nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR 18 SEPTIEMBRE

C.A. de Santiago Santiago, treinta y uno de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente.

PRIMERO: Que, con fecha 17 de marzo de 2026, comparece doña nombre reservado y don nombre reservado, en representación de don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, representada por su Gerente General don nombre reservado, por haber practicado un descuento arbitrario e ilegal de $139.915 en su remuneración correspondiente al mes de febrero de 2026 por concepto de un crédito social en mora, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que revive de manera unilateral e intempestiva la facultad contenida en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 tras años de inactividad, incurriendo en un ejercicio de autotutela anacrónica y pretendiendo un doble cobro, vulnerando con ello los derechos fundamentales de propiedad, consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se declare la arbitrariedad e ilegalidad de dicho actuar, ordenando la abstención de nuevos descuentos, el reembolso de la suma retenida y la expresa condena en costas.

A fin de fundamentar la acción constitucional promovida, la parte recurrente expone que suscribió con la entidad requerida un contrato de mutuo de dinero denominado crédito social, el cual fue pactado en diversas cuotas pagaderas conforme a las normas que rigen a dichas instituciones. Añade que, por causas ajenas a su voluntad, fue desvinculado de su trabajo, perdiendo su única fuente de ingresos y cayendo consecuentemente en mora. Frente a esta situación, el afectado concurrió en reiteradas ocasiones a las sucursales de la recurrida para intentar regularizar su deuda, pero la institución únicamente le ofreció la repactación del crédito con el consiguiente incremento artificial de la obligación. Al rehusar dicha alternativa por ponerlo en una situación financiera crítica, la Caja de Compensación le advirtió que iniciaría las acciones judiciales correspondientes.

En este contexto, la recurrida interpuso una demanda ejecutiva con fecha 4 de marzo de 2021 ante el 24º Juzgado Civil de Santiago, en la causa Rol C-2331-2021, procedimiento que concluyó con el archivo de los autos debido a la inactividad procesal de la propia parte demandante. No obstante lo anterior, y tras el transcurso de varios años desde la mora, con fecha 2 de marzo de 2026 el actor tomó conocimiento de un descuento imprevisto por la suma de $139.915 practicado directamente en la liquidación de su sueldo del mes de febrero de 2026 por orden de la entidad acreedora.

En cuanto a los fundamentos de derecho, el libelo sostiene que, aun cuando el artículo 22 de la Ley N° 18.833 faculta a las Cajas de Compensación a solicitar descuentos por planilla a los empleadores, tal prerrogativa legal se encuentra contemplada para un cobro oportuno y no autoriza a las entidades previsionales a hacer un uso irracional o caprichoso del ordenamiento jurídico. De esta forma, califica la actuación de la recurrida como un ejercicio de autotutela anacrónica, al determinar arbitrariamente un monto e imponer la retención directa de sumas desde las remuneraciones en forma paralela a la cobranza judicial tendiente al embargo y remate de bienes, pretendiendo de esta forma configurarse un doble cobro.

Adicionalmente, la actora argumenta que al interponer la demanda ejecutiva la recurrida manifestó su voluntad expresa e inequívoca de ejercer la cláusula de aceleración, produciendo el vencimiento anticipado de la totalidad de las cuotas pendientes y declinando formalmente de perseguir el cobro parcelado individual. Por consiguiente, resulta caprichoso que pretenda posteriormente obtener por vías de hecho pagos mensuales semejantes o superiores al valor de una cuota. Para reforzar sus alegaciones, invoca la jurisprudencia uniforme de la Excelentísima Corte Suprema, citando los fallos dictados en las causas Rol N° 23.258-2018, Rol N° 68.700-2016 y Rol N° 2895-2018, los que establecen que la decisión de revivir intempestivamente el cobro por planilla tras extensos periodos de inactividad vulnera la confianza legítima y constituye un actuar manifiestamente arbitrario, contraviniendo además las circulares aplicables de la Superintendencia del ramo.

Respecto a la vulneración de las garantías constitucionales, la parte recurrente señala que el actuar de la recurrida priva y perturba de manera directa e ilegítima su derecho de propiedad, contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, al sustraer intempestiva e injustificadamente la suma de $139.915 de su remuneración e ingresos laborales sobre los cuales ostenta pleno dominio, afectando del mismo modo sus legítimas expectativas económicas vinculadas a su trabajo.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare arbitrario e ilegal los hechos descritos en el cuerpo principal de esta presentación, ordenándose a fin de restablecer el imperio del derecho: 1) que la recurrida deberá abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos de sus remuneraciones; 2) que deberá reembolsar los montos que indebidamente pudiesen ser descontados en un plazo de 5 días hábiles o del que S.S. Iltma. mejor estime; y 3) que se condene expresamente en costas a la recurrida.

Para acreditar sus alegaciones, la parte recurrente incorporó al proceso los siguientes instrumentos: 1) Liquidación de remuneración del mes de febrero de 2026; y 2) Ebook causa RIT C-2331-2021 seguida ante el 24º Juzgado civil de Santiago.

SEGUNDO: Que, con fecha 27 de marzo de 2026, comparece en autos don Matías Zoroquiain Vélez, abogado, en representación convencional de la parte recurrida, Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, evacuando el informe requerido por este tribunal de alzada y solicitando el rechazo íntegro de la acción constitucional interpuesta por don nombre reservado, fundado en las consideraciones de hecho y de derecho que expone a continuación.

