Protección contra CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

Santiago, diecisiete de mayo de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que en el presente rol de ingreso corte N°91204-2018, comparecen doña nombre reservado, Run RUT reservado, doña nombre reservado, Run RUT reservado, doña nombre reservado Run RUT reservado, doña nombre reservado, Run RUT reservado, doña nombre reservado, Run RUT reservado, doña nombre reservado, Run RUT reservado, doña nombre reservado, Run RUT reservado, don nombre reservado, Run RUT reservado y don nombre reservado, Run RUT reservado, todos funcionarios de la Unidad de Apoyo de los Juzgados Civiles de Santiago, dependiente de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de La CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL, Servicio Público representado por su Director don nombre reservado, Ingeniero comercial, y en contra de nombre reservado, administrador zonal, de la Corporación Administrativa Del Poder Judicial, todos domiciliados en domicilio reservado, en virtud de la dictación (sic) del Oficio ZSA N°2621, 2623, 2632, 2613, 2627, 2610, 2611, 2609, 2622 emanado del Administrador nombre reservado, nombre reservado, de fecha 12 de noviembre de 2018 y notificado a los comparecientes el día 28 de noviembre de 2018, mismo que confecciona el listado de no renovación de contratas.

Los recurrentes aducen que, a través de este acto ilegal y arbitrario, los recurridos decidieron, de manera ilegal y arbitraria, removerlos de sus cargos, al no renovar la contrata para el año 2019, sin las correspondientes y debidas garantías, e infringiendo la normativa nacional de carácter constitucional y legal, así como la internacional de protección de los derechos humanos. Añaden que el acto recurrido, además de ser ilegal, es arbitrario, pues carece de una debida motivación y justificación y se adoptó actuando a través de una comisión especial y sin cumplir el debido procedimiento que establece la ley, lo que, amenaza, lesiona y vulnera el legítimo ejercicio de las garantías fundamentales de las cuales los recurrentes son legítimos titulares, a saber: i) el derecho a la igualdad; ii) el derecho a no ser juzgada por comisiones especiales; y, iii) el derecho a la propiedad; todos derechos fundamentales que se encuentran consagrados en el artículo 19 N°s 2, 3 inciso 5° y 24 de la CPR, respectivamente.

En definitiva, solicitan a esta Corte: a) Dejar sin efecto los Oficio ZSA N°s 2621, 2623, 2632, 2613, 2627, 2610, 2611, 2609, 2622, emanado del Administrador nombre reservado, nombre reservado, de fecha 12 de noviembre de 2018, que confecciona el listado de no renovación de contratas de los recurrentes, por ser un acto ilegal y arbitrario; b) Dejar sin efecto todo acto administrativo posterior, que suponga la validez del Acto Recurrido; c) Restituir en los cargos a los recurrentes renovando sus contratas para el año 2019; d) Dictar las demás medidas que esta corte de apelaciones estime pertinentes para reestablecer el imperio del derecho y garantizar los derechos cuya protección se invoca en la presente Acción de Protección; y, e) Condenar en costas a los recurridos.

