nombre reservado con MINISTERIO DE SALUD

Santiago, cinco de junio de dos mil diecinueve.

Vistos:

Primero: Que comparece doña nombre reservado interponiendo acción constitucional de protección a favor de doña nombre reservado, ingeniera ejecución en química e ingeniera en prevención de riesgos y medio ambiente, en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, representada por la señora nombre reservado, por haber dictado la Resolución Exenta N°1829 de fecha 29 de noviembre del año 2018, por medio de la cual se dispuso la no renovación de la contrata de la actora, acto que estima ilegal y arbitrario, y vulneratorio de las garantías constitucionales de la actora contenida en los numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expresa que la recurrente comenzó a prestar funciones en el Ministerio de Salud desde el día 24 de abril de 1995, al primero a través de un contrato de trabajo con el antiguo Servicio de Salud del Ambiente, pero destinada al Ministerio de Salud. En 2003, fue obligada a renunciar a dicho contrato, renunciando a su derecho a indemnización a fin de mantener su trabajo, para ser contratada por la Subsecretaría de Salud Pública, bajo la modalidad honorarios a suma alzada, situación contractual que se mantuvo hasta febrero de 2006, ya que en marzo del mismo año fue contratada en la modalidad a contrata, nivel profesional, contratación prorrogada sucesiva e ininterrumpidamente hasta el 31 de diciembre de 2018, siendo siempre evaluada en Lista 1 de distinción, sin tener sanciones administrativas ni anotaciones de demérito durante toda su carrera funcionaria. Hace presente que la actora, Ingeniera en Ejecución en Química e Ingeniera en Prevención de Riesgos y Medioambiente, con un postítulo financiado por el propio Ministerio de Salud, estuvo desde 1995 al 2014 a cargo del Programa de Seguridad Química en el Ministerio, y que desde abril de 2014 hasta julio de 2018, fue Jefa del Departamento de Salud Ambiental, hasta que asume un nuevo jefe, el señor nombre reservado.

En esas circunstancias, se le informa el día 30 de noviembre de 2018 por su jefe directo, el señor nombre reservado, que su contrato no será renovado. En la resolución que se impugna, se lee que se le imputa una deficiente calificación, al presentar deficiencias en el traspaso del cargo y jefatura a nuevo jefe, tener un repentino ausentismo laboral con licencia médica sin informar a jefatura ni equipo de trabajo, presentar deficiencias en la elaboración de informes requeridos por la jefatura, y no realizó levantamiento de situaciones complejas. A su vez, se lee en la citada resolución que por “reestructuración del equipo interno de trabajo, existe la necesidad de desvincular a la profesional”.

Alega que las imputaciones que se realizan en su contra son caprichosas y arbitrarias, ya que no se enuncian, en concreto, cuáles son las deficiencias imputadas y cómo se determinaron, haciendo presente que jamás existió una anotación calificatoria al respecto. Por lo demás, acusarla de ausentismo laboral producto de una licencia médica, alega, es igualmente arbitrario e ilegal, ya que no es justificación para no renovar su contrata. El resto de las imputaciones, señala, son igualmente genéricas y carente tanto de fundamento como de sustento en la administración. Aún más, alega que la resolución no expresa porqué ya no son necesarios sus servicios, teniendo en especial consideración todas las prórrogas a sus contratas y que cuenta con confianza legítima en su contratación, de manera tal que la resolución es ilegal, al haberse vulnerado las obligaciones establecidas en la ley para poner término a su contrata, en particular sobre fundamentación, y arbitraria, por la misma razón.

Solicita, en definitiva, que se acoja la presente acción, y se invalide el término anticipado de la contrata de la señora nombre reservado, decretado en la Resolución Exenta N°1829 de fecha 29 de noviembre de 2018.

Segundo: Que se informa al tenor del recurso por el abogado señor Jorge Hübner Garretón, Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Salud.

Alega como primera cuestión la improcedencia de la vía de cautelar de protección para los fines perseguidos por el actor, dada la inexistencia de un derecho indubitado, ya que precisamente lo perseguido corresponde a una acción declarativa que necesita un proceso de lato conocimiento, razón por la cual se excede el procedimiento breve y concentrado de la acción de protección.

Luego, en cuanto al fondo del asunto, señala que varias de las funciones expresadas por la actora (y que identifica como “logros”) como propias de la función que desempeñaba en el Ministerio no son efectivas. Sobre la desvinculación, esta se fundamenta en una deficiente calificación del servidor, ya sea la calificación regular y periódica, u otra evaluación sobre hechos o períodos no comprendidos en la calificación, cuestión que se evidencia, señala, en los puntos que indica. Indica que luego de la asunción de la nueva jefatura, el 1 de Agosto del 2018 se le encomendó la respuesta a las consultas hechas por 3 canales distintos: OIRS, Ley de Transparencia y Congreso Nacional Señala que no solo no realizó su trabajo al día, sino que solicitaba a otro profesional del departamento hacerse cargo de ello. Tampoco realizó un correcto traspaso del cargo y jefatura del Departamento de Salud Ambiental, sino que sólo luego de finalizar su licencia médica el 20 de septiembre pasado, hizo entrega de la información solicitada, generando un traspaso inadmisible en las labores necesarias.

Expresa que durante el desempeño de sus funciones, la actora incurrió en deficiencias en la elaboración de informes requeridos por la jefatura de la División y Departamento, debiendo reasignarse sus tareas, cuestión que incidió sobre la emergencia en Quintero y Puchuncaví.

Respecto a la reestructuración del equipo interno de trabajo, indica que luego de la experiencia de la emergencia en Quintero y Puchuncaví, quedó en evidencia la falta de información existente hasta la fecha del Ministerio de Salud, y, además, la falta de capacidades técnicas del equipo que hizo necesaria una de éste, en particular sobre epidemología ambiental y de políticas públicas para hacer frente a situaciones de esa complejidad, modificándose las divisiones y equipos de trabajo, siendo necesarios, además, profesionales con estudios en políticas públicas.

