Protección contra Servicio de Registro Civil e Identificación

Santiago, treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, ingeniero de ejecución en computación e informática, domiciliado en domicilio reservado y recurre de protección en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, representado por su Director, don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado:

1.- Ingresó a prestar servicios para el Servicio de Registro Civil e Identificación “a honorarios” desde julio de 2007 al 31 de diciembre de 2015, como jefe de proyectos informáticos.

2.- El 1 de enero de 2016 empezó a prestar servicios en dicha repartición, en calidad de “a contrata”, como jefe de la unidad de desarrollo informático, teniendo a su cargo las labores que indica.

3.- Sin embargo, el 28 de noviembre de 2018 se dictó la Resolución Exenta N° 505 que dispuso la “no prórroga de su contrata”, vulnerándose el principio de la “confianza legítima”, dando como fundamentos aquellos que se encarga de desvirtuar en su libelo.

4.- Refiere luego el recurrente sus merecimientos profesionales que y entiende infringido los derechos de los numerales 2°, 16° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide que se acoja su recurso y se deje sin efecto la resolución impugnada, disponiéndose su reintegro a sus funciones y el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales que se devenguen durante la separación, con costas.

SEGUNDO: Que informa el Servicio de Registro Civil e identificación y señala lo que sigue:

1.- La Resolución Exenta N° 505 de 28 de noviembre de 2018 constituye un acto administrativo y dispuso la no renovación de una “contrata”, esto es, una modalidad de empleo público que dura sólo hasta el 31 de diciembre de cada año, acto que en todo caso está motivado.

2.- Refiere que no resulta procedente que el Poder Judicial sustituya la decisión de la Administración verificando una nueva ponderación de los antecedentes sobre los cuales se edificó la decisión impugnada y, consecuentemente, renovar una contrata pretiriendo la existencia de un plazo extintivo o resolutorio de carácter legal.

3.- Atendido que se reestructuró la subdirección de estudios y desarrollo que contiene la Unidad de Desarrollo Informático, la que está ordenada en Resolución Exenta N° 504 de 27 de noviembre de 2018. Atendida dicha restructuración, se constató que los servicios del señor nombre reservado son innecesarios pues la nueva unidad “organizacional” “requiere de un perfil diverso”.

Pide el rechazo del recurso.

TERCERO: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que el señor Director del Servicio de Registro Civil e identificación no ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno. En efecto, de la lectura del acto impugnado se desprende que la autoridad administrativa sí fundó su actuar, contiene el acto administrativo aludido todos los razonamientos que llevó a la recurrida a no renovar la contrata del recurrente por no ser ya necesarios sus servicios, cumpliéndose entonces con lo que exige el inciso segundo del artículo 11 de la ley 19.880, sin que la judicatura pueda reemplazar el juicio de la autoridad administrativa. Lo cierto es que el acto está motivado y el hecho que el recurrente no comparta los argumentos de la autoridad recurrida no lo torna en infundado. Y claramente no pueden los tribunales revisar la fundamentación pues en tal caso abandonaría su papel de juzgador y se convertiría en administrador, lo que ni la Constitución Política de la República ni la ley permiten. Se trata de un cargo a contrata que, según lo informado por el recurrente, se tiene desde el 1 de enero de 2016, mientras eran necesarios sus servicios, decidiendo la misma autoridad, por un acto motivado, que procedía no renovar tal contrata.

QUINTO: Que es cierto que la resolución impugnada no se refiere a la Resolución Exenta N° 504 de 27 de noviembre de 2018, señalada en el informe a esta Corte, pero ello no obsta que, como se dijo, la Resolución impugnada sí tiene fundamentos y nada más podría decirse sobre el particular pues, como se dijo, no es la judicatura la encargada de la administración del Estado, sino sólo la de revisar la legalidad de los actos de los órganos del Ejecutivo.

