Protección contra mi representada

C.A. de Santiago Santiago, catorce de agosto de dos mil diecinueve.

Vistos nombre reservado, y nombre reservado, ambas funcionarias de la Unidad de Apoyo de los Juzgados Civiles de Santiago, dependiente de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, domiciliadas en domicilio reservado, interponen acción de Protección en contra de 1) La CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL, Servicio Público representado por su Director don nombre reservado, Ingeniero comercial, y en contra de 2) nombre reservado, administrador zonal, de la Corporación Administrativa Del Poder Judicial, todos domiciliados en domicilio reservado, en virtud de la dictación del Oficio ZSA Nº 2618 y 2631 emanado del Administrador nombre reservado, nombre reservado, ambos de fecha 12 de noviembre de 2018 y notificado a las comparecientes el día 04 de diciembre de 2018, que contiene el listado de no renovación de contratas.

Sostienen que, por medio de este acto ilegal y arbitrario, las recurridas decidieron de manera ilegal y arbitraria remover a las comparecientes de sus cargos, al no renovar la contrata para el año 2019, sin las correspondientes y debidas garantías e infringiendo la normativa nacional de carácter constitucional y legal, así como la internacional de protección de los derechos humanos.

Exponen que el nombre reservado, además de ser ilegal, es arbitrario, pues carece de una debida motivación y justificación y se adoptó actuando a través de una comisión especial y sin cumplir el debido procedimiento que establece la ley, lo que, amenaza, lesiona y vulnera el legítimo ejercicio de las garantías fundamentales que indica, a saber: i) el derecho a la igualdad; ii) el derecho a no ser juzgada por comisiones especiales; y, iii) el derecho a la propiedad; todos derechos fundamentales que se encuentran consagrados en el artículo 19 N.º 2, 3 inciso 5° y 24 de la Carta Fundamental, respectivamente.

Hacen presente que pertenecen a la Unidad de Apoyo de los Juzgados Civiles y Laborales de Santiago y San Miguel, con una vasta experiencia, ya que ingresaron a dicha Unidad hace ya más de 5 años a cumplir funciones de administrativo.

Indican que por Oficio ZSA Nº 2522 entre otros, emanado del Administrador nombre reservado, nombre reservado, de fecha 31 de octubre de 2018, se comunicó a diversos funcionarios la no renovación de sus contratas, fundada en que por sesión de fecha 18 de octubre de 2018 el Consejo Superior tomo dicha medida, de acuerdo a un informe -que no se indica mayores detalles- el que indicaría que por efectos de la implementación de la Ley de Tramitación Electrónica en la carga de trabajo de las Unidades de Apoyo a Juzgados Civiles, se acordó ajustar la dotación a un total de 78 cargos para Santiago.

Precisan que el listado establece que los afectados por la medida de no renovación ascendieron a un total de 39 personas, y 33 que corresponden a personal de la unidad que apoyan los Juzgados Civiles de Santiago y 6 Funcionarios que apoyan la unidad de los Juzgados Civiles de San Miguel, que fueron elegidas mediante los siguientes criterios: en primer lugar, calificación obtenida el año 2017, en segundo lugar, la antigüedad en el servicio y si aún persistía el empate, dirimía la calificación del año 2016.

Explican que puesta en conocimiento de los afectados, algunos de ellos presentaron sus descargos, en diversas formas, emitiéndose los Oficios ZSA Nº2618 y 2631, emanados del Administrador nombre reservado, nombre reservado, de fecha 12 de noviembre de 2018, que indican que revisadas las impugnaciones - sin precisar cuales ya que tenían fundamentos diversos- al listado preliminar de prelación respecto de cargos a suprimir en las Unidades de Apoyo Administrativo a Juzgados Civiles de Santiago y San Miguel, se habían efectuado ajustes en la composición de dicho listado, incluyéndose a la totalidad del personal administrativo y asistente, sin denominación expresa de dependencia de las unidades de liquidaciones o apoyo a insolvencias, manteniéndose el orden establecido por el Consejo Superior.

Indican que confeccionado el nuevo listado, con fecha 13 de noviembre de 2018, se les informa de la no renovación de la contrata de acuerdo a los fundamentos ya expuestos, haciendo uso legítimo de realizar sus descargos de acuerdo al acta 19-2012, de la Excelentísima Corte Suprema, y que, sin embargo, con fecha 04 de diciembre de 2018 se les comunica la decisión de no acoger los descargos, fecha desde la que cuentan el plazo para presentar su recurso.

