nombre reservado con MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de mayo de dos mil diecinueve.

Al folio N° 188870: Téngase presente.

Vistos:

1°) Que comparece nombre reservado, asistente social, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Ministerio Secretaria General de Gobierno, representada legalmente por el Subsecretario general de Gobierno don nombre reservado, ingeniero forestal, en razón del acto arbitrario e ilegal que lo ha privado, perturbado y amenaza en sus garantías fundamentales consagradas en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, a través de la dictación de la Resolución Exenta N°272/1915 de 23 de noviembre de 2018, que resolvió la no renovación de su contrata para el año 2019, solicitando se deje sin efecto, ordenándose la reintegración del funcionario desvinculado con expresa continuidad de sus remuneraciones computadas desde el momento en que se produjo la separación y hasta su efectiva reincorporación, en las mismas condiciones en las que aquél se desempeñaba al momento de ser desvinculado,.

Fundando el recurso expone que cuenta con un Diplomado en Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos, y ha trabajado su vida profesional completa en diversas reparticiones del Ministerio Secretaría General de Gobierno, a la cual ingresó el año 1997 mientras realizaba sus trámites de titulación como asistente social, en calidad de honorarios, desempeñando funciones en la División de Organizaciones Sociales, pasando en el año 2001, al régimen de contrata grado 8° EUS, para luego cumplir diversas destinaciones para finalmente el año 2014 ser asignado a la “Unidad de Fondos Concursables”, asumiendo la función de “coordinador del Fondo de Medios de Comunicación Social”, el que tiene regulación legal y reglamentaria, contenida en la ley 17.033 de 2001 y el procedimiento para realizar el concurso anual del “Fondo de Medios de Comunicación Social” se encuentra regulado en el Decreto N° 45/2001, del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

En cuanto a la no renovación de la contrata, que se ha fundado en la “implementación de una nueva plataforma computacional para administrar el nuevo Fondo de Medios de Comunicación” y la “falta de capacidades técnicas del recurrente para aplicar dichas funcionalidades al ser Asistente Social”, reiterando su trayectoria profesional y que desde 2014 se desempeña en la “Unidad de Fondos Concursables” como coordinador del “Fondo de Medios de Comunicación Social”, el que como ya indicó cuenta con una plataforma computacional, se concluye que el acto se administrativo se encuentra absolutamente desmotivado, al señalar que la no renovación es producto de la implementación de una nueva “plataforma digital” o software por parte del Ministerio Secretaría General de Gobierno, para gestionar sus fondos concursables, sin suprimir o modificar las funciones de la Unidad de Fondos Concursables del Ministerio donde ejerce labores el recurrente, tal como se advierte de la lectura de los considerandos 5°, 6° y 7° de la resolución en comento.

Indica que la existencia de una conducta ilegal o arbitraria, conforme a la definición doctrina y jurisprudencia, por contravenir las normas del ordenamiento jurídico y carecer de toda razonabilidad y precisión.

Añade que el deber de fundamentación o motivación del acto administrativo es uno de los elementos de legitimidad de los actos administrativos conforme lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 8° de la Constitución y el artículo 2° de la Ley N° 18.575 Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado, en relación con los establecido en los artículos 11 inciso segundo y 41 inciso cuarto de la Ley N° 19.880, es decir, la autoridad no puede sustentar su actuar en apreciaciones genéricas, subjetivas, vagas, confusas e imprecisas, debe fundar sus actuaciones en convicciones y certezas, de lo cual se concluye que, el elemento de motivación es un requisito esencial de los actos administrativos, en tanto lo dota de razonabilidad.

Señala que los cargos a contrata se encuentran en el artículo 10 de la Ley N° 18.834, norma en base a la cual la jurisprudencia reiterada de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Contraloría General de la República han señalado que la contrata, al tratarse de un régimen anual, no puede dejar en la desprotección a los funcionarios que laboran bajo dicha modalidad y, en este sentido, se ha establecido que en aquellos casos que existen dos o más renovaciones de la contrata, los funcionarios adquieren la “confianza legítima” que su empleo se convierte en una contratación de carácter indefinido, por lo que cualquier decisión de prescindir de ellos, debe estar especialmente motivada a través de un acto administrativo que señale con precisión y de forma concreta, las razones para prescindir de ellos.

