nombre reservado con ILTMA CORTE DE APELACIONES DE SAN nombre reservado

Santiago, catorce de febrero de dos mil diecinueve.

Vistos y considerando:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, quien interpone Acción de Protección en contra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San nombre reservado y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en virtud de la decisión adoptada por el Pleno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San nombre reservado en la causa N° Pleno 1068-2018, con fecha 22 de noviembre de 2018, según consta en el Extracto Acta de Pleno Extraordinario N°121-2018, mediante la cual se confirmó la resolución que acogió la solicitud de no renovación de su Contrata como Oficial Cuarto del Primer Juzgado Civil de Puente Alto, a partir del 31 de diciembre de 2018.

Estima que esta actuación constituye un acto arbitrario e ilegal, toda vez que se le ha privado de su trabajo ejercido consecutivamente por más de 7 años en el Poder Judicial, afectándose así gravemente su derecho a la integridad psíquica, a no ser discriminada arbitrariamente, al debido proceso, a la honra y a la propiedad, todos ellos garantizados en el artículo 19 N° 1, 2, 3 inciso 4°, 4 y 24 de la Constitución Política de la República.

Como fundamento de su acción expone lo siguiente:

En el año 2011 comenzó a desempeñar funciones como Oficial Cuarto a Contrata en el Juzgado Civil de Puente Alto. En este contexto, hasta el año 2016, siempre estuvo calificada en lista 1 sobresaliente con notas 65, 7, 68, con 4 jueces calificadores distintos durante estos 6 años.

Además destaca que obtuvo el primer lugar a nivel nacional en el concurso del slogan de la semana del Poder Judicial año 2018 (con el slogan “Con respeto y confianza el Poder Judicial avanza”).

Explica que en el mes de Julio de 2017 asume como juez suplente del Juzgado Civil de Puente Alto doña María José Araya Saavedra, siendo calificados los funcionarios de dicho tribunal en el mes de noviembre de 2017, esto es, sólo tres meses después de su llegada. En este contexto, su calificación para el año 2017 fue de 5,96, Lista Satisfactoria (incluyendo una nota 5,0 en el ítem Eficiencia y una nota 5,50 en los ítems Capacidad y Conocimientos). En el Acta de Calificación y Notificación 2017, la jueza señala, respecto de su desempeño: “alto margen de error”, “bajo nivel de productividad y compenetración de las funciones del cargo que desempeña”.

Estima la recurrente que esta calificación fue arbitraria e injusta, por lo que apeló de ella ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San nombre reservado, la que con fecha 3 de enero de 2018, rechazó el recurso de apelación y bajó la nota a 5,46. A juicio de la actora ello es cuestionable porque en el evento de rechazar su apelación, la Corte debió simplemente mantener la nota original.

Agrega que la jueza doña María José Araya Saavedra, frente al ejercicio de su derecho de apelación, solicitó el inicio de un proceso disciplinario en su contra, por considerar que la interposición de este recurso fue una falta de respeto a su función calificadora, imputándole además falta de conocimiento jurídico en materia civil y negligencia en el cumplimiento de sus deberes. Indica que este proceso disciplinario se encuentra actualmente pendiente de ser resuelto en la Excelentísima Corte Suprema bajo el N° AD-1973-2018.

Posteriormente, 16 de octubre del año 2018, mediante el Oficio N° 208-2018, los jueces suplentes del Primer Juzgado de Puente Alto, solicitaron la no renovación de la Contrata a la nombre reservado Corte de Apelaciones de San nombre reservado.

Como razones para fundar esta solicitud se esgrimió el que de acuerdo a las calificaciones del año 2017 la recurrente no figura en la lista de mérito, la existencia de una investigación sumaria por el Pleno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San nombre reservado, el cual se encuentra pendiente de resolución por la Excelentísima Corte Suprema. Además indican los solicitantes que el tribunal necesita personal con mejores conocimientos en materia civil.