Denuncian en primer término la extemporaneidad de la notificación de la no renovación de la contrata ya que como indican los Oficios ZSA Nº 02522 entre otros, de fecha 31 de octubre y N.º 2618 y 2631 de 12 de noviembre de 2018 respectivamente, el acuerdo de la no renovación debe cumplir con los requisitos que establece el Acta Nº19-2012 de la Excelentísima Corte Suprema, esto es -conforme a su artículo 3- que la notificación de la no renovación de las contratas debe necesariamente hacerse antes del 10 de noviembre del año respectivo, e incluso a más tardar el 7 de noviembre, por la obligación del administrador de remitir la comunicación y los descargos a más tardar el 10 de noviembre y en la especie se hizo el 13 de noviembre de 2018.

Enseguida alega, que el administrador zonal excede sus facultades, pues comunicó o notifico la no renovación de la contrata en el primer oficio N° ZSA 2522, y fue el mismo quien tomo la decisión de modificar el listado, en circunstancias que el acta es clara al señalar que quien debe resolver de las impugnaciones o descargos es el ente superior, que en el caso de los Tribunales es el Presidente de la Corte de Apelaciones, y en el presente caso el Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, de modo que conforme al artículo / de la Constitución, lo obrado por el Administrador Zonal excede sus competencias, ya que no puede resolver las reconsideraciones o impugnaciones, siendo el ente que en primera instancia confecciono el listado.

Agregan que los actos recurridos no están exentos del principio de fundamentación, afirmando que los Oficios N° 2618 y 2631 no existe ningún fundamento racional objetivo y explicito respecto de los motivos por los que a las recurrentes no se les renueva su contrata para el año 2019 y si bien reconoce que los criterios para la no renovación fueron dispuestos por el Consejo Superior , quien debe velar por su respeto es la Corporación Administrativa del Poder Judicial a través de su Director y de los Administradores Zonales, los que no lo habrían hecho primero, por la extemporaneidad de la decisión, luego por haber excedido sus facultades y luego porque la confeccionar el listado no incluyó a las personas que no se encontraban calificadas a esa altura, en razón que aún no tenían el año en sus cargos, es decir, personal que tenía menos de un año que aún no estaba calificado no se incluyó dentro de las personas que no se les renovaría, lo que torna el acto discriminatorio, ilegal y arbitrario.

Denuncia la infracción de la garantía constitucional de igualdad ante la ley al establecer una discriminación total y completamente arbitraria e ilegal contra las recurrentes en comparación a otros funcionarios que no contaban con la calificación por no tener en el servicio más de un año quedaron excluidos del listado para la no renovación, al preferir mantener la contrata de aquellos que ni siquiera se encontraban calificados.

Añade que también se vulnera esta garantía al no notificarles en tiempo y forma.

En cuanto al derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, afirma que el Administrador zonal se convirtió en una verdadera comisión especial, pues conforme al acta, quien debe resolver de las impugnaciones o descargos es el ente superior, en este caso el Director de la Corporación.

Por último, en cuanto al derecho de propiedad, señala que los oficios recurridos perturban u menoscaban su derecho de propiedad sobre su cargo, en específico, sobre la estabilidad en su empleo y remuneraciones, de manera inesperada e injustificada.

Pide, en definitiva, dejar sin efecto los Oficios ZSA Nº 2618 y 2631 emanados del Administrador nombre reservado, nombre reservado, de fecha 12 de noviembre de 2018, por ser ilegales y arbitrarios; dejar sin efecto todo acto administrativo y decisión posterior, que suponga la validez del nombre reservado; restituir en los cargos a las recurrentes, renovando sus contratas para el año 2019; y dictar las demás medidas que la Corte estime pertinentes para reestablecer el imperio del derecho y garantizar los derechos cuya protección se invoca, con costas.

Informó la Corporación Administrativa del Poder Judicial, solicitando el rechazo del recurso.

