Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, seis de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Sergio Aburto Mayorga en representación de nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado y de nombre reservado, todos de nacionalidad venezolana, y deduce recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Expone que las personas mencionadas ingresaron de forma irregular al territorio nacional en el mes de octubre de 2020 por el sector de Colchane, provenientes de Bolivia, omitiendo el control de la autoridad contralora de frontera y que una vez instalados en la ciudad de Santiago concurrieron a la Sección de Refugio y Reasentamiento del Servicio Nacional de Migraciones con el objeto de formalizar una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Sin embargo, sostiene que los funcionarios de dicha repartición les manifestaron verbalmente que no era posible iniciar la tramitación de su solicitud por carecer de la “Tarjeta de Identificación de Extranjero Infractor”, remitiéndolos a solicitar cita en línea ante la Policía de Investigaciones de Chile.

Señala que la referida tarjeta de infractor fue otorgada tardíamente por la PDI: a nombre reservado el 27 de noviembre de 2023 y a nombre reservado el 4 de diciembre de 2023, en tanto que nombre reservado y nombre reservado aún se encuentran a la espera de dicho documento.

Afirma que durante el año 2025 y los meses de enero y febrero de 2026 las personas en cuyo favor se recurre intentaron infructuosamente en reiteradas ocasiones formalizar su solicitud de refugio ante el Servicio recurrido, siéndoles denegada bajo el pretexto de que no todos los miembros del grupo familiar contaban con sus autodenuncias tramitadas.

En cuanto a su inserción en el país, destaca que mantienen una vida familiar honesta y de respeto a las leyes, indicando que nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado se desempeñan bajo contratos de trabajo indefinidos en la empresa de distribución de gas “Inversiones Agasnar SpA”, en los puestos de nochero, bodeguero y cajera, respectivamente, registrando cotizaciones previsionales en AFP Uno. Asimismo, destaca que fruto de la relación entre nombre reservado y nombre reservado, el día NUM000 de 2024 nació en Chile la niña nombre reservado, quien cuenta con nacionalidad chilena y cédula de identidad.

Sostiene que la omisión y negativa de la recurrida de permitirles formalizar e ingresar a tramitación la solicitud de refugio constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, así como el principio de no devolución previsto en el artículo 4° de la Ley N° 20.430 y el artículo 6° del Decreto N° 837, además de infringir el deber de información y asistencia establecido en el artículo 5° de la Ley N° 21.325.

Por lo anterior, solicita se acoja el recurso, se declare la ilegalidad y arbitrariedad de la conducta de la recurrida y se le ordene disponer lo necesario para que un funcionario proceda a ingresar y tramitar formalmente la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de los recurrentes, otorgándoseles las visas temporarias correspondientes en calidad de solicitantes de refugio, e informar si existen medidas de apremio vigentes en su contra.

Segundo: Que el Servicio Nacional de Migraciones evacúa el informe correspondiente y, en primer término, expone los antecedentes de hecho de cada uno de los recurrentes, confirmando que ninguno de ellos registra fecha ni registro de ingreso habilitado al territorio nacional, configurándose a su respecto un ingreso clandestino. Hacen presente que mediante Parte Policial N° 6850, de 26 de abril de 2022, la PDI informó la denuncia por ingreso clandestino respecto de nombre reservado.

En cuanto a las gestiones administrativas, informa que el 21 de junio de 2025 el Servicio recurrido recibió por carta certificada solicitudes individuales de los recurrentes destinadas a obtener la regularización de su situación migratoria al amparo de las potestades excepcionales y por razones humanitarias previstas en el artículo 155 N° 8 y 9 de la Ley N° 21.325.

Al respecto, señala que el Servicio Nacional de Migraciones procedió a remitir la totalidad de dichos antecedentes al órgano legalmente competente para conocer y resolver estas peticiones, esto es, la Subsecretaría del Interior, mediante los siguientes oficios: Oficio Ordinario N° NUM001 (respecto de nombre reservado), Oficio Ordinario N° NUM002 (respecto de nombre reservado), y Oficio Ordinario N° NUM003 (respecto de nombre reservado), todos de fecha 17 de septiembre de 2025; y Oficio Ordinario N° NUM004, de fecha 27 de febrero de 2026 (respecto de nombre reservado).