Con fecha 14 de noviembre de 2018, la Ministra señora Ana Cienfuegos Barros, nombre reservado Corte de Apelaciones de San nombre reservado, acogió la solicitud de no renovar la Contrata de la recurrente. La afectada dedujo recurso de apelación, el que fue rechazado por el Pleno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San nombre reservado, según consta en el Extracto de Acta de Pleno Extraordinario N° 121-2018, de fecha 22 de noviembre de 2018 Agrega que en proceso de calificaciones del año 2018, fue precalificada por el juez suplente del Juzgado Civil de Puente Alto don nombre reservado con nota final 6,33 (incluyendo un 6,3 en el ítem Eficiencia). Sin embargo, y como un acto que demostraría el hostigamiento hacia la recurrente, la jueza suplente María José Araya Saavedra, calificó a la recurrente con nota 5,38 (Lista Deficiente), incluyendo un 2,9 en el ítem Eficiencia, pese a que durante todo el año 2018 trabajó únicamente con el magistrado nombre reservado. Por esta razón quedó suspendida de sus funciones, con goce de sueldo, de conformidad al artículo 278 bis del Código Orgánico de Tribunales, con fecha 23 de noviembre de 2018.

Agrega que a pesar de que la referida suspensión es con goce de sueldo, el día 19 de diciembre de 2018 no recibió su remuneración, y no habría recibido remuneración alguna posteriormente.

Como consecuencia de lo expuesto, denuncia las siguientes ilegalidades:

1. El acto impugnado fue notificado fuera del plazo establecido en la ley para ello Indica que el Acta N°19-2012 de la Excelentísima Corte Suprema contiene la “Regulación para Personal Contrata del Poder Judicial, y señala en su artículo 3° letra b), que “El empleado deberá ser notificado de la decisión definitiva a más tardar el 30 de noviembre del año en que se extingue el contrato”.

En este caso, la decisión adoptada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San nombre reservado le fue notificada por carta certificada el día 4 de diciembre de 2018. Estima la recurrente que no existe otra forma de conocer la existencia y el contenido de la resolución, atendida la naturaleza del procedimiento. Ello porque, tendida la naturaleza de la resolución en cuestión, que pone término a una relación laboral, debió notificarse por carta certificada o personalmente, tal como lo dispone el artículo 162 del Código del Trabajo. En consecuencia, dado que la carta certificada fue recibida en Oficina de Correos respectiva con fecha 29 de noviembre de 2018, ella debe entenderse notificada a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda, de modo que la notificación fue extemporánea.

2. El acto impugnado viola el principio de confianza legítima.

Indica que la jurisprudencia ha reconocido que los funcionarios que sirven empleos a Contrata, tienen derecho a permanecer en ellos mientras no se configure alguna causal de expiración de funciones o se señale cuáles son las condiciones precisas en que se funda una decisión de desvinculación.

Estima que en su caso, si bien los jueces suplentes del Juzgado Civil de Puente Alto y los Ministros de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San nombre reservado han ejercido una facultad conferida por el Acta N° 19-2012 de la Excelentísima Corte Suprema, dicha potestad no puede ejercerse de forma ilegal o arbitraria, debiendo el acto por el cual se decide desvincular estar adecuadamente motivado.

Hace presente jurisprudencia en que la Excelentísima Corte Suprema ha señalado (Rol N° 35287-2007) que “en la actualidad, es un verdadero axioma del derecho, que si una relación a contrata excede los dos años y se renueva reiteradamente, una vez superado ese límite, se transforma en una relación indefinida conforme al principio de confianza legítima “ En consecuencia, alega que en este caso se ha vulnerado la legítima confianza de ser renovada en su contratación para el año 2019, particularmente a la luz de lo dispuesto en el artículo 2° letra b) del Acta 19-2012, que señala: “deberá renovarse automáticamente el contrato a los empleados que registren nombramientos en cargos a contrata anual por cinco períodos consecutivos y figuren en lista de méritos durante ese plazo”.

