Protección contra Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Norte

Santiago, dieciséis de abril de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Que a fojas 8 comparece doña Alejandra Novoa Vásquez, abogada, en representación de Central de Restaurantes Aramark Ltda., empresa del giro de su denominación, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Norte, representada por don nombre reservado, por haber cursado una multa administrativa mediante Resolución N° 8599/18/80 en sus numerales 1 al 6, de 17 de octubre de 2018, que sancionó a su representada con una multa ascendente al equivalente a 156,75 Unidades Tributarias Mensuales, equivalentes a la suma de $ 7.490.390.

Sostiene que con fecha 26 de noviembre pasado, su representada fue notificada de dicha resolución, la cual impuso la medida antes citada, por “1. No escriturar el contrato de trabajo respecto de la trabajadora doña nombre reservado, quien prestó servicios desde el día 23 de julio al 27 de julio de 2018, generando boleta de honorarios electrónica, habiéndose verificado que se encontraba bajo subordinación y dependencia del empleador” “2. No llevar, para los efectos de controlar la asistencia y determinar las horas de trabajo ordinarias o extraordinarias, un registro de asistencia respecto de la trabajadora doña nombre reservado.U.T. RUT reservado”. “3. No entregar, junto con el pago de las remuneraciones un comprobante con indicación del monto pagado, de la forma como se determinó y de las deducciones efectuadas, en el período de julio de 2018, respecto de la trabajadora doña nombre reservado”. “4. No declarar oportunamente las cotizaciones previsionales en la o las AFP correspondientes, por los períodos y montos impositivos de los trabajadores que se individualizan en el anexo previsional adjunto, que forma parte integrante de esta resolución. Trabajadora afectada doña nombre reservado.U.T. RUT reservado” “5. No declarar oportunamente las cotizaciones previsionales en la sociedad administradora del seguro de cesantía, respecto del trabajador, período y monto que se indican en el anexo previsional adjunto. Trabajadora (sic) afectada doña nombre reservado.U.T. RUT reservado” “6. No cumplir con la obligación de afiliación y cotización del seguro social obligatorio de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, respecto de la trabajadora doña nombre reservado.U.T. RUT reservado”

Refiere que el análisis, interpretación y calificación jurídica que la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Norte hace de los hechos y de los artículos 1, 9, 417, 420 y 505 del Código del Trabajo, en relación a la procedencia de calificación de existencia de una relación de carácter laboral en el caso de la clara circunstancia de tratarse de una relación de carácter civil, de prestación de servicios a honorarios entre las partes de 4 días de duración, dónde el legislador expresamente entrega dicho análisis, interpretación y calificación jurídica a los Tribunales Superiores de Justicia - se traduce en un acto ilegal y arbitrario que pugna con la debida interpretación legal de dichas normas, privándola de ejercer un derecho legítimo consagrado por la ley.

Afirma que lo realizado por el ente fiscalizador lo transforma en una comisión especial, vulnerando la garantía constitucional establecida en el inciso quinto del número 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En cuanto al derecho expresa que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 420 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución Política de la República, la jurisprudencia uniforme de nuestros Tribunales Superiores de Justicia ha establecido que la Dirección del Trabajo y sus Inspecciones son incompetentes y exceden en las facultades que les otorgó el legislador al proceder a resolver y pronunciarse sobre controversias jurídicas entre empleadores y trabajadores, y cursar multas en que establece o dirime una controversia jurídica entre partes, ya que dicha facultad se encuentra entregada de forma privativa los Juzgados del Trabajo, quienes son los premunidos de la jurisdicción para resolver dichas controversias. Cita jurisprudencia.

Alega que en el presente caso, y a pesar de que convenientemente omite dicha circunstancia la fiscalizadora, la supuesta infracción imputada por ésta pasa por el establecimiento de la vulneración del fuero maternal otorgado por la ley exclusivamente a aquellas mujeres que tienen la calidad de trabajadoras y no otras, cuestión que es entregada expresamente a los Tribunales de Justicia, excediendo a su vez, las facultades otorgadas por medio del artículo 201 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 174 del mismo cuerpo normativo.

Expone que aparece de manifiesto que el ente fiscalizador ha superado con creces el marco de facultades que le han sido entregadas por el legislador, inmiscuyéndose en materias entregadas de forma exclusiva a la competencia de los Juzgados del Trabajo y, consecuencialmente, se ha constituido en una comisión especial, por lo que procede que se deje sin efecto la multa cursada, condenando expresamente en costas a la recurrida por la manifiesta infracción a las normas legales y constitucionales expuestas.

Concluye señalando que, en base a las consideraciones expresadas y a los argumentos jurídicos vertidos, el acto emanado de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Norte recurrida en los términos analizados, materializados en la sanción administrativa ya transcrita, se ha tornado en un acto que atenta contra el ejercicio de derechos constitucionales y legamente consagrados, vulnerando mediante tal resolución administrativa la garantía constitucional a no ser juzgado por comisiones especiales contenida en el artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución Política de la República, siendo necesario corregir tal vicio dejando sin efecto la resolución administrativa N° 8599/18/80 en sus numerales 1 al 6, de fecha 17 de octubre de 2018, notificada a su parte con fecha 26 de noviembre de 2018.

