nombre reservado con SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

C.A. de Santiago Santiago, veinte de marzo de dos mil diecinueve.

A los escritos folios 11, 12 y 13: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que recurre de protección don nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado en contra de la Subsecretaría del Interior, representada legalmente por don nombre reservado, sociólogo, cédula de identidad número RUT reservado, o por quien haga sus veces, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° 7080 de 23 de noviembre de 2018, notificado personalmente el 27 del mismo mes y año, el cual decretó la no renovación de su contrata, considerando que dicho acto afecta sus garantías constitucionales del artículo 19 N° 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando que se deje sin efecto la citada resolución y/o adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar su debida protección y, por tanto, se ordene su reintegro en sus funciones y el pago de las remuneraciones mientras estuvo separado de las mismas, con expresa condena en costas, en virtud de los argumentos que expone:

Señala que presta servicios para el Servicio Gobierno Interior, en específico para la Intendencia Regional Metropolitana desde el año 2003 a la fecha, realizando labores de administrativo grado 12 E.U.S. a honorarios, ejerciendo sus labores durante todo este tiempo de la mejor manera posible. Sin embargo, el día 27 de noviembre de 2018 se dicta la resolución que motiva el recurso, esgrimiendo como principal argumento la circunstancia de existir a juicio del Intendente Regional Metropolitano, un deficiente cumplimiento en sus funciones, lo que habría sido expresado en un documento reservado a la Jefa de la División de Administración y Finanzas de la Subsecretaría del Interior.

Manifiesta que la única razón esgrimida para la no renovación fue que “el funcionario realiza sus labores con lentitud y dejación, incluso respecto de las tareas que le han sido pedidas por escrito, como ocurrió con el requerimiento en carácter de urgente que se le hizo en julio de este año, para que actualizará el inventario de los bienes y activos de la Intendencia, terminando de hacerlo recién a fines de octubre. Habitualmente busca justificaciones para no realizar su trabajo y es además una persona de difícil trato que no busca la resolución de conflictos sino que más bien los crea artificialmente para su beneficio”, lo que constituiría un incumplimiento del artículo 61 de la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo, relacionado con el artículo 11 de la Ley N°18.575. Indica que el contenido de la resolución recurrida, ha sido recibida por distintos funcionarios en diversas gobernaciones, con idéntica redacción.

Sostiene que el acto recurrido sería arbitrario e ilegal, habida cuenta que no existen fundamentos que permitan sostener la necesidad de su desvinculación solamente en la tensión a un supuesto bajo desempeño en el ámbito de sus funciones, toda vez que existen mecanismos objetivos, instruidos por la ley, para poder enjuiciar la calidad del trabajo de un funcionario público, aludiendo al Reglamento de Calificaciones de la Administración Pública (Decreto N°1.875 de 7 de septiembre de 1998), estableciendo el legislador mecanismos de terminación del vínculo con aquellos funcionarios que se encuentren en la lista más baja de calificación, asegurando un proceso lo más objetivo y transparente posible.

En su caso, si se analiza su último informe desempeño se puede observar que se ha apegado al cumplimiento de las funciones encomendadas por el servicio y se ha mantenido en la mejor lista de calificación funcionaria, lo que pugna por el contenido de la resolución mediante la cual se resuelve la terminación de su vínculo.

En relación a las faltas que se le imputan, indica que apenas fue designado como encargado del inventario en el mes de marzo de 2018 pudo notar inmediatas irregularidades, tales como la falta de actualización del inventario desde el año 2016, falta de facturas y registros, entre otros. Dado el contexto y lo complejo de la tarea el proceso tomó tiempo, pero siempre circunscrito los plazos e instrucciones establecidas por el propio Ministerio. lo mismo ocurriría respecto de su conductas de supuestos malos modos al interior del lugar de trabajo, cuestión que no se condice con su participación activa en el Comité Paritario, en la Junta de Calificación y en el contexto de la implementación del cuestionario ISTAS de parte de la Mutual de Seguridad.

Agrega que no ha existido ninguna otra instancia de evaluación donde se hayan esgrimido diferencias respecto a la forma en que presta sus servicios y se relaciona con usuarios y equipos de trabajo por lo que no se puede permitir que la opinión del Gobernador emitida un mes después de sus calificaciones oficiales, tenga la entidad suficiente para poner fin a una relación funcionaria intachable.