3. El acto impugnado invoca erróneamente el artículo 3 letra b) del Acta 19 -2012 Alega que el acto impugnado invoca erróneamente la norma del artículo 3 letra b) del Acta N° 19- 2012, ya citada, como fundamento para la no renovación de su contrata, toda vez que dicho artículo se aplica respecto de personas que tengan menos de 5 años de antigüedad, en circunstancias que debió aplicarse el artículo 2 letra b) del Acta.

Esta última norma dispone que “Deberá renovarse automáticamente el contrato a los empleados que registren nombramientos en cargos a contrata anual por cinco períodos consecutivos y figuren en lista de méritos durante ese plazo. La Corporación Administrativa deberá tramitar las prórrogas de los contratos de todo el personal que cumpla con estos requisitos”.

Arguye que su parte, en atención al tiempo de duración de su contrata, cumple con el primer requisito de nombramientos por cinco períodos consecutivos.

En lo relativo a figurar en lista de mérito durante ese plazo, indica que éste se cumpliría al haber sido parte de la Lista Sobresaliente por seis años consecutivos (de 2011 a 2016).

4. El acto impugnado es no se funda en antecedentes objetivos de desempeño Deficiente.

A juicio de la recurrente, los antecedentes objetivos que existen en este caso son: 1) el procedimiento disciplinario que se encuentra actualmente de resolución por la Excelentísima Corte Suprema, el cual atendido su estado procesal no puede ser utilizado en este sentido y 2) la calificación del año 2017, el cual a su juicio adolece de irregularidades.

La primera de ellas sería que esta calificación se realizó respecto de un período de tiempo muy breve, tres meses desde que la magistrado llegó a trabajar en el tribunal. Este antecedente junto al hecho del inicio de un procedimiento disciplinario después del ejercicio de su derecho a apelar de la calificación, inducen a la actora a pensar que la Magistrado Araya siente animadversión hacia su parte.

Además estima irregular el hecho de que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San nombre reservado haya bajado su calificación en lugar de mantenerla, lo que vulneraría el principio de prohibición de reforma o “reformatio in peius”.

En cuanto a los derechos o garantías constitucionales vulnerados invoca los siguientes:

1.- Derecho a la integridad psíquica contenido en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, ya que al habérsele privado de su de trabajo ejercido por más de siete años consecutivos y de las remuneraciones que habría podido percibir, se ha afectado gravemente su estabilidad emocional, en particular porque estos hechos han sido la culminación de lo que califica como un proceso de constante hostigamiento en su contra, que se inició desde la llegada de la magistrada Araya al Juzgado Civil de Puente Alto.

2.- Derecho a la igualdad ante la ley, contenido en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, porque no se fundamenta adecuadamente su desvinculación, lo cual la colocaría en una arbitraria situación de desmedro en comparación con los demás funcionarios a Contrata del Juzgado Civil de Puente Alto.

3.- Derecho al debido proceso consagrado en artículo 19 N°3 inciso 4° de la carta fundamental, el cual se habría vulnerado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San nombre reservado en la apelación a su calificación 2017, ya que en el evento de rechazar este recurso, la Corte debió mantener la nota original y no bajarla.

4.- Derecho a la honra, ya que el acto impugnado afecta su honra en cuanto cuestiona gravemente y de forma arbitraria su desempeño laboral, que hasta antes del año 2017 había sido considerado intachable y ejemplar, 5.- Derecho de propiedad sobre un bien incorporal, a saber, el derecho a permanecer en su cargo el que habría sido vulnerado por la decisión de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San nombre reservado que confirmó la no renovación de su Contrata para el año 2019.

Solicita en definitiva que se deje sin efecto la decisión contenida en el Extracto Acta de Pleno Extraordinario N° 121-2018 de fecha 22 de noviembre de 2018 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San nombre reservado en expediente N° Pleno 1068-2018, referida a la no renovación su Contrata para el año 2019, la que consecuencialmente se debe tener por renovada. Pide también que se instruya a la Corporación Administrativa del Poder Judicial y a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San nombre reservado a no actuar del modo impugnado en lo sucesivo, se ordene el pago de las remuneraciones adeudadas, con costas SEGUNDO: Que informa doña Ana Cienfuegos Barros, en su calidad de nombre reservado Corte de Apelaciones de San nombre reservado.