Expuso que su parte es una Corporación de derecho Público que se encuentra regulada en los artículos 506 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

Luego de transcribir los artículos 506, el inciso primero del 508 y el segundo del 509, del Código Orgánico de Tribunales, señaló que en sesión de 18 de octubre de 2018, que consta en Acta N° 668, el Consejo Superior tomó conocimiento de un informe acerca de los efectos de la implementación de la ley de tramitación electrónica en la carga de trabajo de las Unidades de Apoyo a los Juzgados Civiles y en atención a la disminución de la carga de trabajo de la Unidad Administrativa de Apoyo a los Juzgados Civiles de Santiago se acordó disminuir la dotación a partir del 01 de enero de 2019, quedando de la forma que sigue:

Dotación Actual:111 Nueva Dotación 2019: 78 Nº de Cargos Suprimidos:33 Explicó que con el fin de determinar las personas cuyos cargos serían suprimidos el Consejo Superior acordó que el orden de prelación para la no renovación de las contratas debía considerar en primer lugar la calificación obtenida por el funcionario el año 2017, en segundo lugar la antigüedad en el servicio y si aún persistía el empate, debía dirimir la calificación del año 2016 y que en cumplimiento de lo resuelto por el Consejo Superior, la Administración Zonal procedió a notificar al personal de la Unidad Administrativa el listado preliminar, con el orden de prelación indicado en el párrafo anterior, contando los afectados con un plazo de tres días hábiles para solicitar revisión de los datos de calificación o antigüedad considerados en el ordenamiento.

Que una vez elaborados los listados definitivos se procedió a notificar a los funcionarios ubicados en los últimos lugares acerca de la supresión de sus cargos y como consecuencia la no continuidad de sus contratos, resultándoles aplicables lo establecido por el Consejo Superior en sesiones de 10 y 17 de diciembre de 2015, esto es:

"Los funcionarios a contrata con más de cinco años de antigüedad y calificados en lista de méritos durante ese período que ejerzan funciones de reemplazo por funcionarios en situaciones especiales, en cargos de naturaleza transitoria autorizados para labores específicas o con desempeño en tribunales o unidades que requieran disminuir su dotación por razones de carga de trabajo o falta de recursos presupuestarios, deberán ser notificados del término de la contrata en sus condiciones iniciales, tramitándose una contrata transitoria en el mismo grado por un nuevo período de seis meses en caso de que el funcionario tenga entre cinco y diez años de antigüedad sin solución de continuidad, y de un año si el funcionario registra una antigüedad superior a diez años en la institución sin solución de continuidad.

Las personas que tengan menos de cinco de años de antigüedad o no cumplan el requisito de estar calificados en lista de mérito durante los últimos cinco períodos, serán notificadas del término de sus contratas a partir del primer día del mes siguiente a la notificación.

Durante el período en que se mantengan vigentes las contratas transitorias los funcionarios deberán prestar servicios en las unidades jurisdiccionales o administrativas que determine el respectivo Consejo de Coordinación Zonal.

Además, deberá solicitarse al Pleno de la Corte Suprema la modificación del Acta 19-2012 en el sentido de indicar que, en concursos para proveer cargos a contrata, en igualdad de condiciones se preferirá a personas en condición de contrata transitoria por término de las causales de creación del cargo que ocupaban." Agregó que, además, los funcionarios que tenían menos de cinco años de antigüedad se mantuvieron en su cargo hasta el 31 de diciembre de 2018, inclusive, y que al tenor de lo antes expuesto, con fecha 31 de Octubre de 2018 se procedió a notificar a los funcionarios, entre ellos a doña nombre reservado y a doña nombre reservado, respecto del listado preliminar de cargos a suprimir correspondiente a los funcionarios de la Unidad de Apoyo de los Juzgados Civiles de Santiago.

Revisadas las impugnaciones presentadas por los diversos funcionarios, se remitió por parte del Director (S) de la Corporación Administrativa del Poder Judicial a los respectivos Administradores Zonales la Circular Nº 171 de fecha 09 de noviembre de 2018, que contenía el listado definitivo de los cargos a suprimir, a efectos de notificar dicho listado a los funcionarios y que con fecha 13 de Noviembre de 2018, a través de Oficios ZSA Nº 2618 y 2631, ambos de fecha 12 de Noviembre de 2018, se notificó a doña nombre reservado y a doña nombre reservado respecto de los cambios al listado preliminar de cargos a suprimir en la Unidad de Apoyo de los Juzgados Civiles de Santiago para el año 2018, producto de las impugnaciones efectuadas por los diversos funcionarios. En dicho listado definitivo ambas recurrentes se encontraban incluidas.

