nombre reservado con SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

C.A. de Santiago Santiago, catorce de marzo de dos mil diecinueve.

Al escrito folio 14: a lo principal, téngase presente; al otrosí, a sus antecedentes.

Al escrito folio 15: téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, sociólogo, casado, domiciliado en domicilio reservado, Región de la Araucanía, e interpone acción constitucional de protección en contra de la Subsecretaría del Interior, representada legalmente por don nombre reservado, sociólogo, ambos con domicilio en domicilio reservado (Palacio de la Moneda), comuna y ciudad de Santiago, en razón del acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° 6994 de fecha 23 de noviembre de 2018, por medio de la cual se decreta la no renovación de su contrata, vulnerando con ello sus derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 N° 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 17 de marzo de 2014 ingresó a prestar servicios bajo la modalidad de honorarios para el Servicio de Gobierno Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, situación que se extendió hasta julio de 2015, cuando pasó a desempeñarse como funcionario a contrata grado 8° E.U.S, habiéndose prorrogado desde entonces tres veces la continuidad de sus funciones. Se encargaba de mantener coordinación y comunicación permanente con organismos de protección civil y militar a nivel Regional, Provincial y Comunal, para la implementación de mitigación ante riesgos existentes en el territorio, como también en situaciones de emergencia o eventos declarados en el territorio jurisdiccional de Malleco y la realización del Comité de Protección Civil a nivel provincial.

Añade que durante los casi cinco año en que ha prestado servicios en la Gobernación Provincial de Malleco, ha procurado ejercer sus funciones de la mejor manera, relacionándose de buena forma con sus compañeros de trabajo, careciendo de anotaciones de demérito en la Hoja de Vida Funcionaria, de medidas disciplinarias y sin contar con sumario alguno. Asimismo, en cuanto a sus calificaciones siempre se ha encontrado en las listas más altas, a saber, en Lista Uno en los periodos de 2015 a 2016 y de 2016 a 2017, y en Lista Dos en el periodo 2017 a 2018.

Sostiene que la decisión impugnada constituye un acto administrativo ilegal y arbitrario, porque no existen fundamentos que permitan sostener la necesidad de su desvinculación solamente en atención a un par de críticas a su trabajo, las que, además de no ser reales, se contradicen con sus calificaciones, citando al efecto el artículo 1 del Reglamento de Calificaciones de la Administración Pública (Decreto 1.825 de 7 de septiembre de 1998) y los artículos 33 y 50 del Estatuto Administrativo, de lo que concluye que la intención del legislador al momento de diseñar este sistema es el de establecer mecanismos de terminación del vínculo con aquellos funcionarios que se encuentren en la lista más baja.

Luego, analizando la fundamentación de sus calificaciones, cuestiona que llegan a bajar en dos puntos en atención a fórmulas genéricas como “faltan aspectos por mejorar” o “falta ser más activo que reactivo”. En definitiva, no observa razón legal para la adopción de la medida de no renovación de contrata adoptada por el Servicio, habida consideración que no se encuentra en los supuestos del artículo 50 del Estatuto Administrativo. Asimismo, estima que la actuación deviene en arbitraria, por las mismas consideraciones.

En cuanto a la vulneración de garantías constitucionales, sostiene que el actuar de la recurrida afecta aquellas consagradas en el artículo 19 N° 2, porque la decisión adoptada termina una relación de más de 4 años con el Servicio, por un acto de autoridad fundado en supuestos ajenos a los establecidos por la ley, generando un trato diferenciado en relación a sus pares. Luego, se vulnera la garantía a la libertad de trabajo y su protección, pues se le priva de sustento de vida y familiar, por motivos ilegales y arbitrarios, coartando la posibilidad de continuar ejerciendo su cargo y afectándose el principio de confianza legítima que rige en estos casos. Por último, en relación al derecho de propiedad, indica que se le priva de aquel que tiene respecto de la estabilidad en el empleo, impidiéndosele continuar con su ejercicio laboral y, por tanto, percibir los beneficios que de dicha actividad se derivan, en especial respecto de la remuneración mensual.

Por lo antes expuesto, solicita se ordene dejar sin efecto la resolución impugnada y se ordene su reintegro en sus funciones y el pago de las remuneraciones mientras estuvo separado de las mismas, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, informando la parte recurrida a través del abogado Francisco Castro Salgado, solicita el rechazo del presente recurso, con costas.

En primer término, se refiere a los antecedentes proporcionados por el recurrente, y precisa que de acuerdo a la resolución N° 1117 de 12 de junio de 2015, el señor nombre reservado se desempeñó bajo la modalidad de contrata a contar del 1 de junio de 2015 como Profesional Grado 9 E.U.R. Y agrega, en cuanto a sus funciones, que si bien se le atribuían aquellas indicadas en el recurso, estas eran cumplidas en la realidad por el encargado de contingencia, teniendo una conexión directa con las policías, Ejército y demás servicios de emergencias, por cuanto el recurrente convocaba y asistía a reuniones sin dar cuenta a la Autoridad Provincial, manteniéndola desinformada y al margen de lo que pasaba en su territorio jurisdiccional en las materias antes señaladas.

