ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE con CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Santiago, diez de junio de dos mil catorce.

Vistos:

Comparece el abogado don Mario Ricardo Meza Adriazola, en representación de la Ilustre Municipalidad de Iquique, interponiendo recurso de protección en contra de la Contraloría General de la República, representada por don nombre reservado, por haber dictado el Oficio Dictamen N° 1291, de 8 de enero pasado y notificado a la Municipalidad el 28 de dicho mes.

Invoca la garantía constitucional prevista en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad. Pide dejar sin efecto dicho Decreto, en virtud del cual se ratifica todo lo obrado por la Contraloría Regional de Iquique, mediante oficios números 950 y 1860, de 4 de abril y 28 de junio, ambos de 2013. Expresa que dicha anulación debe adoptarse por tratarse de una materia litigiosa y fuera de su competencia.

El órgano de control recurrido perturba o priva de su patrimonio propio al Municipio al decidir que es improcedente disponer el término de los contratos de trabajo de un grupo de servidores dependientes de la Municipalidad por el vencimiento del plazo establecido en los mismos, atendido a que sus convenios se habían convertidos en indefinidos, de conformidad con el artículo 159 N° 4 del Código del Trabajo. Con ello se infraccionan los artículos 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, artículos 6 y 7 de dicha Carta, artículos 1°y 6° de la Ley N° 10.336 y el artículo 420 letra c) del Código del Trabajo.

Explica que un grupo de trabajadores, contratados bajo la figura de un contrato de trabajo y durante varios periodos fueron cesados en sus cargos, por la causal de vencimiento del plazo pactado. Los trabajadores recurrieron a la Contraloría, la que ordenó iniciar la revisión de los contratos de trabajo, aduciendo la Municipalidad que estaban contratados a plazo fijo y que habían accionado ante los Tribunales del Trabajo. Asimismo, un fallo de la Excma. Corte Suprema, que menciona, señaló que el contrato de plazo fijo de un funcionario municipal no puede transformarse en indefinido. Sin embargo, la Contraloría Regional les da un carácter de contrato indefinido, pudiendo poner término por alguna causal legal (artículo 160 del Código del Trabajo, por ejemplo).

Agrega que la materia está radicada en los Tribunales de Justicia, por lo que carece de competencia. Los trabajadores no son funcionarios municipales porque no tienen la calidad de planta o contrata. Expone que, en todo caso, en la mayoría de los casos, existe finiquito y en los juicos ha habido transacciones.

El acto de la entidad fiscalizadora, pretende que se mantengan los contratos de trabajo, pagándoseles las remuneraciones por todo este tiempo, provocando un grave perjuicio económico. También se afectó la igualdad ante la ley, pues la sentencia de la Excma. Corte Suprema frustra las expectativas de un grupo de trabajadores y ahora, con este dictamen, otras personas se ven favorecidas. La Municipalidad tiene legitimación activa al tenor de lo resuelto por el ato tribunal en los autos Rol N° 2791-2012. Además, ha actuado dentro del plazo para recurrir pues la Contraloría General es la que dicta la resolución definitiva y los pronunciamientos de la Contraloría Regional estaban sujetos a los recursos de reposición y jerárquico.

Don nombre reservado, Contralor General de la República, en su informe agregado a fojas 57 explica los antecedentes que se tuvieron en cuenta para la emisión del Oficio N° 1291 de 2014, agregando que la acción de protección es inadmisible o bien es procedente su rechazo. Para este efecto, señala que en el caso de la Municipalidad de Iquique se expidieron los oficios números 950 y 1860, ambos de 2013, relacionados con la situación laboral de ex servidores de la Municipalidad, regidos por el Código del Trabajo y que fueron objeto de una desvinculación ilegal y arbitraria, conforme al artículo 159 N° 4 del Código del Trabajo, esto es, vencimiento del plazo del contrato. El pronunciamiento de la Contraloría Regional señaló que el contrato de trabajo celebrado entre la Municipalidad y el correspondiente funcionario, debía entenderse de duración indefinida, no ajustándose a derecho el proceder de la Municipalidad por cuanto no acreditó la configuración de la causal y por tanto debía ajustar su actuación a una causa legal, pagando, si procediera, las sumas que correspondan. La situación laboral de los trabajadores es que sus contratos a plazo fijo fueron reiterados sin solución de continuidad y por lo tanto, no cumplían los requisitos previstos en el artículo 159 N° 4 del estatuto laboral. El dictamen 1860 se pronunció de manera idéntica al anterior y el N° 1291 de 2014, de la Contraloría General confirmó los pronunciamientos de la sede regional de Tarapacá.