Con fecha 20 de Noviembre de 2018 doña nombre reservado y doña nombre reservado presentaron solicitud de reconsideración, la que fue respondida por el Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial a través de Oficios 6RH Nº 7374 y 7376 respectivamente, ambos de fecha 04 de Diciembre de 2018, no acogiendo las solicitudes de reconsideración, señalando para ambas que "En su caso el puntaje obtenido en el proceso calificatorio 2017 la ubica dentro de las 33 personas cuya contrata anual no será renovada para el año 2019." Asimismo, dichos oficios hacen presente que "Como se ha informado previamente en sesión de 18 de Octubre de 2018 el Consejo Superior tomó conocimiento de informe acerca de la disminución de la carga de trabajo en las unidades de apoyo a los juzgados civiles producto de la implementación de la ley de tramitación electrónica, lo que ha hecho necesario disminuir las dotaciones de esas unidades. En el caso de Santiago, las causas previas a la ley de tramitación electrónica, que son objeto de los servicios de las Unidades de Apoyo, se ha observado entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018, una disminución del 53%.

En el caso de la unidad de apoyo a juzgados civiles de Santiago la disminución de trabajo hace necesario reducir en 33 plazas la dotación, por no ser necesaria su existencia a partir del 1 de enero de 2019." A continuacion se refiere a la Ley 20.886, de tramitación electrónica, sus fases de implementación y su incidencia en la disminución de las cargas de trabajo, lo que llevó a revisar la situación por el Consejo Superior los años 2016, 2017 y 2018, reduciéndose las dotaciones.

Hace presente que la supresión de cargos se encuentra regulada en el Acta de Tribunal Pleno Nº 19-2012, de la Excelentísima Corte Suprema, que establece la "Regulación para Personal a Contrata del Poder Judicial". Dicho, instrumento dispone en su artículo 2º letra e): "La renovación automática estará siempre condicionada a la disponibilidad presupuestaria del Poder Judicial y a la necesidad de existencia del cargo respectivo.", y explica que esta última fue la causal para la supresión de cargos en las Unidades de Apoyo a Juzgados Civiles del país, producto de la reducción de la carga de trabajo de esas unidades luego de la implementación de la Ley de tramitación electrónica.

Agrega que lo anterior se encuentra consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que el Estatuto Administrativo, contenido en la Ley N° 18.834, en su Título VI relativo a la cesación de funciones, dispone en su artículo 146 letra e) que "El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: e) Supresión del empleo." Afirma la ausencia de acto ilegal o arbitrario.

En cuanto a la extemporaneidad de la notificación de la no renovación de contrata, conforme al artículo 3 del Acta 19-2012, indica que el término de las contratas de las recurrentes no obedece a la no renovación de contrata regulada en el artículo 3º del Acta 19-2012, si no a la supresión del cargo respectivo en virtud de la falta de necesidad de existencia del mismo, según el artículo 2º letra e), en términos que a la supresión del cargo no le es aplicable lo regulado en el artículo 3º del Acta 19-2012, por tratarse de una figura distinta a la renovación de contrata, que encuentra su argumentación no en el desempeño deficiente del funcionario o por encontrarse el mismo en lista condicional o deficiente como lo dispone el artículo 3º citado, si no que en la falta de necesidad de existencia del cargo respectivo.

Enfatiza que se han suprimido 33 cargos en la Unidad de Apoyo a los Juzgados Civiles de Santiago, en razón de la disminución de la carga de trabajo de la misma y por consecuente la necesidad de disminuir la dotación de funcionarios que en ella se desempeña.

En cuanto al exceso de facultades del Administrador Zonal sostiene que el Consejo Superior entregó las directrices para elaborar el orden de prelación que significaría la supresión de cargos. No fue el Administrador nombre reservado quien tomó la decisión de modificar el listado de prelación de funcionarios a los cuales se les da término a su contrata por supresión del cargo, si no que esta decisión fue informada al Administrador Zonal directamente por el Director (S) de la Corporación Administrativa del Poder Judicial mediante Circular 6RH Nº 171 de fecha 09 de Noviembre de 2018, en la cual se instruye notificar el listado definitivo a los funcionarios a más tardar el 13 de Noviembre de ese año, según las directrices aprobadas por el Consejo Superior.

Respecto de la supuesta falta de motivación y fundamento del acto administrativo hace presente que los motivos y fundamentación de la medida de supresión de cargos de la Unidad de Apoyo a los Juzgados Civiles de Santiago se encuentra contenida en oficio de 31 de Octubre de 2018 mediante el cual señalan las recurrentes haber sido notificadas del listado de prelación preliminar, y siendo ellas mismas quienes acompañan conjuntamente con su recurso el Oficio ZSA Nº 2522 que expresa las razones que llevan a tomar la decisión recurrida. Además, los fundamentos de aquella decisión se encuentran en el Acta Nº 668 y 670 del Consejo Superior, de fecha 18 de Octubre de 2018 y 15 de Noviembre de 2018, respectivamente.