2°.- Que evacuando el correspondiente informe dispuesto por esta Corte, don Guillermo Vera Zapata, abogado, en representación de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Norte, solicita el rechazo de la acción de protección, con costas.

En primer lugar, explica, procede el rechazo de la acción atendida la naturaleza del acto recurrido, pues la ley común contempla procedimientos administrativos y judiciales de revisión de la sanción impuesta, no siendo ésta la vía procesal para dejarla sin efecto.

En segundo lugar señala que en todo momento los funcionarios de la Inspección han actuado conforme a la ley y en la esfera de sus facultades, por lo cual no ha existido la vulneración de garantías reclamadas ni las ilegalidades señaladas.

Respecto de las alegaciones de la contraria, refuta enfáticamente por no ajustarse a la legalidad vigente, toda vez que la fiscalización que culminó con la resolución de multa recurrida por esta vía, no tuvo su origen en el mero capricho de la recurrida, si no que tuvo su génesis en la denuncia Nº1307/2018/2521, que fuere interpuesta ante la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Poniente en contra de la Recurrente de Protección, por doña nombre reservado, fundándose en la siguiente descripción: “Trabajadora denuncia encontrarse en informalidad laboral prestando servicios para Central de Restaurantes Aramark Ltda., en la Instalación Hospital San Juan de Dios, señalando que fue desvinculada el 27 de julio de 2018, pese encontrarse amparada por fuero maternal, adjuntando certificado de nacimiento que da cuenta de lo expuesto”.

Agrega que, una vez interpuesta una denuncia por parte de un trabajador o de una organización sindical ante el servicio público, este se encuentra obligado a investigar los hechos denunciados, más aun cuando la Dirección del Trabajo cuenta con facultades para para fiscalizar, contando la fiscalizadora con atribuciones legales y siendo su actuación ajustada a la legalidad.

Indica que conforme a los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República que consagraron el denominado “principio de legalidad” o de “juridicidad” los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, los cuales, además, actuarán válidamente cuando actúen dentro de su competencia y en la forma prescrita por la ley. Es decir, tales órganos, dentro de los que se encuentra la Dirección del Trabajo y consecuentemente las Inspecciones del Trabajo, deben actuar con estricto apego a los mandatos constitucionales y legales, y dentro de la esfera de sus atribuciones, so pena de incurrir en actos nulos y en responsabilidades susceptibles de ser sancionadas conforme a derecho.

Precisa que de conformidad a los artículos 505 inciso 1° y 503 del Código del Trabajo, en relación a las normas referidas, el D.F.L. N° 2 de 1967, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, que contiene las normas que establecen las funciones y atribuciones de la Dirección del Trabajo y de sus inspectores norma esta última, en la que se establecen específicamente las funciones y atribuciones de los Inspectores del Trabajo y, el artículo 33 del citado D.F.L. N° 2, en relación al artículo 503 del Código del Trabajo, establece el procedimiento para la aplicación de las multas y su consecuencial reclamo en sede jurisdiccional.

En cumplimiento de la normativa citada, la fiscalizadora de la recurrida, ante una denuncia efectuada, se constituyó en el domicilio de la actora a fin de verificar la efectividad de los hechos denunciados, cumpliendo su actuación con todas las normas legales que amparan su proceder.

Que de acuerdo a lo expuesto por la fiscalizadora actuante en su informe de exposición, ésta requirió la documentación pertinente, además, de entrevistarse con representantes del empleador y de tomar declaración jurada a doña nombre reservado. De acuerdo a lo expuesto, pudo constatar los hechos de los cuales dejó constancia en el acta de fiscalización, estimando que correspondía aplicar las multas reclamadas.

Precisa que la Dirección del Trabajo tiene la función de fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral, y las sanciones que aplique por infracciones a la misma se deben establecer mediante resoluciones administrativas, las que pueden ser impugnadas por los empleadores afectados por dos vías, una contenida en el artículo 503 del Código de Trabajo y la segunda consagrada en el artículo 511 del mismo texto legal. Y que, además, la resolución del Director del Trabajo que se pronuncia sobre la solicitud de reconsideración administrativa es reclamable ante el Tribunal Laboral dentro de 15 días de producida su notificación.

Indica que el recurso es improcedente en atención a la falta de los requisitos constitucionales para su interposición, así en base a lo prescrito en el artículo Nº 20 de la Constitución Política, y a lo sustentado reiteradamente por los Tribunales Superiores de Justicia y por la doctrina constitucional, el recurso de protección, acción de protección de rango constitucional, debe reunir ciertos y determinados presupuestos o requisitos en forma copulativa para su procedencia, no concurriendo en la especie el primero de ellos, por cuanto no ha existido un acto arbitrario e ilegal.