Indica que son efectivos los antecedentes de hecho expuestos en el recurso.

Efectivamente en el año 2017 la recurrente fue calificada con nota promedio 5,96, en lista satisfactoria y recalificada el 3 de enero de 2018 por dicha Corte con nota 5,46 manteniéndose en la misma lista.

Luego, en febrero de 2018 se inició en su contra de la recurrente una investigación disciplinaria que culminó con la decisión del Tribunal Pleno de aplicarle la sanción de censura por escrito, por haber cometido la falta contenida en el artículo 544 N° 1 del Código Orgánico de Tribunales, (faltar de palabra o por escrito o de obra a sus superiores jerárquicos), decisión de la cual apeló, encontrándose pendiente de resolución ante la Excma. Corte Suprema.

En lo relativo a la no renovación de Contrata, ello fue solicitado por los jueces suplentes del Juzgado Civil de Puente Alto, por los motivos y antecedentes que expusieron en su Oficio 208-2018, de 16 octubre de 2018.

La funcionaria efectuó oportunamente sus descargos, sin que su mérito resultara suficiente para desvirtuar los antecedentes que los jueces habían tenido en consideración para solicitar su no renovación, por lo que la Presidenta accedió a esta petición. La recurrente apeló de esta decisión, siendo la resolución confirmada por el Tribunal Pleno, el 22 de diciembre de 2018.

En cuanto a la fecha de notificación de la resolución, la funcionaria solicitó que se declarara la caducidad de ésta por haberle sido notificada extemporáneamente, petición que fue denegada por resolución de la Presidencia de 7 de diciembre de 2018.

Indica la recurrida que el procedimiento de no renovación de Contrata, se atuvo estrictamente a la normativa establecida en el Acta 19 -2012 de la Excelentísima Corte Suprema sobre regulación para el personal a Contrata.

Así, resulta que la notificación no fue extemporánea, toda vez que ella se practicó por estado diario el 28 de noviembre de 2018, como es habitual con las resoluciones del Tribunal Pleno, comunicándose además a la recurrente esta decisión por correo electrónico y carta certificada En cuanto a la vulneración del principio de la confianza legítima, estima la informante que si bien éste pudo tener sustento hasta el año 2016, ello deja de ocurrir cuando la funcionaria baja su calificación en el año 2017, y es objeto de decretos económicos y llamados de atención con posterioridad, coincidiendo ello con la situación de mayor exigencia y mejoramiento del tribunal, originada en la develación de graves falencias en su desempeño. Uno de los elementos integrantes del referido principio es que la actuación que se estima vulneraria se produzca manteniéndose las mismas o similares condiciones que permitieron adquirir esa confianza, lo que no ocurre en la especie.

En lo que respecta a la alegación de errónea aplicación del 3 letra b) del Acta 19-2012, por sobre el artículo 2 del mismo cuerpo normativo, indica que la obligación del artículo 2 está sujeta a dos condiciones, entre las cuales se encuentra figurar en lista de mérito durante el plazo de 5 años, lo que no ocurre en la especie, por ello los jueces de primer grado al solicitar la no renovación de su Contrata invocaron correctamente las facultades contenidas en el al artículo 3 letra B del Acta 19 – 2012 En lo relativo a los antecedentes objetivos de desempeño deficiente, indica que el proceso de calificación 2017 se ajustó a los artículos 273 letra E y 276 inciso 10 del Código Orgánico de Tribunales, toda vez que, la apelación implica una recalificación del funcionario apelante en los términos del 278 del mismo cuerpo legal, lo que excluye la limitación de la reformatio in peius, autorizando a la Corte para rebajar la nota final, lo que en todo caso no hizo variar la inclusión de la actora en Lista Satisfactoria.