SEXTO: Que, por lo demás, toda designación de funcionarios “a contrata” en la administración pública, de acuerdo con la ley 18.834, es esencialmente transitoria y no puede exceder del 31 de diciembre del año correspondiente en que la contrata empieza a regir. No se ha discutido que el recurrente fue nombrado “a contrata” para desempeñar funciones en el Servicio de Registro Civil e Identificación “y mientras sean necesarios sus servicios”, siempre que no excedan del 31 de diciembre del mismo año. La resolución impugnada decidió no renovar dicha contrata para el año 2019 pero, de acuerdo al tenor del artículo 10 de la ley 18.834, “Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año…”. Luego, no es la Resolución impugnada la que causa perjuicio al recurrente sino la norma legal aludida, la que, por fuerza no puede ser objeto de una acción de protección. Consecuentemente, si la Administración tiene facultades para hacer cesar la contrata en cualquier tiempo antes del 31 de diciembre de 2018, con mucha mayor razón puede decidir no renovar la contrata para el año 2019 y no será esta decisión la que ponga término a su contrata sino la llegada del plazo respectivo, plazo que está contemplado en la ley. A mayor abundamiento, y tal como se ya se consignó, en la especie el acto que decidió no renovar la contrata está debidamente motivado y no corresponde a los tribunales hacer un juicio, al menos en sede de protección, de tales fundamentos.

SÉPTIMO: Que, por todo lo dicho, sólo corresponde rechazar el recurso de protección intentado pues, se reitera, la decisión de la administración plasmada en la Resolución Exenta N° 505 de 28 de noviembre de 2018 del señor Director del Servicio de Registro Civil e Identificación de no renovar la contrata del señor nombre reservado, no es ni ilegal ni arbitraria y se plasmó en una resolución debidamente fundada, cumpliéndose con lo dispuesto en los artículos 2° letra c) y 10 de la ley 18.834 y 11 inciso segundo de la ley 19.880.

OCTAVO: Que, en todo caso, ninguna de las garantías que se dicen amagadas merecen este adjetivo. En efecto, la igualdad ante la ley -N° 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República- debería haberse acreditado demostrando que la Administración ha obrado de una manera distinta con alguna persona en iguales circunstancias que el recurrente, lo que no ha sucedido. El N° 16° del mencionado artículo 19 de la Carta Fundamental sólo está protegido en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección, lo que, ciertamente, la Administración no ha amagado. Y el N° 24° de la norma referida no se refiere a la llamada “propiedad en el empleo” sino al derecho real de dominio, aquel que señala el artículo 582 del Código Civil.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional deducida en estos autos, sin costas.

Acordada la decisión de absolver de costas al recurrente con el voto en contra del Ministro señor Mera, quien estuvo por imponer dicha carga al recurrente.

Se previene que el abogado integrante señor Norambuena concurre a la decisión pero sólo por los fundamentos vertidos en los considerandos quinto, séptimo y octavo.

Se previene que el Ministro señor Mera concurre al rechazo del recurso teniendo, además, presente que la contrata del recurrente no se terminó por decisión de la Administración, esto es, no es la Resolución Exenta N° 505 de 28 de noviembre de 2018 la que decidió poner fin a su empleo, sino el simple transcurso del tiempo, pues la letra c) del artículo 3° de la ley 18.834 señala que empleo a contrata es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución y que, conforme al artículo 10 de la misma ley, nunca pueden durar más allá del 31 de diciembre de cada año, según se encarga de señalar el artículo 10 de la citada ley, de suerte que ni siquiera ha debido el Servicio de Registro Civil e Identificación dictar la Resolución Exenta N° 505 de 28 de noviembre de 2018, bastaba para terminar la contrata el que se cumpliera el plazo del último día del año 2018. Y lo que haya dicho la Contraloría General de la República sobre esta particular no obliga a la judicatura.

Redacción del Ministro señor Mera.

Regístrese.

N° 91.209-2018.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por el Ministro señor Tomás Gray Gariazzo y por el Abogado Integrante señor Jorge Norambuena Hernández.