Sobre el fondo, opone la excepción de falta de legitimación pasiva de su representada y al efecto sostiene que por mandato expreso del artículo 155 N° 9 de la Ley N° 21.325 la potestad para otorgar de forma excepcional permisos de residencia temporal por motivos humanitarios o casos calificados corresponde de forma exclusiva e indelegable a la Subsecretaría del Interior. De igual manera, de conformidad con la Ley N° 20.430, el conocimiento, tramitación y resolución de la condición de refugiado compete al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría del Interior, previo informe de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado.

Aduce que el Servicio Nacional de Migraciones cumplió rigurosamente con el mandato del artículo 14 de la Ley N° 19.880, remitiendo oportunamente las solicitudes al órgano competente, por lo que no existe a su respecto ningún acto u omisión ilegal o arbitraria que deba subsanarse por esta vía. Por consiguiente, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, sin costas.

Tercero: Que evacua informe igualmente la Policía de Investigaciones de Chile, confirmando que, tras revisar los sistemas de registro policial, los recurrentes presentan la siguiente situación: 1. nombre reservado registra una denuncia administrativa por ingreso por paso no habilitado en el año 2022 y proceso de empadronamiento en el año 2023, sin registrar órdenes de aprehensión, arrestos ni arraigos vigentes. 2. nombre reservado registra una denuncia administrativa por ingreso por paso no habilitado de 28 de noviembre de 2023, encontrándose en proceso de empadronamiento biométrico, sin registrar órdenes de aprehensión, arrestos ni arraigos vigentes. 3. nombre reservado no registra órdenes de aprehensión, arrestos ni arraigos vigentes, figurando únicamente con registro de solicitud de regularización por carta del año 2025. 4. nombre reservado no registra órdenes de aprehensión, arrestos ni arraigos vigentes, registrando carta de regularización de 21 de junio de 2025.

Concluye señalando que de conformidad con el artículo 19 de la Ley N° 20.430 corresponde exclusivamente al Ministerio del Interior, a través de resolución del Subsecretario del Interior, resolver sobre el otorgamiento, rechazo o revocación de la condición de refugiado, careciendo la Policía de Investigaciones de Chile de facultades para pronunciarse al respecto.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Quinto: Que la pretensión fundamental de los recurrentes consiste en que se ordene al Servicio Nacional de Migraciones recibir, formalizar y tramitar su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado conforme a la Ley N° 20.430, otorgándoles la documentación correspondiente en su calidad de solicitantes de refugio e informando, además, si existen medidas de apremio vigentes en su contra.

Por otra parte, del informe evacuado por el Servicio Nacional de Migraciones aparece que los recurrentes presentaron, mediante cartas certificadas, solicitudes de regularización excepcional fundadas en motivos humanitarios, las que fueron remitidas por dicho organismo a la Subsecretaría del Interior para su conocimiento y resolución.

Al respecto, cabe precisar, en primer término, que la Ley N° 20.430, que Establece Disposiciones sobre Protección de Refugiados, prescribe expresamente en su artículo 19 que el otorgamiento, rechazo, cesación o revocación de la condición de refugiado será resuelto en forma exclusiva por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante resolución dictada por el Subsecretario del Interior, previo análisis e informe de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado.

De igual modo, el artículo 155 N° 9 de la Ley N° 21.325 encomienda de manera privativa e indelegable a la Subsecretaría del Interior la función de disponer, en casos excepcionales, por motivos humanitarios o altamente calificados, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se encuentren en territorio nacional, con independencia de su condición migratoria.