Para ello también se tomó en consideración que existen diversas situaciones originadas en el deficiente desempeño de sus labores como Oficial Cuarto del Juzgado Civil de Puente Alto que ameritaron redistribución de causas y la dictación de decretos económicos a su respecto. Entre estas situaciones se destaca:

a)

Que se encontraron 343 escritos pendientes de resolver en la bandeja de trabajo de la recurrente que incluían 75 expedientes físicos en el momento que por iniciar ella su feriado legal se hizo cargo de las materias voluntarias otro funcionario.

b)

Irregularidades en la fijación de audiencias en materias voluntarias, incluyendo su agendamiento para días inhábiles, existiendo diferencias entre las fechas de las audiencias consignadas en el libro respectivo y el sistema informático de tramitación.

c)

Resoluciones no registradas en sistema informático.

d)

Haberse encontrado en los espacios que se guardan las causas para fallo 27 causas sin haberse dictado el decreto correspondiente.

En base a todo lo anterior niega que sus actuaciones hayan afectado los derechos y garantías constitucionales invocados de contrario.

Por último, agrega que la funcionaria fue calificada para el año 2018 en Lista Deficiente, y apelada dicha resolución la Corte la mantuvo en la misma lista, de modo que por aplicación del artículo 278 bis del Código Órgánico de Tribunales, queda removida de su cargo por el sólo ministerio de la ley.

Acompaña a su informe el Expediente Administrativo 1068-2018 iniciado respecto de la actora por la petición de no renovación de su Contrata para el año 2019.

TERCERO: Que en su informe, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, señala en lo medular que es un órgano interno con funciones meramente administrativas; que no tiene atribuciones disciplinarias ni jerárquicas respecto de los empleados de los tribunales y que no es empleadora del personal judicial en general, el cual tiene calidad de funcionario público estatal de nombramiento estatutario, y a cuyo respecto la Corporación se limita a pagar la remuneración con los fondos fiscales asignados para ello al presupuesto del Poder Judicial, En este sentido no solo no es empleadora de la actora doña nombre reservado, sino que no le compete ni tuvo participación alguna en el procedimiento de calificación, como tampoco en cuanto a la decisión del Pleno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San nombre reservado, en cuya virtud se decidió la no renovación de su Contrata.

Con respecto al pago de remuneraciones, señala que lo adeudado a doña nombre reservado fue pagado con fecha 10 de Enero de 2019, siendo abonado directamente en su cuenta corriente.

CUARTO: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, requiere que exista una infracción a un derecho fundamental del artículo19 de la Carta, por medio de una acción u omisión, imputable al Estado y/o particulares, arbitraria o ilegal, que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de ese derecho.

QUINTO: Que, en este caso, la recurrente de protección nombre reservado, reclama que las recurridas Ilustrísima Corte de Apelaciones de San nombre reservado y la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en virtud a la decisión adoptada por ese alto tribunal,en la causa rol Nº Pleno 1068 - 2018, de 22 de noviembre de 2018, según consta en el Extracto Acta de Pleno Extraordinario Nº 121 - 2018, notificada el 04 de diciembre de 2018, mediante la cual se confirmó la resolución que acogió la solicitud de no renovación de su Contrata, y en consecuencia, la desvinculara de sus funciones como Oficial Cuarto a Contrata del Primero Juzgado Civil de Puente Alto, a partir del 31 de diciembre de 2018, y, además, porque la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San nombre reservado, al resolver la apelación a su calificación, con fecha 03 de enero de 2018, no sólo rechaza el recurso sino que además baja su calificación de la nota original de 5,96, a 5,46, actos que califica de ilegales y arbitrarios, habían afectado su derecho a la integridad física psíquica ( artículo 19 Nº 1), su derecho a la igualdad ante la ley y prohibición de discriminación arbitraria ( artículo 19 Nº 2), su derecho al debido proceso, circunscrito a la violación de la prohibición “reformatio in peius” o reforma en perjuicio de su calificación ( 19, Nº 3), derecho a la honra ( 19 Nº4), y el derecho de propiedad ( artículo 19 Nº 24), respectivamente.

