nombre reservado con nombre reservado

Santiago, treinta y uno de julio de dos mil catorce.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO:

Que don nombre reservado, don nombre reservado; don nombre reservado; y, don nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, han recurrido de protección contra de nombre reservado, miembro de la comisión liquidadora de la Empresa Periodística La Nación S.A. y contra nombre reservado, Tesorero General de la República, ambos domiciliados en domicilio reservado, pidiendo se ordene a la recurrida dejar sin efecto el proceso de licitación pública de la Empresa Periodística La Nación.

SEGUNDO: Que fundamentando la acción cautelar intentada, los recurrentes señalan que el 27 de enero de 2014 se efectuó la enajenación del medio de comunicación, (La Nación), en un acto de privatización arbitrario e ilegal que atenta gravemente el derecho a la información.

TERCERO:

Que, según los recurrentes, los recurridos al ejecutar el acto señalado han incurrido en un acto ilegal y arbitrario por cuanto la empresa periodística La Nación mantenía una sólida situación contable de manera que, la eliminación de tal empresa no es más que un capricho político destinado a acallar un medio de comunicación social.

CUARTO:

Que, de esta manera, al parecer de la recurrente, el proceder de la recurrida constituye un acto ilegal y arbitrario que “priva, perturba o amenaza” garantías que la constitución reconoce a todas las personas, en particular, el numeral 12 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que, informando la recurrida a fs.74 y 93 expresan, en primer lugar, que el recurso interpuesto es improcedente. Por cuanto no se dan en la especie los actos calificados como ilegales o arbitrarios y agregan que lo señalado por los recurrentes demuestra un desconocimiento absoluto de lo ocurrido con la empresa periodística la nación.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo del recurso, los recurridos expresan que este no cumple con los requisitos y condiciones establecidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, toda vez que en la especie no existen actos u omisiones por parte de la Superintendencia que se puedan calificar de arbitrarias o ilegales y menos que pudieren provocar perturbación o amenaza de los derechos garantidos por la Constitución de propiedad.

En cuanto a la legalidad de la resolución, la recurrida afirma que ésta es plenamente legal pues se dictó por la autoridad competente en uso de las atribuciones exclusivas que la ley le otorga sobre el particular. - En relación a la supuesta arbitrariedad imputada a la resolución impugnada, los recurridos sostuvieron que la resolución impugnada en ningún caso podría ser considerada arbitraria o caprichosa, pues fue el fruto de un detenido estudio que guardó plena armonía con la realidad que atravesaba la empresa.

SÉPTIMO:

Que, de acuerdo a lo señalado en los considerandos anteriores, a juicio de esta Corte, para resolver el asunto sometido a su conocimiento y decisión, se debe determinar, en primer término, la procedencia del recurso de protección interpuesto, para luego, si fuera del caso, analizar el acto denunciado como ilegal o arbitrario y determinar si éste afecta las garantías constitucionales de la recurrente.

OCTAVO: Que, en relación a la procedencia de la acción intentada se debe considerar lo siguiente:

El recurso de protección –como es unánimemente aceptado- requiere para su procedencia, la concurrencia simultánea de un conjunto de requisitos. Entre ellos, -la existencia de un acto o una omisión ilegal o arbitraria; -que dicho acto viole, perturbe, conculque o amenace garantías que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas; y, finalmente, -que quién lo interpone, se encuentre ejerciendo legítimamente un derecho indubitado. Tan solo en este último caso se le puede reconocer al que acciona de protección, legitimidad activa.

NOVENO:

Que, analizando los referidos requisitos en un orden inverso al recién señalado, esto es, estudiando en primer lugar la legitimación activa, cabe tener presente que el derecho comparado la ha definido señalando: “el interés legítimo se caracteriza como una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión, de tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo o negativo actual o futuro pero cierto, debiendo entenderse tal relación referida a un interés en sentido propio, cualificado y específico, actual y real. Se trata de la titularidad potencial de una ventaja o de una utilidad jurídica, no necesariamente de contenido patrimonial, por parte de quién ejercita la pretensión, que se materializaría de prosperar ésta” (Tribunal Constitucional de España, STC52/2007).

Que, por su parte La Excma. Corte Suprema de Chile ha sostenido sobre el particular: “la voz interés utilizada en esa disposición, (se está refiriendo al artículo 292 del Código del Trabajo), porque si bien la norma otorga legitimación activa a cualquier interesado, no por eso cualquier persona puede accionar en esta materia, ya que se precisa de interés y el interés procesal es el móvil del actor y debe ser actual, no basta con que sea futuro o eventual; directo, o sea, particular de quien lo ejerce y legítimo, es decir, lícito”. El mismo fallo agrega que la acción de autos no es popular.... (24 de marzo de 2009, rol 196-09).

De la misma manera, el máximo tribunal ha resuelto: “Aun cuando se puede recurrir de protección por sí o por otro a su nombre, es requisito básico para que la acción sea acogida que quien, o para quien se pide protección, sea un sujeto específico "afectado" en el ejercicio legítimo de su derecho, que es el legitimado para accionar, aunque otro deduzca la acción por él, por cuanto no se trata de una acción popular, desde que el imperio del derecho que hay que restituir es el que ha sido alterado por el menoscabo que sufre en su derecho el afectado con el agravio, mediante un interés personal, concreto y actualmente comprometido. (19 de marzo de 1997, rol 4658-96)

DECIMO: Que, compartiendo estos sentenciadores las opiniones transcritas del Tribunal Constitucional de España y de la Excma. Corte Suprema de Chile, en relación a la legitimación activa, se observa que en la especie que el recurrente no tiene “una relación unívoca” con “el objeto de la pretensión....., debiendo entenderse tal relación referida a un interés en sentido propio, cualificado y específico, actual y real.”

UNDECIMO:

Que, en tales circunstancias, la acción cautelar interpuesta deberá desecharse por cuanto, tal como lo ha sostenido la Excma Corte Suprema, el recurso de protección no es una acción popular, desde que el imperio del derecho que hay que restituir es el que ha sido alterado por el menoscabo que sufre en su derecho el afectado con el agravio, mediante un interés personal, concreto y actualmente comprometido.

Por lo expuesto, resulta que, sin perjuicio que la recurrente no ha aportado antecedentes que formen convicción suficiente para estimar que en el presente caso, exista un acto arbitrario o ilegal que amague, altere o prive al actor del legítimo ejercicio de los derechos que la Constitución asegura a todas las personas y de acuerdo también a lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección, Se rechaza, el recurso deducido en lo principal de fojas 48.

Redacción del Abogado Integrante señor Cruchaga.

Regístrese y archívese..

Nº9069-2014 No firma el Ministro (S) señor Gómez, por encontrarse en comisión de servicio.

Dictado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Alfredo Pfeiffer Richter integrada por el Ministro Mario Gómez Montoya y por el Abogado Integrante señor Angel Cruchaga Gandarillas.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a treinta y uno de julio de dos mil catorce, notifique en secretaría por el estado diario la resolución precedente.