nombre reservado con SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

Santiago, once de abril de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, chileno, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra de la Subsecretaría de Interior, representada por don nombre reservado, en razón del acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la no renovación de su contrata profesional, lo que ha significado una perturbación o privación en el legítimo ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 19 números 2 y 24 de la Constitución Política.

Refiere que se ha desempeñado, específicamente, en el área de Extranjería del Servicio recurrido desde el mes de mayo de 2014, en un principio en atención al público y luego en la sección de visas, habiendo comenzando en esta última como analista, pasando a ser supervisor en enero de 2015, ascenso que se fundó en su buen desempeño profesional y excelente evaluación. Luego, explica en detalle las funciones que cumple y cómo él y el departamento al que pertenece han cumplido a cabalidad las metas institucionales. Además, ha sido calificado todos los años en lista 1.

Expone que con fecha 27 de noviembre de 2018 fue notificado de la decisión de la parte recurrida de no renovar su designación a contrata para el año 2019, a través de la Resolución Exenta Nº 6939, de 23 de noviembre de 2018, que se limita a señalar que por temas presupuestarios no se puede resolver su prórroga. En efecto, la resolución que por esta vía impugna dispone en su punto N° 5: “Que el costo de la dotación de personal excede el monto de la asignación contenida para esos efectos en la Ley de Presupuesto, lo que ha obligado a la autoridad a solicitar en diversas oportunidades a la Dirección de Presupuestos (…) incrementos o aumentos de gastos de personal y a efectuar reasignaciones en detrimento de algunos programas, a pesar de lo cual no se ha podido salvar el déficit generado por la situación referida, resultando imposible, por tanto, mantener la dotación actual, la que imperativamente debe ser reducida.” A su juicio, tales argumentos, si bien pueden resultar veraces, no justifican la decisión que ha tomado la autoridad en desmedro suyo, toda vez que no se indica cuáles son los criterios imparciales y objetivos que determinó su no renovación, al contrario de los demás funcionarios que sí fueron renovados.

Sostiene que el acto es arbitrario e ilegal, por cuanto no está suficientemente fundado y no está totalmente tramitado, infringiendo así el artículo 11 inciso 2° de la Ley N° 19.880, pues no bastan simples declaraciones genéricas como lo es el “déficit de presupuesto”.

Asimismo, indica, es arbitrario e ilegal porque la no renovación de una contrata en estos términos no se encuentra conforme al ordenamiento jurídico, toda vez que, si bien la letra c) del artículo 3 del Estatuto Administrativo dispone que el empleo a contrata es de carácter transitorio, ello no significa que éste sea de carácter precario y que pueda ponérsele término en cualquier momento sin un acto administrativo fundado.

En cuanto a la vulneración de garantías constitucionales, desarrolla la afectación que se produce con el actuar de la parte recurrida respecto de aquella consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, estimando que se ha cometido una diferencia arbitraria, perjudicándolo en su calidad funcionaria respecto de otros empleados que continuarán con sus respectivas contrataciones. A ello se añade que en el caso de marras resulta plenamente aplicable el principio de la confianza legítima, en los términos que se ha pronunciado la Contraloría General de la República.

Por lo antes expuesto, solicita se declare ilegal la no renovación de su contrata, se le reincorpore de manera inmediata al ejercicio de sus funciones y se ordene la renovación de su contrata profesional hasta el 31 de diciembre del año 2019, a fin de restablecer el derecho y resarcir el daño causado, con expresa condenación en costas.

Segundo: Que, informando la parte recurrida a través de la abogada doña Alexandra Maringuer Pastene, en representación del Ministro del Interior y nombre reservado y del Subsecretario del Interior, solicita el rechazo del presente recurso, con costas.

Señala que el recurrente ingresó a prestar servicios al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en calidad de honorarios, con fecha 1 de septiembre de 2004, contratación que duró hasta el día 19 de enero de 2005. Posteriormente, el 19 de mayo de 2005 fue promovido a la calidad de contrata profesional, grado 8 E.U.R, siendo calificado siempre en lista 1. Que ha trabajado siempre en el Departamento de Extranjería y Migración, primero en la OIRS y luego en la sección de visas. Agrega que se dio término primeramente a la contrata en el año 2011, para luego volver a trabajar al Departamento de Extranjería y Migración en mayo de 2014, en calidad de contrata. Y el día 27 de noviembre de 2018 fue notificado de la resolución que decide no prorrogar la contrata para el año 2019.

