Protección contra Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Santiago, diecisiete de abril de dos mil diecinueve.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, psicóloga, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, oficina x, comuna de Santiago e interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, representada por su Directora Nacional doña Viviana Paredes Mendoza, domiciliada en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario que constituye la Resolución Exenta N° 1.880 de 27 de noviembre de 2018, por la que se dispuso la no renovación de su contrata.

Explica que fue designada como empleada a contrata asimilada a grado 9° de la E.U.S. del estamento profesional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género de la Región Metropolitana a través de la Resolución Exenta TRA N° 92, de 26 de octubre de 2017, con el objeto de cumplir labores como Coordinadora de Programa de Atención, Protección y Reparación del área de Violencia contra las Mujeres del nombre reservado.

Expone que ingresó al servicio público el 2 de noviembre de 2007, como funcionaria en calidad de contrata, contando con continuidad en las labores públicas desde esa fecha hasta el presente, siendo calificada durante todo ese período en Lista N° 1, prorrogándose su contrata en 12 oportunidades.

Manifiesta que mientras trabajaba como Coordinadora de la Unión de Participación y Gestión Local de la Dirección Regional de la Araucanía del Servicio Nacional de Menores, buscó alternativas laborales en Santiago, por lo postuló al concurso público del cargo que hoy detenta; al que acompañó todos sus antecedentes, especialmente un certificado de antigüedad en la administración pública, lo que le permitió no perder los días administrativos y generar la continuidad.

Sostiene que la naturaleza jurídica de la relación entre el funcionario y al administración es un vínculo estatutario de derecho público, el que supone la sujeción de los funcionarios a un régimen de derecho público preestablecido, unilateral, objetivo, impersonal y fijado por el Estado. Puntualiza que el empleo a contrata es un cargo público a través del cual se realiza la función administrativa y tiene la misma finalidad que el cargo de planta.

Por lo anterior, asegura, que lo establecido en el artículo 89 de la Ley N° 18.834, en orden a establecer que todo funcionario tiene derecho a gozar de estabilidad en el empleo, se aplica a las personas que se encuentran en condición de “contrata”.

En tal virtud, el Ministerio de Hacienda ha emitido instrucciones para los Jefes de Servicios respecto del procedimiento correspondiente para la no renovación del personal a contrata, siendo la última de estas el Oficio Circular N° 21, de 28 de noviembre de 2018, que determina las “orientaciones generales a los Jefes Superiores de Servicios sobre el proceso de renovación del personal a contrata”, estableciendo diversos criterios, entre los cuales destaca, el que dice relación con que las eventuales no renovaciones de las contratas deben estar limitadas sólo a casos debidamente fundados y que impidan discriminaciones arbitrarias en el ejercicio de las facultades correspondientes; así como que los criterios para la eventual no renovación del personal a contrata deben basarse en fundamentos obtenidos en el proceso de evaluación de desempeño de los funcionarios o, en su defecto, en la no continuidad de los programas o planes, para los cuales prestan servicios en la respectiva Institución. En particular, en los procesos de renovación del personal a contrata se debe dar especial atención a los años de servicio, situación de funcionarios en edad de jubilar o próximos a cumplirla o con enfermedades graves, catastróficas y/o terminales estableciendo criterios que permitan su aplicabilidad.

Reclama que la Resolución Exenta impugnada no añade ninguna justificación, razonamiento, motivo o fundamento que sirvan de base para la decisión, sino que reproduce los razonamiento que ha utilizado la Contraloría General de la República en sus Dictámenes N° 85.700, de 2016 y N° 6.400, de 2018, para determinar cuándo y cómo opera la legítima confianza de un empleado público respecto del actuar de la administración, haciendo alusión a su situación en particular, únicamente en el basamento 6° para concluir que no cumpliría con el requisitos de la temporalidad, para la aplicación del principio de confianza legítima, toda vez que su ingreso al servicio nombre reservado se produjo mediante la Resolución Exenta TRA N° 96, de 26 de octubre de 2017; encontrándose, por tanto, liberada de su obligación de fundamentar el acto administrativo impugnado, lo que constituye un vicio que conlleva su anulación, ya que se trata de un acto administrativo inmotivado.

Refiere que la Resolución que pone término a su contrata es arbitraria, pues carece de razonabilidad y fundamentos suficientes, requisito obligatorio de todo acto administrativo, incumpliendo los principios básicos del Derecho Administrativo, como la garantía de la fundamentación o motivación del acto como administrativo, vinculada directamente con la realización de determinados bienes constitucionales. Asimismo, es ilegal ya que la actuación del servicio no se condice en lo absoluto con un proceder ajustado a derecho, sino que más bien un ejercicio temerario e ilegal de una facultad que no contó con una justificación adecuada que permita entender tal decisión; transgrediendo los artículos 4°, 11 y 16 de la Ley N° 19.880, y 89 de la Ley N° 18.834 y lo dispuesto en el Oficio Circular N° 21 del Ministerio de Hacienda de 28 de noviembre de 2018.