Luego, aludiendo nuevamente a la carrera funcionaria del señor nombre reservado, indica que este se desempeñó como asesor a honorarios de la Gobernación Provincial de Malleco a contar del 1 de agosto de 2014 y luego, desde el 1 de junio de 2015, se le designó como Profesional a contrata grado 8° E.U.R., a través de resolución N° 1117 de fecha 12 de junio de 2015, contrata que fue prorrogada sucesivamente hasta el año 2018, disponiendo la última resolución una vigencia entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. Añade que durante este último periodo el desempeño del recurrente no fue óptimo y la manera en que desempeñaba sus funciones atentaba contra la seguridad, bienestar y vida de las personas de la provincia de Malleco, careciendo en definitiva de las competencias necesarias para el cargo.

Sostiene la improcedencia formal de la presente acción de protección, por cuanto no es la vía idónea para los fines perseguidos por el actor. En efecto, no puede pretenderse resolver la legalidad de un acto administrativo, según lo establecido en el dictamen N° 6.400/2018 de la Contraloría General de la República, que actualizó las instrucciones y criterios complementarios fijados en el dictamen N° 85.700/2016, sobre confianza legítima en la contratas.

A continuación, indica que no se ha incurrido en ilegalidad o arbitrariedad en la no renovación de la contrata del recurrente, toda vez que el Subsecretario del Interior actuó en su calidad de Jefe Superior del Servicio de Gobierno Interior, según lo previsto en el artículo 1° del DFL N° 22, de 1959, del Ministerio del Interior, contando con plenas facultades legales para resolver acerca de las renovaciones del personal con desempeño en las Intendencias y Gobernaciones. En el caso del recurrente, se dictó un acto administrativo que expresa cada uno de los fundamentos de la decisión de no renovar su contrata, medida que además obedece a las restricciones presupuestarias que afectan al Servicio de Gobierno Interior y al desempeño deficiente del señor nombre reservado, claramente explicados en la Resolución Exenta N° 6994. En ella se consigna como fundamento: “(…) 7.- Lo señalado por el Gobernador Provincial de Malleco en documento reservado de fecha 14 de noviembre de 2018 dirigido a la jefa de la División de Administración y Finanzas de la Subsecretaria del Interior, en cuanto a que existe defeciente evaluación del servidor, por cuantro no cuenta con las competencias para desempeñarse en el Encargado de Emergencias de esta repartición, el que qdemás en su calidad de tal tiene el carácter de provincial. Lo anterior, principalmente por cuanto a pesar del tiempo transcurrido no se ha mostrado como un funcionario proactivo con iniciativa en las diversas actividades o gestiones propias de su cargo, y no muestra una entrega fluida información a la autoridad, a pesar de lo trascendental de su cargo, lo que coloca a la Gobernación en una situación de ineficiencia frente a una temática de alto impacto para el país, especialmente en la época estival que se aproxima, que según advertencia de muchos especialistas, académicos y organismos públicos y privados vinculados al tema, se presenta como particularmente proclive a incendios, que ya en el pasado reciente causaron enorme daño al país y a miles de ciudadanos, por lo que resulta indispensable y urgente disponer de la mejor dotación posible de personas calificadas y proactivas a cargo de las Emergencias (sic)”.

Del mérito de la misma resolución destaca que se ha cumplido con las formalidades legales para cumplir con el estándar de motivación que le compete y que no debe confundirse una supuesta falta de motivación del acto administrativo con la disconformidad planteada por el recurrente respecto de dichos fundamentos, puesto que no estar de acuerdo con los mismos, no importa su inexistencia ni menos la invalidez de la resolución.

En cuanto a la afectación de garantías constitucionales, señala que carece de sustento la alegación de vulneración al principio de igualdad ante la ley, dado que la autoridad facultada para determinar la continuidad de los funcionarios resolvió no prorrogar la contrata del recurrente por medio de la dictación de un acto fundado y debidamente notificado. Además, la Subsecretaría del Interior estimó pertinente atender la solicitud de la autoridad provincial de no dar lugar a la renovación, de acuerdo a las facultades que la ley entrega a los Jefes de Servicio en los artículos 5 y 31 de la Ley N° 18.575, entendiendo que el legislador ha dejado a la discreción de esta autoridad la facultad de prorrogar o no la vigencia de las contratas de los funcionarios de su dependencia.

Respecto a la libertad de trabajo, precisa que el hecho que las contratas de determinados funcionarios hubiesen sido renovadas en años anteriores no constituye un precedente que haga imperativo para la Administración volver a proceder en los mismos términos, por cuanto ello se traduciría en una alteración de su naturaleza esencialmente transitoria, en contradicción a lo establecido en el ordenamiento legal y la jurisprudencia judicial y administrativa.

