nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, catorce de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece Pablo Peñaloza Parra, abogado, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales de técnico extranjero, formulada al amparo de la Ley N°18.156, comunicado por correo electrónico de 11 de marzo de 2026, vulnerando de esta forma las garantías consagradas en el artículo 19 Nos 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Menciona que, en su calidad de profesional extranjera, solicitó ante la primera recurrida la devolución de sus fondos previsionales, sosteniendo cumplir íntegramente con los requisitos copulativos que la Ley N°18.156 exige, esto es, la afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y la manifestación de voluntad de mantener dicha afiliación en su contrato de trabajo. Expone que la recurrida fundó el rechazo en que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no cumpliría con la normativa aplicable.

Sostiene que ese rechazo es arbitrario e ilegal, toda vez que dicho documento incorpora un código de verificación electrónica contrastable en los portales oficiales del organismo previsional venezolano, sin que la recurrida hubiese verificado su autenticidad ni expuesto razonamientos de hecho o fundamentos de derecho para desestimarlo, incorporando, a su juicio, una exigencia de legalización o apostilla que no está expresamente contemplada en el artículo 1° de la ley ya señalada. Añade que la ausencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela haría, en su concepto, extremadamente gravosa la obtención de dicha legalización, circunstancia que asimila al caso fortuito o fuerza mayor.

Pide finalmente que se reconozca como válida la documentación acompañada y se ordene a la recurrida efectuar un nuevo pronunciamiento que viabilice la devolución de sus fondos previsionales dentro de un plazo razonable.

Segundo: Que la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. evacuó informe solicitando el rechazo de la acción, con costas.

Expone que la recurrente presentó su solicitud el 10 de marzo de 2026, acompañando título profesional, una constancia de afiliación al IVSS y los contratos de trabajo suscritos con Global Mercury Chile S.A. y Laboratorios Andrómaco S.A.; que se le solicitó acompañar un certificado de afiliación idóneo, por cuanto el documento aportado no sería apto para acreditar la afiliación exigida, careciendo de firma autorizada y no encontrándose legalizado ni apostillado, no bastando para suplir dicha exigencia formal la sola incorporación de un código de verificación electrónica, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Argumenta, además, que la cláusula por la cual la trabajadora manifestó su voluntad de mantener su afiliación previsional extranjera solo fue incorporada mediante anexo de contrato suscrito el 1 de febrero de 2024, esto es, más de cuatro años después del contrato original de 1 de septiembre de 2019, configurando, a su juicio, una manifestación tardía y contradictoria que, conforme a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, obliga a hacer primar la afiliación al sistema previsional chileno durante el período no cubierto por dicha declaración.

Tercero: Que la Superintendencia de Pensiones evacuó informe solicitando que se declare improcedente el recurso en su contra por exceder la materia el ámbito de la acción cautelar y, en subsidio, que se rechace, con costas.

Expone que la recurrente no registra ante ese organismo reclamo ni presentación alguna relativa a los hechos que motivan el recurso, sin que el libelo individualice un acto u omisión propio y distinto de dicho organismo. Sostiene, en subsidio y sobre el fondo, que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS acompañada por la recurrente carece de firma autorizada y no se encuentra legalizada ni apostillada; que la alegación de caso fortuito o fuerza mayor se ve debilitada por el reconocimiento de la propia recurrente en cuanto a que la obtención del documento legalizado es solo “difícil” y no imposible, pudiendo el trámite efectuarse en sedes consulares de terceros países o por vía electrónica ante el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela; y que la cláusula previsional fue incorporada tardíamente, en los mismos términos alegados por AFP Modelo.

Cuarto: Que el recurso de protección, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales cuando este resulte amenazado, perturbado o privado por un acto u omisión ilegal o arbitrario. En la especie, corresponde determinar si el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada por la recurrente al amparo de la Ley N°18.156, fundado en la insuficiencia de la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS para acreditar la cobertura previsional en Venezuela, constituye un acto ilegal o arbitrario que amerite la intervención de esta Corte a través de la presente acción cautelar.

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes acompañados por las partes, aparece que el acto recurrido consiste en la negativa de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo a dar curso a la solicitud de devolución de fondos previsionales del recurrente, fundada en la insuficiencia de la documentación presentada para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley N°18.156, particularmente en lo relativo a la afiliación a un sistema de seguridad social en el extranjero. En efecto, consta que la recurrida requirió la presentación de un certificado de afiliación debidamente legalizado o apostillado, exigencia que no fue satisfecha por el actor, procediéndose en consecuencia al rechazo del ingreso de su solicitud, circunstancia que se encuentra corroborada por la comunicación remitida al recurrente.

Sexto: Que, sobre el particular, cabe tener presente que la Ley N°18.156 establece un régimen de excepción que permite a determinados trabajadores extranjeros eximirse de la obligación de cotizar en el sistema previsional chileno, así como solicitar la devolución de los fondos enterados, siempre que se cumplan copulativamente los requisitos previstos en su artículo 1°. Entre ellos, resulta esencial acreditar la afiliación a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, exigencia que, conforme a la normativa administrativa vigente, debe ser acreditada mediante certificación emanada de la institución competente, debidamente legalizada o apostillada.

En este sentido, tanto el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones como las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones -órgano encargado de la supervigilancia del sistema- imponen a las Administradoras la obligación de verificar el cumplimiento estricto de dichos requisitos, careciendo estas de facultades para prescindir de las formalidades exigidas por el ordenamiento jurídico. Así, se ha señalado expresamente que la acreditación de la afiliación previsional en el extranjero requiere la presentación de documentación formalmente válida, no siendo suficiente la mera constancia electrónica o documentos que no cumplan con las exigencias de legalización o apostilla.

Séptimo: Que, en estas condiciones, no es posible estimar que la actuación de la recurrida revista el carácter de ilegal o arbitraria, toda vez que se limitó a aplicar la normativa legal y administrativa que regula la materia, exigiendo antecedentes que resultan indispensables para verificar la procedencia del beneficio solicitado. En efecto, la negativa impugnada se sustenta en la falta de acreditación de un requisito esencial, lo que impide tener por configurado un derecho indubitado en favor del recurrente, cuestión que, como se ha señalado, resulta indispensable para la procedencia de la presente acción cautelar.

Octavo: Que, por otra parte, las alegaciones de la actora relativas a la imposibilidad de obtener la apostilla del documento no resultan suficientes para desvirtuar la legalidad del actuar de la recurrida, desde que tales circunstancias no autorizan a esta última a prescindir de exigencias establecidas en la ley y en la normativa sectorial vigente, cuya observancia le es obligatoria.

Noveno: Que, en consecuencia, no advirtiéndose la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria que haya privado, perturbado o amenazado el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, el presente recurso de protección no puede prosperar.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20, ambos de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección constitucional deducido en favor de nombre reservado y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección-9096-2026.