Sexto: Que de las normas legales antes reseñadas fluye con total claridad que el Servicio Nacional de Migraciones -órgano en contra del cual se ha dirigido en forma exclusiva la presente acción de protección- carece de competencia legal y potestades decisorias para pronunciarse sobre el otorgamiento de permisos de residencia de carácter humanitario del artículo 155 N° 9, así como respecto del reconocimiento de la condición de refugiado.

De este modo, se configura una manifiesta falta de legitimación pasiva en la especie, toda vez que el recurrido no cuenta con las facultades legales para satisfacer de manera directa la pretensión de fondo de los actores.

Séptimo: Que, sentado lo anterior, corresponde analizar si existió una omisión ilegal o arbitraria por parte del Servicio Nacional de Migraciones en relación con las solicitudes de regularización excepcional presentadas por los recurrentes y cuya derivación a la autoridad competente fue materia de controversia en estos autos.

Sobre este punto, consta de los antecedentes aportados por la recurrida que las solicitudes de regularización extraordinaria formuladas por los actores mediante cartas certificadas ingresaron al Servicio Nacional de Migraciones el 21 de junio de 2025. Asimismo, se encuentra acreditado en el proceso que dicha repartición pública procedió a remitir las respectivas carpetas de antecedentes a la Subsecretaría del Interior mediante los Oficios Ordinarios N° NUM001, N° NUM002 y N° NUM003, todos de fecha 17 de septiembre de 2025, y mediante el Oficio Ordinario N° NUM004, de 27 de febrero de 2026.

Octavo: Que el actuar desplegado por el Servicio Nacional de Migraciones se ajusta rigurosamente a la normativa legal administrativa que rige a los órganos de la Administración del Estado. En efecto, el artículo 14 inciso segundo de la Ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos, impone como un deber ineludible que, si un órgano de la Administración es requerido para intervenir en un asunto ajeno a su ámbito de competencia, este debe remitir los antecedentes a la autoridad que deba conocer del asunto según el ordenamiento jurídico, informando oportunamente de ello al interesado.

Noveno: Que, en consecuencia, respecto de las solicitudes de regularización excepcional presentadas por los recurrentes, consta que el Servicio Nacional de Migraciones procedió a remitir los antecedentes a la Subsecretaría del Interior, órgano legalmente competente para conocer y resolver dichas peticiones. En consecuencia, en cuanto al reproche referido a la falta de derivación de tales solicitudes, no se advierte una omisión ilegal o arbitraria actualmente subsistente que justifique la adopción de medidas por esta vía cautelar.

Por lo demás, la circunstancia de corresponder a la Subsecretaría del Interior pronunciarse sobre dichas solicitudes impide atribuir al Servicio Nacional de Migraciones la omisión denunciada en relación con su resolución, por lo que la presente acción no resulta idónea para obtener el pronunciamiento pretendido respecto de materias cuya decisión compete legalmente a un órgano distinto.

Décimo: Que, finalmente, en lo que atañe a las imputaciones dirigidas a la Policía de Investigaciones de Chile respecto de la supuesta demora en la citación y entrega de las Tarjetas de Identificación de Extranjero Infractor, cabe señalar que de los antecedentes no se vislumbra un actuar arbitrario por parte de la autoridad policial. Ello, por cuanto el proceso de control, verificación de antecedentes y empadronamiento de ciudadanos que han ingresado de forma irregular al país constituye una carga administrativa necesaria para el debido resguardo del orden público y de la seguridad nacional. Adicionalmente, al descartarse por la autoridad policial la existencia de medidas coercitivas o de apremio vigentes en contra de los recurrentes, se desvanece cualquier amenaza real e inminente a su libertad personal y seguridad individual que justifique la adopción de medidas de urgencia.

Undécimo: Que, por consiguiente, al no configurarse un actuar ilegal o arbitrario por parte del Servicio Nacional de Migraciones, y habiendo operado la pérdida de objeto y de oportunidad de la acción deducida en virtud de la derivación de los antecedentes a la autoridad competente, la presente acción de protección debe ser rechazada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-9025-2026.