Estima que la develada actuación del órgano público ha transgredido las garantías constitucionales contenidas en el artículo 19 N°s. 2°, 16° y 24°, de la Constitución Política de la República. En efecto, se ve vulnerada la igualdad ante la ley, toda vez que la no renovación de su contrata, sin expresión de fundamento racional o legal válidamente emitido, constituye una diferencia arbitraria. Por otra parte, la decisión recurrida afecta de manera flagrante su libertad de trabajo y su protección al impedirle continuar ejerciendo sus funciones como personal a contrata. Por último, se ha conculcado la propiedad que recae sobre el derecho personal que la habilita para exigir el cumplimiento de la obligación, es decir, ejercer la función para la cual ha sido designada y obtener la retribución pactada y asimismo, propender a la renovación del contrato suscrito con el Servicio, en caso de que no exista causal objetiva respecto de una evaluación de su desempeño o la no continuidad de los programas o planes para los cuales prestaba servicio, hipótesis que en el caso no concurren, afectando, en definitiva, su estabilidad en el empleo legítimamente adquirido.

Por lo expuesto, solicita que se invalide la Resolución Exenta N° 1880-2018, de 27 de noviembre de 2018, ordenándose su inmediata reintegración por la recurrida con expresa continuidad de sus remuneraciones computadas desde el momento en que se produjo la separación hasta su efectiva reincorporación, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que al emitir el informe requerido, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, pide que el recurso sea rechazado en todas sus partes, atendido que la Resolución Exenta N° 1880, es un acto administrativo completamente ajustado a derecho que no adolece de arbitrariedad, que cumple con todas las exigencias de forma y fondo requeridas por la ley y, ciertamente no afecta las garantías constitucionales señaladas por la recurrente.

Afirma que, en todo caso, el recurso de protección no es la vía idónea para impugnar este tipo de resoluciones, ya que la propia legislación administrativa contempla sus propios mecanismo para tal fin, ya sea mediante la reposición establecida en La Ley N° 19.880 o el recurso de reclamación ante la Contraloría General de la República, los que la recurrente ya ejerció, por lo que, en su concepto, aquella pretende obtener una doble decisión respecto a su caso, una proveniente del Poder Judicial y otra de la Autoridad Administrativa llamada a vigilar el cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Administrativo, lo que eventualmente podría generar una pugna en las decisiones que puedan adoptar ambas instituciones estatales.

Manifiesta que la no renovación de la contrata de la recurrente se ajustó a derecho dado que aquella ingresó al servicio mediante su nombramiento por Resolución TRA N° 92, de 26 de octubre de 2017, en calidad de “contrata” asimilada al grado 9° de la E.U.S., escalafón profesional, para que cumpliera labores en la Unidad de Violencia Contra la Mujer en la Dirección Regional Metropolitana del referido servicio, desde el 25 de septiembre del señalado año, disponiéndose su prórroga para el año 2018.

Indica que la recurrente se encontraba bajo el vínculo jurídico denominado “contrata” y tanto en su nombramiento en dicha calidad como en su prórroga para el año 2018, se contempló la fórmula “mientras sean necesarios sus servicios”, conforme al artículo 10 del Estatuto Administrativo, lo que da cuenta del carácter transitorio de la misma y permite a la autoridad administrativa ponerle término cuando lo estime conveniente, sin que para ello se requiera de una especial fundamentación o la aceptación del empleado, dado que dicho cese es el resultado del ejercicio de la facultad legal de la superioridad de poner fin en forma anticipada o la no renovación en el plazo de desempeño máximo de ejecución. De esta manera. aquella cláusula constituye, en sí misma, fundamento suficiente para concluir las labores del servidor.

Concluye que de acuerdo a la naturaleza jurídica de la contratación de la recurrente, carece de la estabilidad en el empleo que pretende, atendido el carácter transitorio y temporal de su permanencia en la dotación de una institución que incluso pueden cesar antes de dicha fecha, en caso de que sus contrataciones se hagan bajo la fórmula “mientras sean necesarios sus servicios”, siempre que la decisión de la autoridad se encuentre contenida en una resolución fundada y debidamente notificada al funcionario, todos supuestos que se cumplieron en el caso de la recurrente, por lo que a su respecto no existe ninguna acción arbitraria o ilegal de la autoridad, que lesiones sus derechos.

En efecto, la Resolución Exenta impugnada fue dictada por el Director del Servicio en uso de las facultades que le entrega el artículo 5° letra d), de la Ley N° 19.023, en el que se explica claramente que en el caso de la recurrente, debido a que su contratación no cumple con el requisito de temporalidad, por lo que, la recurrente no puede pretender que a su respecto la administración se encuentre obligada a prorrogar su contratación para el siguiente año. En cuanto a su fundamentación de derecho esta se encuentra en la misma ley que rige las relaciones del estado y sus funcionarios, expresándose clara y latamente la normativa aplicable a la recurrida en su calidad de contrata.