En lo que respecta a las labores específicas del recurrente, indica que estas fueron propias del cargo que ejerció como analista de visas y supervisor de visas. Sobre su desempeño refiere que presenta sumarios administrativos en curso, de los cuales por su carácter secreto no cuenta con mayor información.

Refiere en cuanto a la decisión impugnada que esta se funda en las normas legales que cita y en que, después de evaluar las necesidades del servicio, sin perjuicio de la situación de déficit presupuestario, de conformidad a lo señalado por el Jefe del Departamento de Extranjería y Migración en documento reservado de fecha 21 de noviembre de 2018 dirigido la Jefa de la División de Administración y Finanzas de la Subsecretaria del Interior, se ha procedido a suprimir uno de los grupos de visas existentes en dicho departamento, en atención que existen suficientes funcionarios ejerciendo una misma labor administrativa, lo que hace necesario racionalizar los servicios para evitar duplicaciones injustificadas y así poder destinar nuevos recursos a otras unidades del departamento en cuestión que presten mayores requerimientos para el adecuado cumplimiento de sus funciones. Por lo expuesto, la jefatura en cuestión decidió suprimir en su totalidad el grupo con menor experiencia en el servicio, con el propósito de dar cumplimiento a los principios de eficiencia y eficacia.

Solicita el rechazo del presente recurso, en primer término, por no ser la vía idónea para los fines perseguidos por el actor. En efecto, señala, mediante la acción de protección de autos, se está solicitando que se le ordene dejar sin efecto la Resolución Exenta impugnada y se reincorpore al señor nombre reservado a sus funciones, con goce íntegro de sus remuneraciones, desde el 31 de diciembre de 2018 hasta su efectivo reintegro, con expresa condenación en costas. Sin embargo, la acción de protección no es la vía idónea para resolver la legalidad y/o la arbitrariedad de este acto administrativo, según la naturaleza de este remedio judicial y lo establecido en el propio Dictamen N° 6.400, de 2018, de la Contraloría General de la República, que actualizó las instrucciones y criterios complementarios fijados en el Dictamen N° 85.700, de 2016, sobre confianza legítima en las contratas.

Luego, indica que no se ha incurrido en ilegalidad ni arbitrariedad en la no renovación de la contrata del recurrente, por cuanto el Ministro del Interior y nombre reservado actuó en su calidad de jefe máximo de esta Secretaría de Estado, contando con plenas facultades legales para resolver acerca de las renovaciones del personal bajo su mando. En lo que respecta al señor nombre reservado, la Administración atendió estrictamente el estándar exigido por la actual jurisprudencia los Tribunales Superiores de Justicia, y de la Contraloría General de la República, dictando un acto administrativo que expresa cada uno de los fundamentos de la decisión de no renovar su contrata. Y no debe confundirse una supuesta falta de motivación del acto administrativo con la disconformidad legítima que plantea el recurrente respecto de dichos fundamentos, puesto que no estar de acuerdo con los mismos, no importa su inexistencia o falta de validez.

Por lo demás, puntualiza, la Resolución Exenta impugnada cita textual y expresamente el documento reservado de fecha 21 de noviembre de 2018, del jefe de la Departamento de Extranjería y Migración, por lo que aquel instrumento contiene la totalidad de las razones consideradas que tuvo a la vista la autoridad para proceder de esta forma, teniendo de respaldo razones suficientes para ello.

Sostiene además que no hay afectación del principio de confianza legítima, considerando que la misma Contraloría ha sostenido que sus pronunciamientos no afectan las facultades que tienen las autoridades respectivas en torno a las contratas, en particular, en cuanto a la atribución de decidir su no renovación o el término anticipado.

Finalmente, niega haber conculcado los derechos constitucionales que se indican en el recurso, razonando en torno a los numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, haciéndose cargo de algunos postulados que no fueron esgrimidos en el libelo.

Tercero: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Cuarto: Que el señor Ministro del Interior y nombre reservado no ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno. En efecto, de la lectura del acto impugnado se desprende que la autoridad administrativa sí fundó su actuar, contiene el acto administrativo aludido todos los razonamientos que llevó a la recurrida a no renovar la contrata del recurrente por no ser ya necesarios sus servicios, cumpliéndose entonces con lo que exige el inciso segundo del artículo 11 de la ley 19.880, sin que la judicatura pueda reemplazar el juicio de la autoridad administrativa. Lo cierto es que el acto está motivado y el hecho que el recurrente no comparta los argumentos de la autoridad recurrida no lo torna en infundado. Y claramente no pueden los tribunales revisar la fundamentación pues en tal caso abandonaría su papel de juzgador y se convertiría en administrador, lo que ni la Constitución Política de la República ni la ley permiten. Se trata de un cargo a contrata que, según lo informado por la autoridad, se tiene desde mayo de 2014 -sin perjuicio de nombramientos anteriores-, mientras eran necesarios los servicios del recurrente, decidiendo la misma autoridad, por un acto motivado, que procedía no renovar tal contrata.