SEGUNDO: Que en cuanto a los hechos que motivan la presente acción constitucional de protección, los recurrentes explican que por Oficios ZSA N°2522 entre otros, emanado del Administrador nombre reservado, nombre reservado, de fecha 31 de octubre de 2018, se comunicó a diversos funcionarios la no renovación de sus contratas, fundada en que, por sesión de fecha 18 de octubre de 2018 el Consejo Superior tomó dicha medida, de acuerdo a un informe que indicaría que por efectos de la implementación de la Ley de Tramitación Electrónica en la carga de trabajo de las Unidades de Apoyo a Juzgados Civiles, se acordó ajustar la dotación a un total de 78 cargos para Santiago. Que el listado establece que los afectados de la medida de no renovación fue un total de 39 personas, 33 que corresponden a personal de la unidad que apoya los Juzgados Civiles de Santiago y 6 funcionarios que apoyan la unidad de los Juzgados Civiles de San Miguel, que fueron elegidas mediante los siguientes criterios: en primer lugar, calificación obtenida el año 2017, en segundo lugar, la antigüedad en el servicio y si aún persistía el empate, dirimía la calificación del año 2016. Ahora bien, puesta en conocimiento de los afectados, algunos de ellos presentaron sus descargos. Que de acuerdo a lo anterior, se emitieron los Oficios ZSA N° 2621, 2623, 2632, 2613, 2627, 2610, 2611, 2609, 2622, emanado del Administrador nombre reservado, nombre reservado, de fecha 12 de noviembre de 2018, en el cual indica que revisadas las impugnaciones – sin indicar cuáles ya que tenían fundamentos diversos- al listado preliminar de prelación respecto de cargos a suprimir en las Unidades de Apoyo Administrativo a Juzgados Civiles de Santiago y San Miguel, se efectuó ajustes en la composición de dicho listado, incluyéndose a la totalidad del personal administrativo y asistente, sin denominación expresa de dependencia de las unidades de liquidaciones o apoyo a insolvencias, manteniéndose el orden establecido por el Consejo Superior. Que confeccionado el nuevo listado, con fecha 13 de noviembre de 2018, se les informa de la no renovación de la contrata, de acuerdo a los fundamentos ya expuestos, todos los cuales hicieron uso legítimo de realizar sus descargos de acuerdo al acta 19-2012, de la Excelentísima Corte Suprema, sin embargo con fecha 28 de noviembre de 2018, fue comunicado la decisión de no acoger los descargos, razón por la cual con ésta última fecha nace a estos recurrentes la acción de protección que por esta vía se deduce.

TERCERO: Que los comparecientes consideran como actuaciones ilegales y arbitrarias de los recurridos, las siguientes:

A.- Extemporaneidad de la notificación de la no renovación de contrata. Lo anterior, toda vez que, como indican los Oficios ZSA N° ° 2522 entre otros, de fecha 31 de octubre y N°s 2621, 2623, 2632, 2613, 2627, 2610, 2611, 2609, 2622 de 12 de noviembre de 2018 respectivamente, emanado por el Administrador nombre reservado, nombre reservado, el acuerdo de la no renovación debe cumplir con los requisitos que establece el Acta N°19-2012 de la Excelentísima Corte Suprema, la cual en su artículo 3º, en lo pertinente señala: “Será responsabilidad del Secretario o Administrador del respectivo tribunal notificar al empleado afectado acerca de la solicitud de no renovación del contrato y los fundamentos en que se basa. El empleado tendrá un plazo de tres días hábiles para presentar sus descargos. A más tardar el 10 de noviembre del año respectivo, el tribunal deberá remitir la solicitud al Presidente de la Corte de Apelaciones, incluyendo los fundamentos tenidos a la vista por el Juez y los descargos del empleado afectado.”

En conformidad a lo antes expuesto y de acuerdo con lo establecido por la Excelentísima Corte Suprema en el Acta N° 19-2012, respecto a la comunicación o notificación de la no renovación de las contratas –transcrita anteriormente- se puede colegir que, la notificación en la cual se comunica la no renovación, debe necesariamente hacerse antes del 10 de noviembre del año respectivo e incluso más, si vemos que el Tribunal o el ente administrador, en este caso, tiene la obligación de remitir a más tardar el 10 de noviembre la comunicación de la no renovación más los descargos del funcionario, la notificación necesariamente debía hacerse a más tardar el día 7 de noviembre de 2018, ya que la misma acta señala que el funcionario afectado tiene el plazo de 3 días para sus descargos, sin embargo, la notificación de no renovación se efectuó el día 13 de noviembre de 2018, estando en consecuencia extemporánea dicha notificación, siendo por tanto su actuar ilegal y arbitrario.

B.- El Administrador nombre reservado excede sus facultades.

Esto, por cuanto, siguiendo el análisis del artículo 3° del Acta 19-2012 de la Excelentísima Corte Suprema, quien comunica o notifica la no renovación de la contrata en el primer Oficio N° ZSA N° ° 2522 entre otros, de 31 de octubre de 2018, es el Administrador nombre reservado, don nombre reservado y según se lee del segundo oficio N°s N°2621, 2623, 2632, 2613, 2627, 2610, 2611, 2609, 2622, emanado del mismo Administrador Zonal de fecha 12 de noviembre de 2018, se puede leer que fue él quien tomó la decisión de modificar el listado de funcionarios que no renovaría el contrato, sin embargo, el Acta 19-2012 ya mencionada, es clara que quien debe resolver de las impugnaciones o descargos es el ente superior, que en el caso de los funcionarios de Tribunales es el Presidente de la Corte de Apelaciones y en el presente caso es el Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Que, de acuerdo a lo anterior, lo obrado por el Administrador Zonal excede sus competencias, ya que no puede resolver las reconsideraciones o impugnaciones, siendo el ente que en primera instancia confeccionó el listado ya que el ente llamado a resolverlas es el superior, que en este caso es el Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, siendo por tanto su actuar ilegal y arbitrario.