En cuanto a las garantías fundamentales infringidas y vulneradas:

La igualdad ante la ley señala que la decisión de supresión de cargos tomada por el Consejo Superior en sesión de fecha 18 de Octubre de 2018, que consta en Acta 668, dice relación, con una baja en la carga de trabajo en la Unidad de Apoyo a los Juzgados Civiles en razón de la entrada en vigencia de la Ley de Tramitación Electrónica. Dicha decisión ha sido aplicada exclusivamente respecto de aquellos cargos que no presentan una necesidad de existencia, al tenor de lo dispuesto en el artículo 2º letra e) del Acta de Tribunal Pleno Nº 19-2012, de la Excelentísima Corte Suprema y que por razones de transparencia, basado en criterios objetivos y de justicia para todos quienes se desempeñan en la Unidad de Apoyo a los Juzgados Civiles de Santiago, se estableció un orden de prelación a efectos de determinar quienes serían los funcionarios que, encontrándose en una misma situación, verían suprimidos sus cargos. De esta forma el orden de prelación consideró en primer lugar la calificación obtenida por el funcionario el año 2017, en segundo lugar, la antigüedad en el servicio y si aún persistía el empate, debía dirimir la calificación del año 2016.

Reconoce la mantención de la contrata de funcionarios que contaban con menos de un año en el cargo, razón por la cual no habían sido calificados del año 2017. Sin embargo, esta decisión obedece a que respecto de aquellos funcionarios se hacía necesaria la existencia de su cargo. Y así lo acordó el Consejo Superior en sesión de fecha 18 de Octubre de 2018, Acta Nº 668, señalando que "En el caso de las unidades de apoyo administrativo de Santiago y San Miguel, no se incluirán en los listados de prelación aquellos cargos administrativo de actas, liquidadores, asistente liquidador, técnicos contables y jefes de unidad." De esta forma se mantuvo la contrata de los funcionarios que se desempeñaban en estas unidades, no por tener una permanencia inferior a un año, sino por desempeñarse en unidades que requerían sus servicios, criterio ratificado por Consejo Superior en sesión de fecha 15 de Noviembre de 2018, Acta Nº 670, donde se acordó que "Respecto de las unidades de apoyo a Juzgados Civiles de Santiago y San Miguel no incluir en el listado al personal con nombramiento expreso para la unidad de liquidaciones, de insolvencia y de jefes de unidad debido a que los servicios que prestan no se han visto afectados por la entrada en vigencia de la Ley 20. 886." Concordante con la anterior, explica, que el listado definitivo de prelación de la Unidad de Apoyo a los Juzgados Civiles de Santiago cuenta con 4 funcionarios cuyas contratas iniciaron el año 2018, desempeñándose todos ellos en la Unidad de Liquidaciones, siendo renovadas sus contratas por ser necesaria la existencia de su cargo, no cumpliendo así con el requisito del artículo 2º letra e) del Acta Nº 19- 2012.

En cuanto a la supuesta vulneración respecto a que la no renovación de contratas debe sujetarse a las normas del artículo 3º del Acta Nº 19-2012 referido a la no renovación de contrata por desempeño deficiente o por estar incluidos los funcionarios en lista condicional o deficiente, reitera que esta cesación de funciones obedece a la supresión de cargos y no a la hipótesis del artículo 3º antes citado, razón por la cual se hace imposible aplicar dicha normativa a la supresión de cargos por no corresponder a los supuestos del mismo.

41.- En lo que atañe a la existencia de comisiones especiales releva que la decisión de modificar el listado de funcionarios fue tomada por el Consejo Superior e informada al Administrador Zonal directamente por el Director (S) de la Corporación Administrativa del Poder Judicial mediante Circular 6RH N° 171 de fecha 09 de Noviembre de 2018, en la cual se instruye notificar el listado definitivo a los funcionarios a más tardar el 13 de Noviembre próximo, instrucción que el señalado Administrador Zonal se limitó a ejecutar.

Por último en cuanto al derecho de propiedad manifiesta que todas aquellas supuestas vulneraciones esgrimidas por las recurrentes respecto del derecho a la propiedad no son tales.

Ampliando su informe a petición de esta Corte, la recurrida precisó que el Oficio N 2522, de 31 de octubre de 2018 no les fue notificado formalmente toda vez que el mismo iba dirigido específicamente a doña nombre reservado, quien no es parte en la presente causa.