Alega que la Resolución N° 272/1915, ha sido arbitraria ilegal, en tanto ha utilizado como fundamento para no renovar la contrata del recurrente “la implementación de una nueva plataforma computacional para gestionar el Fondo Concursable de Medios de Comunicación”, sin suprimir o modificar ninguna función del servicio, teniendo en consideración que el Ministerio Secretaría General utiliza plataformas computacionales para postular a sus fondos concursables desde el año 2012.

Precisa que este traspaso de software en ningún caso ha significado una presunta “reestructuración” de las funciones, ni mucho menos de la operación anual del Fondo de Medios de Comunicación, ya que el Fondo de Medios de Comunicación, sus objetivos y diferentes etapas están reguladas por un Reglamento, esto es Decreto N° 45/2001 del Ministerio Secretaría General de Gobierno, el cual jamás ha sido modificado.

Refiere que se produjo una afectación grave de la garantía contenida en el N°2 artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, el que está relacionado a la interdicción de la arbitrariedad, que advierte que los órganos de la Administración del Estado deben actuar no sólo ajustados a la ley y al ordenamiento jurídico en general, sino también a la razón, especialmente en el ejercicio de sus potestades discrecionales, que la razonabilidad de sus decisiones constituye un límite a su actuar, sujetándonos al principio de interdicción de la arbitrariedad, que ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional y que, en el caso concreto, la no renovación de su contrata, se ha basado en motivos o consideraciones carentes de toda razonabilidad y, por ende, arbitrarias, en tanto que se le ha separado de sus funciones basados únicamente en el cambio de plataforma computacional, sin que se haya realizado ningún cambio a la administración del Fondo Concursable de Medios de Comunicación, para el cual el recurrente tiene todas las competencias del cargo.

Afectación grave de la garantía del numeral 24 del artículo 19 N° 24 de la carta fundamental, reproduciendo la norma y citando la doctrina en torno al contenido esencial del dominio y que, por otra parte la Excma. Corte Suprema ha entendido la noción constitucional del derecho de propiedad de forma bastante amplia, al contemplar toda clase de derechos y bienes de carácter patrimonial. (Sentencia de la Excma. Corte Suprema, rol N° 1018-2009).

Alega que con la dictación de la Resolución recurrida se ha privado, perturbado y amenazado el derecho de propiedad del recurrente, en tanto este ejercía válidamente una contrata profesional, en el Ministerio Secretaría General de Gobierno, en la cual el recurrente tenía la legítima confianza que sería renovada fundada en argumentos carentes de toda precisión y razonabilidad según lo ya explicado y que, en la medida que la contrata no fue renovada, el recurrente ha sido privada por completo de la remuneración y otros derechos funcionarios que legítimamente, tenía derecho en tanto funcionario del Ministerio, en razón de la legítima confianza que su contrata tenía carácter indefinido.

2°) Que comparece el Subsecretario General de Gobierno (S), don nombre reservado, evacuando el informe solicitado y en el mérito de sus argumentos, desestime en todas sus partes la acción de protección, con costas.

En cuanto a la acción, reiterando la trayectoria señalada por el recurrente, precisa que desempeñándose en grado 8° Profesional de la E.U.S. en el Ministerio Secretaria General de Gobierno, produciéndose la renovación durante los años 2002 a 2018, o mientras sus servicios fueran necesarios, llegando a obtener el grado 6° de la Escala Única de Sueldos y que, en el año 2018, se dispuso la no renovación de su contrata para el año 2019, a través de la Resolución Exenta N°272/1915, de fecha 23 de noviembre de 2018, acto administrativo que se encuentra motivado, estableciendo las razones de su desvinculación, haciéndose cargo de la "confianza legítima" de la que gozaba el funcionario en cuestión, demostrando que el Ministerio ha obrado conforme a Derecho y respetando todas las garantías constitucionales.

En cuanto a las labores desempeñadas por el recurrente, refiere las expuestas en el recurso y que, desde el año 2012, el Ministerio Secretaria General de Gobierno cuenta con una plataforma computacional para gestionar las postulaciones del Fondo de Medios de Comunicación, lo que da cuenta del desarrollado de un nuevo mecanismo de trabajo, y que respecto de la suscripción del Convenio de Colaboración con Ministerio de las Culturas, Las Artes y el Patrimonio, este se aprobó por Resolución Exenta N° 272/1836, de 19 de noviembre de 2018, cuyo objetivo principal ha sido poner a disposición de la recurrida la plataforma denominada "Portal Único de Fondos Concursables" y, de esta manera, estandarizar las funcionalidades, con las que cuenta el Ministerio de Cultura a todas las instituciones del Estado, fortaleciendo la administración digital de todos los fondos concursables, en cuanto a las postulaciones, rendiciones de fondos y demás etapas de los procedimientos concursales, pasando a operar desde un portal único que administrara el Ministerio Secretaria General de Gobierno.