Por lo expuesto, el proceder de la institución recurrida se ajusta a derecho y no atenta contra las garantías constitucionales esgrimidas por la recurrente. En efecto, no hay vulneración a la igualdad ante la ley, puesto que se ha utilizado el mismo procedimiento y criterio que se aplica a todos los funcionarios de la institución en calidad de “contrata”. Por otra parte, dada la transitoriedad de la contrata de la recurrente, no tiene en su haber la estabilidad laboral de los funcionarios de planta ni menos la pretendida propiedad sobre el cargo, lo que lleva a concluir que la no renovación de la misma, de manera alguna, afecta su libertad de trabajo ni su derecho de propiedad.

Finalmente, hace presente que la situación de la recurrente, además, fue presentada ante la Contraloría General de la República, mediante el recurso de reclamación del artículo 160 del Estatuto Administrativo, cuya resolución se encuentra pendiente hasta la fecha.

En definitiva, el acto impugnado se ajusta completamente a la normativa vigente y el jefe superior del servicio actuó absolutamente dentro de los cánones de razonabilidad exigidos, por lo que el recurso de protección deducido en su contra debe ser rechazado.

TERCERO: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

CUARTO: Que para la resolución del asunto propuesto, es del caso precisar que la vinculación con la administración pública a través de la modalidad a contrata es esencialmente transitorio, cuya duración es limitada en el tiempo, y sus plazos no se encuentran establecidos ni garantizados por norma alguna, por lo que pueden ser discrecionalmente variadas por la autoridad facultada para realizarla.

QUINTO: Que, por expresa disposición del artículo 3° Estatuto Administrativo, los empleados de la Administración del Estado se clasifican en “empleados de planta” o “empleados a contrata”, los primeros pueden ser titulares, suplentes o subrogantes, y la diferencia esencial entre ambos radica en la permanencia de las funciones de los primeros y en la transitoriedad de los segundos. En este último caso, el artículo 10 de la Ley N° 18.834 dispone que “los empleados a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”. En concordancia con la norma precedentemente citada el artículo 146 letra f) del mismo texto legal, señala que el funcionario cesará en el cargo por el término del período legal por el cual ha sido designado y el artículo 153 dispone que el término del período legal por el cual es nombrado el funcionario, o el cumplimiento del plazo por el cual es contratado, produce la inmediata cesación de sus funciones.

SEXTO: Que con los documentos acompañados a la causa, se tiene por establecido que el recurrente ingresó a prestar servicios al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género desde el año 2017, ininterrumpidamente a contrata y que a la época de ponerse término a sus servicios ejercía sus funciones como Coordinadora del Programa de Atención, Protección y Reparación del área de Violencia contra las Mujeres.

SÉPTIMO: Que, la cláusula "mientras sean necesarios sus servicios" está en armonía con el carácter que tienen los empleos a contrata. En efecto, la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en su artículo 3°, luego de definir la planta del personal de un servicio público como el conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución, al tratar los empleos a contrata señala que son aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución.

Enseguida, el mismo texto legal determina en su artículo 10, en relación a la permanencia de esta última clase de cargos, que los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley; esto es, figura implícita la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleado a contrata incluso antes de la fecha recién indicada.

Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad administrativa puede ponerle término en el momento que estime conveniente, a través de un acto fundado, lo que ocurre en la especie, toda vez que el acto administrativo impugnado expresa los motivos fácticos que se tuvieron en cuenta para la adopción de la decisión, indicando los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustenta.

En relación a los hechos, se advierte que la decisión adoptada por la autoridad consistente en desvincular laboralmente al recurrente en razón de la reorganización interna, y que en la misma el cargo que desempeñaba el recurrente se extinguió.

En cuanto al derecho, se aprecia que la dictación de la resolución impugnada obedece a un actuar enmarcado dentro de las reglas que informan el desempeño de la recurrida, especialmente el Estatuto Administrativo.

OCTAVO: Que, en efecto, la autoridad Administrativa no está obligada a renovar la contratación de los servicios que se desempeñen en tal carácter una vez cumplida la vigencia temporal, pues ella, como lo dispone expresamente el artículo 10 del Estatuto Administrativo, opera por el solo ministerio de la ley. En efecto, el empleo a contrata se caracteriza por la precariedad en su duración, circunstancia conocida por el interesado, supeditada a las necesidades de la entidad empleadora Por consiguiente, la inexistencia de un comportamiento antijurídico atribuible al actuar del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género.

NOVENO: Que, de todo lo expresado, no es posible formar el convencimiento que la recurrida haya incurrido en un acto u omisión arbitraria o ilegal que amerite adoptar alguna medida de resguardo a favor de la recurrente, ni es posible advertir la vulneración que se denuncia a los numerales 2°, 16° y 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental; más aún si se tiene en consideración que la recurrente dedujo por esta misma situación el recurso de reclamación contemplado en el artículo 160 del Estatuto Administrativo, ante la Contraloría General de la República, el que, conforme a los antecedentes acompañados a la causa, aún se encuentra pendiente de resolución.

Y de conformidad, además, a lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-91087-2018.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz e integrada por el Ministro señor José Santos Pérez Anker y por la Ministro (I) señora Bárbara Quintana Letelier.