nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO)

C.A. de Santiago Santiago, diez de marzo de dos mil veintitrés.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparecen doña nombre reservado, don nombre reservado y doña nombre reservado, abogados, en representación de nombre reservado y recurre en contra del Superintendencia de Seguridad Social por el acto arbitrario e ilegal consistente en la Resolución Exenta N° R-01-IBS-171028-2021 de fecha 13 de diciembre de 2021, por la cual se confirmó el rechazo de las licencias médicas Nºs RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, vulnerando la garantía constitucional del artículo 19 N°1 y 24 de la Constitución Política de la República.

Explica que, las referidas licencias fueron rechazadas por estimar que el reposo no se encontraba justificado por lo que no era posible extender el reposo más allá de los 311 días que fueron autorizados previamente.

Explica que, el 3 de julio de 2020, el médico general nombre reservado, emitió un informe indicando que el recurrente padecía de trastorno de ansiedad, otorgándole reposo por 15 días. Posteriormente, cita sucesivos informes que da cuenta que los sintomas se mantienen.

En su relato, el recurrente relaciona la patología ansisosa con problemas de salud preteritos, particularmente el tratamiento por un tumor cancerígeno.

Argumenta que, la decisión carece de rechazo de las licencias médicas, carece de fundamentos suficientes, teniendo presente que no se instruyó la realización de un peritaje previo con el propósito de esclarecer la condición actual de salud del recurrente, y prescindiendo además de las conclusiones del médico tratante.

Estima que el acto recurrido vulnera el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica y el derecho de propiedad del recurrente, pues el referido rechazo impacta severamente en su salud, produciendo un deterioro de la misma al no poder tomar los descansos necesarios para recuperarla, añadiendo que su patrimonio se vio mermado, al encontrarse impedido de acceder al subsidio por enfermedad.

Solicita que se acoja el recurso, aprobando y ordenando el pago, por quién corresponda, de los subsidios por incapacidad laboral temporal derivados de las licencias médicas Nºs RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, o bien, la declaración de esta Corte en igual sentido; sin perjuicio de adoptar todas las otras medidas necesarias tendientes a restablecer el imperio del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que la Superintendencia de Seguridad Social evacuó informe, solicitando el rechazo del recurso.

En primer lugar, alega la improcedencia de la acción de protección en materias relacionadas con el derecho a la seguridad social, aseverando que el asunto sobre el que versa la acción incide en un aspecto específico del derecho reconocido en el artículo 19 N°18 de la Constitución Política, no contemplado en la enumeración taxativa del prevista en su artículo 20.

En subsidio de lo anterior, y en cuanto al fondo del asunto, luego de hacer referencia al marco normativo que regula las licencias médicas, sostiene que el recurrente carece de un derecho indubitado respecto de la licencia, teniendo en consideración que tras sucesivas instancias de revisión, se concluyó que era improcedente la autorización de la licencia.

En este sentido, refiere que el actor reclamó mediante presentación de fecha 24 de septiembre de 2020, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región Metropolitana, que rechazó las licencias médicas N°s RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 30 días, a contar del 07 de junio de 2020, por reposo no justificado.

La Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que el reposo ya autorizado de 311 días por el mismo diagnóstico se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y su reintegro laboral, de acuerdo a los antecedentes médicos tenidos a la vista.

Por otra parte, el actor reclamó con fecha 30 de noviembre de 2020, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que rechazó las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 105 días, a contar del 08 de julio de 2020, por reposo no justificado.

Luego de un estudio acabado de los antecedentes, la Superintendencia nuevamente confirmó el rechazo, considerando que no habían antecedentes médicos suficientes para hacer variar lo resuelto.

Respecto de ambas resoluciones, el recurrente presentó recurso de reconsideración, con fecha 19 de abril de 2021. Esta presentación, fue rechazada, considerando que los antecedentes médicos no se encuentran ampliamente fundados, puesto que se trata de diagnosticos entregados por médicos no especialistas, sin descripción de la evolución clínica del cuadro, sin plan de tratamiento o ajustes farmacológicos, sin derivación a dispositivos de mayor complejidad y sin detalles sobre un proceso psicoterapéutico.

A mayor abundamiento, señala que los especialistas médicos del Servicio elaboraron informes que justificaron la decisión de rechazo de anteriores licencias médicas del recurrente, y en lo que atañe a las reclamadas por el presente recurso, se estableció que los antecedentes entregados son escuetos y vagos, no permiten aclarar la complejidad del cuadro del reclamante, el impacto funcional de los síntomas, su evolución o la necesidad de mayor ajuste de tratamiento farmacológico y/o psicoterapéutico.