Como consecuencia de lo anterior, el perfil del recurrente, que corresponde al de asistente social, no se encuentra adecuado a las necesidades de esta Unidad para el año 2019, se requieren de perfiles profesionales y técnicos relacionados al área de contabilidad, de control, y de informática, conforme a lo cual se dictó la resolución recurrida.

Expresa que el recurrente sólo se ha limitado a analizar y definir los requisitos doctrinales y jurisprudenciales de procedencia del Recurso de Protección, pero sólo se enumeran.

Alega que lo que motiva este recurso de protección no es una situación de hecho que haya infringido las garantías citadas, sino controversias de derecho en torno al sentido y alcance que debe dársele a las normas de rango legal que regulan la materia, en especial, lo relativo al artículo 3 de la Ley 19.880 y el artículo 13 del D. F. L. N°29, de 2004, que fija el texto de la Ley N° 18.834.

En cuanto a la existencia de una conducta ilegal o arbitraria, indica que es efectivo la trayectoria referida por el recurrente, conforme a la cual llegó a obtener el grado 6 en la Escala Única de Sueldos, donde su contrata fue renovada sucesivamente para prestar servicios en esta cartera de estado hasta el año 2018 inclusive, como asimismo, las distintas funciones que desarrolló y los departamentos y/o áreas donde las cumplió, hasta que el 28 de noviembre del año recién pasado, cuando fue notificado de que su contrata no sería renovada para el año 2019, por los motivos que el propio acto administrativo indica, decisión que la contraria estima arbitraria e ilegal, en tanto vulnera las garantías de Idos números 2 y 24, todas del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Afirma que no hay arbitrariedad o ilegalidad alguna en la decisión que se impugna, ni mucho menos lesión a las garantías que se invocan, ya que se siguieron todos los procedimientos legales al ejercicio de las atribuciones y potestades que la Constitución y las leyes le confieren al Ministerio Secretaria General de Gobierno, con lo cual la acción de protección debe rechazarse.

Precisa que no existe un acto ilegal, ya que el acto de no renovación para el año 2019, se vincula de manera directa e inmediata con lo dispuesto en el del artículo 10 de la ley N°18.834, y que por el solo hecho de cumplir el plazo correspondiente al 31 de diciembre, las funciones expiran por el solo ministerio de la ley. Que no obstante lo anterior, la propia Contraloría General de la Republica, a través de su facultad dictaminadora establecida en los artículos 5° y 6° de la Ley 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, ha efectuado una interpretación de la normativa administrativa mediante el dictamen N° 85.700 del año 2016, complementado por el dictamen N°6.400 del año 2018, los cuales establecieron una serie de requisitos y condiciones para los términos anticipados de contrata y su no renovación, en base a lo cual se ha gestado el principio de "Confianza Legítima".

Contraviene la afirmación del recurrente de que el acto es ilegal o arbitrario, remitiéndose a lo señalado por la Contraloría General de la República en los dictámenes citados, en este sentido la recurrida reitera que mediante Resolución Exenta, se aprobó el convenio de colaboración con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuyo objetivo principal ha sido poner a disposición de este Ministerio la plataforma denominada "Portal Único de Fondos Concursables" y, de esta manera, estandarizar las funcionalidades , fortaleciendo la administración digital de todos los fondos concursables, por lo que la decisión de no renovar la contrata se enmarca dentro de los presupuestos establecidos por la Contraloría, pues el cambio de funciones se refiere a una "alteración de su prioridad, que determinen que las labores del funcionario ya no sean necesarias o dejen de serlo antes de completarse el año siguiente", no es artificiosa, sino que la decisión fue tomada en consideración a las nuevas necesidades del Ministerio, y en relación con la suscripción de la nueva plataforma de fondos concursables antes indicada.

En el contexto anterior, se dio cumplimiento efectivo y real al principio de confianza legítima alegado por quien deduce el presente recurso, cumpliendo todas las condiciones establecidas por los dictámenes de la Contraloría.

