nombre reservado con SUBSECRETARIA BIENES NACIONALES VALPARAISO

Santiago, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparecen los abogados señores Claudio Quezada de la Jara y Luis Alberto Silva Rojas, domiciliados ambos en Santo Domingo 1083, oficina 502, Santiago, actuando en favor de doña nombre reservado, antropóloga, domiciliada en domicilio reservado, y recurren de protección en contra del Ministerio de Bienes Nacionales, representada por el Ministro señor Felipe Ward Edwards y por su Subsecretaria doña Alejandra Bravo Hidalgo, domiciliados todos en domicilio reservado, por el acto que considera ilegal y arbitrario contenido en el Decreto N°361 de 26 de noviembre de 2018, que decidió no renovar su contrata como profesional en dicha repartición, y que vulnera las garantías constitucionales contempladas en los artículos 19 Nº 2°, 3° inciso quinto, 16° y 24° de la Constitución Política de la República.

Expone que se desempeñó como funcionaria a contrata para la recurrida desde el mes de noviembre de 2007, siendo prorrogada tal contrata durante todo este tiempo. Señala que ha tenido una conducta intachable y ha sido calificado en la Lista N°1 de Distinción, pero a pesar de lo anterior, el día 26 de noviembre de 2018, mediante el Decreto N° 361, dando como fundamento en forma escueta, genérica e imprecisa “los nuevos lineamientos instruidos por la jefatura de división, requiere un cambio en el perfil de los profesionales” y que “los profesionales encargados de los asuntos indígenas cuenten con experiencia en materia de control de gestión y manejo estadístico de bases de datos”, se decidió no renovar su contrata.

Señala que los supuestos fundamentos esgrimidos no son de tipo objetivo y carecen de razonabilidad, por lo que deviene en un acto arbitrario y la discrimina abiertamente, vulnerando su derecho a la igualdad ante la ley contemplado en el artículo 19 N° 2° de la Constitución Política de la República. Expone que el acto impugnado debe ajustarse -en tanto acto administrativo- a las prescripciones de la ley 19.880 que contempla la exigencia de motivación, y a las instrucciones señaladas por la Contraloría General de la República en los Dictámenes que indica. Agrega que en otro orden de cosas, el acto administrativo impugnado entiende que su cargo era de exclusiva confianza, cuestión que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la ley 18.575, es improcedente.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, señala que se vulnera su derecho a la igualdad ante la ley debido a que la recurrida no esgrime antecedentes que sirvan de base a lo expuesto, otorgándole un trato diferente y discriminatorio respecto de otros funcionarios a contrata que permanecen en sus cargos.

Señala que se ha vulnerado su derecho de propiedad, al privarlo de su derecho a las remuneraciones que le correspondían hasta el término de su contrata.

Entiende finalmente que se ha conculcado el N° 16° del artículo 19 en cuanto se le priva de su derecho a la libertad de trabajo.

Pide, en consecuencia, se acoja el recurso, ordenando que la recurrida deje sin efecto la no renovación de su contrata, su reincorporación, sin perjuicio de aquellas medidas que se estimen conducentes para el restablecimiento y protección de los derechos fundamentales vulnerados, con costas del recurso.

SEGUNDO: Que informó el nombre reservado Nacionales, solicitando el rechazo con costas del recurso de protección deducido en autos. En primer término, expone que debe desestimarse la acción constitucional por falta de legitimación pasiva pues debió emplazarse al Consejo de Defensa del Estado. En seguida refiere que se dispuso mediante el acto impugnado no renovar la contrata, entregando las razones de ello, terminando la contrata por la llegada del plazo, tal como lo indica el inciso primero del artículo 10 de la ley 18.834. Entrega, enseguida, los fundamentos técnicos de la resolución impugnada.

TERCERO: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

CUARTO: Que debe desestimarse la excepción de falta de legitimación pasiva pues si bien el encargado de la defensa judicial del Ministerio de Bienes Nacionales es el Consejo de Defensa del Estado, la autoridad que dictó el acto impugnado es el Ministerio de Bienes Nacionales, y es a esta repartición a la que se debe pedir el informe correspondiente.

QUINTO: Que el Ministerio de Bienes Nacionales no ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno. En efecto, de la lectura del acto impugnado se desprende que la autoridad administrativa sí fundó su actuar, contiene el acto administrativo aludido todos los razonamientos que llevó a la recurrida a no renovar la contrata de la recurrente por no ser ya necesarios sus servicios, cumpliéndose entonces con lo que exige el inciso segundo del artículo 11 de la ley 19.880, sin que la judicatura pueda reemplazar el juicio de la autoridad administrativa. Lo cierto es que el acto está motivado y el hecho que la recurrente no comparta los argumentos de la autoridad recurrida no lo torna en infundado.