Agregó que sin embargo, son las mismas recurrentes quienes en el texto del recurso han señalado que "Que por Oficio ZSA Nº 2522 entre otros, emanado el Administrador nombre reservado, nombre reservado, de fecha 31 de octubre de 2018, se comunicó a diversos funcionarios la no renovación de sus contratas, fundada en que por sesión de fecha 18 de octubre de 2018 el Consejo Superior tomo dicha medida, de acuerdo a un informe -que no se indica mayores detalles- el que indicaría que por efectos de la implementación de la Ley de Tramitación Electrónica en la carga de trabajo de /as Unidades de Apoyo a Juzgados Civiles, se acordó ajustar la dotación a un total de 78 cargos para Santiago.

Que el listado establece que los afectados de la medida de no renovación fue un total de 39 personas, 33 que corresponden a personal de la unidad que apoya /os Juzgados Civiles de Santiago y 6 Funcionarios que apoyan la unidad de /os Juzgados Civiles de San Miguel, que fueron elegidas mediante /os siguientes criterios: en primer lugar, calificación obtenida el año 2017, en segundo lugar, la antigüedad en el servicio y si aún persistía el empate, dirimía la calificación del año 2016.-" Conforme a lo anterior, las recurrentes se encontraban en conocimiento del Oficio 2522 y de su contenido. Dicho oficio fue notificado a quienes formaban parte del listado preliminar de funcionarios a los cuales se les suprimiría su cargo según el orden de prelación establecido por el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en sesión de fecha 18 de octubre de 2018, sin encontrarse las recurrentes dentro de dicho listado. Es por esta razón que no se notificó dicho Oficio a las recurrentes, por lo que no puede indicarse la fecha y forma de notificación del mismo a doña nombre reservado y doña nombre reservado.

Sin perjuicio de lo anterior, tal como han señalado las propias recurrentes y como se desarrolló en el informe evacuado oportunamente, con fecha 13 de noviembre de 2018 se les notificaron formalmente los Oficios ZSA Nº 2618 y 2631, ambos de fecha 12 de Noviembre de 2018, los cuales informan del cambio al listado preliminar de supresión de cargos, entrando por primera vez en dicho listado doña nombre reservado y doña nombre reservado.

Es solamente en dicho sentido, en virtud de la notificación de los Oficios ZSA Nº 2618 y 2631, de fecha 12 de Noviembre de 2018, que nace el acto que se recurre en contra de mi representada, tal como dejan en claro las recurrente en su petitorio al señalar que "_ .. en virtud de la dictación de los Oficios ZSA Nº 2618 y 2631 emanado del Administrador nombre reservado, nombre reservado, de fecha 12 de noviembre de 2018, que confeccionado el listado de no renovación de contratas de las recurrentes, nombre reservado ilegal y arbitrario, el que amenaza, lesiona, priva y vulnera el legítimo ejercicio de las garantías fundamentales de las que las comparecientes son legítimo titular ... " Añadió que, las recurrentes presentaron con fecha 20 de Noviembre de 2018 solicitudes de reconsideración, las cuales fueron respondidas por el Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, don nombre reservado, mediante los Oficios 6 RH Nº 7374 y 7376, ambos de fecha 04 de Diciembre de 2018, y que fueron acompañados por esta parte conjuntamente con el informe evacuado.

Los señalados Oficios 6 RH Nº 7374 y 7376, además de dar respuesta a las solicitudes presentadas, informan nuevamente los motivos por los cuales se acordó por el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial la supresión de los cargos de la Unidad de Apoyo a los Juzgados Civiles, señalando expresamente que "Como se ha informado previamente en sesión de 18 de octubre de 2018 el Consejo Superior tomó conocimiento de informe acerca de la disminución de la carga de trabajo en /as unidades de apoyo a juzgados civiles producto de la implementación de la ley de tramitación electrónica, lo que ha hecho necesario disminuir las dotaciones de esas unidades. En el caso de Santiago, /as causas previas a la ley de tramitación electrónica, que son objeto de /os servicios de /as Unidades de Apoyo, se ha observado, entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018, una disminución del 53%.

La medida de reducción de dotaciones de las unidades de apoyo a juzgados civiles se enmarca en lo regulado en el artículo 2º letra e) del Acta Nº 19- 2012 de la Excma. Corte Suprema que establece: "e. La renovación automática estará siempre condicionada a la disponibilidad presupuestaria del Poder Judicial y a la necesidad de existencia del cargo respectivo." Por lo tanto, no implica la existencia de un desempeño deficiente por parte de los funcionarios afectados, sino un ajuste de dotación de acuerdo a /as nuevas necesidades de la institución.