En cuanto a los requisitos y fundamentos que debiese contener la desvinculación de un funcionario a contrata, excede por mucho el ámbito que se debe examinar en esta acción constitucional, correspondiendo que se ventile el asunto en un procedimiento de lato conocimiento.

Asimismo, el acto está ausente de arbitrariedad, toda vez que los fundamentos de la decisión contenida en el acto administrativo impugnado por el recurrente, se sostienen en normas legales precisas, que son aplicables al personal que labora en la administración del estado.

En cuanto a las supuestas garantías vulneradas, indica no se infringe la igualdad ante la ley, no se ha dado ningún tratamiento diferenciado al actor que no estuviera fundado un actuar legítimo y razonable reconocido en la Constitución, las leyes y la jurisprudencia, pues la autoridad posee discrecionalidad para buscar el mejor funcionamiento del organismo que dirige, por lo que puede adoptar las medidas que estime adecuadas, siempre que sean razonables, motivadas y fundadas para ello y que, en el caso concreto, se estimó la reestructuración de las funciones del Ministerio para dar cumplimiento a dichos objetivos, lo que se hizo con estricto apego a la Ley, a las Constitución y las garantías fundamentales.

Expone que no se infringe el derecho de propiedad, en los términos expuestos por el recurrente, ya que el Tribunal Constitucional he sentenciado claramente que el derecho a la función pública no constituye un derecho de propiedad, sino que tiene derecho a la continuidad en la función mientras no se verifique una causal de cesación en el cargo. Como se ha explicado latamente a lo largo de esta presentación, el personal de este ministerio ejercerá sus funciones mientras se encuentre nombrado para tal efecto, y se mantiene en sus cargos mientras cuente con dicho nombramiento, por lo tanto, y dado este régimen estatutario especial y de orden público, el personal solo tiene una mera expectativa de continuidad en el Organismo; y las meras expectativas no constituyen derechos.

3°) Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal – esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil – o arbitrario – producto del mero capricho de quién incurre en él – y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

4°) Que, para la resolución de la presente acción constitucional, es del caso tener presente que, de conformidad a la Ley N° 18.834 sobre el Estatuto Administrativo, los empleados de la Administración del Estado se clasifican en “empleados de planta” o “empleados a contrata”, y que la diferencia esencial radica en la permanencia de las funciones de los primeros y en la transitoriedad de los segundos, de conformidad a lo dispuesto en su artículo 3° letra c), que define el empleo a contrata como “aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”. En este sentido, el artículo 10° de la Ley, dispone que “los empleados a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”. En armonía con el precepto anterior, el artículo 146 letra f) del mismo texto legal, señala que el funcionario cesará en el cargo por el término del período lega por el cual ha sido designado y el artículo 153 dispone que produce la inmediata cesación de funciones el término del período legal por el cual es nombrado el funcionario o el cumplimiento del plazo por el cual es contratado.

5°) Que, la expresión “mientras sean necesarios sus servicios”, está en armonía con el carácter transitoria que tienen los empleos a contrata, que según señala el artículo 3° de la Ley N° 18.834, contienen implícita la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleo a contrata incluso antes de la fecha máxima de su vigencia. En efecto, la autoridad administrativa puede ponerle término en el momento que estime conveniente, a través de un acto fundado, lo que ha ocurrido en la especie respecto de la recurrente, toda vez, que teniendo a la vista la resolución impugnada, puede constatarse que ella expresa los motivos que se tuvieron en cuenta para la adopción de la decisión, indicando los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustentan.

6°) Que, de todo lo expresado, no es posible formar el convencimiento que la recurrida haya incurrido en actos u omisiones arbitrarias o ilegales que permita a esta Corte adoptar alguna medida de resguardo a favor de la recurrente, ni es posible advertir la vulneración que se denuncia a los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental, al constatarse la inexistencia de un comportamiento antijurídico atribuible al actuar de la recurrida, lo que resulta suficiente para desestimar la acción de protección.

7°) Que, además de lo expresado, no cabe examinar por esta vía la justificación, mérito o conveniencia en términos de la contratación, porque tales extremos exceden el propósito de una acción cautelar o de tutela de urgencia y porque en los términos que viene propuesta la acción constitucional se traduciría en la pretensión de que esta Corte sustituya a la Administración en gestión de sus recursos.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, a lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Regístrese, comuníquese y archívese si no se apelare.

N°Protección-91090-2018.