SEXTO: Que toda designación de funcionarios “a contrata” en la administración pública, de acuerdo con la ley 18.834, es esencialmente transitoria y no puede exceder del 31 de diciembre del año correspondiente en que la contrata empieza a regir. No se ha discutido que la recurrente fue nombrada “a contrata” para desempeñar funciones profesionales en el Ministerio de Bienes Nacionales a contar del 17 de diciembre de 2007 “y mientras sean necesarios sus servicios”, siempre que no excedan del 31 de diciembre del mismo año, dictándose luego su renovación sucesiva. El Decreto impugnado decidió no renovar dicha contrata para el año 2019 pero, de acuerdo al tenor del artículo 10 de la ley 18.834, “Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año…”. Luego, no es el decreto impugnado el que causa perjuicio a la recurrente sino la norma legal aludida, la que, por fuerza no puede ser objeto de una acción de protección. Consecuentemente, la Administración, si tiene facultades para hacer cesar la contrata en cualquier tiempo antes del 31 de diciembre de 2018, con mucha mayor razón puede decidir no renovar la contrata para el año 2019 y no será esta decisión la que ponga término a su contrata sino la llegada del plazo respectivo, plazo que está contemplado en la ley. A mayor abundamiento, y tal como ya se consignó, en la especie el acto que decidió no renovar la contrata está debidamente motivado y no corresponde a los tribunales hacer un juicio, al menos en sede de protección, de tales fundamentos.

SÉPTIMO: Que, entonces, la contrata de la recurrente no se terminó por decisión de la autoridad, esto es, no es el Decreto N° 361 el que decidió poner fin a su empleo, sino el simple transcurso del tiempo, pues la letra c) del artículo 3° de la ley 18.834 señala que empleo a contrata es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución y que, conforme al artículo 10 de la misma ley, nunca pueden durar más allá del 31 de diciembre de cada año, según se encarga de señalar el artículo 10 de la citada ley, de suerte que ni siquiera ha debido la autoridad dictar el Decreto 361, bastaba para terminar la contrata el que se cumpliera el plazo del último día del año 2018. Y lo que haya dicho la Contraloría General de la República sobre esta particular no obliga a la judicatura.

OCTAVO: Que, por todo lo dicho, sólo corresponde rechazar el recurso de protección intentado pues, se reitera, la decisión de la administración plasmada en el Decreto N° 361 de 26 de noviembre de 2018 del Ministerio de Bienes Nacionales de no renovar la contrata de la señora nombre reservado, no es ni ilegal ni arbitraria y se plasmó en una resolución debidamente fundada, cumpliéndose con lo dispuesto en los artículos 2° letra c) y 10 de la ley 18.834 y 11 inciso segundo de la ley 19.880, a lo que debe agregarse que las controversias que puedan existir acerca de dicha fundamentación supera los márgenes del recurso interpuesto.

NOVENO: Que, en todo caso, ninguna de las garantías que se dicen amagadas merecen este adjetivo. En efecto, la igualdad ante la ley -N° 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República- debería haberse acreditado demostrando que la Administración ha obrado de una manera distinta con alguna persona en iguales circunstancias que la recurrente, lo que no ha sucedido. El derecho de propiedad, garantizado en el N° 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, como muchas veces se ha dicho, no guarda relación con el caso sub judice, pues ciertamente no existe un derecho de propiedad sobre el ejercicio de una función pública, no tuvo nunca la recurrente el derecho de dominio sobre su empleo a contrata. La garantía del N° 16º del artículo 19 de la Carta Fundamental sólo está protegida por el artículo 20 del mismo texto en lo que hace a la libertad de trabajo, la que ciertamente no se ha conculcado. Y, por último, el inciso quinto del N° 3° del artículo 19 de la misma Constitución, mencionado solamente en el recurso, no ha podido ser vulnerado desde que ninguna comisión especial ha juzgado a la recurrente, sólo se ha decidido no renovar la contrata que la ligaba a la Administración, contrata que terminó no por dicha decisión sino por el vencimiento del plazo respectivo.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional deducida en estos autos, sin costas.

Redacción del Ministro señor Mera.

Regístrese.

N° 90.536-2018.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por la Ministro señora Marisol Rojas Moya y por el Abogado Integrante señor José Luis López Reitze.