nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA

Santiago, ocho de Junio de dos mil veintiuno.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA, representada por su gerente general don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto que considera arbitrario e ilegal consistente en el descuento realizado en su remuneración del mes de septiembre, vulnerando de esta forma las garantías establecidas en el artículo 19 N 1, 4, y 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que el 30 de septiembre de 2020, tomó conocimiento que se había realizado un cobro en su remuneración, y que según la liquidación de sueldo respectiva, corresponde a “C.C. LA ARAU COUTA PTM $86.335”. Agrega que no tiene ninguna relación comercial con la recurrida, ni tampoco ha solicitado algún mutuo o préstamo de dinero. Precisa que en abril de 2018, suscribió un pagaré por la suma de $1.228.492, con la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, el que pagaría en cuotas de $62.825.

En razón de lo anterior, solicita se acoja el recurso, ordenando el cese inmediato de retenciones o descuentos sobre las remuneraciones y la restitución del monto retenido, con costas.

SEGUNDO: Que informando la abogada doña Yasna Vukic, en representación de la recurrida, solicita el rechazo del recurso.

Aclara que la recurrente no figura en sus registros con algún crédito social, sino que a requerimiento de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, y como mandataria de ésta, ha informado al empleador de la actora la existencia de una deuda, solicitando el descuento de la remuneración. Lo anterior en virtud del denominado “Proyecto Intercajas”.

Menciona al respecto la regulación legal de las Cajas de Compensación, y que para el efecto de cumplir las instrucciones emanadas de la Superintendencia de Seguridad Social, celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios, con fecha 15 de abril de 2013. Explica que este instrumento tiene por objeto que la Caja acreedora de un crédito social, pueda acceder a la información esencial y necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso.

Agrega que los descuentos a aplicar en una remuneración tienen su asidero en el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°18.833, en concordancia con el artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°17.322, artículo 58 del Código del Trabajo y Circular N°2052 del año 2003 emanada de la Superintendencia de Seguridad Social, relativa al régimen de crédito social y al modo de hacer efectivos los descuentos que procedan a las remuneraciones de los trabajadores.

Por ello, estima que no ha privado, perturbado o amenazado derechos ni garantías constitucionales, pues ha obrado conforme a las atribuciones legales que se encuentra investida.

TERCERO: Que, según se tuvo por evacuado el informe de la recurrida, disponiéndose se trajeran estos antecedentes en relación. Luego, se procedió a la vista de la causa, escuchándose la intervención oral del apoderado de la parte recurrente.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley- o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 del texto constitucional, entre las cuales se encuentra las invocadas por la recurrente previstas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Además, debe señalarse que el recurso de cautela de derechos constitucionales, constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, sin que pueda llegar a constituirse en una instancia de declaración de tales derechos, ya que para ello está la vía del juicio de lato conocimiento, que otorga a las partes en conflicto la posibilidad de discutir, formular alegaciones, rendir pruebas y deducir los recursos que sean del caso.

SEXTO: Que, en la especie, los derechos que reclama la recurrente se encuentran precisamente en discusión, como aparece del examen del proceso y de las presentaciones de las partes, así como de la documentación acompañada, todo según se señaló en los considerandos expositivos precedentes.

Que como resulta sencillo de apreciar, es otro el procedimiento que debió haber utilizado la actora, el que le permitiría deducir su pretensión en uno que pueda otorgarle la posibilidad de discutir, formular alegaciones, rendir pruebas y deducir los recursos que sean del caso, todo lo que no resulta posible de efectuar en un procedimiento de naturaleza cautelar, como el presente con el que se tramitan estos antecedentes.