Asimismo, se advierte que, de lo expuesto en los Oficio N° 2621, 2623, 2632, 2613, 2627, 2610, 2611, 2609, 2622, emanado del Administrador nombre reservado, nombre reservado de fecha 12 de noviembre de 2018, no existe ningún fundamento racional, objetivo y explícito respecto a los motivos por los que a los recurrentes no se les renueva su contrata para el año 2019, el que hasta la fecha del Acto Recurrido desempeñó de forma legal, correcta y transparente. No existiendo tales razones, mucho menos puede sustentarse ni justificarse la remoción de esta autoridad de manera ilegal y arbitraria mediante la declaración de no renovación de su cargo, tomando en cuenta además que si bien los criterios para la no renovación fueron dispuestos por el Consejo Superior, quien debía velar por respetar estos, es la Corporación Administrativa del Poder Judicial, a través de su Director y de los Administradores Zonales, en este caso el de Santiago, los cuales por cierto no lo hicieron, primero, por la extemporaneidad de la decisión, segundo que el Administrador Zonal excedió sus facultades al realizar un nuevo listado y en tercer lugar, por cuanto al confeccionar el listado no incluyó a las personas que no se encontraban calificadas a esa altura, en razón que aún no tenían el año en sus cargos, es decir, el personal que tenía menos de un año, que aún no estaba calificado, no se incluyó dentro de las personas que no se le renovaría, lo cual hace que el actor sea discriminatorio, ilegal y arbitrario.

En consecuencia, el acto recurrido, además de ser ilegal, infringe también el deber legal de justificación, abusando de la “discrecionalidad administrativa”, por lo que no sólo es ilegal, sino que también es arbitrario.

CUARTO: Que don Cristian Andrés Castillo García, abogado, en representación de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, evacuando el informe ordenado por este tribunal, explica que La Corporación Administrativa del Poder Judicial es una Corporación de Derecho Público, que se encuentra regulada en los artículos 506 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales. A continuación, indica que, en sesión de 18 de octubre de 2018, que consta en Acta N° 668, el Consejo Superior, tomó conocimiento de un informe acerca de los efectos que ha tenido la implementación de la ley de tramitación electrónica en la carga de trabajo de las Unidades de Apoyo a los Juzgados Civiles y que en atención a la disminución de la carga de trabajo de la Unidad Administrativa de Apoyo a los Juzgados Civiles de Santiago, se acordó disminuir la dotación a partir del 1 de enero de 2019, desde 111 a 78 suprimiéndose, en consecuencia, 33 cargos para el año 2019.

Que a fin de determinar las personas cuyos cargos serían suprimidos, el Consejo Superior acordó que el orden de prelación para la no renovación de las contratas debía considerar en primer lugar la calificación obtenida por el funcionario el año 2017, en segundo lugar la antigüedad en el servicio y si aún persistía el empate, debía dirimir la calificación del año 2016.

Que, en cumplimiento de lo resuelto por el Consejo Superior, la Administración Zonal procedió a notificar al personal de la Unidad Administrativa el listado preliminar, con el orden de prelación indicado en el párrafo anterior. Los afectados tendrían un plazo de tres días hábiles para solicitar revisión de los datos de calificación o antigüedad considerados en el ordenamiento. Una vez elaborados los listados definitivos, se procedió a notificar a los funcionarios ubicados en los últimos lugares acerca de la supresión de sus cargos y como consecuencia, la no continuidad de sus contratos, resultando aplicable, a ese personal, lo establecido por el Consejo Superior en sesiones de 10 y 17 de diciembre de 2015, esto es:

