Protección contra Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana

Santiago, dieciocho de junio de dos mil diecinueve.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, contador auditor y psicóloga, domiciliada en domicilio reservado y recurre de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana, representado por doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado. Refiere:

1.- Ingresó a prestar servicios para la recurrida el 1 de julio de 2008 como contrata grado 14°, teniendo en la actualidad el grado 10°, primero en la Unidad de Pago de Subvenciones y luego en la Unidad de Convivencia Escolar de la Dirección Provincial de Educación.

2.- Sin embargo, el 29 de noviembre de 2018 se dictó la Resolución Exenta SIAPER N° 8 que dispuso la “no prórroga de su contrata”, vulnerándose el principio de la “confianza legítima”, dando como fundamentos aquellos que se encarga de desvirtuar en su libelo.

3.- Refiere luego la recurrente sus merecimientos profesionales y entiende infringido los derechos de los numerales 2°, 16° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide que se acoja su recurso y se deje sin efecto la resolución impugnada, disponiéndose su reintegro a sus funciones y el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales que se devenguen durante la separación, con costas.

SEGUNDO: Que informa la SEREMI de Educación y señala lo que sigue:

1.- La Resolución Exenta SIAPER N° 8 de 29 de noviembre de 2018 constituye un acto administrativo y dispuso la no renovación de una “contrata”, esto es, una modalidad de empleo público que dura sólo hasta el 31 de diciembre de cada año, acto que en todo caso está motivado.

2.- La decisión se adoptó atendido que “los nuevos lineamientos exigen un perfil profesional” distinto al de la recurrente, cuyos méritos no se ajustan a los nuevos requerimientos de la autoridad, a lo que agrega la autoridad recurrida que la calidad de psicóloga de la recurrente no consta en el registro SIAPER y aun cuando constara, no se consigna la especialidad de la señora nombre reservado.

Pide el rechazo del recurso.

TERCERO: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que la SEREMI de Educación no ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno. En efecto, de la lectura del acto impugnado se desprende que la autoridad administrativa sí fundó su actuar, contiene el acto administrativo aludido todos los razonamientos que llevó a la recurrida a no renovar la contrata de la recurrente por no ser ya necesarios sus servicios, cumpliéndose entonces con lo que exige el inciso segundo del artículo 11 de la ley 19.880, sin que la judicatura pueda reemplazar el juicio de la autoridad administrativa. Lo cierto es que el acto está motivado y el hecho que la recurrente no comparta los argumentos de la autoridad recurrida no lo torna en infundado. Y claramente no pueden los tribunales revisar la fundamentación pues en tal caso abandonaría su papel de juzgador y se convertiría en administrador, lo que ni la Constitución Política de la República ni la ley permiten. Se trata de un cargo a contrata que, según lo informado por la recurrente, se tiene desde el 1 de julio de 2008, mientras eran necesarios sus servicios, decidiendo la misma autoridad, por un acto motivado, que procedía no renovar tal contrata.

QUINTO: Que, por lo demás, toda designación de funcionarios “a contrata” en la administración pública, de acuerdo con la ley 18.834, es esencialmente transitoria y no puede exceder del 31 de diciembre del año correspondiente en que la contrata empieza a regir. No se ha discutido que la recurrente fue nombrada “a contrata” para desempeñar funciones en la SEREMI de Educación de la Región Metropolitana “y mientras sean necesarios sus servicios”, siempre que no excedan del 31 de diciembre del mismo año. La resolución impugnada decidió no renovar dicha contrata para el año 2019 pero, de acuerdo al tenor del artículo 10 de la ley 18.834, “Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año…”. Luego, no es la Resolución impugnada la que causa perjuicio al recurrente sino la norma legal aludida, la que, por fuerza no puede ser objeto de una acción de protección. Consecuentemente, si la Administración tiene facultades para hacer cesar la contrata en cualquier tiempo antes del 31 de diciembre de 2018, con mucha mayor razón puede decidir no renovar la contrata para el año 2019 y no será esta decisión la que ponga término a su contrata sino la llegada del plazo respectivo, plazo que está contemplado en la ley. A mayor abundamiento, y tal como se ya se consignó, en la especie el acto que decidió no renovar la contrata está debidamente motivado y no corresponde a los tribunales hacer un juicio, al menos en sede de protección, de tales fundamentos.

SEXTO: Que, en consecuencia, la contrata de la recurrente no se terminó por decisión de la Administración, esto es, no es la Resolución Exenta SIAPER N° 8 de 29 de noviembre de 2018 la que decidió poner fin a su empleo, sino el simple transcurso del tiempo, pues la letra c) del artículo 3° de la ley 18.834 señala que empleo a contrata es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución y que, conforme al artículo 10 de la misma ley, nunca pueden durar más allá del 31 de diciembre de cada año, según se encarga de señalar el artículo 10 de la citada ley, de suerte que ni siquiera ha debido la SEREMI de Educación dictar la Resolución Exenta SIAPER N° 8 de 29 de noviembre de 2018, bastaba para terminar la contrata el que se cumpliera el plazo del último día del año 2018. Y lo que haya dicho la Contraloría General de la República sobre esta particular no obliga a la judicatura.

SÉPTIMO: Que, por todo lo expresado, sólo corresponde rechazar el recurso de protección intentado pues, se reitera, la decisión de la administración plasmada en la Resolución Exenta SIEPER N° 8 de 29 de noviembre de 2018del SEREMI Metropolitano de Educación de no renovar la contrata de la señora nombre reservado, no es ni ilegal ni arbitraria y se plasmó en una resolución debidamente fundada, cumpliéndose con lo dispuesto en los artículos 2° letra c) y 10 de la ley 18.834 y 11 inciso segundo de la ley 19.880.

OCTAVO: Que, en todo caso, ninguna de las garantías que se dicen amagadas merecen este adjetivo. En efecto, la igualdad ante la ley -N° 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República- debería haberse acreditado demostrando que la Administración ha obrado de una manera distinta con alguna persona en iguales circunstancias que la recurrente, lo que no ha sucedido. El N° 16° del mencionado artículo 19 de la Carta Fundamental sólo está protegido en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección, lo que, ciertamente, la Administración no ha amagado. Y el N° 24° de la norma referida no se refiere a la llamada “propiedad en el empleo” sino al derecho real de dominio, aquel que señala el artículo 582 del Código Civil.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional deducida en estos autos, sin costas.

Redacción del Ministro señor Mera.

Regístrese.

N° 91.485-2018.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por el Ministro Interino señor José Pérez Anker y por el Abogado Integrante señor nombre reservado.

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