En este orden, entiende por ilegal aquel acto que se aparta de la normativa legal destinado a regirlo y por arbitrario aquel acto que es inmotivado, carente de fundamento razonable, que parece ser fruto del mero capricho o de la sinrazón, esta parte viene en señalar que la resolución de multa N°8599/18/80-1-2-3-4-5-6, dictada por la fiscalizadora dependiente de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Norte, carece de ilegalidad, pues fue cursada con estricta sujeción a lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República y a lo dispuesto en el artículo 505 del Código del Trabajo y artículo 1º del DFL Nº2 del año 1967, esto es, la funcionaria que impuso la multa actuó con estricto apego a las normas constitucionales, del Código del Trabajo y del D.F.L. Nº 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, como también, dicha funcionaria, actuó previa investidura de su cargo y dentro del ámbito de aplicación de la legislación laboral atingente al caso en específico que fija su competencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 505 del Código del Trabajo y reiterado por el artículo 1º letra a) del D.F.L. N° 2 del año 1967, establece que a la Dirección del Trabajo le corresponde la fiscalización de la aplicación de la legislación laboral.

En consecuencia, la Resolución impugnada por esta vía no es arbitraria, pues no es el fruto del mero capricho o de la sinrazón de la fiscalizadora al aplicar la multa, sino que es producto de la facultad que la ley le ha encomendado a la Dirección del Trabajo, tanto en la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y previsional como respecto del ejercicio de la facultad de sancionar las infracciones que constate según lo dispuesto en el artículo 349 y 506 del Código del Ramo.

En cuanto a la supuesta contravención al principio non bis in ídem, señala que el recurso de protección no es la vía idónea para tutelar una eventual lesión a este principio, al no encontrarse contemplada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, toda vez que en la especie no se configura la triple identidad que hace posible acoger la vulneración denunciada, como tampoco el hecho de que se esté sancionando dos veces por lo mismo.

Finalmente en cuanto a la vulneración de la garantía establecida en el inciso quinto del N° 3 del art. 19 de la Constitución Política de la República:

Expone que con la resolución de multa cursada no existe una transgresión que prive, perturbe o amenace la garantía establecida en el artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución Política, pues como ya señaló, dicha resolución resulta de la actuación de la recurrida atendida las facultades fiscalizadoras que le confieren la ley. En la actuación no ha existido ejercicio de facultades jurisdiccionales propia de los tribunales ordinarios de justicia, no se ha estado en presencia de una comisión especial, ni se ha ejercido acto jurisdiccional alguno.

3°.- Que recapitulando, cabe tener presente que la fiscalización a la empresa Central de Restaurantes Aramark Ltda., que culminó con la dictación de la resolución de multa que motiva la presente acción de protección, tuvo su origen en una denuncia formal presentada por doña nombre reservado, fundada en la circunstancia de haber sido despedida de su trabajo, en circunstancias que se encontraba amparada por fuero maternal. Así, en cumplimiento del mandato legal, se efectuó la investigación respectiva por una fiscalizadora de la Inspección del Trabajo recurrida, que culminó con la comprobación de la efectividad de los hechos denunciados.

La referida investigación concluyó, a través de la documentación que fuera exhibida, (certificado de nacimiento del hijo de la trabajadora), que efectivamente la trabajadora a la época de su despido se encontraba en informalidad laboral, no allanándose el empleador a reincorporar a la trabajadora a la razón social Central de restaurantes Aramark Ltda., sin perjuicio de que ésta se encontraba con fuero maternal.

4°.- Que si bien correspondía a la Inspección del Trabajo recurrida, verificar la autenticidad de la denuncia planteada por la señora nombre reservado, tal tarea decía relación con las facultades entregadas por la ley para tal efecto, esto es, debía proceder a la verificación de los hechos, pero, sin entrar en la calificación de la relación laboral que unía a las partes involucradas. Cabe recordar que la señora nombre reservado, desempeñó una labor de cuatro días, por la que extendió la correspondiente boleta de honorarios, materia entonces que le corresponde dilucidar a la justicia ordinaria y no la ha podido calificar la Inspección del Trabajo recurrida, en los términos del artículo 420 letra a) del Código del Trabajo, en relación con el artículo 505, del mismo cuerpo legal.

5°.- Que así las cosas, la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Norte, incurrió en un acto arbitrario al calificar la “relación laboral” habida entre las partes, toda vez que tal función, asiste a los tribunales de justicia.

6°.- Que de los antecedentes aportados, apreciados conforme a las normas correspondientes, es posible constatar que existen elementos de convicción suficientes para tener por acreditado que, en el presente caso, ha habido un acto arbitrario que priva a la actora del legítimo ejercicio de derechos o garantías enumerados en el artículo 20 de la Carta Fundamental, en especial, el del N° 24 del artículo 19, esto es, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 N° 24 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge el recurso deducido por doña Alejandra Novoa Vásquez, en representación de Central de Restaurantes Aramark Ltda. y se dispone que se deja sin efecto la multa que le fuera impuesta a ésta por Resolución N° 8599/18/80-1-2-3-4-5 y 6, de fecha 17 de octubre de 2018.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro Sra. Solís.

Rol N° 90.668-2018.