SEXTO: Que la señora Ana Cienfuegos Barros nombre reservado Corte de Apelaciones de San nombre reservado en su informe señala que son efectivos los antecedentes de hecho que la recurrente nombre reservado expone en el recurso.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, de lo expuesto por la señora nombre reservado Corte de Apelaciones de San nombre reservado y del examen “ ad visu”, del expediente administrativo denominado Corte de Apelaciones de San nombre reservado, Recurso de Comunicaciones Primera Instancia, Ingreso Corte Nº 1068 - 2018, caratulado “ Oficio Nº 208 - 2018 del Primer Juzgado Civil de Puente Alto Que Solicita lo que Indica", es efectivo que la funcionaria recurrente se ha desempeñado a Contrata en el Juzgado Civil de Puente Alto, desde el año 2011. Que en el año 2017 fue calificada con nota promedio 5,96 en Lista satisfactoria y recalificada el 03 de enero de 2018 por esa Corte de Apelaciones con nota 5,46, manteniéndose en la misma Lista de calificación. Que, en febrero de 2018, se inició en su contra una investigación disciplinaria que culminó con la decisión de aplicarle la sanción de censura por escrito, por haber incurrido en infracción al numeral 1 del artículo 544 del Código Orgánico de Tribunales, decisión de la cual apeló, recurso que se encuentra pendiente ante la Excma Corte Suprema de Justicia.

OCTAVO: Que, además, es efectivo, que la no renovación de la Contrata de la funcionaria señora nombre reservado, fue solicitada por los jueces suplentes señora María José Araya Saavedra y señor nombre reservado, del Primer Juzgado Civil de Puente Alto, por los antecedentes y motivos que dichos jueces suplentes expusieron en su oficio Nº 208 - 2018, de 16 de octubre de 2018; no renovación de la Contrata a la cual accedió la Presidenta señora Ana Cienfuegos Barros, mediante resolución de fecha 14 de noviembre de 2018, notificada el 15 de noviembre de 2018. Y apelada fundadamente dicha resolución ésta fue confirmada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San nombre reservado, mediante resolución de fecha 22 de noviembre de 2018, notificada por carta certificada de fecha 26 de noviembre de 2028; resolución respecto de la cual la recurrente nombre reservado opuso excepción de caducidad con fecha 06 de diciembre de 2018, por haberle sido notificada extemporáneamente, la cual fue denegada por resolución de la Presidenta de fecha 07 de diciembre de 2018, notificada por el Estado Diario con esa misma fecha.

NOVENO: Que, en consecuencia, el presente recurso de protección no puede prosperar, dado que la Ilustre Corte de Apelaciones de San nombre reservado, ha dado correcta aplicación a lo dispuesto en la letra b) del artículo 3º del Acta N 19 - 2012, de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, que reglamenta la Regulación para Personal a Contrata del Poder Judicial, que dispone: “El Juez o Juez Presidente podrá solicitar la no renovación de Contrata a las personas con menos de cinco años de antigüedad o que no figuren en lista de méritos durante ese plazo. Las solicitudes deberán ser fundadas en antecedentes objetivos de desempeño deficiente.”

En efecto, la funcionaria a Contrata señora nombre reservado, tal como lo indica la letra b) del artículo 3º del Acta Nº 19 - 2012, cumplía con el requisito de registrar nombramientos en funciones de cargos a Contrata anual por cinco años consecutivos, en cambio, no cumplía con el requisito impuesto en esa misma norma de figurar en la Lista de méritos durante ese mismo plazo, dado que tal requisito debe ser interpretado, de acuerdo con la extensión de esa disposición, que la funcionaria a contrata recurrente debió figurar en Lista de méritos durante los últimos cinco años consecutivamente, y en el caso de autos sucede que ella solo figuró en Lista de méritos hasta el año 2016, no así durante el año 2017, en el que baja la calificación desde esa Lista.