“Los funcionarios a contrata con más de cinco años de antigüedad y calificados en lista de méritos durante ese período que ejerzan funciones de reemplazo por funcionarios en situaciones especiales, en cargos de naturaleza transitoria autorizados para labores específicas o con desempeño en tribunales o unidades que requieran disminuir su dotación por razones de carga de trabajo o falta de recursos presupuestarios, deberán ser notificados del término de la contrata en sus condiciones iniciales, tramitándose una contrata transitoria en el mismo grado por un nuevo período de seis meses en caso de que el funcionario tenga entre cinco y diez años de antigüedad sin solución de continuidad, y de un año si el funcionario registra una antigüedad superior a diez años en la institución sin solución de continuidad. Las personas que tengan menos de cinco de años de antigüedad o no cumplan el requisito de estar calificados en lista de mérito durante los últimos cinco períodos, serán notificadas del término de sus contratas a partir del primer día del mes siguiente a la notificación. Durante el período en que se mantengan vigentes las contratas transitorias los funcionarios deberán prestar servicios en las unidades jurisdiccionales o administrativas que determine el respectivo Consejo de Coordinación Zonal. Además, deberá solicitarse al Pleno de la Corte Suprema la modificación del Acta 19-2012 en el sentido de indicar que, en concursos para proveer cargos a contrata, en igualdad de condiciones se preferirá a personas en condición de contrata transitoria por término de las causales de creación del cargo que ocupaban.”

Además de lo anterior, los funcionarios que tenían menos de cinco años de antigüedad se mantuvieron en su cargo hasta el 31 de diciembre de 2018, inclusive.

Al tenor de lo antes expuesto, con fecha 31 de Octubre de 2018 se procedió a notificar a todos los funcionarios, entre ellos a doña nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y don nombre reservado, respecto del listado preliminar de cargos a suprimir correspondiente a los funcionarios de la Unidad de Apoyo de los Juzgados Civiles de Santiago.

Revisadas las impugnaciones presentadas por los diversos funcionarios, se remitió por parte del Director (S) de la Corporación Administrativa del Poder Judicial a los respectivos Administradores Zonales la Circular N° 171 de fecha 9 de noviembre de 2018, que contenía el listado definitivo de los cargos a suprimir, a efectos de notificar dicho listado a los funcionarios.

Luego, con fecha 13 de noviembre de 2018, a través de Oficios ZSA N° 2621, 2623, 2632, 2613, 2627, 2610, 2611, 2609 y 2622, todos de fecha 12 de noviembre de 2018, se notificó a los recurrentes respecto de los cambios al listado preliminar de cargos a suprimir en la Unidad de Apoyo de los Juzgados Civiles de Santiago para el año 2019, producto de las impugnaciones efectuadas por los diversos funcionarios. En dicho listado definitivo, todos los recurrentes de autos se encontraban dentro de aquellos funcionarios cuyos cargos fueron suprimidos. Producto de lo anterior, todos los recurrentes de esta acción de protección presentaron solicitud de reconsideración, la cual fue respondida por el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial a través de Oficios 6RH N° 7031 de fecha 19 de noviembre de 2018, N° 7263 de fecha 22 de noviembre de 2018, N° 7191 y 7231 ambos de fecha 27 de noviembre de 2018 y N°s 7375, 7386, 7384, 7382, 7385, todos de fecha 4 de diciembre de 2018. Los señalados oficios dan respuesta a las presentaciones de los recurrentes, no acogiendo las solicitudes de reconsideración, señalando para todos ellos que “…el puntaje obtenido en el proceso calificatorio 2017 la ubica dentro de las 33 personas cuya contrata anual no será renovada para el año 2019.”

Asimismo, dichos oficios hacen presente que “Como se ha informado previamente en sesión de 18 de octubre de 2018 el Consejo Superior tomó conocimiento de informe acerca de la disminución de la carga de trabajo en las unidades de apoyo a los juzgados civiles producto de la implementación de la ley de tramitación electrónica, lo que ha hecho necesario disminuir las dotaciones de esas unidades. En el caso de Santiago, las causas previas a la ley de tramitación electrónica, que son objeto de los servicios de las Unidades de Apoyo, se ha observado, entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018, una disminución del 53%. En el caso de la unidad de apoyo a juzgados civiles de Santiago la disminución de trabajo hace necesario reducir en 33 plazas la dotación, por no ser necesaria su existencia a partir del 1 de enero de 2019.

