cargo por el término del período legal por el cual ha sido designado y el artículo 153 dispone que el término del período legal por el cual es nombrado el funcionario, o el cumplimiento del plazo por el cual es contratado, produce la inmediata cesación de sus funciones.

Sexto: Que con los documentos acompañados a la causa, se tiene por establecido que la recurrente ingresó a prestar servicios a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Los Ríos desde el año 2008, ininterrumpidamente a contrata, y que a la época de ponerse término a sus servicios ejercía funciones como Encargada de la Oficina de Partes y Archivos Provincial.

Séptimo: Que la cláusula "mientras sean necesarios sus servicios" está en armonía con el carácter que tienen los empleos a contrata. En efecto, la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en su artículo 3°, como se dijo, luego de definir la planta del personal de un servicio público como el conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución, al tratar los empleos a contrata señala que son aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución. Enseguida, el mismo texto legal determina en su artículo 10, en relación a la permanencia de esta última clase de cargos, que los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley; esto es, figura implícita la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleado a contrata incluso antes de la fecha recién indicada.

Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad administrativa puede ponerle término en el momento que estime conveniente, a través de un acto fundado, lo que ocurre en la especie, toda vez que el acto administrativo impugnado expresa los motivos fácticos que se tuvieron en cuenta para la adopción de la decisión, indicando los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustenta.

En relación a los hechos, se advierte que la decisión adoptada por la autoridad consiste en desvincular a la recurrente en razón de las prioridades de acción y gobierno que instaura la nueva administración y, en particular, a que la actora no se ajusta al perfil del cargo elaborado por la Unidad Técnica de Reclutamiento y Selección del Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Educación.

En cuanto al derecho, se aprecia que la dictación de la resolución impugnada obedece a un actuar enmarcado dentro de las reglas que informan el desempeño de la recurrida, especialmente el Estatuto Administrativo.

Octavo: Que, en efecto, la autoridad Administrativa no está obligada a renovar la contratación de los servicios que se desempeñen en tal carácter una vez cumplida la vigencia temporal, pues ella, como lo dispone expresamente el artículo 10 del Estatuto Administrativo, opera por el solo ministerio de la ley. En efecto, el empleo a contrata se caracteriza por la precariedad en su duración, circunstancia conocida por el interesado, supeditada a las necesidades de la entidad empleadora Por consiguiente, la inexistencia de un comportamiento antijurídico atribuible al actuar de la Secretaría de Educación de Los Ríos.

Noveno: Que, de todo lo expresado, no es posible formar el convencimiento que la recurrida haya incurrido en un acto u omisión arbitraria o ilegal que amerite adoptar alguna medida de resguardo a favor de la recurrente, ni es posible advertir la vulneración que se denuncia a los numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Y de conformidad, además, a lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección deducido a favor de doña nombre reservado, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-91494-2018.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz e integrada por el Ministro (I) señor José Santos Pérez Anker y por la Ministro (I) señora Bárbara Quintana Letelier.

Santiago, veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.