En consecuencia, esa es la norma atinente y no la de la letra b) del artículo 2º del Acta 19 - 2012, que dispone:

“Deberá renovarse automáticamente el contrato a los empelados que registren nombramientos en cargos a contrata anual por cinco períodos consecutivos y figuren en lista de méritos durante ese plazo.

La Corporación Administrativa deberá tramitar las prórrogas de los contratos de todo el personal que cumpla con estos requisitos.”

Por lo tanto, no hubo de parte de la recurrida violación al principio de confianza legítima, que establece esta letra b) del artículo 2º del Acta 19 - 2012, pues, no se da el supuesto de hecho que establece la norma como precedente necesario para su aplicación y procedencia, esto es, el derecho de la funcionaria a permanecer automáticamente en sus funciones mientras no se configure una causal de expiración de éstas, y, además, de los antecedentes, se verifica el acto por medio del cual se decide desvincular se encuentra suficientemente motivado, es decir, se han señalado los fundamentos que los jueces de primera instancia tuvieron en consideración para solicitar la renovación de la Contrata, y la nombre reservado Corte de Apelaciones de San nombre reservado, en uso de sus facultades, accedió a la solicitud, siendo ésta confirmada por resolución del Pleno de ese tribunal. Sin que tampoco se descubra la supuesta falta de oportunidad de la decisión, en consideración a que ésta se resuelve una vez ejecutoriada la resolución que desestimó el recurso de apelación interpuesto en su contra.

En mérito de lo expuesto, de los antecedentes, no existe aquel restablecimiento del derecho por violación a algunas de las garantías constitucionales que esta Corte deba subsanar, pues, las que denuncia la recurrente señora nombre reservado, por parte de las recurridas Ilustrísima Corte de Apelaciones de San nombre reservado y Corporación Administrativa del Poder Judicial, no lo son; quienes en estos hechos han actuado dentro de la esfera de su competencia y con sujeción a los procedimientos establecidos en la ley.

Y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se desestima el interpuesto por la señora nombre reservado, sin costas.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Jorge Zepeda Arancibia, quien fue de parecer de acoger el recurso de protección y, en consecuencia, dejar sin efecto las decisiones de la nombre reservado Corte de Apelaciones de San nombre reservado y de esa esta Corte, que resolvieron acoger la solicitud de no renovación de la Contrata de la recurrente nombre reservado y rechazar la apelación interpuesta en contra de ésta, de fechas 14 de noviembre de 2018 y 22 de noviembre de 2018, respectivamente, y tener por renovada dicha Contrata de la recurrente en el Juzgado Civil de Puente Alto, durante el año 2019, en virtud de los siguientes fundamentos:

1º Que tales resoluciones que resuelven acoger la solicitud de no renovación de la Contrata de la funcionaria nombre reservado, no describen conductas debidamente comprobadas y determinadas que hayan sido objeto de cargos que se le reprochan, y que, en tales condiciones, pudieren haber tenido la entidad objetiva suficiente para configurar la causal invocada en la solicitud de los jueces suplentes del Juzgado Civil de Puente Alto, en ese sentido.

2º Que, en efecto, el informe del recurso de protección y el expediente respectivo que se adjunta, permite colegir en forma inequívoca que la solicitud de no renovación de la Contrata se habría basado en general en que la recurrente obtuvo una baja calificación en el año 2017, que, con posterioridad, fue objeto de decretos económicos y de llamado de atención: “...coincidiendo con…”, “...la situación de mayor exigencia y mejoramiento del Tribunal originad en la develación de graves falencias de su desempeño.” Además, de tales antecedentes, no consta que haya precedido a la solicitud de no renovación de la Contrata una formulación cargos en contra de la funcionaria, desde que se adujo que habrían faltas disciplinarias que se le atribuirían: “…haberse encontrado 343 escritos pendientes de resolver en la bandeja de trabajo de la señora nombre reservado que incluían 75 expedientes físicos en el momento que por iniciar ella su feriado legal se hizo cargo de las materias voluntarias, incluyendo su agendamiento en días inhábiles, diferencias entre las fechas consignadas en el Libro de Audiencias Voluntarias y las que respecto del mismo proceso registra el Sistema Informático de Tramitación de Causas y resoluciones no registradas en este último sistema; haberse encontrado en los espacios que se guardan las causas voluntarias para fallo 27 causas, sin haberse dictado el decreto correspondiente, lo que motivó un llamado de atención contra la recurrente e hizo necesario reasignar funciones, situaciones todas las que dan cuenta diversos decretos económicos posteriores a la calificación de 2017 que los jueces acompañaron a su petición de no renovar la contrata de la actora para el año 2019.”