Sin perjuicio de lo anterior, se dio aplicación a lo establecido por el Consejo Superior en sesiones de 10 y 17 de diciembre de 2015, en el sentido de tramitarse una contrata transitoria en el mismo grado por un nuevo período de seis meses en caso de que el funcionario tenga entre cinco y diez años de antigüedad sin solución de continuidad, y de un año si el funcionario registra una antigüedad superior a diez años en la institución sin solución de continuidad:

A continuación, el informante explica que la Ley 20.886, de Tramitación Electrónica (LTE), tuvo una entrada en vigencia diferida: 1° Fase de Implementación: 18 de junio de 2016 en todas las jurisdicciones del país, salvo las de Santiago, San Miguel, Valparaíso y Concepción. 2° Fase de implementación: 18 de diciembre de 2016 en las jurisdicciones de Santiago, San Miguel, Valparaíso y Concepción.

Por lo anterior, los impactos en la disminución de la carga de trabajo de las unidades de apoyo a juzgados civiles del país han tenido efectos en distintos momentos, siendo revisada la situación por el Consejo Superior los años 2016, 2017 y 2018.

Así, en sesión de 3 de noviembre de 2016, el Consejo Superior redujo la dotación de 10 Unidades de Apoyo Administrativo regionales correspondientes a la 1° Fase de Implementación debido a la baja en los requerimientos de servicios. Luego, el 31 de diciembre de 2016 se concretó la reducción de dotaciones de personal, en un 30% promedio, lo que implicó el término de 23 cargos a contrata a nivel país. Luego, en sesión de 30 de octubre de 2017 el Consejo Superior acordó: a) mantener la dotación en contrata en las unidades de la primera fase de la LTE; b) terminar las contratas de 5 funcionarios de las unidades de la segunda fase de la LTE; c) terminar todas las comisiones de servicio vigentes, devolviendo funcionarios a sus tribunales de origen; y d) terminar las contratas de 19 funcionarios de unidades correspondientes a la 2º Fase de la Ley N° 20.886. Con posterioridad, en sesión de 18 de octubre de 2018, el Consejo Superior acordó autorizar la supresión para el año 2019 de 97 cargos a contrata de las Unidades de Apoyo de los Tribunales Civiles del Poder Judicial, debido a la disminución de carga de trabajo que han experimentado con motivo de la vigencia de la Ley 20.886. En estos casos, resultarán aplicable los plazos de desvinculación establecidos en el Acta del Consejo Superior N° 576, de 17 de diciembre de 2015. En el caso de las unidades de apoyo administrativo de Santiago y San Miguel, no se incluirán en los listados de prelación aquellos cargos de administrativo de actas, liquidadores, asistente liquidador, técnicos contables y jefes de unidad. En el caso de las unidades de apoyo del resto del país, se suprimen todos los cargos, con excepción de los administrativos de actas.

Asimismo, el informante hace presente que la supresión de cargos se encuentra regulada en el Acta de Tribunal Pleno N° 19-2012, de la Excelentísima Corte Suprema, que establece la “Regulación para Personal a Contrata del Poder Judicial”. Dicho, instrumento dispone en su artículo 2° letra e): “La renovación automática estará siempre condicionada a la disponibilidad presupuestaria del Poder Judicial y a la necesidad de existencia del cargo respectivo.” Añade que esta última fue la causal para la supresión de cargos en las Unidades de Apoyo a Juzgados Civiles del país, producto de la reducción de la carga de trabajo de esas unidades luego de la implementación de la Ley de tramitación electrónica. Advierte que lo anterior se encuentra, además, consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que el Estatuto Administrativo, contenido en la Ley N° 18.834, en su Título VI relativo a la cesación de funciones, dispone en su artículo 146 letra e) que “El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: e) Supresión del empleo.”

QUINTO: Que en relación con la alegación de los recurrentes referente a la supuesta extemporaneidad de la notificación de la no renovación de contrata, el informante, hace presente que, el término de las contratas de los recurrentes no obedece a la no renovación de contrata regulada en el artículo 3° del Acta 19-2012, sino a la supresión del cargo respectivo en virtud de la falta de necesidad de existencia del mismo, según el artículo 2° letra e). Por consiguiente, a la supresión del cargo no le es aplicable lo regulado en el artículo 3° del Acta 19-2012, por tratarse de una figura distinta a la renovación de contrata, que encuentra su argumentación, no en el desempeño deficiente del funcionario, o, por encontrarse, el mismo en lista condicional o deficiente como lo dispone el artículo 3° citado, sino que, en la falta de necesidad de existencia del cargo respectivo. En este sentido, explica que se han suprimido 33 cargos en la Unidad de Apoyo a los Juzgados Civiles de Santiago, en razón de la disminución de la carga de trabajo de la misma y por consiguiente, la necesidad de disminuir la dotación de funcionarios que en ella se desempeña.

