nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

PRIMERO: Que nombre reservado, ciudadana venezolana, deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales por concepto de técnico extranjero, conforme a la Ley N° 18.156, comunicado en marzo de 2026, vulnerando de esta forma las garantías consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Menciona que celebró contrato individual de trabajo con ElectraFK S.A., hoy Sonepar Chile S.A., el 20 de julio de 2023, en calidad de Analista Junior de Control de Gestión, convertido a indefinido desde el 20 de agosto de 2023 mediante anexo notariado el 23 de julio de 2024, en cuyas cláusulas segunda y tercera se consigna que se encuentra afiliada al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, régimen que le otorga prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que manifiesta su voluntad de mantener dicha afiliación con derecho a solicitar la devolución de fondos conforme al artículo 7° de la Ley N° 18.156.

Expone que posee dos títulos universitarios conferidos por la Universidad de Los Andes de Venezuela, de Licenciada en Contaduría Pública y de Licenciada en Administración, ambos apostillados conforme a la Convención de La Haya de 1961.

Precisa que acreditó su afiliación al referido instituto mediante tres instrumentos, esto es, la Declaración Jurada Consular N° 3768, de 13 de octubre de 2022, emitida por la Sección Consular de la Embajada de Venezuela en Santiago y legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile el 4 de noviembre de 2022, que certifica afiliación desde el 22 de diciembre de 2015 y no contempla fecha de vencimiento, y dos constancias electrónicas de cotizaciones del mismo instituto, de 14 de octubre de 2024 y de 2 de marzo de 2026.

Argumenta que, pese a haber acompañado toda la documentación exigida y cumplir los requisitos de la Ley N° 18.156, la Administradora rechazó reiteradamente su solicitud invocando fundamentos genéricos y carentes de motivación concreta, en particular una causal relativa a un documento del año 2022 supuestamente vencido, sin identificar el precepto legal infringido ni permitir su subsanación.

Añade que la Declaración Jurada Consular no tiene plazo de vigencia, que la calidad de afiliado al instituto es permanente, que el estatus de cesante que registran los certificados corresponde únicamente al último empleador ante quien cotizó en Venezuela y que la ausencia de representación consular venezolana operativa en Chile le impide materialmente obtener un nuevo documento consular.

Cita el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección, los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156, modificada por la Ley N° 18.726, la Circular N° 553 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, los artículos 6°, 7°, 19 N° 2 y 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880 y el Oficio N° 26.395 de la Superintendencia de Pensiones, de 16 de noviembre de 2017, invocando además diversa jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones de Antofagasta y Temuco, de esta Corte y de la Corte Suprema.

Solicita que se deje sin efecto el rechazo, se reconozca la documentación acompañada y se ordene a la recurrida emitir un nuevo pronunciamiento sobre su solicitud conforme a derecho y dentro de un plazo razonable, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. evacúa informe solicitando su rechazo, con costas.

Expone que el 9 de marzo de 2026 la recurrente presentó una solicitud de devolución de fondos previsionales amparándose en la exención de la Ley N° 18.156, por las cotizaciones enteradas por su empleador ElectraFK, y que, analizados los documentos acompañados, se le requirió acompañar un certificado de afiliación a una institución previsional extranjera, por cuanto la constancia presentada tiene una vigencia de 120 días y no resulta apta para acreditar la afiliación a un sistema de seguridad social fuera de Chile, al igual que la constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y que, al no cumplir la recurrente con lo solicitado, el 10 de marzo de 2026 se rechazó la solicitud por no haberse acompañado una constancia o certificado de afiliación emitido por la institución de seguridad social extranjera, debidamente legalizado o apostillado, que acreditara cobertura durante toda la relación laboral y, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario ni ilegal, puesto que la Ley N° 18.156 constituye un régimen de excepción cuyos requisitos son copulativos y deben acreditarse en la forma que la ley exige y conforme a la normativa y jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, órgano contralor cuyas instrucciones son obligatorias para las administradoras bajo sanción. Estima que su actuar se ha ajustado a derecho, ya que el Oficio N° 21.480 de 20 de septiembre de 2017 y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones exigen acreditar la afiliación mediante certificación de la institución de seguridad social debidamente legalizada o apostillada, y solo excepcionalmente mediante certificado de la embajada o consulado que actúe en representación legal de dicha institución, en concordancia con los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, que imponen la legalización o apostilla de los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile e impiden apostillar documentos de agentes diplomáticos o consulares, invocando en su apoyo lo resuelto por las Cortes de Apelaciones de Santiago, Valparaíso y Concepción, confirmadas por la Corte Suprema, en cuanto la constancia electrónica de cotizaciones del referido instituto, carente de legalización o apostilla, no satisface las exigencias legales.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que el acto que se impugna consiste en el rechazo, por parte de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., de la solicitud de devolución de los fondos previsionales de la recurrente por concepto de técnico extranjero, conforme a la Ley N° 18.156, actuación que aquella estima ilegal y arbitraria y que, a su juicio, vulnera las garantías de igualdad ante la ley y de propiedad, consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Por su parte, la recurrida no niega el rechazo, sino que lo justifica en la ley, sosteniendo que su actuar se ha ajustado a la Ley N° 18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, que exigen acreditar la afiliación a un régimen de seguridad social extranjero mediante certificación debidamente legalizada o apostillada, requisito que estima incumplido y cuya aptitud probatoria controvierte.

QUINTO: Que, conforme a lo señalado en el motivo tercero, la acción de protección supone, como presupuesto necesario, la existencia de un derecho indubitado en el recurrente, esto es, un derecho preexistente e incuestionable sobre el cual no recaiga controversia, toda vez que su naturaleza cautelar y de urgencia no permite constituir ni declarar derechos cuya existencia o extensión aparezca discutida, materia que resulta propia de un procedimiento de lato conocimiento dotado de una etapa probatoria de la que la protección carece.

SEXTO: Que, en la especie, el derecho que la recurrente invoca para obtener la devolución de sus fondos depende de la eficacia de la documentación con que pretende acreditar su afiliación a un régimen de seguridad social fuera de Chile, en particular de la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y de las constancias electrónicas de cotizaciones. Sin embargo, la recurrida controvierte precisamente la autenticidad y aptitud probatoria de tales instrumentos, por no encontrarse legalizados ni apostillados en los términos que exigen los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, de manera que la validez y el mérito de dichos documentos aparecen discutidos entre las partes.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, al hallarse controvertida la autenticidad de los antecedentes en que descansa la pretensión, el derecho que la recurrente esgrime no reviste el carácter indubitado que exige la acción de protección, sin que resulte posible a esta Corte, por la vía cautelar y de emergencia que la caracteriza, dirimir la controversia sobre el valor probatorio de instrumentos otorgados en el extranjero, cuestión que corresponde ventilar en el procedimiento de lato conocimiento que sea pertinente. Así, no apareciendo que la exigencia formulada por la recurrida, en orden a acompañar documentación debidamente legalizada o apostillada, importe una actuación ilegal o arbitraria, la acción intentada no puede prosperar y debe ser desestimada.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20, ambos de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección constitucional deducido a favor de nombre reservado y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección-9038-2026.