En cuanto a los antecedentes fácticos del crédito social, la institución informante expone que con fecha 10 de mayo de 2019 el recurrente solicitó en mutuo la suma de $3.760.000, operación registrada bajo el folio 1348016422, pactada a una tasa de interés mensual de 2,33% en 60 cuotas de $119.353, más la prima obligatoria del seguro de desgravamen por $7.634 y la del seguro de cesantía por $12.928. Con relación al historial de pago, la recurrida precisa que el actor registró pagos regulares desde la cuota número 1 hasta la cuota número 11, quedando la obligación en morosidad a partir de la cuota número 12, con vencimiento el 10 de junio de 2020. Ante dicha morosidad, se activaron los mecanismos de cobro y se dedujo la respectiva demanda ejecutiva en la causa Rol C-2331-2021 del 24º Juzgado Civil de Santiago, actualmente en tramitación. Asimismo, aclara que, estando vigente la obligación, el cobro puede materializarse por descuento por planilla conforme al artículo 22 de la Ley N° 18.833 a través del Sistema Intercajas, habiéndose percibido por tal vía una remesa correspondiente al período de febrero de 2026 por la suma de $126.987.

En relación con las alegaciones del actor sobre un supuesto incremento artificial de la deuda, la entidad recurrida rechaza enfáticamente tales aseveraciones. Al respecto, sostiene que la reprogramación constituye un mecanismo legalmente previsto para adecuar el pago a la capacidad del deudor, el cual lejos de aumentar la deuda suele incluir la condonación de recargos por mora. A lo anterior añade que el cobro por planilla se limita estrictamente al valor nominal de la cuota convenida, sin incorporar recargos por morosidad ni gastos de cobranza, atendido el carácter de prestación de seguridad social que ostenta el crédito social.

Sobre la inexistencia de una actuación ilegal o arbitraria, la recurrida afirma que el cobro ejecutado se ajusta estrictamente a derecho. En tal sentido, invoca el inciso primero del artículo 1º de la Ley N° 18.833, que define a las Cajas de Compensación como entidades de previsión social y corporaciones de derecho privado sin fines de lucro destinadas a administrar prestaciones de seguridad social. En concordancia con dicha disposición, cita el artículo 58 del Código del Trabajo, que obliga al empleador a deducir de las remuneraciones las obligaciones con instituciones de previsión, el artículo 22 de la Ley N° 18.833, que dispone que lo adeudado por crédito social debe ser descontado por el empleador bajo las mismas normas de las cotizaciones previsionales, y el artículo 22 de la Ley N° 17.322, relativo al deber de declarar y enterar los descuentos dentro de los primeros diez días del mes siguiente. De igual modo, funda su actuar en la cláusula quinta del pagaré suscrito por el actor, mediante la cual este otorgó mandato a sus actuales y futuros empleadores para descontar el valor de las cuotas, así como en el Dictamen 55970-2015 de la Superintendencia de Seguridad Social, que faculta la recaudación mediante el Sistema Intercajas cuando el trabajador cambia de empleador o de caja. Con base en dicho marco legal, concluye que la institución sólo ha cumplido con el mandato de proteger el fondo social recuperando un crédito cuya acción ordinaria de cobro se encuentra plenamente vigente.

Sin perjuicio de lo expuesto y sin reconocer de modo alguno los fundamentos del recurso, la institución informante comunica que dispuso voluntariamente el cese del cobro del crédito y la restitución al señor nombre reservado de los montos efectivamente percibidos desde febrero de 2026, comprometiéndose a devolver cualquier ingreso posterior por dicho concepto. Para concretar dicha devolución mediante transferencia electrónica, solicitó al recurrente informar una cuenta bancaria de su titularidad a la casilla de correo electrónico correo reservado.

Por las razones expuestas, la recurrida concluye su informe solicitando formalmente a esta Ilustrísima Corte tener por evacuado el trámite y rechazar en todas sus partes el recurso de protección de autos.

Para acreditar sus alegaciones, la recurrida incorporó al proceso los siguientes instrumentos: 1) Mandato judicial otorgado con fecha 04 de septiembre de 2019 ante el Notario Público de Santiago, don nombre reservado.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Para que esta acción prospere, es requisito indispensable la constatación de un acto ilegal o arbitrario que afecte un derecho indubitado.

CUARTO: Que, conforme consta de los antecedentes allegados al proceso por la entidad recurrida —en particular de su informe de fecha 27 de marzo de 2026 y de la presentación de fecha 27 de abril de 2026—, la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre procedió a registrar, con fecha 06 de abril de 2026, el cese definitivo del cobro por planilla respecto de la operación de crédito social Folio N° 1348016422, instruyendo expresamente al empleador del recurrente abstenerse de aplicar nuevos descuentos. Asimismo, la recurrida acreditó en autos la realización de una transferencia electrónica de fecha 23 de abril de 2026 a la cuenta bancaria del actor por la suma de $126.987, correspondiente a la devolución íntegra de los fondos descontados de su remuneración del mes de febrero de 2026.

En este escenario, habiendo cesado la conducta denunciada e instruido el cese de futuras retenciones, sumado a la restitución efectiva de los fondos objeto del reclamo, la perturbación alegada por el recurrente ha dejado de existir, por lo que la presente acción ha perdido oportunidad, motivo por el cual el recurso de protección debe ser desestimado.

Por estas razones y de conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección-9023-2026.