Que en cuanto al argumento esgrimido sobre el exceso en sus facultades en el cual habría incurrido el Administrador nombre reservado, por haber tomado la decisión de modificar el listado de funcionarios a los cuales no se les renovaría la contrata, siendo el encargado de realizar dicha función el Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, el informante explica que, el Consejo Superior, entregó las directrices para elaborar el orden de prelación que significaría la supresión de cargos. En consecuencia, no fue el Administrador nombre reservado quien tomó la decisión de modificar el listado de prelación de funcionarios a los cuales se les da término a su contrata por supresión del cargo, sino que esta decisión fue informada al Administrador Zonal directamente por el Director (S) de la Corporación Administrativa del Poder Judicial mediante Circular 6RH N°171 de fecha 9 de Noviembre de 2018, en la cual se instruye notificar el listado definitivo a los funcionarios a más tardar el 13 de Noviembre de ese año, según las directrices aprobadas por el Consejo Superior.

Por último, respecto de la supuesta falta de motivación y fundamento del acto administrativo que señalan los recurrentes, el informante hace presente que los motivos y fundamentación de la medida de supresión de cargos de la Unidad de Apoyo a los Juzgados Civiles de Santiago, se encuentra contenida en oficio de 31 de Octubre de 2018, mediante el cual señalan las recurrentes haber sido notificadas del listado de prelación preliminar, y siendo ellas mismas quienes acompañan conjuntamente con su recurso el Oficio ZSA N° 2522 que expresa las razones que llevan a tomar la decisión recurrida. Además, los fundamentos de aquella decisión se encuentran en el Acta N° 668 y 670 del Consejo Superior, de fecha 18 de octubre de 2018 y 15 de noviembre de 2018, respectivamente.

Concluye entonces, el representante de la recurrida Corporación Administrativa del Poder Judicial, que todo lo anterior, da cuenta de la no concurrencia de actuaciones ilegales y arbitrarias por parte de su representada, y por consiguiente, la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales invocados por los recurrentes, solicitando que el presente recurso sea rechazado.

SEXTO: Que cabe recordar que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Que, como se desprende de lo anotado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto;

SEPTIMO: Que, de conformidad con lo precedentemente expuesto, procede analizar si en la especie, se verifican las actuaciones ilegales y arbitrarias objetadas por los recurrentes y si a consecuencia de tales actuaciones, se ha incurrido en privación, perturbación o amenaza en el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre garantizado y amparado en el texto constitucional;

OCTAVO: Que en cuanto a la eventual extemporaneidad de la notificación de la no renovación de los cargos a contrata correspondientes a los recurrentes de autos, por no haberse adoptado el procedimiento regulado en el artículo 3° del Acta N°19-2012 de la Excma. Corte Suprema, la que al efecto, establece que debe realizarse antes del 10 de noviembre del año respectivo, fecha en la que a más tardar el tribunal deberá remitir la solicitud al Presidente de la Corte de Apelaciones, incluyendo los fundamentos tenidos a la vista por el juez y los descargos del empleado afectado; cabe advertir que, de conformidad con los antecedentes documentales aportados por la parte recurrida, fluye que la determinación de proceder a la disminución de la dotación a partir del 1 de enero de 2019 en el número de cargos de 111 a 78, fue adoptada por el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en sesión verificada el 18 de octubre de 2018, y comunicada mediante oficio N°6 RH-6541 de 25 de octubre de ese año a la Presidenta de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, haciendo expresa referencia en cuanto a que la decisión se funda en el artículo 2° letra e) del Acta N°19-2012, esto es, que la renovación automática de los cargos a contrata estará siempre condicionada a la disponibilidad presupuestaria del poder Judicial y a la necesidad de existencia del cargo respectivo.