En el caso de la unidad de apoyo a juzgados civiles de Santiago la disminución de la carga de trabajo hace necesario reducir en 33 plazas la dotación, por no ser necesaria su existencia a partir del 1 de enero de 2019. Dicha decisión fue adoptada por el Consejo Superior de esta Corporación Administrativa, lo que tanto el Director como el Administrador Zonal han cumplido con notificar." Por lo demás, tal como lo señalan las recurrentes " ... con fecha 04 de diciembre de 2018, fue comunicado la decisión de no acoger los descargos, razón por la cual con ésta última fecha nace a estas recurrentes la acción de protección que por esta vía se deduce. -" Se trajeron los autos en relación Considerando:

Primero: Recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Segundo: No existe discusión sobre la existencia de los actos que motivan el recurso, ambas partes reconocen su existencia y copias de los oficios respectivos se han acompañado a los autos.

Consta entonces que por medio de los oficios ZSA Nº 2618 y 2631, ambos de 12 de noviembre de 2018, el Administrador nombre reservado, informó a doña nombre reservado y a doña nombre reservado, “Cambios en el listado preliminar de no renovación de contrata para el año 2019”.

En cada oficio se explica que revisadas las impugnaciones al Listado Preliminar de Prelación respecto de cargos a suprimir en las unidades de Apoyo Administrativo a Juzgados Civiles de Santiago y San Miguel, se efectuaron ajustes en la composición del Listado Definitivo, incluyéndose la totalidad de personal administrativo y asistente, sin denominación expresa en dependencias de las unidades de liquidaciones o apoyo a insolvencias. Se agrega que este criterio de ordenamiento mantiene los criterios de ordenamiento definidos por el Consejo Superior y aplicado en el proceso de ajuste de dotación implementado en el año 2018, señalando que los contratos se mantendrían vigentes hasta el 31 de diciembre de 2018, explicando los criterios de mantención excepcional de los contratos. Como antecedentes se invocaron el Acuerdo del Consejo Superior de 18 de octubre de 2018, artículo 2 letra e) del Acta Nº 19-2012 de la Excma. Corte Suprema y las impugnaciones a listado preliminar.

Ambas recurrentes presentaron reconsideración, siéndoles rechazadas por medio de los oficios Nº 6 RH 7374 y 7376, de 4 de diciembre de 2018, donde se explica lo acontecido, en orden a que lo informado por Circular Nº 166-2018, de 29 de octubre de 2018 era el listado preliminar de funcionaros para la adecuación de la dotación de las Unidades Administrativas de Apoyo a los Juzgados Civiles de Santiago y San Miguel y que el listado definitivo se informó en oficio circular Nº 6 RH 171, de 9 de noviembre de 2018, elaborado una vez recibidas las impugnaciones al listado preliminar, efectuándose ajustes, que llevaron a incluir a las recurrentes, en razón de haberse incluido la totalidad de personal administrativo y asistente, sin denominación expresa de dependencia de las unidades de liquidaciones o apoyo a insolvencias, todo ello en razón del informe del que se tomó conocimiento por el Consejo Superior el 18 de octubre de 2018 sobre la disminución de la carga de trabajo en las unidades de apoyo a los juzgados civiles producto de la implementación de la tramitación de la Ley de Tramitación Electrónica.