La situación expuesta vulneraría su derecho de igualdad ante la ley ya que se le da un trato discriminatorio al resolver la no renovación de su contrata, llevando 15 años con una conducta intachable; además derecho de libertad de trabajo y su protección ya que se le priva de su sustento de vida familiar por motivos ilegales y arbitrarios coartándose la posibilidad de continuar ejerciendo en un trabajo donde tenía proyecciones de mantenerse y; por último vulnera su derecho de propiedad se tiene respecto de la estabilidad en el empleo consagrado en la administración del Estado impidiéndole continuar con su ejercicio laboral y, por tanto, a percibir los beneficios que se derivan de esta actividad.

SEGUNDO: Que informa al tenor del recurso don Francisco Castro Salgado, abogado, en representación del Subsecretario del Interior, señalando que el recurrente ingresó al Servicio de Gobierno Interior en calidad jurídica de contrata, auxiliar grado 20 EUR el 1 de marzo de 2003 para desempeñarse en la Delegación Provincial de Santiago. Posteriormente, el actor fue contratado en calidad jurídica contrata, como técnico, grado 12 EUR para prestar labores en la Intendencia Regional Metropolitana. En los años siguientes, su designación fue prorrogada sucesivamente, notificándosele su última prórroga el año 2017, extendiendo su contratación hasta el 31 de diciembre de 2018. En cuanto a las labores específicas del recurrente, estas son las propias de la Unidad de Servicios Generales del Departamento de Administración y Finanzas de la Intendencia Regional Metropolitana.

Sostiene que pese la importancia de su labor, se evidenciaron notorias deficiencias en el desarrollo de la labor del servidor, consistentes en retrasos injustificados en el desempeño sus tareas, especialmente en el último período, en lo relativo a la actualización del inventario de los bienes y activos de la Intendencia que culminó siete meses luego de su designación. No obstante haber entregado instrucciones por escrito esta no fueron cumplidas, además que dicho encargo se le entregó en calidad de urgente. Por otra parte señala que en el período servido entre el año 2007 a 2017 sus labores fueron realizadas no exentas de observaciones, sin que el señor nombre reservado registre una conducta intachable ya que en una oportunidad fue sancionado en un procedimiento disciplinario que culminó con la imposición de una sanción de multa de un 5% de su remuneración mensual.

En cuanto al recurso señala que la acción de protección se limita aquellos actos cuya arbitrariedad o ilegalidad sobre derechos preexistentes indubitables sean evidentes, impidiéndose que puedan emplearse para declarar o constituir situaciones jurídicas nuevas, por lo que considera que esta no es la vía idónea para resolver el problema planteado por el recurrente.

Manifiesta que el acto impugnado está revestido del legalidad mes el Subsecretario del Interior actuó dentro de sus facultades para resolver acerca de las renovaciones del personal, sin que el recurrente haya sido sometido a calificación en el período 2017-2018 por formar parte de la Junta Calificadora, quedando en evidencia que el actor optó por acogerse a la calificación anterior, debido a su precalificación que daba cuenta de deficiencias en las labores efectuadas.

Agrega que el Gobierno se ha preocupado de acatar las consideraciones vertidas públicamente por el Presidente de la República en el Oficio Circular N° 21, de 28 de noviembre de 2018, del Ministerio de Hacienda. En dicha circular entregan orientaciones y lineamientos generales que los jefes de servicio deben tener en consideración en los procesos de no renovación de contratas. En este caso se dictó un acto administrativo que expresa cada uno de los fundamentos de la decisión de no renovar su contrato dando cumplimiento a la obligación de motivar la resolución de no renovación, respetándose íntegramente el marco procedimental y los lineamientos que garantizan el respeto de los derechos de todos los funcionarios públicos, sin que exista una vulneración al debido proceso ni afectación al principio de “confianza legítima”.

En relación con las garantías fundamentales que el recurrente estima conculcadas, señala que no hay afectación al derecho a la igualdad ante la ley ya que la autoridad facultada para determinar la continuidad de los funcionarios resolvió no prorrogar la contrata por medio un acto fundado y sin que exista un deber jurídico de renovar la contrata del recurrente, sumado antecedentes de deficiencias en los deberes funcionarios. Tampoco existiría vulneración al derecho de la libertad de trabajo, ya que no se advierte de qué manera el aviso de no renovación de su contrata podría amenazar, perturbar o privarle de su derecho a buscar, obtener, ejercer o desempeñar cualquier actividad remunerativa, amparándose en este acápite únicamente el legítimo ejercicio de la libertad de trabajo sin que se incluye la protección al derecho de conservar el empleo. Por último, no se afecta el derecho de propiedad que tiene posible entender que las personas que desarrollan funciones públicas tengan derecho de propiedad sobre estas. Pide, en consecuencia, que se rechace en todas sus partes, con costas la acción cautelar deducida.