En consecuencia, el origen de la determinación de no proceder a la renovación automática de los cargos a contrata, conforme a lo anteriormente expresado, corresponde a la decisión de ajustar, en la forma antes indicada, el número de la dotación de cargos de una determinada unidad de apoyo administrativo para el año 2019, y por ende, en la especie, no resulta aplicable la situación regulada en el artículo 3° de la citada Acta N°19-2012, en tanto, ésta, corresponde a la tramitación de solicitudes de no renovación de contratas a requerimiento del juez o juez presidente del respectivo tribunal, a consecuencia de desempeño deficiente de determinados empleados.

Que, de este modo, la alegación de extemporaneidad de la notificación de la no renovación de los cargos a contrata de los recurrentes para el año 2019, carece de sustento, toda vez, que, por las razones antes indicadas, la decisión que incide en la misma, tiene su antecedente en la necesidad de supresión de un número determinado de cargos para el presente periodo anual, adoptada por el ente al que, de conformidad con el artículo 508 del Código Orgánico de Tribunales, le compete la dirección de la Corporación Administrativa y que se encuentra investido de todas las facultades de administración y disposición que sean necesarias para el cumplimiento de los fines de la corporación, según lo establecido en el artículo 509 del citado cuerpo legal. Dicha constatación, además, permite concluir que el acto recurrido fue adoptado por quien, de acuerdo con la ley, posee las facultades para proceder a decidir la disminución de determinada dotación de cargos de apoyo administrativo, en tanto, como se refirió, el Consejo Superior se encuentra investido de todas las facultades de administración y disposición, como es, precisamente, la definición de las dotaciones del personal de apoyo administrativo que resulten necesarias para un determinado periodo.

Que sobre el particular, cabe, además tener presente, que la supresión de cargos de la unidad de apoyo a los Juzgados Civiles, fue adoptada teniendo a la vista un informe sobre los efectos que se produjeron en virtud de la implementación de la ley de tramitación electrónica N°20.886 en la carga de trabajo de las unidades de apoyo de los Juzgados Civiles, asunto que, fue objeto de revisión por el Consejo Superior los años 2016, 2017 y 2018, habiéndose adoptado reducción de unidades de apoyo administrativo regionales en tales periodos.

En consecuencia, la determinación de la reducción de la dotación del personal de apoyo administrativo, obedece a un fundamento objetivo de carácter técnico como es el informe sobre el impacto de la implementación de la ley de tramitación electrónica en la carga de trabajo de la unidad de apoyo administrativo de los Juzgados Civiles, lo que de paso, descarta la existencia de arbitrariedad del acto impugnado por medio de la presente acción de protección.

NOVENO: Que por otra parte, se reprocha al recurrido administrador nombre reservado de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, haberse excedido en sus facultades al proceder a la modificación del listado de funcionarios a los cuales no se les renovaría la contrata, en tanto, dicha determinación le compete al Director de la misma.

Que al efecto, los antecedentes documentales aportados por el informante, en particular, las circulares N°6 RH 166 y 177 de 29 de octubre y 9 de noviembre de 2018, respectivamente, dan cuenta que fue, precisamente, el Director de la Corporación Administrativa quien, en cumplimiento del criterio establecido por el Consejo Superior para la elaboración del orden de prelación para la no renovación de los cargos a contrata, comunica y remite a los administradores zonales de las jurisdicciones de Santiago y San Miguel, los respectivos listados preliminar y definitivo con los funcionarios afectados por la medida a quienes se les confiere un plazo de tres días para solicitar la revisión de los datos de calificación o antigüedad considerados en el ordenamiento. Lo anterior, permite constatar que la decisión de modificar el listado de prelación de funcionarios afectados por la supresión de sus respectivos cargos, se efectuó precisamente, por el Director de la Corporación Administrativa y no por el administrador zonal, quien se limitó a notificar a los funcionarios la decisión acordada por en Consejo Superior de 18 de octubre pasado la que se funda justamente, en lo previsto en el artículo 2° letra e) del Acta N°19-2012 de la Corte Suprema, esto es, la supresión del cargo respectivo.