De esta manera, argumenta, no existe ilegalidad ni arbitrariedad en su actuar, ya que se llevó a cabo la desvinculación de la actora de acuerdo a los procedimientos establecidos y conforme a una resolución debidamente fundada, por lo que a su vez, en consecuencia, tampoco existe una vulneración a las garantías constitucionales que alega la recurrente, razón por la cual procede el rechazo de la presente acción.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Los presupuestos de esta acción cautelar son los siguientes:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Quinto: El hecho ilegal y arbitrario que se le reprocha a la recurrida consiste en no haber renovado la contrata del recurrente para el año 2019.

Sexto: Con los antecedentes y argumentos aportados por las partes, se puede tener por acreditado que:

A.- La recurrente ingresó a prestar servicios en el Servicio de Salud del Ambiente en el año 1995, manteniéndose hasta 2004; con posterioridad se incorporó al Servicio de Salud Pública por los meses de febrero y marzo de 2006, y, finalmente, a la División de Políticas Públicas de Salud desde diciembre de 2006, en calidad de contrata, con el grado 5 de Profesionales.

B.- La referida contrata se renovó anualmente desde 2006, desempeñándose a la fecha de la notificación de la resolución impugnada por doce años para el mismo Servicio.

C.- Desde abril de 2014 hasta julio de 2018, fue Jefa del Departamento de Salud Ambiental. Dicho departamento, según el Manual de Organización y Funciones División de Políticas Públicas Saludables y Promoción acompañado, es el encargado de velar porque se eliminen o controlen todos los factores, elementos o agentes del medio ambiente que afecten la salud, la seguridad y el bienestar de los habitantes del país en conformidad a las disposiciones del Código Sanitario y sus reglamentos y entre sus funciones se encuentra la de Identificar población expuesta a factores de riesgo ambiental y llevar a cabo las intervenciones que permitan su reducción o eliminación.

D.- Por Resolución Exenta N°1107 de 29 de noviembre de 2018 se resolvió la no renovación de la contrata.

D.- De acuerdo a este instrumento la decisión se funda en: “Una deficiente calificación del Servidor, ya sea la calificación regular y periódica, u otra evaluación sobre hechos o periodos no comprendidos en la calificación. Detalle: la funcionaría presentó deficiencias en el traspaso del cargo y jefatura a nuevo jefe de Departamento de Salud Ambiental; tuvo un repentino ausentismo laboral con licencia médica sin informar a jefatura ni a equipo de trabajo; presenta deficiencias en la elaboración de informes requeridos por su jefatura, no realizó levantamiento de situaciones complejas y/o que requerían atención inmediata por parte de la nueva jefatura, y no da cumplimiento en labores asignadas, en especial, frente a la situación de salud ambiental en Puchuncaví Quintero. Igualmente, por reestructuración del equipo interno de trabajo, es que existe la necesidad de desvincular al profesional. La supresión y lo modificación de planes, programas o similares, o una alteración de su prioridad, que determinen que las labores del funcionario ya no sean necesarias o dejen de serlo antes de completarse el año siguiente. Detalle: luego de la situación de Quintero y Puchuncaví quedó en evidencia las carencias en el área de la epidemiología ambiental y de políticas, y medidas concretas de salud ambiental. El fortalecimiento de la epidemiología ambiental será realizado por DIPLAS, mientras que DIPOL se focalizará en la elaboración, y evaluación de políticas públicas para mitigar los efectos de la exposición de fuentes de contaminación en las personas, debiendo contar con profesionales con estudios y experiencia en el diseño y evaluación de políticas públicas de salud ambiental”.

Séptimo: Para resolver es necesario tener presente que, conforme al artículo 10 de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, “los empleados a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”, pero dicha disposición debe interpretarse a la luz del artículo 11 de la Ley N° 19.880, que dispone que las resoluciones que afecten los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos deben expresar los hechos y fundamentos de derecho en que se fundan, aserto que refuerza el artículo 41 de la misma ley, que dispone que las decisiones deben ser fundadas.

Octavo: En este caso, como quedó establecido en el considerando sexto, la decisión señala las razones por las cuales se determinó no renovar la contrata de la actora para el presente año, por lo que corresponde calificar si ella es razonable. A estos efectos, es conveniente tener presente lo señalado por la Corte Suprema en el considerando 22 de la sentencia causa Rol 5888-2019 dictada con fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, en el sentido que “el indicado Ministerio ha quebrantado, asimismo, la obligación prevista en la letra t) del artículo 70 de la Ley N° 19.300, consistente en “generar y recopilar la información técnica y científica precisa para la prevención de la contaminación y la calidad ambiental, en particular lo referente a [...] la contaminación atmosférica y el impacto ambiental”, de lo que se sigue que es verídico que hubo deficiencias graves en la recopilación de información poniendo en riesgo grave la salud de la población y, encontrándose dicha tarea a cargo de la actora, se estima que el servicio no incurrió en arbitrariedad alguna, especialmente teniendo presente lo señalado por la misma Corte en causa Rol 3914-2019: “la confianza legítima de la renovación no sólo impone obligaciones a la Administración, sino que implica que el funcionario ejecute su trabajo de manera que justifique que esa expectativa se concrete”, razón por la cual no se conculcaron las garantías que se denuncian vulneradas.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, a lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en representación de doña nombre reservado, en contra de de la Subsecretaría de Salud Pública, representada por la señora nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra (s) Nel Greeven Bobadilla.

No firma el Ministro señor Gray, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

N° Protección- 90230 – 2018.