nombre reservado con AFC CHILE II

Santiago, veintiséis de noviembre de dos mil quince VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que a fojas 1 comparece don nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la sociedad Administradora de Fondos de Cesantía, AFC Chile persona jurídica del giro de su denominación (sic), por el acto ilegal y arbitrario, consistente en la negativa de hacerle efectivo el seguro de desempleo, ocurrido el día 16 de septiembre del año en curso. Refiere que concurrió a hacer efectivo el seguro en cuestión en la entidad recurrida, presentando para tales efectos el acta de comparecencia y conciliación entregada por la Inspección de Trabajo, no obstante lo cual, la citada administradora no accedió a entregar documentos y hacer efectivo lo solicitado. Al respecto se le informó que el documento acompañado no era el requerido por ley. Indica que este hecho constituye una privación, perturbación y amenaza el ejercicio legítimo de las garantías contempladas en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se acoja el presente recurso, adoptando las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio el derecho, se ordene a la recurrida dar ingreso con la documentación presentada para el pago de los respectivos seguros de cesantía, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que a fojas 18 informa la recurrida, Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A. Indica que de conformidad a la Ley N° 19.728 para que los afiliado tengan derechos a una prestación por cesantía deben cumplir lo señalado en el artículo 12 de la misma ley y, según establece el inciso primero del artículo 51 de la normativa, las prestaciones del seguro “se pagarán al trabajador contra la presentación del finiquito, la comunicación del despido, la certificación del inspector del trabajo respectivo que verifique el término del contrato, acta de conciliación o avenimiento o acta de comparecencia entre la inspección de trabajo respectiva, sentencia judicial ejecutoriada o carta de renuncia ratificada por el trabajador ante alguno de los ministros de fe que establece artículo 177 del Código del Trabajo”.

Agrega que en cumplimiento de las obligaciones legales, la sociedad administradora debe verificar que se den los requisitos para acceder a las prestaciones por cesantía, control que debe ser previo al pago. Si no se cumplen dichos requisitos, ésta no puede otorgar el beneficio. Explica que la propia legislación hace responsable a la sociedad administradora del pago indebido de alguna prestación, situación que se produciría si éste se efectúa sin comprobar el cumplimiento de los requisitos previstos al efecto.

Señala que, en el caso sub lite, el recurrente presentó ante la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A. un acta de comparendo de conciliación ante la Inspección de Trabajo, con la finalidad de obtener el pago del seguro de cesantía. Tras el examen de dicho documento se le informó que éste resultaba insuficiente, en cuanto a su contenido, toda vez que no daba cuenta de acuerdo alguno entre el empleador y trabajador, lo que sería propio de una conciliación, puesto que el ex empleador no compareció en la audiencia para la cual fueron citados. Indica que en el acta, no se consignaban la fecha de término de la relación laboral y la causal específica de su terminación, requisitos esenciales para dar curso al beneficio.

Agrega que, por otra parte, no existen en los registros de atención, la presentación de carta de despido que alega haber acompañado el recurrente y, más aún, el día que el actor concurrió a la sucursal a hacer entrega de los antecedentes, indicó que no contaba con dicha carta. Por último, manifiesta que el ejecutivo que en tal oportunidad atendió al señor nombre reservado, le señaló que acompañando la carta de despido, cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley y las correspondientes normas administrativas, podría iniciar la tramitación de su solicitud de beneficio de seguro de cesantía, ante lo cual el actor respondió negativamente.

El informante hace presente la importancia de determinar la causa de término del vínculo laboral, puesto que determina si el afiliado al seguro, al momento de solicitar el beneficio, debe financiarlo con exclusivo cargo a los fondos que haya acumulado en su cuenta individual para estos efectos o bien puede hacerlo con cargo al fondo de Cesantía Solidario, según lo establecido en los artículos 12 y 24 de la ley. Por lo tanto, no es una exigencia impuesta de manera arbitraria, ni por la ley ni por la Superintendencia de Pensiones ni mucho menos por la empresa recurrida. Manifiesta que su actuar se ajustó plenamente a las exigencias de la normativa vigente, específicamente a la obligación que impone el inciso 2° del artículo 51 de la Ley N° 19. 728, pues en caso contrario, podría haber incurrido en la responsabilidad que a su respecto establecen los incisos 5° y 6° de la misma disposición.

Finalmente, señala que en modo alguno, se han afectado las garantías de igualdad ante la ley o el patrimonio del recurrente. En cuanto este último, el saldo de su cuenta individual sigue y seguirá siendo de propiedad del actor y estará disponible, para acceder al beneficio, en cuanto se cumpla la exigencia relativa el documento con el cual se acredite fehacientemente la causal de término de su relación laboral.

Concluye solicitando que se rechace el recurso en todas sus partes.

TERCERO: Que para resolver la cuestión promovida, se debe considerar que el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene como propósito amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos, mediante la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho.

En la especie, el acto que se estima arbitrario e ilegal es en la negativa a hacer efectivo al recurrente el seguro de desempleo, ocurrido el día 16 de septiembre del año en curso por parte de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A..

CUARTO: Que, sin embargo, la actuación de la recurrida se basó en lo dispuesto en la normativa vigente, específicamente el artículo 51 de la Ley N° 19.728 de 14 de mayo del año 2001, que establece un seguro obligatorio de cesantía, en favor de los trabajadores dependientes regido por el Código del Trabajo en las condiciones previstas en dicha ley. De conformidad a los antecedentes que obran en autos, la Administradora de Fondos de Cesantía Chile II S.A, verificó si se cumplían los requisitos que la disposición citada establece, para proceder al pago del seguro respectivo, y no incurrir en la entrega de una prestación indebida; por lo tanto, no puede estimarse que tal proceder constituye un acto ilegal.

Por otra parte, las actuaciones de la recurrida y las decisiones adoptadas en relación a esta presentación, se encuentran razonablemente fundadas, por lo que no es del caso, a propósito del conocimiento de la acción constitucional de protección, considerarlas arbitrarias.

Por estas consideraciones, disposiciones citadas y de acuerdo, además a lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección interpuesto a fojas 1 en favor de don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redacción de la Abogada Integrante señora Ramírez.

Protección N° 90525--2015.

No firma la Ministra suplente señora Barrientos, por ausencia, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Gloria Solís Romero, conformada por la Ministra suplente señora Elsa Barrientos Guerrero y la Abogada Integrante señora María Cecilia Ramírez Guzmán.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, a veintiséis de noviembre de dos mil quince, se notificó por el estado diario la sentencia que antecede.