3º Que, en efecto, en relación a tales hechos se aplica el Acta 129 - 2007, de la Excelentísima Corte Suprema, para los efectos de los resguardos establecidos para acreditar la responsabilidad funcionaria, mediante una investigación formal y previa, dada a conocer en su oportunidad al funcionario afectado, conteniendo todos los antecedentes que lo inculpan o exculpan, produciéndose en ella la prueba pertinente para fundamentar las imputaciones o para desvirtuarlas y, en su caso, la formulación del cargo a el o los investigados, pudiendo el o los afectados hacer descargos y rendir la prueba atinente dentro de un plazo determinado a fin de obtener una decisión de absolución.

En consecuencia, a juicio del disidente, al resolver respecto de la funcionaria nombre reservado acerca de la no renovación de la Contrata para el año 2019, no se cumplió con lo que ordena la letra b) del artículo 3º del Acta 19 - 2012 de la Excelentísima Corte Suprema, que en forma clara exige obligatoriamente: “Las solicitudes deberán ser fundadas en antecedentes objetivos de desempeño deficiente”.

4º Que, por consiguiente, a juicio del disidente el recurso debe ser acogido, al haberse hecho efectiva la renovación de la Contrata de la recurrente nombre reservado, sin el debido procedimiento que asegurase a ésta el derecho a ser oída y presentar descargos en su defensa, como expresión del debido proceso (nº 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República), de igual forma como corresponde a cualquier funcionario del orden judicial que se encuentre en la misma situación antes de proceder a desvincularla definitivamente por medio de la no renovación (nº 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República), pues no es posible aceptar que, en base a las imputaciones de: a) haber sido incorporada en una Lista de Calificación Anual el año 2017 que no es deficiente; b) en simples decretos económicos y un llamado de atención; y c) un sumario administrativo todavía pendiente, se determine implícitamente que ha incumplido gravemente las obligaciones de su cargo, como significa aplicar en su contra la letra b) del artículo 3º del Acta nº 19 - 2012, y se ordene la no renovación de la Contrata a que tiene derecho ( nº 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República), en base a una solicitud de no renovación no amparada "en antecedentes objetivos de desempeño deficiente" como lo exige la ley, y por lo tanto, constituir en si dicha solicitud, en la vida funcionaria de la recurrente, una comunicación hostil y desprovista de legitimidad, la cual de esa forma la arroja a una situación de indefensión grave y prolongada en el tiempo, lo que sin duda se ha traducido en una presión psicológica en su contra ( nº 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República).

En definitiva, en concepto del disidente, la aplicación en contra de la funcionaria recurrente de la letra b) del artículo 3º del Acta Nº 19 - 2012, para ordenar la no renovación de la Contrata, por las razones dadas precedentemente, constituye en la práctica la más grave de las sanciones atendida su calidad de funcionaria a Contrata del tribunal, puesto que implica su desvinculación definitiva de sus labores, existiendo, además la norma de la letra b) del artículo 2º de esa misma Acta Nº 19 - 2012, que ha originado derechos para la funcionaria y que debieron serles reconocidos.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro señor Zepeda.

Rol Nº 91.069 – 2018.- No firma el Abogado Integrante señor Norambuena Hernández, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y de acuerdo, por ausencia.

Pronunciada por la Novena Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Jorge Zepeda Arancibia e integrada por el Ministro señor Fernando Carreño Ortega y el Abogado Integrante señor Jorge Norambuena Hernández.