Por último, en lo que se refiere al derecho de propiedad, indica que no es posible entender que las personas que desarrollan funciones públicas tengan un derecho de propiedad sobre éstas, puesto que las labores que desempeñan, son aquellas propias del Estado, cuya finalidad es el bien común, por lo que mal podría pretenderse propiedad sobre aquéllas, ni menos derechos derivados de las mismas. Además, sostener que un empleado público tiene sobre su cargo el derecho de propiedad, significaría que sólo podría ser privado del mismo en virtud de una ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador, lo cual es contrario a toda lógica.

TERCERO: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

CUARTO: Que la Subsecretaría del Interior no ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno. En efecto, de la lectura de la resolución impugnada se desprende que la autoridad administrativa sí fundó su actuar, contiene el acto administrativo aludido todos los razonamientos que llevó a la recurrida a no renovar la contrata del recurrente, cumpliéndose entonces con lo que exige el inciso segundo del artículo 11 de la ley N° 19.880, sin que la judicatura pueda reemplazar el juicio de la autoridad administrativa. Lo cierto es que el acto está motivado y el hecho que el recurrente no comparta los argumentos de la autoridad recurrida no lo torna en infundado.

QUINTO: Que toda designación de funcionarios “a contrata” en la administración pública, de acuerdo con la ley N° 18.834, es esencialmente transitoria y no puede exceder del 31 de diciembre del año correspondiente en que la contrata empieza a regir. No se ha discutido que el recurrente fue nombrado “a contrata” para desempeñar funciones profesionales en el Servicio de Gobierno Interior a contar del 1 de junio de 2015 “y mientras sean necesarios sus servicios”, siempre que no excedan del 31 de diciembre del mismo año, dictándose luego su renovación sucesiva. El Decreto impugnado decidió no renovar dicha contrata para el año 2019 pero, de acuerdo al tenor del artículo 10 de la ley N° 18.834, “Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año…”. Luego, no es el decreto impugnado el que causa perjuicio al recurrente, sino la norma legal aludida, la que, por fuerza no puede ser objeto de una acción de protección. Consecuentemente, la Administración, si tiene facultades para hacer cesar la contrata en cualquier tiempo antes del 31 de diciembre de 2018, con mucha mayor razón puede decidir no renovar la contrata para el año 2019, y no será esta decisión la que ponga término a su contrata, sino la llegada del plazo respectivo, que está contemplado en la ley. A mayor abundamiento, y tal como ya se consignó, en la especie el acto que decidió no renovar la contrata está debidamente motivado y no corresponde a los tribunales hacer un juicio, al menos en sede de protección, de tales fundamentos.

SEXTO: Que, entonces, la contrata de la recurrente no se terminó por decisión de la autoridad, esto es, no es la Resolución Exenta N° 6994 la que decidió poner fin a su empleo, sino el simple transcurso del tiempo, pues la letra c) del artículo 3° de la ley N° 18.834 señala que empleo a contrata es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución y que, conforme al artículo 10 de la misma ley, nunca pueden durar más allá del 31 de diciembre de cada año, según se encarga de señalar el artículo 10 de la citada ley, de suerte que ni siquiera ha debido la autoridad dictar la antedicha resolución, bastaba para terminar la contrata el que se cumpliera el plazo del último día del año 2018. Y lo que haya dicho la Contraloría General de la República sobre este particular no obliga a la judicatura.

SÉPTIMO: Que, por todo lo dicho, sólo corresponde rechazar el recurso de protección intentado pues, se reitera, la decisión de la administración de no renovar la contrata del señor nombre reservado, no es ni ilegal ni arbitraria y se plasmó en una resolución debidamente fundada, cumpliéndose con lo dispuesto en los artículos 2° letra c) y 10 de la ley N° 18.834 y 11 inciso segundo de la ley N° 19.880, a lo que debe agregarse que las controversias que puedan existir acerca de dicha fundamentación supera los márgenes del recurso interpuesto.

OCTAVO: Que, en todo caso, ninguna de las garantías que se dicen amagadas merecen este adjetivo. En efecto, la igualdad ante la ley -N° 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República- debería haberse acreditado demostrando que la Administración ha obrado de una manera distinta con alguna persona en iguales circunstancias que el recurrente, lo que no ha sucedido. El derecho de propiedad, garantizado en el N° 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, como muchas veces se ha dicho, no guarda relación con el caso sub judice, pues ciertamente no existe un derecho de propiedad sobre el ejercicio de una función pública, no tuvo nunca la recurrente el derecho de dominio sobre su empleo a contrata. Y la garantía del N° 16 del artículo 19 de la Carta Fundamental sólo está protegida por el artículo 20 del mismo texto en lo que hace a la libertad de trabajo, la que ciertamente no se ha conculcado.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional deducida en estos autos, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-91092-2018.