TERCERO: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

CUARTO: Que la Subsecretaría del Interior no ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno. En efecto, de la lectura de la resolución impugnada se desprende que la autoridad administrativa sí fundó su actuar, contiene el acto administrativo aludido todos los razonamientos que llevó a la recurrida a no renovar la contrata del recurrente, cumpliéndose entonces con lo que exige el inciso segundo del artículo 11 de la Ley N° 19.880, sin que la judicatura pueda reemplazar el juicio de la autoridad administrativa. Lo cierto es que el acto está motivado y el hecho que el recurrente no comparta los argumentos de la autoridad recurrida no lo torna en infundado.

QUINTO: Que toda designación de funcionarios “a contrata” en la administración pública, de acuerdo con la Ley N° 18.834, es esencialmente transitoria y no puede exceder del 31 de diciembre del año correspondiente en que la contrata empieza a regir. No se ha discutido que el recurrente fue nombrado “a contrata” para desempeñar funciones profesionales en el Servicio de Gobierno Interior a contar del 1 de junio de 2015 “y mientras sean necesarios sus servicios”, siempre que no excedan del 31 de diciembre del mismo año, dictándose luego su renovación sucesiva. El Decreto impugnado decidió no renovar dicha contrata para el año 2019 pero, de acuerdo al tenor del artículo 10 de la Ley N° 18.834, “Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año…”. Luego, no es el decreto impugnado el que causa perjuicio al recurrente, sino la norma legal aludida, la que, por fuerza no puede ser objeto de una acción de protección. Consecuentemente, la Administración, si tiene facultades para hacer cesar la contrata en cualquier tiempo antes del 31 de diciembre de 2018, con mucha mayor razón puede decidir no renovar la contrata para el año 2019, y no será esta decisión la que ponga término a su contrata, sino la llegada del plazo respectivo, que está contemplado en la ley. A mayor abundamiento, y tal como ya se consignó, en la especie el acto que decidió no renovar la contrata está debidamente motivado y no corresponde a los tribunales hacer un juicio, al menos en sede de protección, de tales fundamentos.

SEXTO: Que, entonces, la contrata de la recurrente no se terminó por decisión de la autoridad, esto es, no es la Resolución Exenta N° 7080 la que decidió poner fin a su empleo, sino el simple transcurso del tiempo, pues la letra c) del artículo 3° de la Ley N° 18.834 señala que empleo a contrata es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución y que, conforme al artículo 10 de la misma ley, nunca pueden durar más allá del 31 de diciembre de cada año, según se encarga de señalar el artículo 10 de la citada ley, de suerte que ni siquiera ha debido la autoridad dictar la antedicha resolución, bastaba para terminar la contrata el que se cumpliera el plazo del último día del año 2018. Y lo que haya dicho la Contraloría General de la República sobre este particular no obliga a la judicatura.

SÉPTIMO: Que, por todo lo dicho, sólo corresponde rechazar el recurso de protección intentado pues, se reitera, la decisión de la administración de no renovar la contrata del señor nombre reservado, no es ni ilegal ni arbitraria y se plasmó en una resolución debidamente fundada, cumpliéndose con lo dispuesto en los artículos 2° letra c) y 10 de la Ley N° 18.834 y 11 inciso segundo de la Ley N° 19.880, a lo que debe agregarse que las controversias que puedan existir acerca de dicha fundamentación supera los márgenes del recurso interpuesto.

OCTAVO: Que, en todo caso, ninguna de las garantías que se dicen amagadas merecen este adjetivo. En efecto, la igualdad ante la ley -N° 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República- debería haberse acreditado demostrando que la Administración ha obrado de una manera distinta con alguna persona en iguales circunstancias que el recurrente, lo que no ha sucedido. El derecho de propiedad, garantizado en el N° 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, como muchas veces se ha dicho, no guarda relación con el caso sub judice, pues ciertamente no existe un derecho de propiedad sobre el ejercicio de una función pública, no tuvo nunca la recurrente el derecho de dominio sobre su empleo a contrata. Y la garantía del N° 16 del artículo 19 de la Carta Fundamental sólo está protegida por el artículo 20 del mismo texto en lo que hace a la libertad de trabajo, la que ciertamente no se ha conculcado.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional deducida en estos autos, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-90984-2018.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora Jenny Book Reyes e integrada por el Ministro (I) señor José Santos Pérez Anker y por la Ministro (I) señora Bárbara Quintana Letelier.

Santiago, veinte de marzo de dos mil diecinueve, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.