nombre reservado con GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO

Santiago, veinticinco de abril de dos mil diecinueve.

Vistos:

Comparece doña nombre reservado, chilena, casada, administradora pública, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, Región Metropolitana, deduciendo acción constitucional de protección contra el Gobierno Regional de la Región Metropolitana, representado por la Intendenta doña nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal que le atribuye, constituido por la Resolución Exenta N° 2648, de fecha 29 de noviembre de 2018, por medio de la cual se dispuso la no renovación de su contrata para la anualidad 2019.

Explica que a contar de enero de 2008 comenzó a desempeñarse como profesional a contrata asimilada al grado 9 EUR de la planta profesional del Gobierno Regional. Sus contrataciones fueron renovadas sucesivamente. Durante el año 2017 asumió como encargada de la unidad de presupuestos e inversión regional.

Sus calificaciones fueron siempre sobresalientes. En concreto, en el año 2018 obtuvo un precalificación de desempeño con un puntaje de 50 puntos, correspondiente a la lista 1.

No obstante, en el último proceso (septiembre de 2017 a agosto de 2018) la Honorable Junta Calificadora bajó sus precalificaciones de nota 5 a 4 en todos los subfactores relativos al rendimiento y en dos subfactores correspondientes a condiciones personales. Esto hizo que su calificación quedara en 45.15 que igualmente es de lista 1. Con todo, apeló de esa calificación, recurso que fue rechazado por la autoridad regional, lo que motivó que dedujera un reclamo ante Contraloría General de la República, el que está pendiente.

Con fecha 30 de noviembre de 2018 le comunicaron la no renovación de su contrata. Como razón para ello, entre los considerandos 8° y 13° de la resolución respectiva se invoca una evaluación particular emitida el 26 de noviembre de 2018 por las jefaturas de la División de Administración y Finanzas y del Departamento de Finanzas, en el que se da cuenta de lo que sería un desempeño deficiente de parte suya, atrasos y mala comunicación con el equipo. Asegura que nada de eso es cierto. Concretamente, la autoridad le atribuye deficiencias en el trabajo realizado como Jefe (S) del Departamento de Finanzas, por el no resguardo de las garantías asociadas a los programas; la no realización de revisiones a los ajustes contables del año 2017; falta de acuciosidad y rigurosidad en la entrega de información financiera y, en fin, falencias importantes en comunicación efectiva dentro del equipo. Aparte de sostener que hay prueba que desvirtúa esas imputaciones, enfatiza la inconsistencia que se produce porque la jefatura que emitiera ese informe le había evaluado con nota máxima en la pre evaluación y le registró una anotación de mérito en su hoja de vida.

Se apersona don José Tomás Bartolucci Schiappacasse, abogado, actuando en representación del Gobierno Regional Metropolitano, evacuando el informe ordenado.

Expresa que durante 2018 la recurrente se desempeñó como Jefa del Departamento de Finanzas y como Encargada de la Unidad de Presupuesto de Inversión Regional.

Señala que se determinó la no renovación de la contrata en razón del desempeño de la recurrente, de acuerdo con un informe de evaluación particular del Jefe de la División de Administración y Finanzas, de 26.11.2018, que dio cuenta de las situaciones siguientes: a) Se detectó que en la Tesorería –dependiente del departamento a cargo de la recurrente-, no existía un adecuado resguardo, control y registro de las garantías asociadas a las contrataciones relativas a los programas 01, Gastos de Funcionamiento y 02 Inversión Regional; b) También se detectaron casos en que no se había verificado en debida forma la autenticidad de las garantías ante las instituciones emisoras; c) Se evidenció falta de acuciosidad y rigurosidad en el manejo y entrega de la información financiera respecto de los programas en proyectos del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC); Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) y Fondo de Apoyo Regional (FAR), lo que trajo como consecuencia la falta de ejecución presupuestaria oportuna; y d) Durante su período como Jefa de Finanzas se observaron falencias importantes en su capacidad de comunicación efectiva, generando un clima de incertidumbre en los funcionarios de su equipo, por falta de claridad en la distribución de labores y objetivos esperados. Además, esa falencia se manifestó en su incapacidad para escuchar y canalizar los requerimientos de la jefatura, que redundaron en un atraso en la ejecución presupuestaria.

Asegura que no existe discordancia entre la nota de precalificación (notificada en septiembre de 2018), y el informe emitido por el jefe del departamento, porque comprenden períodos distintos. La precalificación es anterior al proceso de evaluación que realiza la junta calificadora de la institución.

Se ordenó traer los autos en relación y se dispuso la agregación extraordinaria de esta causa en la Quinta Sala.

Considerando:

1°) Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal – esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil – o arbitrario – producto del mero capricho de quién incurre en él – y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

2°) Que, para la resolución de la presente acción constitucional, es del caso tener presente que, de conformidad a la Ley N° 18.834 sobre el Estatuto Administrativo, los empleados de la Administración del Estado se clasifican en “empleados de planta” o “empleados a contrata”, y que la diferencia esencial radica en la permanencia de las funciones de los primeros y en la transitoriedad de los segundos, de conformidad a lo dispuesto en su artículo 3° letra c), que define el empleo a contrata como “aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”. En este sentido, el artículo 10° de la Ley, dispone que “los empleados a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”. En armonía con el precepto anterior, el artículo 146 letra f) del mismo texto legal, señala que el funcionario cesará en el cargo por el término del período lega por el cual ha sido designado y el artículo 153 dispone que produce la inmediata cesación de funciones el término del período legal por el cual es nombrado el funcionario o el cumplimiento del plazo por el cual es contratado.

3°) Que, la expresión “mientras sean necesarios sus servicios”, está en armonía con el carácter transitorio que tienen los empleos a contrata, que según señala el artículo 3° de la Ley N° 18.834, contienen implícita la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleo a contrata incluso antes de la fecha máxima de su vigencia. En efecto, la autoridad administrativa puede ponerle término en el momento que estime conveniente, a través de un acto fundado, lo que ha ocurrido en la especie respecto de la recurrente, toda vez, que teniendo a la vista la resolución impugnada, puede constatarse que ella expresa los motivos que se tuvieron en cuenta para la adopción de la decisión, indicando los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustentan.

4°) Que, de todo lo expresado, no es posible formar el convencimiento que la recurrida haya incurrido en actos u omisiones arbitrarias o ilegales que permita a esta Corte adoptar alguna medida de resguardo a favor de la recurrente, ni es posible advertir la vulneración que se denuncia a los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental, al constatarse la inexistencia de un comportamiento antijurídico atribuible al actuar de la recurrida, lo que resulta suficiente para desestimar la acción de protección.

5°) Que, además de lo expresado, no cabe examinar por esta vía la justificación, mérito o conveniencia de las razones tenidas a la vista para el término de la contratación, porque tales extremos exceden el propósito de una acción cautelar o de tutela de urgencia y porque del modo en que viene propuesta la acción constitucional, se traduciría en la pretensión de que esta Corte sustituya a la Administración en la gestión de sus recursos y de las personas que sirven funciones en el sector público.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, a lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra el Gobierno Regional de la Región Metropolitana.

Regístrese, comuníquese y archívese si no se apelare.

Redacción del Ministro señor Astudillo.

Rol Corte N° 90288-2018.

No obstante, haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, no firma el Ministro (S) señor Silva, por ausencia.