Tercero: Es la Corporación Administrativa del Poder Judicial a la que con arreglo al artículo 506 del Código Orgánico de Tribunales le corresponde la administración de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales destinados al funcionamiento de la Corte Suprema, de las Cortes de Apelaciones y de los Juzgados de Letras, de Menores, del Trabajo y de Cobranza Laboral y Previsional. Luego el inciso primero del artículo 508 del Código Orgánico de Tribunales establece cuál es el órgano directivo de esta institución, señalando que "La dirección de la Corporación Administrativa corresponderá al Consejo Superior, integrado por el Presidente de la Corte Suprema, que lo presidirá, y por cuatro ministros del mismo tribunal elegidos por éste en votaciones sucesivas y secretas, por un período de dos años, pudiendo ser reelegidos." Por su parte, el inciso segundo del artículo 509 del cuerpo legal citado establece: … "El Consejo Superior está investido de todas las facultades de administración y disposición que sean necesarias para el cumplimiento de los fines de aquélla (en referencia a la Corporación Administrativa del Poder Judicial) ... " Cuarto: Consta en acta Nª 668 de 18 de octubre de 2018, que el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, recibió informe sobre la situación de las Unidades de Apoyo, acordándose autorizar la supresión para el año 2019, de 97 cargos a contrata de las Unidades de Apoyo de los Tribunales Civiles del Poder Judicial, debido a la disminución de carga de trabajo experimentada con motivo de la vigencia de la ley 20.886, resultando aplicables los plazos de desvinculación establecidos en el Acta del Consejo Nº 576, de 2015. La elección del personal a desvincular se efectuaría en la misma forma acordada por el Consejo Superior en sesión extraordinaria Nº 2, de 30 de octubre de 2017, esto es mediante una lista de prelación que considere en primer lugar la calificación, en segundo lugar la antigüedad y si aun persiste el empate, debe dirimir la calificación del año anterior. En el caso de las unidades de apoyo administrativo de Santiago y san Miguel, de dispuso no incluir en los listados de prelación aquellos cargos de administrativo de actas, liquidadores, asistente liquidador, técnicos contables y jefes de unidad. En sesión de 15 de noviembre de 2018, (Acta Nº 670) se ratificó lo acordado en sesión Nº 668, de 18 de octubre de 2018, respecto de la supresión de 97 cargos de las Unidades de Apoyo a Tribunales Civiles , a contar del año 2019, incluyendo dentro de los cargos a suprimir y del listado de prelación los perfiles de cargo conocidos como ATP, provisión de escritos y tramitación de exhortos. Respecto de las Unidades de Apoyo a Juzgados Civiles de Santiago y San Miguel no incluir en el listado al personal con nombramiento expreso para la unidad de liquidaciones, de insolvencia y de jefes de unidad, debido a que los servicios que prestaban no se habían visto afectados por la entrada en vigencia de la Ley 20.886.

Quinto: Es el acta Nº 19-2012 la que contiene la regulación para el personal a contrata del Poder Judicial, no siendo aplicable en el caso de autos lo dispuesto por el artículo 3 como se pretende por las recurrentes, toda vez que dicha regla dice relación con la no renovación de las contratas en razón de desempeño deficiente, y no con la supresión de cargos como aquí acontece, decisión adoptada por la autoridad competente, y con el debido fundamento.

Sexto: En efecto, el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial en ejercicio de sus atribuciones y en conocimiento de un informe sobre la incidencia en las cargas de trabajo a raíz de la implementación de la Ley de Tramitación Electrónica, adoptó la decisión de suprimir cargos en las Unidades que indicó, entregando las directrices objetivas para la determinación de las personas a quienes la decisión afectaría. Se trata de una situación donde ya no existe la necesidad de los cargos, elaborándose un listado preliminar, notificados los afectados realizaron las impugnaciones respectivas, lo que dio origen a un nuevo listado, donde esta vez fueron incluidas las recurrentes, conforme con los criterios entregados por el Consejo Superior, siendo rechazadas las reconsideraciones por ellas presentadas, entregando los fundamentos necesarios para el debido entendimiento Séptimo: Así las cosas no se aprecia ilegalidad ni arbitrariedad en las conductas reprochadas, a saber los oficios ZSA Nº 2618 y 2631, toda vez que han sido dictados por la autoridad competente ajustándose a los criterios entregados por el órgano superior del Servicio, pudiendo las partes hacer uso de los recursos para impugnar la decisión y con conocimiento de los antecedentes que los fundaron, los que por lo demás resultan del todo explicables y razonables, toda vez que la implementación de una ley, hizo desaparecer la necesidad de algunos cargos, no encontrándose la situación regida por el artículo 3 del Acta 19-2012 como pretenden las recurrentes, en términos que no existe la extemporaneidad que se alega.

Octavo: Descartada ilegalidad o arbitrariedad en los oficios emitidos por la recurrida, no resulta necesario examinar las vulneraciones a las garantías denunciadas, en tanto no existe soporte para el éxito de la acción constitucional intentada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el deducido por doña nombre reservado y doña nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Redacción de la Ministra Adelita Ravanales Arriagada.

N°Protección-91206-2018.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señora Adelita Ines Ravanales Arriagada, señora nombre reservado.Rosa Kittsteiner Gentile y el Abogado Integrante señor Gonzalo Ruz Lartiga.

En Santiago, catorce de agosto de dos mil diecinueve, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.