Quinto: Que, por lo demás, la contrata del recurrente no se terminó por decisión de la Administración, esto es, no es la Resolución N°6939 de 23 de noviembre de 2018 la que decidió poner fin a su empleo, sino el simple transcurso del tiempo, pues la letra c) del artículo 3° de la ley 18.834 señala que empleo a contrata es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución y que, conforme al artículo 10 de la misma ley, nunca pueden durar más allá del 31 de diciembre de cada año, según se encarga de señalar el artículo 10 de la citada ley, de suerte que ni siquiera ha debido el Ministro del Interior y nombre reservado dictar la Resolución N° 6939, bastaba para terminar la contrata el que se cumpliera el plazo del último día del año 2018. Y lo que haya dicho la Contraloría General de la República sobre esta particular no obliga a la judicatura.

Sexto: Que, por todo lo dicho, sólo corresponde rechazar el recurso de protección intentado pues, se reitera, la decisión de la administración plasmada en la Resolución N° 6939 de 23 de noviembre de 2018 del Ministro del Interior y nombre reservado de no renovar la contrata del señor nombre reservado, no es ni ilegal ni arbitraria y se plasmó en una resolución debidamente fundada, cumpliéndose con lo dispuesto en los artículos 2° letra c) y 10 de la ley 18.834 y 11 inciso segundo de la ley 19.880, a lo que debe agregarse que las controversias que puedan existir acerca de dicha fundamentación supera los márgenes del recurso interpuesto.

Séptimo: Que, en todo caso, ninguna de las garantías que se dicen amagadas merecen este adjetivo. En efecto, la igualdad ante la ley -N° 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República- debería haberse acreditado demostrando que la Administración ha obrado de una manera distinta con alguna persona en iguales circunstancias que el recurrente, lo que no ha sucedido. El N° 16° del mencionado artículo 19 de la Carta Fundamental sólo está protegido en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección, lo que, ciertamente, la Administración no ha amagado. Finalmente, el N° 24° de la misma norma protege el derecho real de dominio sobre bienes corporales e incorporales, no la denominada “propiedad en el empleo”, que nada tiene que ver con el referido derecho real.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional deducida en estos autos, sin costas.

Se previene que el Ministro señor Mera concurre al rechazo del recurso teniendo, además, presente:

I.- Que como se dijo en la presente sentencia, toda designación de funcionarios “a contrata” en la administración pública, de acuerdo con la ley 18.834, es esencialmente transitoria y no puede exceder del 31 de diciembre del año correspondiente en que la contrata empieza a regir. No se ha discutido que el recurrente fue nombrado “a contrata” para desempeñar funciones en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública “y mientras sean necesarios sus servicios”, siempre que no excedan del 31 de diciembre del mismo año. La resolución impugnada decidió no renovar dicha contrata para el año 2019 pero, de acuerdo al tenor del artículo 10 de la ley 18.834, “Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año…”. Luego, no es la Resolución impugnada la que causa perjuicio a la recurrente sino la norma legal aludida, la que, por fuerza no puede ser objeto de una acción de protección.

II.- Que, consecuentemente, la Administración, si tiene facultades para hacer cesar la contrata en cualquier tiempo antes del 31 de diciembre de 2018, con mucha mayor razón puede decidir no renovar la contrata para el año 2019 y no será esta decisión la que ponga término a su contrata sino la llegada del plazo respectivo, plazo que está contemplado en la ley.

III.- Que, a mayor abundamiento, y tal como se consignó en esta sentencia, en la especie el acto que decidió no renovar la contrata está debidamente motivado y no corresponde a los tribunales hacer un juicio, al menos en sede de protección, de tales fundamentos.

Redacción del Ministro señor Mera.

Regístrese.

N° 91.002-2018.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por la Fiscal Judicial señora nombre reservado y por la Abogado Integrante señora Pía Tavolari Goycoolea.

No firma la Fiscal Judicial señora nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.

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