Que, en cuanto a la fundamentación del acto impugnado, como se indicó precedentemente, se encuentra contenido en las respectivas actas 668 y 670 del Consejo Superior y en los oficios ZSA N°2522 entre otros, en los cuales se comunica a los funcionarios la no renovación de sus contratas, en virtud de la decisión adoptada por el referido Consejo Superior, asimismo, consta que en los oficios N°6 RH suscritos por el Director de la Corporación Administrativa, donde se responde a las respectivas solicitudes de reconsideración, se comunicó a los recurrentes de autos, los fundamentos de la medida que justificaba la reducción de los cargos, a consecuencia de la implementación de la ley de tramitación electrónica, observándose una disminución de un 53% de la carga de trabajo de las unidades de apoyo administrativo entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018.

DECIMO: Que de acuerdo con lo precedentemente expuesto, no se advierte que en la especie, se haya incurrido, por parte de la Corporación Administrativa del Poder Judicial o del administrador nombre reservado de dicha Corporación, en un acto arbitrario o ilegal, con motivo de la implementación de la determinación del Consejo Superior de la misma, en orden a reducir la dotación de funcionarios de la unidad de apoyo administrativo de los Juzgados Civiles y en consecuencia, a la no renovación de las respectivas contratas para el año 2019, que en definitiva, haya producido alteración o privación a los recurrentes del legítimo ejercicio de derechos y garantías enumerados en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

UNDECIMO: Que, en efecto, no existe vulneración de la garantía constitucional de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, en la medida que, el criterio de prelación para determinar del universo de funcionarios que se encontraban en situación de no ser renovados sus cargos a contrata por la supresión de los mismos, se verían en definitiva, afectados por la medida, fue idéntico para todos, esto es, en primer término la calificación del año 2017, luego la antigüedad en el servicio y por último en caso de persistir el empate, la calificación correspondiente al año 2016. Respecto de aquéllos funcionarios que fueron mantenidos en sus cargos a pesar de tener menos de un año en el mismo y por ende, no contar con calificación del año 2017, lo que tornaría la decisión en arbitraria e ilegal al renovarse la contrata de quienes ni siquiera contaban con calificación, en realidad, la razón estriba en que dichos cargos se consideraron necesarios por desempeñarse en unidades que requerían sus servicios, tales como unidad de insolvencia y jefes de unidad, y no por contar con menos de un año en el servicio, conforme se asentó en el acta N°668 del Consejo Superior de fecha 18 de octubre, y luego se ratificó en el acta N°670 de 15 de noviembre.

DUODECIMO: Que tampoco se ha vulnerado la garantía individual consagrada en el artículo 19 N°3 inciso 5° de la Constitución Política, del derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, toda vez que, como se pudo constatar, la decisión de modificar el listado de los funcionarios afectados por la no renovación de la contrata al conocer y resolver las respectivas impugnaciones al listado original, correspondió al Consejo Superior, lo que fue comunicado por el Director (S) de la Corporación Administrativa al administrador zonal mediante la circular N°6 RH 171 de 9 de noviembre de 2018, mediante la cual se remite el listado de prelación definitivo para la adecuación de dotación de unidades administrativas de apoyo a Juzgados Civiles de Santiago y San Miguel, disponiendo se proceda a la notificación del mismo a los funcionarios de dichas unidades a más tardar el 13 de noviembre pasado, por lo que el administrador zonal no efectuó modificación alguna en el referido listado actuando dentro de sus competencias en cumplimiento de las instrucciones impartidas por el Director (S) de la Corporación Administrativa.

DECIMO TERCERO: Que por último, se descarta la afectación a la garantía constitucional del derecho a la propiedad del artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, en particular sobre el empleo y las remuneraciones, en la medida que, en razón de los argumentos expresados en los considerandos precedentes, se ha podido verificar que el procedimiento adoptado a efectos de implementar la supresión de determinados cargos de apoyo administrativo, y a consecuencia de ello, la no renovación de las respectivas contratas de un determinado número de funcionarios, se verificó de conformidad con las normas legales y administrativas vigentes y por las instancias establecidas al efecto, no observándose la existencia de arbitrariedad o ilegalidad en las actuaciones realizadas por los recurridos, razón por la cual no se estima vulnerada la citada garantía constitucional del derecho a la propiedad.

Por estas consideraciones y de acuerdo, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado sobre Tramitación el Recurso de Protección, se rechaza sin costas, el recurso de protección deducido en estos antecedentes.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro (s) señor Álvarez Maldini.

No firma la abogado integrante señora Tavolari, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

N°Proteccion-91204-2018.