Expresa, en consecuencia, la extemporaneidad del recurso por cuanto el que es materia del recurso no hace sino confirmar lo obrado por la Contraloría Regional. Además, manifiesta que la Municipalidad de Iquique no tiene legitimación activa, pues está sujeta a la fiscalización de la Entidad de Control conforme al mandato constitucional y a la ley orgánica de la Contraloría, que ejerce el correspondiente control de legalidad. Se busca impugnar las atribuciones de la Contraloría y debatir los criterios jurídicos de la Contraloría Regional, lo que es ajeno a la finalidad del recurso de protección. Por lo demás, no se ha cometido ilegalidad o arbitrariedad alguna en la emisión oficio N°1291 de 2014. Respecto del fondo, explica que los funcionarios municipales contratados conforme al Código del Trabajo son servidores públicos sujetos a la fiscalización del órgano contralor por cuanto la expresión estatuto administrativo comprende todas las disposiciones legales y reglamentarias a que están sometidos los funcionarios públicos. Cabe agregar que la propia Municipalidad, al solicitar la reconsideración de los oficios números 950 y 129, ha reconocido las facultades de la Contraloría General para interpretar y pronunciarse sobre las materias. En cuanto al carácter litigioso del asunto, ello no inhibe a la Contraloría de ejercer su función, exponiendo que una sentencia de la Excma. Corte Suprema tiene efecto relativo respecto de la partes de dicho juicio. Finalmente, por las razones que indica, no se han vulnerando las garantías de la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad. Pide el rechazo del recurso. Acompaña documentación que indica.

Se procedió a la vista del recurso, escuchándose los alegatos de los abogados de la recurrente y del Consejo de Defensa del Estado.

Considerando:

1° Que previamente, se analizará la extemporaneidad del recurso alegado por la Entidad de Control. La recurrente es coincidente con ésta en el sentido que la Contraloría Regional de Iquique, mediante oficios números 950 de 4 de abril de 2013 y 1860 de 28 de junio del mismo año, concluyó que los contratos de trabajo celebrados entre la Municipalidad de Iquique con los trabajadores, deben entenderse de duración indefinida, por lo cual deben regularizar su situación. El 4 de julio del año pasado, la Municipalidad dedujo una reconsideración para que la Contraloría General de la Republica se pronunciara al respecto, lo que fue resuelto el 15 de enero de 2014 mediante Oficio N° 1291;

2° Que el recurrente, precaviendo esta excepción, ha señalado que el recurso se presentó dentro del plazo de 30 días a que alude el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema en razón que lo obrado por la Contraloría General es una resolución definitiva no susceptible de recurso alguno, en circunstancias que conforme al artículo 15 de la Ley N° 19.880, las resoluciones de los órganos del Estado son revocables vía reposición y jerárquico, según lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley N° 10.336 Orgánica de la Contraloría General;

3° Que acorde a lo dispuesto en el N° 1 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, la acción se interpondrá dentro del plazo total de 30 días corridos…desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto del acto. En la especie, los oficios números 950 y 1860 de la Contraloría Regional de Iquique fueron debida y cabalmente conocidos por la entidad edilicia de momento que solicitaron en julio del año pasado reconsideración de lo resuelto. El oficio N° 1291 de 2014 constituye una confirmación y reiteración de los oficios emitidos por la Contraloría Regional y de esta manera la acción cautelar ha sido presentada fuera del plazo ya indicado, pues precisamente son los oficios del año 2013 los que constituyen la causa de la eventual existencia de privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de las garantías constitucionales invocadas. No obsta a esta conclusión lo aseverado por el recurrente ya que el procedimiento a que alude la Ley N° 19.880 es de naturaleza administrativa, inserta en los órganos del Estado, sin vincularse con el aspecto jurisdiccional específico a que se refiere el Auto Acordado del alto tribunal. El criterio sustentado por la actora supone la no aplicación del plazo judicial y la irrelevancia de lo resuelto por el organismo de control regional, lo que es contrario a la desconcentración y eficiencia, entre otros, de los órganos y servicios públicos. De manera que se acogerá la extemporaneidad del recurso;

4° Que sin perjuicio de lo indicado, cabe agregar que el propósito perseguido por la Municipalidad escapa y excede largamente la finalidad y naturaleza del recurso de protección, pues en la práctica, por esta vía de urgencia constitucional, se solicita que la Contraloría General se inhiba de cumplir su rol constitucional y legal de fiscalización de las actuaciones municipales y que se cumplen por medio de oficios, circulares, dictámenes, etc., discutiendo los argumentos jurídicos esgrimidos por la recurrida con motivo del cese de funciones de empleados municipales. Por lo demás, no se discute que el oficio cuestionado fue dictado en razón de las facultades que la Constitución Política y su Ley Orgánica le otorgan a la Contraloría General, configurando lo que se denomina Jurisprudencia Administrativa, que establece “una interpretación de las normas legales y administrativas, fijando su sentido y alcance, que es de cumplimiento obligatorio para la respectiva autoridad y que deben observar los órganos sometidos a su fiscalización” (dictámenes N°72.479 de 1976 y 14.448 de 1988, citados por el Contralor Sr. Mendoza en su informe corriente a fojas 57);

Atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por la Ilustre Municipalidad de Iquique en contra de don nombre reservado, Contralor General de la Republica.

Regístrese y comuníquese.

Rol Proteccion-9088-2014.- Pronunciada por la Cuarta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Manuel Muñoz Pardo e integrada por la Ministra señora Dobra Lusic Nadal y el Abogado Integrante señor Eugenio Benítez Ramírez.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, diez de junio de dos mil catorce, notifiqué en secretaría por el estado diario la sentencia precedente.