SÉPTIMO: El acto que se tacha de ilegal y arbitrario en la especie, se traduce en el proceder arbitrario e ilegal de la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana consistente en el descuento en su remuneración del mes de Septiembre, de lo que se enteró al pedir la liquidación de remuneraciones, en la que figura como detalle de descuento “C.C. LA ARAU COUTA PTM $86.335”, lo anterior pese a no tener ninguna relación comercial con esa Caja, ni adeudarle suma alguna, pero que, sin forma de juicio ni autorización, cobró una deuda e hizo un descuento en sus remuneraciones por una presunta deuda que desconoce absolutamente.

Sin embargo, hace presente que el 30 de abril de 2018, suscribió un pagaré por la suma de $1.228.492 por concepto de capital más intereses, con la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, el cual se pagaría en 36 cuotas iguales, mensuales y sucesivas de $62.825 pesos, pero indica que no por la cantidad que le fue descontada. Agrega, que en el evento de ser el mismo cobro, de igual manera es arbitrario e ilegal, toda vez que no fue lo pactado.

OCTAVO: Que tal como lo expone acertadamente la Caja recurrida, la actora no figura en sus registros con algún crédito social, sino que el descuento a que se refiere el recurso, se efectuó a requerimiento de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y como mandataria de ésta, por lo que se informó al empleador de la actora la existencia de una deuda, requiriendo el descuento en la remuneración. Agrega que este accionar se realiza en virtud del denominado “Proyecto Intercajas”.

Por otro lado y tal como lo ha dicho la Excma. Corte Suprema en un fallo que cita la recurrente “…la actuación coordinada de ambas recurridas para el cobro del crédito social en la forma ya referida, se ajusta al contrato de mandato y prestación de servicios denominado “Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar”, acordado conforme lo dispuesto en el artículo 19 N° 7 de la Ley N° 18.833 que autoriza expresamente a las Cajas de Compensación para prestar servicios mediante convenios a entidades que administren prestaciones de seguridad social”.

NOVENO: Que, así, al margen de lo expuesto por la recurrida, se deberá reiterar que la acción constitucional que consagra el artículo 20 de la Carta Fundamental, es de naturaleza esencialmente cautelar y que busca proteger el legítimo ejercicio de derechos indubitados. Dicho de otra manera, tiene un propósito conservativo, de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, de manera que su interposición no autoriza para efectuar declaraciones ni para dirimir debates que exigen su planteamiento por las vías idóneas que el ordenamiento jurídico franquea a los interesados.

DÉCIMO: Que, el asunto propuesto por la recurrente excede con mucho los límites que derivan de la naturaleza de la presente acción cautelar, ya que asentar la ilegalidad o arbitrariedad de la actuación de la recurrida, en un cobro vía descuento en las remuneraciones del denominado “crédito social”, pasa necesariamente por dilucidar la efectividad y vigencia de una serie de circunstancias relativas a la deuda que se cobra, todo lo cual como se anticipó, resulta impropio en una acción de esta índole.

UNDÉCIMO: Que, en las circunstancias referidas, sin necesidad de extenderse mayormente en el análisis de esta cuestión, puede concluirse, que en la especie no concurren los presupuestos que permitan el acogimiento de la presente acción de cautela de derechos constitucionales, toda vez que la Institución recurrida, no ha incurrido en actos arbitrarios y/o ilegales, por consiguiente, no habiéndose constatado los presupuestos exigidos para la procedencia del recurso de protección, resulta innecesario referirse a las garantías constitucionales que han sido mencionadas como vulneradas y, por lo mismo, la acción cautelar intentada no está en condiciones de prosperar y será desestimada.

Por estas consideraciones, disposiciones citadas y de acuerdo a lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA la acción cautelar deducida por doña nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana; sin costas.

Redacción del abogado integrante Sr. Asenjo.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívense estos autos.

N° Protección-90308 – 2020.- Pronunciada por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora María Rosa Kittsteiner Gentile e integrada, además, por el Ministro suplente Juan Enrique Olivares Urzúa y el Abogado Integrante señor Rodrigo Asenjo Zegers. No firma el Ministro suplente señor Olivares, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo adoptado, por haber cesado en su suplencia ante esta Corte.