nombre reservado con MINISTERIO SALUD

Santiago, tres de mayo de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

1°) Comparece nombre reservado, Abogada, domiciliada en domicilio reservado, actuando en representación de nombre reservado, sociólogo domiciliado en domicilio reservado, quien interpone acción de protección de garantías constitucionales en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, representada por doña nombre reservado, con domicilio en Mac Iver N° 541 de la comuna de Santiago a raíz de la dictación de la resolución exenta N° 1866 de 29 de noviembre de 2018, que dispuso la no renovación de contrata de su representado, que estima ilegal y arbitrario y que vulnera los derechos asegurados en los numerales 2°, 16° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Esgrime que el recurrente ha prestado servicios en el establecimiento desde el año 2014 en calidad de contrata en la planta profesional hasta que sus servicios fuesen necesarios, las que han sido prorrogadas sucesiva e ininterrumpidamente hasta el mes de diciembre de 2018, acorde el recuadro que detalla. Afirma que el funcionario es sociólogo experto en intervenciones socioculturales y de salud, pormenorizando sus funciones, haciendo presente que en la resolución recurrida se le indica que no cumple con la calidad de su trabajo, lo cual ha quedado de manifiesto en su bajo desempeño, no ajustándose a los lineamientos estratégicos ni a los planes y programas definidos por la autoridad.

Cuestiona que el funcionario no ha sido objeto de sumario o investigación sumaria alguna, siendo calificado con nota máxima para el proceso respectivo. Unido a lo anterior, en la resolución no se especifica la situación que se le reprocha, reparando que los criterios para la no renovación deben sustentarse en fundamentos obtenidos en los procesos de evaluación de desempeño funcionario o, en su defecto, en la no continuidad de los programas o planes para los cuales prestan servicios en la respectiva institución.

A partir de lo expuesto, solicita tener por interpuesto recurso de protección, admitirlo a tramitación y dejar sin efecto la resolución exenta N°1866, de 29 de noviembre de 2018, invalidando la no renovación de contrata, con costas.

2°) Informa la autoridad recurrida y sostiene que el recurso de protección no es la vía idónea para los fines perseguidos por el actor. A continuación, afirma que no existe un actuar ilegal o arbitrario en la resolución que dispone la no renovación de contrata, haciendo presente que las falencias en el trabajo del recurrente llevaron a que fuese objeto de una anotación de demérito, asociada a un uso poco eficiente de recursos fiscales. En este orden de ideas, expresa que para potenciar el programa VIH SIDA se requiere un profesional más polivalente, careciendo el funcionario de los conocimientos requeridos para estas labores.

3°) Como reiteradamente se sostiene el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

4°) El acto que la recurrente califica de ilegal y arbitrario consiste en la dictación por parte de la autoridad recurrida de la Resolución Exenta N° 1866 de 29 de noviembre de 2018 que dispuso la no renovación de la contrata que servía el actor en la Subsecretaría de Salud Pública.

El régimen jurídico del cargo a contrata y la definición del mismo se encuentran en el artículo 3 letra c) del DFL Nº 29 del año 2005 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido de la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto expresa que “Es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”; y por su parte el artículo 10 del mismo texto legal regula su duración, al preceptuar que estos cargos durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y que los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos.

De acuerdo a las disposiciones antes citadas los empleos a contrata tienen como especial característica su transitoriedad, encargándose la ley de fijar un término máximo de duración.

5°) Es importante también recordar que en el Oficio Nº6.400, de 2018, la Contraloría General de la República hace referencia al principio de confianza legítima en cuya virtud después del segundo período de renovación de una contrata, se genera en el funcionario la confianza que dicha conducta seguirá repitiéndose y por ello se precisó que la decisión de no renovar o desvincular al funcionario antes del vencimiento del plazo de la designación, debe materializarse a través de un acto administrativo fundado, debidamente puesto en conocimiento del funcionario, exento del trámite de toma de razón acorde con lo establecido en el N°19 del artículo 7° de la resolución N°10, de 2017 de la misma Contraloría.

De ese modo, el órgano contralor ha dispuesto que para considerar fundado el respectivo acto deberá contener, “el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta”; por lo que no resulta suficiente para fundamentar esas determinaciones la expresión “por no ser necesarios sus servicios” u otras análogas, agregando por el Capítulo V, N°2, distintas hipótesis de motivaciones que ese órgano contralor considera admisibles o no de invocar.

De estos pronunciamientos queda en evidencia que la directriz del órgano contralor se dirige a guiar la decisión de no renovar o desvincular al funcionario antes del vencimiento del plazo de la designación, a través de un acto administrativo fundado, debidamente comunicado al interesado.

6°) La Resolución Exenta que motiva el recurso y por la cual además se comunicó a la recurrente expresamente la decisión de no renovar la contrata para el año 2019, se fundó en que el actor no cumple con la calidad de su trabajo, lo cual ha quedado de manifiesto en su bajo desempeño, no ajustándose a los lineamientos estratégicos ni a los planes y programas definidos por la autoridad, lo que se traduce en un incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley N° 18.834.

Tales argumentos, cumplen, a juicio de esta Corte, con el deber de motivación que exige el artículo 11 de la Ley N° 19.880, sin que corresponda ponderar el mérito de dichos fundamentos por corresponder a una decisión propia de la Administración.

7°) De esta forma, la resolución impugnada no contraviene la ley, más aun considerando la naturaleza transitoria de los cargos a contrata y tampoco resulta arbitraria o antojadiza, pues, contiene los fundamentos que la justifican.

8°) Como consecuencia de lo señalado y al descartar ilegalidad o arbitrariedad en el proceder de la autoridad recurrida, resulta inoficioso analizar la eventual vulneración de garantías constitucionales, por lo que el recurso debe ser rechazado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas la acción constitucional deducida por doña nombre reservado en favor de don nombre reservado en contra de la Subsecretaría de Salud Pública.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Redactó la Ministra Mireya López Miranda.

Rol N° 91.482-2018 Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por la Ministro señora Mireya López Miranda y por el Ministro señor Tomás Gray Gariazzo.

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