En razón de lo anterior, descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de la Superintendencia y la vulneración de las garantías constitucionales que se reclaman, ya que en el dictamen impugnado se exponen las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado, luego del estudio y ponderación de los elementos necesarios y en concordancia con los criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en ese organismo de control.

Solicita que la acción sea desestimada en todas sus partes, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

CUARTO: Que, respecto de la alegación de improcedencia de la garantía invocada, es efectivo que el artículo 20 de la Constitución Política de la República no contempla la garantía del N° 18° del artículo anterior entre los derechos protegidos, de suerte que en cuanto el recurso se apoya en esa garantía no puede prosperar. Sin embargo, tal circunstancia no excluye la posibilidad de que esta Corte examine y se pronuncie sobre la legalidad de la actuación reprochada, precisamente por el rango constitucional, de tutela de urgencia y el carácter desformalizado de la acción de protección.

QUINTO: Que, en relación a la impugnada Resolución Exenta N° R-01-IBS-171028-2021 de fecha 13 de diciembre de 2021, de su lectura se advierte que la licencia médica en cuestión fue rechazada por la causal de reposo injustificado, al no haber acompañado el recurrente ningún antecedente que amerite efectuar un nuevo estudio de lo ya resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social.

SEXTO: Que el artículo 149 del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, cuerpo legal que, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto. En el artículo 156 del mencionado D.F.L., se trata del beneficio de licencia médica que también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional. Define la licencia médica en el artículo 1° del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, agregando que, de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Asimismo, en ejercicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social conforme al artículo 19 Nº 18 inciso 4º de la Constitución Política y el artículo 2º de la Ley Nº 16.395 modificado por la Ley N° 20.691 del año 2013, citando además los artículos 27 y 38 de la Ley Nº 16.395.

SÉPTIMO: Que, asimismo, el procedimiento para su autorización está regulado en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, artículo 11 y siguientes, corresponde a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, en el caso de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos.

Por otra parte, las COMPIN deben resolver, como en el caso del recurrente acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

De las resoluciones que las COMPIN emitan en alguna de las situaciones descritas, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y, por último, reclamar de la resolución de la COMPIN que resuelve el recurso de reconsideración ante la Superintendencia de Seguridad Social.

Al mismo tiempo, los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las COMPIN, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar la licencia médica de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.

OCTAVO: Que, por su parte, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, le corresponde la de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Es la Ley N° 16.395, en su artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, que señala las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia”; y “c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia”.

Enseguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”

En su inciso segundo la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

Por su parte, el artículo 27 de la Ley N° 16.395, establece que a esa Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

NOVENO: Que, de esta forma, es dable colegir que con arreglo a lo dispuesto en el inciso final del artículo 1° de la Ley N° 16.395, que fija el Texto refundido de la Ley de Organización y atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social, corresponde a dicho Servicio la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y de conformidad a la ley. Luego de acuerdo con los artículos 2°, 3° y 27 la referida entidad tiene la calidad de organismo técnico de control de las instituciones de previsión, entre las que se encuentra la COMPIN.

DÉCIMO: Que, como se advierte, la actividad realizada por la Superintendencia, se ajustó rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

Así las cosas, decidido el rechazo de las licencias del recurrente por la COMPIN, la Superintendencia confirmó dicha decisión y luego resolvió las solicitudes que guardaban relación con el mismo asunto, obrando dentro de las facultades que la ley le confiere, con arreglo al carácter técnico que ostenta y las facultades de fiscalización con que cuenta, dejando constancia de los fundamentos tenidos en vista para decidir como lo hizo.

UNDÉCIMO: Que por lo demás, lo decidido guarda correspondencia con el concepto de temporalidad que de las licencias médicas entrega el artículo 1° del Decreto Nº 3, que Aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en cuanto “entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante; el o los profesionales; según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante COMPIN, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante SEREMI, que corresponda, o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda”.

DUODÉCIMO: Que descartada ilegalidad o arbitrariedad en el acto impugnado, resulta innecesario hacerse cargo de las garantías denunciadas como vulneradas por ausencia de los supuestos básicos de la acción interpuesta.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese y, oportunamente, archívese.

Protección N°91-2022.